¿Hubo campaña para acabar con el mercado de valores?

Una persona conocedora del mercado de capitales, en privado, preguntó a una audiencia si detrás de la desaparición del mercado de valores no estaría la banca transnacional. "¿Cómo y dónde se planeó esa destrucción?", insistió
No hubo respuesta, porque a nadie se le hubiese ocurrido que unas elites o grandes grupos transnacionales destruyeran el esfuerzo de un mecanismo que buscó democratizar el capital en Venezuela.
¿Fue planeado el ataque y destrucción del mercado desde algún centro internacional y se manipuló la ignorancia de algunos para acabar con todo? Ese tema quizás amerite una respuesta del alto gobierno. Por ahora, queda en el plano de lo especulativo. Habrá que investigar y profundizar en el asunto.
Valdría la pena recordar cómo la inversión y beneficios de la deuda venezolana era para unos pocos. Pero el mercado tomó un gran impulso especialmente en el 2007 con los mega bonos.
En la gestión del ex ministro de Finanzas Rodrigo Cabezas se abrieron las emisiones a todas las personas y las casas de bolsa jugaron un papel clave en la atención de los pequeños ahorristas.
De ser cierto que hubo una campaña, ¿cómo lograron esos grupos transnacionales hacer que los voceros de la revolución incluyendo sus máximos líderes se hicieran artífices de algo que los beneficiaba a ellos?.
El experto en cuestión insiste en que tal vez los únicos beneficiados en esta historia fueron los grupos "especialistas en especulación", que juegan desde el extranjero.
En la desaparición del mercado de valores hay cosas que aún no se explican.
¿Por qué el Gobierno no hizo valer las leyes para fiscalizar o controlar si alguien o alguna empresa estaba cometiendo ilícitos?
¿Por qué califican hoy de ilegales, unos instrumentos que surgieron en 2007 (Ticc) y hasta financiaron créditos adicionales?
¿Cómo es eso que se aplica la retroactividad de una ley? Son respuestas que algún funcionario del gobierno debe responder.
Hay cosas muy extrañas en este tema, y tan fea sería la cosa que prefirieron eliminar el mercado. Una ley permitió la existencia del permuta y de unas organizaciones autorizadas (casas de bolsa) para comercializar los títulos públicos, que hoy fueron criminalizadas. Hay dudas razonables. Tal vez la ignorancia sobre cómo funcionaba el sofisticado mercado de valores llevaron al gobierno a decisiones drásticas y erradas.

El Mundo, 13/05/2011, 15, Yolanda Ojeda Reyes

Debacle del mercado de valores y muerte de permuta le sale caro al Gobierno

La debacle del mercado de valores no le resultó gratis al Gobierno. Eliminar el permuta y decirle adiós a las casas de bolsa le costó al Estado el interés de los inversionistas extranjeros.
Ahora Venezuela tiene que ofrecer uno de los intereses más altos de la región, con el rendimiento más alto del mundo, para que su deuda resulte interesante a los compradores internacionales y logre así obtener el financiamiento que esté buscando; lo que también conlleva una mayor entrada inmediata de dólares que alimentan la demanda de divisas del país.
La última emisión de deuda, vendida el año pasado después de la crisis del mercado de valores y su desaparición casi total, se ofreció con un cupón de 12,75% (Global 2022, y también los bonos de Pdvsa 2022), que ahora está generando un rendimiento de 18%, lo que le costará a la República unos $18.000 millones a su vencimiento.
Recuerdan analistas financieros que las casas de bolsa funcionaban como los inversionistas locales ante los ojos de los extranjeros. Y como intermediarios le generaban liquidez al inventario de papeles de la República (incluyendo los bonos de Pdvsa). Todos los días las empresas de corretaje impulsaban ese mercado comprando y vendiendo los papeles existentes.
Para un inversionista internacional el comportamiento de los inversionistas locales es un indicador: "Cuando un inversionistas extranjero comienza a prever que los locales están comprando deuda es porque advierte que hay una información que él no tiene y que estos locales manejan, lo que hace que la deuda se haga apetecible", explica uno de los viejos actores del mercado de valores.
"Cuando un banco decide vender una parte significativa de la deuda que tiene en su portafolio, por ejemplo, los inversionistas internacionales perciben esa posible acción e inmediatamente comienza a bajar un poco la deuda, porque prevén que va a haber una liquidez en el mercado local", agrega.
Pero ahora es otra la historia. Analistas financieros explican que con el fin del mercado de capitales también se acabó el movimiento que los inversionistas extranjeros observaban de los papeles de deuda pública venezolana.
Esto luego de que se eliminara en la Ley para Ilícitos Cambiarios la permisibilidad de la negociación de títulos valores en moneda extranjera y de que se les prohibiera a las empresas del sector la intermediación y hasta la tenencia de bonos de deuda pública.
Una banca en tres y dos
El sistema bancario del país también funcionaba de la misma manera que las casas de bolsa en los mercados extranjeros, sobre todo con operaciones directas de su tesorería, para agilizar y darle liquidez a su portafolio de inversión, y complementar así sus ingresos y generar rentabilidad.
Pero, aunque ahora las entidades bancarias tienen la exclusividad de la intermediación de los títulos valores de deuda pública, no interactúan directamente con los mercados extranjeros, sino que negocian con el único centro de transacciones del país en este momento: el BCV. Los bancos están obligados a negociar esos bonos a través del Sitme.
Los inversionistas extranjeros, según expertos financieros, no perciben que este nuevo sistema tenga el movimiento necesario para agilizar los portafolios, ni siquiera los de aquellos que apuestan más a los mercados emergentes.
La principal razón, según los analistas, es que el objetivo primordial del Banco Central es satisfacer la demanda de dólares del país; pero no produce la liquidez con los bonos de deuda que se generaba anteriormente con las empresas bursátiles.
"En el extranjero nadie se explica por qué ya no existen instituciones o brokers en Venezuela, que son los que tienen la habilidad de colocar mejor los bonos de deuda pública en los mercados internacionales", dice uno de los actores del extinto mercado de capitales del país.
Esto, para los grandes inversionistas extranjeros, representa un riesgo. Aunque la República no ha dejado nunca de honrar sus compromisos de deuda, a un comprador internacional le resta atractivo el hecho de que en Venezuela ninguna institución privada pueda responder ante una ausencia del pago a la fecha de vencimiento del papel.
"Aunque la posibilidad de un default es lejana, no es imposible", recuerdan los corredores consultados. "Cuando los inversionistas piensan en esa probabilidad asumen que de arriesgarse tiene que ser por un interés más caro", agrega.
Carlos Jaramillo, profesor del Iesa y experto en mercado de capitales, recuerda que un cupón más alto representa para una nación pagar más dinero durante la existencia de ese papel.
"Es verdad que un interés alto garantiza vender el bono con menos descuento y levantar más dólares por ese título. Pero un cupón alto compromete a pagar una cantidad mayor durante toda la vida del bono", dice el académico.
"En la medida en que se endeuda más la República, el servicio de la deuda es más importante cada año", agrega.
Se renunció a la ganancia
El sacrificio de la República para las últimas emisiones no solo se refleja en el cupón que está ofreciendo, sino también en el precio al que vende las emisiones.
En el año 2007, el Estado comenzó a hacer las ofertas de emisiones de deuda "a la par", por ejemplo, si la denominación del papel era de 1.000 dólares, el precio de ese papel correspondía al cambio neto en bolívares de acuerdo con la tasa de cambio de ese momento.
Antes de ese año, el Estado los estuvo ofreciendo a descuento, es decir, que el comprador del título pagó incluso menos de lo que significaba la denominación del papel. En el mismo ejemplo anterior, si el precio era de 90% el inversionista pagaba solo 900 dólares a la tasa de cambio actual.
A partir de 2007, la demanda del país por dólares mostró tal crecimiento que el Gobierno incluso comenzó a realizar emisiones a un precio con prima. De esta manera, recibía aún más dinero por cada papel vendido. Si ese valor extra era de 110%, por ejemplo, el inversionista debía pagar 1.100 dólares a la tasa de cambio de ese momento. Igual, los títulos se vendían, la sed de divisas fue la clave.
Esto generaba una tasa implícita por encima de la oficial, a veces muy superior, y le dejaba al Estado un diferencial cambiario, al que después de la destrucción del mercado de valores debió renunciar.
El año pasado el Gobierno regresó las emisiones a un precio a la par (100% del valor). El sacrificio se debió principalmente a que la tasa de cambio se mantuviera cercana a la ofrecida en el Sitme.
Esto aunado a que la República debió endeudarse de una manera más costosa. Si no ofrecía un cupón alto, el precio al que se cotizaría el papel en el extranjero sería más bajo, lo que provocaría que la tasa de cambio aumentara más, alejándose de la mostrada por el BCV.
En ese mismo ejemplo, si el valor en el extranjero es de 80% en un supuesto que se haya ofrecido a la par, el comprador en Venezuela recibirá por sus 1.000 dólares solo 800 al realizar la transacción de cambio, según explican los analistas consultados.
"Como quien compra inicialmente los títulos lo que quiere es dólares, esos mismos papeles los vende en el mercado internacional", explica uno de los expertos.
Al final lo que marca los precios de la deuda es el interés de esos inversionistas extranjeros.
CON INFORMACIÓN DE YOLANDA OJEDA

El Mundo, 12/05/2011, 4-5, Carjuan Cruz Lopenza

Clientes de Econoinvest recuperan dinero pero pierden hasta 50% de su inversión

A casi un año de la intervención de la casa de bolsa Econoinvest, la junta liquidadora comenzó ayer el pago a los clientes, quienes reiteraron su molestia por el hecho de que las cuentas o colocaciones que tenían en divisa extranjera se están cancelando en moneda nacional a la tasa de 4,30 bolívares por dólar.

"Perdí la mitad de la inversión que tenía en dólares, pero si hacía el reclamo no me entregaban el cheque y no sé cuánto tiempo más tardarían en darme una respuesta", dijo una de las personas que acudió a la convocatoria y optó por el anonimato.

Varios de los clientes no eluden hacer sus operaciones aritméticas para determinar a cuánto ascienden las pérdidas en vista de que recibieron su inversión en divisas. Por ejemplo, si la transacción hubiera sido a la paridad de 5,30 bolívares que rige el dólar que se negocia en el Sitme, sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera. En este caso, la pérdida es de 18,8%, pero podría alcanzar 52% si el mercado de permuta estuviera operando (fue eliminado en abril de 2010) o con alguna otra transacción paralela.

Otra de las molestias que manifestaron los clientes fue que la junta liquidadora publicó en un medio de comunicación social los montos de las acreencias. "No entendemos porqué hicieron eso con los niveles de inseguridad que hay en el país", expresó otro de los clientes.

A la cita de ayer fueron convocadas 200 personas, a quienes se les emitió un cheque con el monto que se indicó en el comunicado y al momento de recibirlo tuvieron que firmar un acta de finiquito en la cual declaran que no se le debe nada por la cuenta que tenían en Econoinvest y que la junta liquidadora queda exonerada de cualquier reclamo.

Para hoy está previsto que continúe el procedimiento de pago con igual número de clientes, que incluyen personas naturales y organizaciones no gubernamentales. La junta considera que este primer pago de acreencias se complete el lunes 23 mayo para atender a poco más de 2.000 clientes.

El Nacional, 10/05/2011, A4, Andrés Rojas Jiménez

Los TICC, el sonido de una bomba de tiempo

El Gobierno ha mantenido la tesis de que las casas de bolsa usaron ilegalmente un instrumento que fue creado por el propio BCV. Cómo se explica que la sentencia para mantener presos a los dueños de casas de bolsa sea que los Ticc son ilegales porque según el TSJ fueron un invento, cuando fue en 2006 que se creó el mecanismo para ofrecer el Bono Sur II. Es más, el Gobierno se favoreció de su mecanismo para manipular la tasa oficial y ganar más por ello. Los Ticc tenían su soporte legal en la propia ley de ilícitos cambiarios, en donde quedaba claro que los títulos valores quedaban exceptuados, es decir no era delito comercializar estos papeles. Sin embargo, en la última reforma se eliminó y es sobre esta decisión que están acusando a las casas de bolsa, bajo la figura de un mecanismo retroactivo que no está previsto en la Constitución. Fuentes han señalado que se sabe de la inocencia de muchos dueños de casas de bolsa; sin embargo, las intervenciones de Chacumbule sobre el tema obligan a que se mantengan detenidos, cumpliendo una condena por razones mediáticas. Una bomba de tiempo que puede explotar.

Tal Cual, 10/05/2011, 9, Por mi madre

Luis V. León: "Faltarán camas en las cárceles"

Luis Vicente León, especialista en análisis financiero explicó que las sanciones que están aprobadas actualmente en contra de las casas de bolsa "podrían hacer peligrar otros sectores importantes de la industria".

León argumenta que "más allá de los problemas actuales del mercado cambiario, tanto en pasado como en presente", existen varios temas que dejan la puerta abierta a muchas incógnitas relacionadas a la materia financiera.

"Yo vi con detalle la decisión del Tribunal de Control y no entiendo por qué se deliberó que 10 directores resultaran presos. Todo comenzó con una denuncia que fue dejada ante las autoridades, en donde se decía que las casa de bolsa estaban haciendo operaciones cambiarias sin el respaldo de títulos para compra-venta"

"Posteriormente se comprueba que éstas sí estaban ejerciendo con los permisos y el motivo de investigación fue cambiado de tal manera que se sanciona una nueva ley de ílicitos cambiarios, se dejan presos a 10 directores y se dice que la ilegalidad existe porque estas operaciones sí estaban validadas por títulos valores, contradiciendo totalmente la primera denuncia", relató.

Para el analista financiero existen dos factores claves que comprueban la manera incorrecta en cómo manejaron las autoridades la situación.

El primero son "los convenios cambiarios que habían tratado de darle marco jurídico necesario al mercado para poder operar con títulos valores negociados en bolívares y dólares" y el cambio a la antigua ley en donde era "perfectamente explícito que las casas podían operar con los títulos negociables dólares- bolívares".

El mercado que respaldaba los TICC fue empleado por oficinas de crédito, personas naturales, bancos, bolsas comerciales y hasta el mismo gobierno.

León comenta que entendiendo que el mercado venezolano hacía uso de los títulos valores y por esta razón fueron encausados a varios inversionistas, presidentes de bolsas "bajo esa interpretación faltarán las camas en las cárceles, para apresar a los que cometieron la supuesta ilegalidad".

Circuito Éxitos, 09/05/2011, en entrevista con Pedro Penzini López. Enlace original

El insólito caso de las Casas de Bolsa / Luis Vicente León

Pronto se cumplirá un año de lo que en el futuro se conocerá como el detonante de la destrucción del sector bursátil venezolano. Esa acción tiene como origen la denuncia de que algunas casas de bolsa realizaban operaciones de divisas ilegales sin que mediaran títulos valores que las soportarán. Con base en eso, la Fiscalía allanó empresas, apresó a 10 personas y ahora hay más de cincuenta casas de bolsa y sociedades de corretaje intervenidas y/o en vías de liquidación y otro tanto entregando sus licencias para operar.

Desde el año 2003 con la instauración del régimen cambiario, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central crearon la plataforma legal necesaria para que la presión y la demanda de adquisición de divisas no recayera solo en Cadivi. Así, el convenio cambiario #1 y el #4 regularon los títulos valores, permitiendo que pudieran ser negociados en ambas monedas (Bs. y USD). Posteriormente, el BCV emitió alrededor de ocho resoluciones en las cuales autorizaba el uso de los TICC para ser negociados en el mercado secundario, tanto en bolívares como en dólares y en el 2007 respondió afirmativamente a una consulta de la Asociación Bancaria a favor de esta negociabilidad en el mercado secundario de los TICC.

A estas normativas se unió la Ley Contra Ilícitos Cambiarios que expresamente excluía las operaciones con títulos valores de la aplicación de las penas allí previstas. Es sólo con fecha posterior al inicio de estos casos contra las casas de bolsa cuando modifican la citada ley y eliminan las excepciones al uso de los títulos valores, pero obviamente las leyes no tienen carácter retroactivo. Sumado a lo anterior, durante pleno proceso judicial, se conoció de una opinión emitida por el propio consultor jurídico del Ministerio de Finanzas en la cual se declara la legalidad y licitud de las operaciones con TICC a la Oficina de Crédito Público.

Durante la audiencia de los imputados, la propia Fiscalía demostró, sin proponérselo, que todas las operaciones en cuestión se realizaron con títulos valores y que no habían operaciones fraudulentas o simuladas.

Pese a esto, el juez emitió una decisión que seguramente tendrá serias repercusiones para el sector económico, ya que la misma considera calificar de ilícito cambiario las operaciones que se realizaron con los títulos valores denominados TICC.

Esta decisión abre la puerta para que otros sectores de la economía nacional queden expuestos. Es este caso, la banca, los comerciantes, los industriales y, en fin, el venezolano común (dos millones de personas naturales participaron en esas operaciones) podrían ser sujetos de investigación y detenidos por un juez, por haber operado en un mercado creado, autorizado y utilizado por el Gobierno.

Al sector público: el acatamiento a una política cambiaria promovida por el Gobierno en un momento determinado, no puede ser luego perseguida penalmente porque un funcionario específico le tenga aversión al tema. Eso lo que genera es que hoy tengamos más desabastecimiento, estancamiento, reservas mermadas y caída de las inversiones. Además, la ausencia de un mercado alternativo legal y controlado, y su satanización no hace más que fomentar la creación de un mercado negro, sin control, que perjudica el comercio y favorece el lavado de dinero proveniente de la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico.

Al sector privado: lo llamo a estar prevenido, ya que la seguridad jurídica es claramente vulnerable al estudiar este caso y esta es una decisión que impacta las actividades realizadas por un colectivo muy superior al de las cinco casas de bolsa perseguidas inicialmente.

Esperemos que las cosas tomen racionalidad y se deseche este juicio, en pro de la seguridad jurídica y de la estabilidad de nuestra economía.

El Universal, 08/05/2011, enlace al original

Billetes verdes brillan por su ausencia en pagos de Econoinvest

A los clientes de Econoinvest les reconocieron públicamente el monto en dólares que les debía esta casa de bolsa al momento de la intervención; pero la mala noticia es que su pago será en bolívares, y a la tasa de cambio de Bs.F. 4,30.
En un listado de 3.450 personas naturales, la junta liquidadora publicó con nombre completo y cédula de identidad el monto que le reconoció -y el que no le reconoció también- a cada uno de estos inversionistas.
Luego de un año con la inversión retenida, 2.057 de los inversionistas aparecidos en la lista tienen finalmente una fecha para recuperar su dinero, aunque en bolívares. También están incluidas en ese cronograma de pagos 28 cajas de ahorro, entre ellas las del Seniat y las del Ministerio de Relaciones Exteriores. A otras cuatro se les rechazó su acreencias, entre ellas la del Tribunal Supremo de Justicia.
En el aviso en prensa la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) y los liquidadores Nahunimar Castillo y Orangel Godoy, indican que el pago se realizará con la moneda local de acuerdo a las actuales Normas de Liquidación de los Operadores de Valores autorizados.
"En caso de existir obligaciones en moneda extranjera aprobadas... las mismas se pagarán conforme a lo previsto en los Convenios Cambiarios vigentes", dice en el artículo 21 de esta normativa.
Sin embargo, abogados asesores de varios de los clientes afectados explican que en los convenios cambiarios no se especifica que el pago de estas acreencias se tenga que hacer en bolívares.
"En los Convenios Cambiarios vigentes, específicamente en los números 4 y 14, así como las convocatorias a las subastas de estos valores, se establece que la colocación inicial es en bolívares y su pago por el emisor es en dólares", dicen los juristas.
Y, de hecho, cada inversionista debería tener libertad para negociar estos valores en el mercado internacional por divisas. Y si desea negociar en bolívares se realizará de acuerdo a la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela, para el Sitme, plataforma en donde el cliente podría obtener una tasa de cambio mayor por cada dólar de su inversión.
Son 2.632 personas naturales a las que les aprobaron su solicitud de acreencias. Al igual que a 402 empresas. Otras 812 personas no corrieron con la misma suerte, ni siquiera de un pago en bolívares. La Junta Liquidadora -y luego la misma Superintendencia de Valores- les rechazó sus peticiones de acreencias. Al igual que a otras 133 sociedades mercantiles.
"Llevé todos los recaudos que me solicitaron. Y ya anteriormente, varios de los miembros de la junta me habían dicho que me aprobarían mi deuda. Son 18.000 dólares", dice uno de los inversionistas que resultó rechazado.
Esta persona, que declaró en condición de anonimato, por lo menos fue una a las que le liberaron los bonos que a su nombre estaban retenidos en la Caja Venezolana de Valores (CVV).
Otros, casi 1.500 inversionistas, aún siguen en esa historia, con sus papeles retenidos en la Caja de Valores, esperando todavía por la autorización de la junta liquidadora para tener acceso a sus valores.
Es el caso de Elsa Pasarelli, una de las clientes de Econoinvest que aún sigue sin autorización de la junta liquidadora a los bonos que están a su nombre en la Caja de Valores, hasta que logre obtener ese permiso no puede cobrar sus intereses, ni capital a vencimiento. Tampoco puede vender el papel.

La cuenta en garantía
La mayoría de estas acreencias corresponde a operaciones de reportos. Y en la Caja de Valores existía una cuenta restringida con bonos en dólares que garantizaban cada una de esas transacciones.
Los reportos hechos en Econoinvest sumaban 22,9 millones de dólares. Y en esa cuenta existían títulos valores por 40,3 millones de dólares.
Los liquidadores tuvieron acceso a estos papeles, debido a la gestión de auditar todos los activos de la casa de bolsa como el principal fin de cancelar todos los compromisos de la empresa, sobre todo las deudas con los clientes.
Por lo menos esa fue la premisa en la Caja de Valores al dar la autorización.
El superintendente de Valores, Tomás Sánchez, les aseguró a los clientes que tales operaciones de reportos no se habían realizado con la garantía correspondiente.
Sin embargo, según fuentes financieras, cada uno de los inversionistas podía observar en su subcuenta electrónica de la página de la Caja de Valores cada uno de los títulos valores que correspondía a su operación de reporto.

El Mundo, 06/05/2011, 12-13, Carjuan Cruz

2.057 personas y 28 cajas de ahorro primeros en cobrar en Econoinvest

La Superintendencia Nacional de Valores publicó en la prensa el listado de obligaciones aprobadas, diferidas o rechazadas de la casa de bolsa Econoinvest en proceso de liquidación.

El primer pago parcial de acreencias- con recursos propios de Econoinvest, según fuentes- será para personas naturales, cajas de ahorro y sociedades civiles sin fines de lucro, para posteriormente ir incorporando a las empresas.

Para todas las categorías se establecieron parámetros de diferidas o rechazadas. El primer pago parcial de acreencias será para este lunes 9 de mayo en donde se les cancelará a 200 personas (para un total de 2.057 en este primer tramo) y 28 cajas de ahorro ( de un total de 33 aprobadas). Este cronograma se mantiene hasta el 23 de mayo. Si por alguna razón la persona no puede asistir, será atendido entre el 24 y 27 de mayo, dentro del mismo horario: 8:30 a 3.30 pm en la sede de Econoinvest.

El lunes 200 personas podrán cobrar su dinero. En esta oportunidad sólo aparecen montos en bolívares. En total se aprobaron 2.632 peticiones de los clientes (naturales y jurídicos), fueron diferidas seis acreencias de clientes. Para la segunda etapa se prevé la cancelación de personas naturales con reconocimiento de montos en bolívares y divisas.

Hay que 812 clientes aparecen con un status de "rechazado" tanto en divisas como en bolívares.

En acreencias rechazadas aparecen cuatro cajas de ahorros, entre estas las de los trabajadores del Poder Judicial.

Hay 410 empresas que recibirán sus pagos en bolívares y en divisas. Y hay 138 empresas que les fue rechazado el reclamo de su inversión. La mayoría de los rechazos está en la categoría en donde sólo había inversión en dólares.

La norma establece que los primeros en recibir el dinero son personas naturales, por lo que se espera un nuevo listado, cuando se cumpla el primer tramo. Sólo atenderán a las personas que aparecen en la lista el día correspondiente.

En el aviso no se señala el procedimiento para aquellos que fueron rechazados.

El Mundo, 05/5/2011, fuente original

Joaquín Marta Sosa: "Es una política de libros no libres"

Saldo negativo. Eso es lo que ha arrojado la intervención de la Fundación para la Cultura Urbana (FCU), desde el pasado 20 de julio del 2010. Así lo afirma Joaquín Marta Sosa, miembro directivo de la FCU. En número, esto se traduce en la retención de un poco más de dos millones de bolívares y de 35 mil ejemplares de libros.

Para el 2011 se habían aprobado la salida de 40 títulos. Pero nada de esto sucederá. Desde que la Junta Interventora de la casa de bolsa Econoinvest -principal patrocinante de la FCU- cambiara las cerraduras de las oficinas de la institución, ubicadas en el edificio Mene Grande, el proceso editorial de la fundación ha ido caminando con cierta lentitud, mas no se ha detenido.

"Hay un saldo que pesa muy negativamente: el hecho de que un poco más de 30 mil ejemplares de las obras de la fundación se nos ha prohibido, a través de su secuestro, venderlas o colocarlas en el comercio. De hecho, se trata de una especie de confiscación de los bienes de los cuales no puede disponer la fundación, que en estos momentos no tiene un patrocinante como lo tuvo en el pasado. ¡Es un hecho crucial que pesa muy negativamente! Pesa negativamente que a lo largo de este año ningún intelectual vinculado al gobierno, que tenga cargos oficiales, haya dicho una sola palabra de apoyo ante un acto que es evidentemente arbitrario e injusto. Una fundación por el hecho de tener unos patrocinantes la condenan y la intenta llevar a la quiebra", afirman Joaquín Marta Sosa quien acaba de lanzar de la mano de la Sociedad Amigos de la Cultura Urbana, la colección de cuentos No todos los días son felices, siendo así el libro número 101 de la FCU.

-Incluso, el ministro Francisco Sesto ha calificado de forma negativa a la Fundación por las relaciones con Econoinvest...

-La única tacha que los oficialista le hacen a la fundación es que estaba vinculada a Econoinvest. Vale la pena señalar que todavía, a estas alturas, a los directivos de Econoinvest y a la empresa no se le han probado delito alguno. En el último minuto el intento de acusación del juez cambió por otro tipo, porque ese era imposible de probar. Aunque, pongamos eso de lado. Un intelectual, sea cual fuere su posición política, tiene la obligación moral y cultural de defender el libro. Y como alguien ha dicho: ésta es una manera un poco inédita de quema de libros. Claro, en vez de quemarlos los pones presos.

-¿En qué Gobierno se dejan retenidos más de 30 mil ejemplares de libros? 

-Este es el primer caso que conozco en el mundo. Los nazistas, los fascistas agarraban los libros y los quemaban. El libro desaparecía convertido en humo y en cenizas. ¡Estos los ponen presos! Ahora, ¿sabes por qué creo que no se atreven a quemarlos? Por lo que yo llamo 'la mala conciencia': eso que están haciendo está mal hecho; de que eso es ilegal, que no tiene manera de ser defendido ni soportado de ningún modo. Entonces, en vez de deshacerse de los libros los ponen presos. Están allí, no los hemos matado, fusilado.

-¿Qué se gana con eso? 

-¡Nada! Desde mi punto de vista es una mancha para el gobierno. Si el gobierno pensará políticamente qué le reporta esto para sus intereses políticos, de mantenerse a largo plazo hegemónicamente en el poder, no le reporta absolutamente nada. Ni un gramo de más apoyo o más poder. Al contrario, es una fisura en la imagen cultural, intelectual e incluso moral que el gobierno representa en el país. Si se dice que es un gobierno revolucionario y de izquierda el comportamiento ante el hecho cultural de la Fundación para la Cultura Urbana pertenece a los comportamientos históricos de la ultraderecha o de los ultrarreaccionarios.

-Se han encargado de entregar ejemplares de El Quijote o Los Miserables. ¿Cuáles son los libros que le importan al gobierno?

-Los libros literarios importantes y clásicos, como El Quijote, que ellos piensa que ideológicamente son anodinos. El Quijote desde el punto de vista moral es una obra que inaugura la moral de resistencia, la moral de oposición. En ese sentido es una novela subversiva. Ellos piensan lo contrario y se equivocan. De resto son obras más o menos rutinarias de la ideología reseca del marxismo-leninismo, del guerrillerismo y otras cosas, salvo que los autores sean incondicionales a este gobierno. En este caso la política del libro no puede ser sino una política que haga libre al libro. Como dijo Vargas Llosa: 'el libro no es más que un modo de ser libre'. Cuando haces una política donde hay libros que en principios están excluidos, que no facilitas su circulación, estás haciendo una política falsa. Estás haciendo una política de libros no libres, porque escoges y seleccionas a autores según tus propios intereses culturales, morales e intelectuales.

-¿Qué está haciendo la Sociedad de amigos para recuperar los libros retenidos? 

-Hemos hecho una larga, larga tarea de persuasión de conversación con gente del mundo intelectual, del mundo cultural vinculado al gobierno para tratar de que ellos interviniesen como componedores del entuerto. A lo largo de casi un año no ha dado resultado alguno. La respuesta ha sido la misma: déjame ver qué hago. Ahora hemos decidido tomar otra vía que es la de requerir de una manera formal la devolución de todos los bienes de la Fundación, que han quedado secuestrados. Esas cartas han sido entregadas a nuestros abogados.

-¿Dirigida a quiénes?

-Dos cartas con el mismo contenido. Una para Tomás Sánchez, superintendente general de bancos, y la otra para Nahunimar Castillo, la interventora de Econoinvest. Y si con esta carta no obtenemos una respuestas directa de la liberación de los bienes que se pide, tendremos que proceder por la vía legal de una demanda para ambos. Luego de esta demanda, suponiendo que no haya respuestas, iremos a instancias superiores. Incluso, eventualmente, iremos a instancias culturales como la Unesco. Todo eso está en el camino de ahora en adelante.

-¿Esto es rencor cultural?

-Si los miembros de la fundación hubiésemos dicho en algún momento que este gobierno es formidable, te aseguro que no hubiese sido intervenida la fundación. En el sentido más individualista y personal existe algo de envidia por parte de la gente del sector público que veía una competencia que para ellos era imposible de igualar. Hemos publicado más libros que sus editoriales.

El Universal, 02/05/2011, Dubraska Falcón, Fuente original

Matar al mercado, por Oscar Medina

Lo primero que llama la atención en la Ley de Mercado de Valores sancionada en agosto del año pasado es que propone uno de esos cambios conceptuales tan propios del proceso revolucionario: la figura tradicional del "corredor" es rebautizada como "Operador de Valores Autorizado".

Y también destaca la orden inapelable de que estos personajes sean excluidos de ese buen negocio que es transar con los bonos de la deuda pública nacional. Pero ambas cosas, en realidad, son meros detalles casi anecdóticos cuando se entra en la lectura de la Ley y de las normas que desde entonces ha ido emitiendo la Superintendencia Nacional de Valores y que, según parece, podrían terminar por enterrar aún más al mercado de acciones.

Las recientes intervenciones de las casas de bolsa, como se sabe, instalaron en los operadores una prudencia que se parece mucho al miedo: nadie quiere aparecer citado contrariando las decisiones de la todopoderosa Sunaval. Pero a grabador apagado algunos muestran ejemplos y análisis de cómo hasta las propias empresas emisoras de títulos que hoy cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas están evaluando la manera de salir de circulación.

"La normativa debía ser reformada, ya tenía unos 20 años de vigencia. Pero las autoridades optaron por la destrucción del mercado y por satanizar toda la actividad", dice Noris Aguirre, una de las personas que mejor conoce la trastienda del sector financiero: Aguirre fue presidenta de la Bolsa de Caracas, del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, Fogade; y de la Caja Venezolana de Valores. Para ella, la ley es "totalmente discrecional, punitiva y no recoge las necesidades del mercado".

Aguirre advierte que el texto sancionado el 12 de agosto de 2010 (reimpreso para corregir errores en Gaceta Oficial 380.760, del 5 de noviembre) "elimina el cuerpo colegiado, acabó con el directorio de lo que era la Comisión Nacional de Valores y dejó todo en manos del Superintendente. Acabó, además, con la necesidad de experiencia en el área para manejar a ese organismo regulador. Y todos conocemos cómo funcionan las decisiones discrecionales en este país".

En efecto, la revisión del articulado evidencia que quien ocupe el cargo de Superintendente decidirá prácticamente sobre todos los aspectos de la Sunaval y -literalmente- sobre asuntos de cuidado referidos a los sujetos que deben regirse por esta ley, cosa que incluye a las empresas con títulos cotizando en la Bolsa. La designación o remoción del Superintendente es orden presidencial y, por su parte, el nombramiento o despido de funcionarios de la Sunaval lo decide el Superintendente.

De acuerdo al artículo 10 de la ley, sólo existen dos tipos de "faltas graves" que pudiera cometer el Superintendente. No se refieren a conductas indebidas ni a corrupción. Se refieren, sencillamente, a no castigar a otros que hayan infringido la Ley de Mercado de Valores. Nada más: para cualquier otra cosa, vaya y denuncie a la Fiscalía General.

Por el contrario, el artículo 50 tiene 23 numerales que detallan las variantes de faltas en las que podrían incurrir los sujetos de ley -es decir, empresas y personas cuyas actividades se rigen por esta normativa- para las cuales se contemplan multas que van desde 5 mil a 10 mil unidades tributarias. El artículo 51 incluye 10 numerales sobre faltas que serán castigadas con dos o seis años de prisión. Y entre el 52 y el 55 complementan las faltas posibles que implican castigos de tres meses a dos años de prisión, inhabilitaciones y multas de entre 10 mil y 100 mil unidades tributarias.

"Las sanciones no tienen nada que ver con el hecho", señala Aguirre: "Si un intermediario no envía sus estados financieros a tiempo puede ser suspendido y hasta ir preso. No hay proporción entre las faltas y las sanciones".

El todopoderoso

Directivos de firmas financieras consultados tienen la misma apreciación: la Ley terminará de restringir el mercado de capitales. Y también coinciden en que son demasiadas las atribuciones del Superintendente, puesto ocupado hoy por Tomás Sánchez.

"Puede intervenir a una casa de bolsa simplemente porque le parezca que hay razones, sin hacer antes una exposición de motivos; puede establecer mecanismos de arbitraje para resolver conflictos cuando eso está determinado en el Código de Comercio; puede decidir qué es o no es un valor, cuáles instrumentos o valores son regulados por la ley, por lo que un día pudiera determinar que aplica en casos de opciones de registro inmobiliario, de endoso de facturas o de letras de cambio, por ejemplo"; señala uno bajo condición de off the record.

Puede, de acuerdo a interpretación literal del articulado, ir más allá del ámbito privado de las empresas. La ley no establece distinción entre los "sujetos" a quienes rige, por tanto se debe asumir que aplica a todos en toda su extensión.

De modo que queda allí abierta la puerta para que el Superintendente decida, entre otras cosas, cuáles serán los requisitos para auditorías internas y externas (artículo 8, ordinal 28); cómo debe ser la composición societaria de las compañías que hagan oferta pública de acciones (artículo 17), cómo deben llevar su contabilidad las personas reguladas (39); cómo deberán conformar sus juntas administradoras, la representación de los accionistas y la elección y funciones de las autoridades (41) y cómo deben ser las asambleas de accionistas (42).

La antigua Comisión Nacional de Valores establecía la manera en que los intermediarios -casas de corretaje- debían presentar sus estados financieros y cuáles eran los niveles de patrimonio y liquidez suficientes para operar. Ahora el funcionario tiene la facultad de hacer lo mismo con las empresas emisoras de títulos. Eso, al menos, es lo que se lee.

También puede castigar o ser magnánimo. El artículo 8, ordinal 19, señala que el Superintendente decidirá aumentar o reducir las "contribuciones" que deben pagar los actores del mercado. Y también podrá cancelar o suspender la inscripción en el Registro Nacional de Valores de cualquiera por "causa debidamente justificada", aunque la ley deja abierta la interpretación de lo que es una causa justificada.

Y puede -y ya lo hizo- fijar y modificar tasas y contribuciones económicas a los actores regulados por la ley. Eso, según criterio de Aguirre, "viola principios de legalidad tributaria". Pero en la Gaceta Oficial del 11 de enero de 2011 (39.591) se publicaron las normas al respecto dictadas por Tomás Sánchez.

Paga y paga

"Desde el punto de vista económico la fijación de los porcentajes a cancelar no se entiende, son tasas exageradas", señala Aguirre: "Y eso ha hecho que intermediarios y empresas decidan retirarse de su actividad en el mercado".

Un analista consultado explica el detalle de los que establece el texto de las "Normas relativas a las tasas y contribuciones que deben cancelar las personas sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Valores".

Para empezar, se decidió que todos los autorizados a hacer oferta pública de acciones deben pagar una contribución anual de 1,5% del valor de la emisión. Y eso aplica también para los títulos emitidos antes de la norma y que hoy cotizan en la alicaída bolsa de valores.

El texto no define si se refiere al valor nominal de los papeles o a su cotización en el mercado secundario que, como suele suceder, es mayor. Suponiendo que se trate del valor facial del título, al revisar el listado de la Bolsa de Caracas se encuentra que hay , por ejemplo, casos de algunos bancos que deberán pagar a la Sunaval montos cuantiosos sólo para mantener sus acciones en el ruedo.

Se indica también que las bolsas de valores o de productos e insumos agrícolas cancelarán 1% por las transacciones de ventas que se hagan en su seno. Anteriormente los operadores debían pagar 0,1% por compras o por ventas; de modo que lo que se espera es que la bolsa traslade ese cargo a los clientes. "Los costos se multiplican", explica el corredor: "En una operación cruzada de compra y venta estamos hablando de 1,2% cuando antes era 0,2%".

Y a ese 1,2% hay que añadirle 1% por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

Algunos ejemplos dibujan el panorama de forma clara. Al 3 de enero de este año, el boletín de la BVC indica que Banesco tiene en circulación 25 millones de acciones de las llamadas preferidas. El valor nominal de ese papel es 10 bolívares, de manera que el total es 250 millones de bolívares. Sólo para que esos títulos permanezcan en circulación el banco deberá cancelar a la Sunavan 3 millones 750 mil bolívares fuertes.

Y si contamos las acciones preferidas y las "normales" el cheque anual de Banesco para la Sunavan debe ser de 18 millones 306 mil bolívares. El banco Provincial también tendrá que desembolsar una suma gruesa: 13 millones 924 mil bolívares. Y la Electricidad de Caracas tendría que transferir 4 millones 938 mil bolívares porque aunque sus acciones ya no se negocian siguen inscritas en el Registro Nacional de Valores y figuran en la pizarra de la bolsa.

Frente a este panorama, asegura el analista, "varios emisores han anunciado que se retirarán del Registro Nacional del Valores". Algo para lo que, por cierto, necesitan la autorización del mismo superintendente que les cambió el panorama de esta manera.

Para las casas de bolsa -o los "Operadores de Valores Autorizados"- se estableció el pago de 1% de las transacciones "con los valores semestrales" que nunca deberá ser menor a mil unidades tributarias anuales. Esto se traduce en que si el operador genera ingresos debe cancelar y si no, también. Por un cruce, que es la transacción habitual, le toca cancelar 1% por la venta y 1% por la compra. Y esos costos, por supuesto, también se trasladarán al cliente.

Entre algo o no a caja, sólo por permanecer activo el Operador Autorizado está obligado a pagar a la Superintendencia, mínimo, el equivalente a mil unidades tributarias: 76 mil bolívares al día de hoy. Antes de esta norma la contribución anual era de 100 UT.

Si una empresa pretende una emisión de 10 millones de acciones, por ejemplo, con un valor nominal de 10 bolívares, tan sólo inscribirla le costará 1 millón 500 mil bolívares y una cantidad igual cada año que esos títulos estén en circulación aunque ya no le produzcan ningún beneficio directo.

Eso, sin contar el nuevo "tarifario" establecido en el parágrafo segundo de la norma.

En este momento vender una acción genera 3,1% en costos: 1,1% que va a la BVC, que incluye 1% para la Suneval; otro 1% de ISLR y otro 1% de comisión para el operador. Y estamos hablando de acciones que en el mejor de los casos ofrecen 18% de rendimiento. La operación de compra-venta implica entre 5 y 6% en costos.

"Antes las tarifas estaban definidas en la ley y sólo se podían modificar en la Asamblea Nacional, ahora el Superintendente las fija y exonera a quien quiera", razona el experto: "Tenemos un mercado costoso y hoy es mejor para las empresas pedir dinero a los bancos".

¿Estamos ante el fin del mercado de títulos valores? Parece que sí.

El Universal, 30/04/2011, fuente original