A propósito de Econoinvest, por Francisco Suniaga

El caso Econoinvest es la historia de una conspiración cuya urdimbre fue tendida por el más alto poder político del Estado y luego tramada por las más representativas autoridades del Poder Judicial. Los rostros de los responsables de esta infamia que perdurará en la memoria de la decencia de este país son conocidos. Pero no son esos rostros ni esos personajes quienes motivan estas líneas. Son los de las víctimas: Herman Sifontes, Ernesto Rangel, Miguel Osío y Juan Carlos Carvallo, los directivos de Econoinvest Casa de Bolsa. No sólo por su propia condición de presos políticos, sino porque representan, además, los casos de otros muchos venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados en forma brutal.

El 24 de mayo de 2010 fueron encarcelados sin que mediara una denuncia ni investigación previa por parte de los organismos competentes del Estado. Una acción violatoria del ordenamiento legal, que se fundamentó en esa regulación punitiva caprichosa, no escrita en instrumento legal alguno, que siguió un guión conocido ya por los venezolanos: a la declaración de un funcionario o líder del partido sobre una presunta amenaza desestabillizadora sigue la acusación presidencial desde la televisión encadenada, y culmina con la actuación inmediata de la Fiscalía. Aunque sean perversas, todas estas acciones están vinculadas a una racionalidad política: mantener el poder absoluto que se ha acumulado a lo largo de trece años.

Los altos ingresos petroleros y la capacidad de disponer de ellos sin restricciones no han podido ocultar los devastadores efectos que las políticas gubernamentales han provocado en la economía.

Las muestras más cotidianas de esa devastación son los altos precios, entre ellos, los de las divisas y la inflación. Para el momento del ataque a Econoinvest, mayo de 2010, el Gobierno estaba acorralado por sus propios demonios y el valor del dólar se había disparado. Necesitaba recurrir a la habitual maniobra salvadora, buscar un culpable, y aquí mismo había uno perfecto: Econoinvest, la principal casa de bolsa del país y el más importante vehículo para la transacción de divisas. A los ojos del Gobierno, una suerte de nave insignia del capitalismo burgués que es el causante de todos los males de la humanidad.

¿Qué puede ser más conveniente para justificar la devaluación de facto del dólar que la imagen de cuatro "banqueros" encarcelados, a quienes ­como en efecto hicieron­ se puede acusar de cualquier cosa? En un contexto mundial de rechazo a los dueños y ejecutivos de bancos y otras empresas financieras, nada más apetecible para arrojar a la canalla que unos banqueros despojados incluso del beneficio de la presunción de inocencia. Esa fue la urdimbre colocada en el telar por el poder político y sus instrumentos burocráticos.

Y entonces vino la peor fibra del tejido de esta conspiración: la trama a cargo del Poder Judicial.

Tejida de manera grotesca por quien ocupó la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el símbolo de la justicia de este infausto período: el magistrado Eladio Aponte Aponte.

Cuando el lapso de dos años privados de libertad sin que se les inicie la causa incluso ha vencido, el atropello es inocultable y el clamor porque se restituya la justicia y se ponga en libertad a estas víctimas es atronador. Visto el comportamiento de los verdugos, nada garantiza que se les restituyan sus derechos, ahora. Pero, aunque tarde en llegar de una u otra manera, un día la justicia aparecerá y dará a cada quien lo que le corresponda.

La Cámara de Caracas se pronuncia: Justicia y Libertad para los Directores de Econoinvest

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas se dirige al país para manifestar su preocupación por la salud de la justicia venezolana, y el daño que su manipulación ha provocado en cuatro empresarios venezolanos. Nos referimos a Ernesto Rangel, Herman Sifontes, Miguel Osío y Juan Carlos Carvallo, que a la fecha llevan más de dos años de encarcelamiento atroz, sin que hasta hoy se haya iniciado un juicio justo, donde puedan comprobar que no han cometido delito alguno en su comportamiento empresarial.

Hace dos años, confiando en su honorabilidad, reclamamos celeridad en el proceso, la presunción de inocencia garantizada en nuestra Constitución y el respeto a sus derechos humanos, garantía universal. Hemos sufrido junto a ellos humillaciones sistemáticas y agresiones a su honorabilidad y reputación, promovidas por canales oficiales, sin ningún fundamento legal, igual que la persecución a sus equipos de apoyo profesional.

Como toda Venezuela, hemos padecido el intento de devastación contra sus programas y fundaciones de atención a la Cultura Urbana. Deploramos el exilio de algunos de sus directores. Hemos sido observadores expectantes de la intervención oficial de sus empresas, del trato dado a los activos y sus resultados: el pago íntegro de sus acreencias y la demostración que Econoinvest era una empresa sana, bien administrada, responsable a toda prueba en las relaciones y compromisos con sus clientes. Confiamos y avalamos la integridad de ese grupo humano y reconocemos el estoicismo y valentía con la que han afrontado una persecución implacable, incomprensible dentro de nuestro marco jurídico y sus consecuencias.

Hoy, dos años después, es definitivamente injurioso y ultrajante que continúen detenidos, habiendo sido renovada, sin justificación válida, su detención preventiva por dos años más, obviando los beneficios procesales legales consagrados en nuestras leyes penales a personas que no representan amenaza alguna a la sociedad. Justicia extemporánea NO es Justicia. Cuando el sistema judicial no es capaz de garantizar el debido proceso ¿es acaso ello impartir justicia?

Nuestro sistema judicial, ya en entredicho por toda la sociedad, tiene que valorar los daños sociales irreparables que ocasiona su maltrato, al no procesar las causas en lapsos razonables, generando graves daños sociales ante detenciones onerosas, dado el tiempo perdido a venezolanos emprendedores y el dolor provocado a sus familiares y amigos.

Repudiamos la judicialización de la política y la condición de perseguidos y víctimas de un proceso económico que quiere convertir a los directores de Econoinvest y su equipo de apoyo en chivos expiatorios y símbolos negativos, basados en las visiones ideológicas de sus captores, en franca violación a los principios de libertad consagrados en nuestra Carta Magna.

Ahora, cuando después de más de dos años de un retardo procesal injustificable va a darse inicio a un juicio inmerecido, esperamos que la justicia venezolana corrija este oprobio, y procese con celeridad a todos esos ciudadanos venezolanos que merecen las garantías y derechos que otorga nuestro marco legal . Exigimos para todos ellos justicia y libertad.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas

ONU declaró arbitraria detención en caso Econoinvest

La Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre el caso de los cuatro directivos de Econoinvest acusados, y señaló que su detención "es arbitraria". El documento fue emanado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que es el órgano de Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de la ONU.
Los ex directivos de esta casa de bolsa, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel, están presos desde el 24 de mayo de 2010; y desde entonces no se les ha hecho juicio. Están acusados de comercialización ilícita de divisas, y agavillamiento.
Cuando la ONU evaluó el caso, se percató del arresto sin orden judicial, el allanamiento que se hizo un día antes de que se dictara su autorización, y una imputación sobre una ley que no estaba vigente al momento de los hechos por los cuales se les acusa.
"Las transacciones imputadas por el Ministerio Público son referidas a operaciones con títulos valore realizadas entre el 23 de enero de 2010, y el 10 de mayo de 2010, período en e que se encontraba plenamente vigente la legislación anterior", señala el documento de la ONU, refiriéndose a la Ley Contra Ilícitos Cambiarios.
En efecto, en esta normativa se exceptuaba a las operaciones con títulos valores como algún ilícito cambiario. Y fue en el 17 de mayo de 2010, cuando se reforma esa ley, y se elimina la salvedad.
Para la abogada Beatriz di Totto, parte de la defensa de los acusados, reiteró que se trata de una aplicación retroactiva de la ley. "Esto es parte de las violaciones al proceso que se han dado, y lo que nos condujo a acudir a la ONU".
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria indica en el documento que envió una comunicación al Gobierno solicitando información sobre este caso, pero nunca recibió una respuesta.
Juicio en libertad
La defensa de los directivos de Econoinvest apeló el dictamen que tomó el Tribunal Quinto de Juicio el 24 de mayo, cuando decidió, sin realizar audiencia, aprobar la prórroga legal que solicitó el Ministerio Público para que los directivos de Econoinvest estuvieran más tiempo detenidos.
Dos días antes -el 22 de mayo- estaba pautado el acto en el que la defensa podría presentar ante el juez las razones por las que no eran necesaria una prórroga legal. Pero no fue posible, pues esa audiencia fue suspendida por la ausencia de los fiscales. Y nunca se dio en la segunda fecha que había fijado el mismo tribunal.
La defensa alegaría principalmente que ya los detenidos han cumplido un tercio de la pena que llevan los delitos imputados. Esto aunado a que la casa de bolsa que dirigían fue liquidada y saldó con capital propio todas las deudas con los clientes y proveedores, incluso quedaron recursos para conformar un fideicomiso.
Pero para el Ministerio Público era necesario solicitar esa prórroga legal porque el 24 de mayo se cumplían dos años de la detención de los directivos, y en ese tiempo no se había realizado juicio; según las leyes venezolanas, una situación así otorga automáticamente la libertad a los acusados, a menos que la Fiscalía solicite más tiempo.
Ahora, esa apelación introducida por la defensa, requiere una nueva audiencia, en donde los abogados pedirán la nulidad de esa decisión que otorgó la prórroga sin que los acusados se defendieran. Y, entre los elementos que se presentarán está el pronunciamiento de la ONU.
Di Totto recuerda que Venezuela está adscrita a los convenios internacionales con el máximo organismo, y que siempre ha respetado las decisiones del organismo. De hecho, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria recuerda que el estado venezolano es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde el 10 de mayo de 1978.
El juicio comenzará este 25 de junio a la una de la tarde. La audiencia en la Sala de Apelaciones podría darse en un mes, y de ser aprobada permitiría a los acusados seguir en juicio en libertad.

El Mundo, 22/06/2012, 17, Carjuan Cruz

Abogada Di Totto: Detención de directivos de Econoinvest es arbitraria

La abogada de los directivos de Econoinvest que se encuentran detenidos, Beatriz Di Totto, señaló que la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la ONU concluyó que en este caso debe producirse una liberación inmediata e indemnización de los imputados.

Explicó que todos los países adscritos a la ONU tienen que cumplir con los tratados internacionales y agregó que la detención debería cesar.

Para el próximo lunes se espera que se realice la audiencia en el Tribunal Quinto de Juicio por este caso y que el Ministerio Público soporte su acusación.

Aclaró que los detenidos aspiran ser llevados a juicio y recordó que a ellos se les imputan los delitos de comercialización ilícita de divisas y agavillamiento.

Globovisión, 2/06/2012, enlace al original

U.N. Panel Says Jailing of Venezuelan Bankers 'Arbitrary'

CARACAS--A United Nations panel on human rights has deemed the imprisonment of four former directors of Venezuelan brokerage house Econoinvest Casa de Bolsa CA "arbitrary" and called for the release of the bankers, who have been held in a state detention center for two years without a trial.

In its statement, the U.N.'s Working Group on Arbitrary Detention said the imprisoning of the Econoinvest directors appeared to "violate human rights." The agency added that it hadn't received a response from the Venezuelan government after a request for information was made last year.

With some $200 million in assets under management, Econoinvest was one of Venezuela's largest financial firms until its offices were raided by authorities in May 2010. The directors--Herman Sifontes, Miguel Osio Zamora, Juan Carlos Carvallo and Ernesto Rangel--were sent to prison as part of President Hugo Chavez's crackdown on a currency black market where dollar-denominated government bonds were sold for bolivars as a way for the private sector to get its hands on much-needed dollars.

Mr. Chavez, who dubbed Econoinvest and other brokerage houses "a mafia," said these businesses were violating strict currency controls in Venezuela that make purchasing dollars illegal unless done through the government. The leftist leader also blamed them for contributing to a rapid depreciation in the oil-rich South American country's bolivar currency and surging inflation.

Lawyers for Econoinvest, however, contend that the government is wrongfully holding the directors and is retroactively implementing a ban on commercializing dollar-denominated sovereign bonds, legislation that was added to the country's legal code shortly before the arrest of the bankers.

In its report, the U.N. panel notes that Econoinvest stopped the commercial sale of Venezuelan bonds on May 10, 2010, while Venezuelan authorities changed the law to ban the process a week later. Venezuela's attorney general didn't respond to calls seeking comment.

The U.N. opinion was adopted late last year but was released to reporters by Econoinvest's legal team Thursday.

After multiple delays and cancelled hearings, their case is set to go to trial Monday.

Beatriz Di Totto, a lawyer representing Econoinvest, said her legal team plans to use the document to plea for the release of her clients. She added that they intended to present it to the judge last month at a hearing but the proceeding was cancelled after the prosecution didn't appear in court.

Members of the defense have charged that the government has been trying to delay the case.

More than two years after the government's dismantling of the brokerage-house operations, Venezuelan inflation remains at a high annualized rate of 22%, and one dollar continues to fetch more than VEF8.5 on the black market, compared with the state-set rate of VEF4.3 for each dollar.

The Wall Street Journal, 21/06/2012

Consejo de Derechos Humanos de la ONU declara arbitraria la detención de directivos de Econoinvest

Los abogados defensores de Econoinvest Casa de Bolsa informaron a los medios de comunicación la consignación en el expediente que cursa en el Juzgado Quinto de Juicio de la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el cual determinó que las detenciones de Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Ernesto Rangel y Miguel Osío, son arbitrarias, en virtud de que violan sus derechos humanos a la libertad personal y de circulación, a la igualdad ante la ley, a un recurso judicial efectivo, a la prohibición de ser detenido arbitrariamente, al debido proceso, incluido el derecho a ser juzgado en libertad y por un tribunal independiente, y al principio de legalidad y no retroactividad penal, consagrados en los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 2.3, 9, 10, 12, 14, 15 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el Estado venezolano.

La doctora Beatriz Di Totto, acompañada por los doctores Luis Valdivieso Rujana y Luis Ignacio Ramírez, aseveró que la decisión es emanada del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, un órgano de Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza. La decisión, afirma, “es de vital importancia en virtud de la persistencia de la detención preventiva, que fue prorrogada por dos años más sin justificación alguna a petición del fiscal Daniel Guédez, en clara contravención de la Ley que exige la celebración de una audiencia previa, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 244”.

Añadió que esta medida contradijo la decisión del mismo tribunal, el cual previamente había decidido convocar a las partes a una audiencia, de cuya celebración luego prescindió, intempestivamente.

Señaló la abogada, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no sólo declaró arbitraria la detención desde el punto de vista de la violación de los derechos constitucionales de los directivos de Econoinvest, sino que, además, analizó los hechos investigados y concluyó que los delitos que se les imputan a los detenidos son inexistentes, como reza en el informe entregado por la organización internacional al Estado venezolano.

La decisión establece que ninguna de las conductas que les son imputadas se corresponden con los supuestos de hecho de los delitos de los que se les acusa, ni con algún otro delito establecido previamente en la legislación venezolana. Por tanto, al no existir una ley penal previa, conforme al principio de legalidad penal (nullum crimen nulla poena sine lege previa), carece de sustento la medida preventiva de privación de libertad en contra de los acusados.

De la misma manera, recordó la adscripción de la República Bolivariana de Venezuela a la Organización de Naciones Unidas, expresada a través de la suscripción de sus tratados y el acatamiento de sus decisiones.

“Confiamos en que las autoridades venezolanas respetarán sus compromisos internacionales y observarán una conducta consecuente y consistente con la relación que hasta hoy nuestro país ha mantenido con las Naciones Unidas”, advirtió Di Totto. “En tal este sentido, esperamos que la Corte de Apelaciones revoque la arbitraria prórroga de la detención de nuestros defendidos, para que puedan enfrentar el proceso penal en libertad, conforme al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

Por último, apuntó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en su artículo 31, el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos ante los actos violatorios de sus principios y de los derechos consagrados en la Carta Magna, en los tratados internacionales y aún los derechos humanos no consagrados expresamente en texto alguno.

Los miembros actuales del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria son: el Sr. El Hadji Malick SOW (Senegal), (Presidente); la Sra. Shaheen Sardar ALI (Pakistán), (Vicepresidente); el Sr. Roberto GARRETON (Chile); el Sr. Vladimir Tochilovsky (Ucrania); y el Sr. Mads ANDENAS (Noruega).

LaPatilla.com, 21/06/2012 (enlace al original)

Jailed Venezuelan Bankers to See Trial

CARACAS, Venezuela--In the Venezuelan government's perpetual battle with sky-high inflation, a group of bankers have paid a heavy price: prison time with no end in sight. But two years after state authorities shuttered their businesses and threw them in jail for allegedly violating strict dollar controls, four directors of the local brokerage house Econoinvest Casa de Bolsa CA expect to finally get their day in court as their trial kicks off Monday, according to members of their legal team.

The case has raised questions over judicial impartiality and the status of political prisoners under the leftist government of President Hugo Chavez, who, despite a prolonged battle with an undisclosed type of cancer, is running for his third six-year term in October elections.

In May 2010, Mr. Chavez launched a campaign against the Venezuelan brokers, charging they were illegally selling dollar-denominated government bonds for the local bolivar currency, fueling a vibrant currency black market and contributing to surging inflation.

Two years after the crackdown, Venezuela's inflation rate continues to be one of the highest in the world, registering at a 12-month rate of 22% in May. Meanwhile, economic growth has been sluggish, and analysts say the government will have to devalue its fixed exchange rate with the dollar next year in a bid to close a fiscal deficit and a widening gap between official and parallel exchange rates.

"It is possible that the government tried to blame the devaluation of the bolivar on the owners of the exchange houses, but at the end you don't know what the strategy was; there's still a parallel [currency] market in the country," said Barclays analyst Alejandro Grisanti.

Two spokesmen at Venezuela's attorney general's office did not respond to several phone calls and email messages seeking comment. A spokesman at the Finance Ministry also did not return phone calls.

In Venezuela, strict currency controls that were imposed to prevent capital flight make access to dollars illegal unless they are acquired through the government. Exchange houses, prior to their closing, played a vital role in supplying much of the private sector with the dollars they needed to conduct overseas business. Econoinvest was among the largest of such operations and managed nearly $200 million in assets.

But the Chavez administration cracked down on that process, calling the bankers "speculators" responsible for sinking the value of the bolivar to more than VEF8 compared with the state-set exchange rate of VEF4.3 per dollar.

In a July 2010 televised address, Mr. Chavez railed against the bankers, labeling them "a mafia" engaged in ripping off the Venezuelan people while hiding their profits in the U.S. But members of Econoinvest's legal team say the company did nothing wrong and did not violate a ban on commercializing sovereign bonds imposed in the months leading up to their arrest.

A resolution in the government's Official Gazette shows the ban was written into law only a week before Econoinvest's office in Caracas was raided by authorities.

"It is clear they are innocent, and holding people for as long as they have makes no sense," said Luis Valdivieso, an attorney representing Econoinvest.

Members of the legal team say hearing dates have been pushed back repeatedly by the government. The latest was last month, when a hearing was canceled after the lead prosecutor failed to appear in court, according to Mr. Valdivieso, who was present that day.

"I'm convinced that the Public Ministry [the attorney general's office] has no interest in having a case that involves evidence," he added.

Since the dismantling of the brokerage houses, Venezuela has continued selling dollar-denominated bonds as a way to distribute dollars into the local economy. But the operation is managed through the central bank. Still, local businesses complain there isn't sufficient access to dollars, and the regulations, critics say, have only hindered foreign investment into the resources-rich South American country.

"If you look at economic growth in the nearly 10 years since capital controls were imposed you will see that Venezuela has lagged others in the region," Mr. Grisanti said.

Economists now expect more than 5% growth in 2012, but the expansion is seen as unsustainable since it is boosted by heavy government spending ahead of hotly contested October elections. In addition, dollars still sell for more than VEF8.5 on the underground foreign exchange market, nearly double the state's fixed rate, according to LechugaVerde.com, a popular blog that tracks the rate.

A top economic adviser to opposition presidential candidate Henrique Capriles said in a February interview that a new government would look to gradually get rid of capital controls in a bid to boost foreign investment and economic growth.

The case of the Econoinvest bankers has drawn some comparisons with the government's imprisonment of Judge Maria Lourdes Afiuni, who has been in state custody since December 2009. Afiuni was arrested for ordering the release of a prominent Venezuelan businessman after he was held on charges of violating currency regulations for 34 months without a trial. Venezuela's constitution prohibits more than two years of pretrial detention. Her imprisonment has become a deeply
contentious issue for the Chavez government and has drawn widespread condemnation from international human rights organizations. But Beatriz Di Totto, a lawyer for the Econoinvest directors, said their legal team tried to steer away from making it a case about human rights or political prisoners.

"The Afiuni case has become bitterly divided between party lines with Chavistas on one side and the opposition on the other," Mrs. Di Totto said in an interview at her Caracas office. "We didn't want the politicization because we have a strong case that they are innocent."

The Wall Street Journal, Kejal Vyas