miércoles, 30 de mayo de 2012
José Vicente Rangel llama al gobierno a resolver casos jurídicos pendientes
En su columna semanal del pasado 28 de este mes, en el diario Últimas Noticias, el periodista José Vicente Rangel, miembro del recientemente designado Consejo de Estado, reflexionó en torno a esos casos puntuales de personas privadas de libertad que deben ser estudiados y resueltos por el gobierno. Aunque en su texto, el analista rechaza la existencia de presos políticos en la actual gestión, considera que "para ningún estado o gobierno es negocio tener presos". Y advierte de "situaciones especiales que, con el correr del tiempo, crean una costra de prejuicios, o facilitan aviesas interpretaciones" sobre el respeto del gobierno a la legalidad y los derechos humanos.
En su disertación, Rangel señala que al gobierno le ha llegado el momento de "adoptar decisiones que resuelvan el problema", y aunque no mencionó ningún caso en particular, no cabe duda de que se refiere a aquellos cuyas irregularidades y violaciones a las leyes venezolanas son notorias y conocidas ampliamente por la opinión pública. Como el caso de los directivos de casas de bolsas, detenidos en forma irregular desde hace más de dos años y a los cuales se les amplió a un nuevo período de dos años más su prisión preventiva a solicitud de la Fiscalía, contraviniendo lo que las disposiciones legales preven al respecto y violando flagrantemente sus derechos humanos.
El ex-Canciller afirma estar convencido de la capacidad del presidente Chávez de revisar y resolver "con sentido humano" estas situaciones, debido a que, este por convicción democrática, "ha indultado, sobreseído, acordado medidas de gracia a favor de personas, sin aspirar a reconocimiento alguno", concluyendo que Chávez estaría consciente de "la conveniencia de proceder con el mismo propósito de resolver los casos que existen" y dar la vuelta a la página.
martes, 29 de mayo de 2012
¿Se hará justicia en la audiencia de Econoinvest?, por Luis Villasmil Montiel
Para el 6 de junio se postergó la audiencia en la que el juez Quinto de Juicio, William Hurtado, decidirá si acepta o no la insidiosa petición del fiscal Daniel Guédez, de prorrogar la privativa de libertad preventiva sobre los cuatro directores de Econoinvest, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel. Un verdadero infierno han debido soportar estos jóvenes emprendedores y sus familias, a partir de una detención injusta, una intervención plagada de irregularidades y la dilación indebida de un juicio que tiene dos años de espera. Dos años que, según la ley, constituyen el período máximo al que se puede mantener recluida una persona sin que un tribunal le haya dictado sentencia. Dos años que se cumplieron el 24 de mayo, los cuales superan, por demás, la pena que tendrían que sufrir los cuatro directores de encontrarse culpables de los grotescos delitos de los que se les acusa. Como se sabe, accionistas minoritarios y empleados denunciaron ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República al primer equipo interventor, formado por Nahunimar Castillo, Carlos Araujo y Orangel Godoy. Al ser destituidos, el nuevo interventor, Víctor Moreira, pagó sin demora a los clientes, naturales y jurídicos, sin que el Gobierno tuviera que poner un centavo, y dejó públicamente claro que "después de cancelarle a todos los acreedores, la empresa sigue con un patrimonio sólido".
Ahora Tomás Sánchez y su Superintendencia de Valores se hacen de la vista gorda ante el fideicomiso que está obligado a crear con los recursos restantes, los cuales son de la exclusiva propiedad de los accionistas de Econoinvest. No sólo han despojado a los cuatro directores de sus empresas, del trabajo de sus vidas, sino que ahora, cuando constitucionalmente les corresponde un juicio en libertad, el Ministerio Público, a través de un fiscal Guédez convencido de que "el poder rojo es eterno", solicita una malintencionada prórroga que podría confinarlos sin juicio y sin delito, por dos años más.
Así será la atrocidad, que el propio Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias y hombre de la más absoluta con- fianza del presidente Chávez, en su columna del domingo pasado publicó: "Se supone que el juez de la causa rechazará la petición del Ministerio Público de duplicar el tiempo de encierro de directivos de Econoinvest, que ya han cumplido dos años prácticamente sin juicio, uno de esos años demorado por el ex magistrado Aponte Aponte". Varias veces hemos escrito del caso en estas columnas. No tengo ni tuve nada que ver con esa empresa pero he considerado que una vez más, al mejor estilo de Atila y los Hhunos, este régimen lo que toca es para robárselo, destruirlo y desparecerlo o cambiarle el nombre. El saqueo que esos interventores hicieron hasta del mobiliario y de las obras de arte está documentado. Como el interventor Moreira actuó apegado a Derecho y demostró los guisos de los consentidos de Giordani y de otros próceres ímprobos, deciden echar para atrás el proceso cumplido y del que ya no hay deudores ni quejas contra quienes manejaron la empresa. Vergüenza ausente en esos seres.
¿Tendrán al día su declaración jurada de bienes o ese requisito es algo que se obvia para los amigos del proceso con tal de que repartan los guisos?
Tal Cual, 28/05/2012, 22
lunes, 28 de mayo de 2012
Econoinvest 2 años después, por Luis Oliveros
En un país donde 9 de cada 10 asesinos andan sueltos, donde unos reclusos en rebeldía matan a un vecino y no hay ningún responsable, donde salen en libertad rápidamente los acusados por el caso de la comida podrida de Pdval, los señores Miguel Osío Zamora, Ernesto Rangel Aguilera, Juan Carlos Carvallo y Herman Sifontes cumplieron el pasado 24 de mayo 730 días detenidos sin un juicio. Y esto ocurre a pesar que las leyes venezolanas llaman "detención ilegal" a situaciones similares.
El 19 de marzo de este año (http://www.eluniversal.com/opinion/120319/econoinvest-y-la-justicia) escribí un artículo sobre tan sorprendente caso, y hoy insisto sobre el tema porque a todo lo comentado en aquellas líneas hay que sumarle lo dicho por personajes como el exmagistrado Aponte Aponte y el director del diario Ultimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel. El primero confesó que retrasó 1 año el juicio por simples peticiones "de arriba" (sin ningún tipo de razón legal) y el segundo en su tradicional artículo de los domingos en su periódico lanzó un mensaje crítico sobre la actual situación de los 4 accionistas de Econoinvest.
¿Qué se robaron estos señores? Al momento de hacer un show mediático con su detención se habló que eran culpables de la inflación y de la disminución de las reservas internacionales, solo piensen si efectivamente una vez que ellos fueron privados de su libertad (y al mismo tiempo destruido el mercado de capitales en Venezuela), ¿la inflación disminuyó?, ¿las reservas internacionales subieron a qué nivel? Hay que ser bastante estúpido (o idiota como diría el joven Yon) para pensar que ellos tenían algo que ver con tales males económicos y no pensar que hay alguna intención política o ajuste de cuentas en todo esto.
¿En Econoinvest se encontraron problemas patrimoniales?, ¿algún cliente se quejó que fue víctima de un fraude?, recordemos que a la totalidad de sus clientes se les pagó las posiciones que tenían en la casa de bolsa y quedó dinero suficiente para que la empresa siguiera funcionando, ¿entonces qué está pasando? Lo más indignante es que en estos 2 años de detención, aún no ha encontrado un solo delito que amerite su continuidad en la cárcel.
La justicia debe ser ciega, sin embargo en algunos países esa señora tiene el ojo "izquierdo" descubierto.
@Luisoliveros13
El Universal, 28/05/2012 (enlace al original)
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