El plazo establecido para que los liquidadores evalúen las solicitudes de acreencias de una empresa es de 45 días hábiles. Si ese tiempo no es suficiente para determinar las peticiones que proceden, la junta puede solicitar una prórroga.
Pero en Econoinvest se tomaron ese lapso extra con anticipación. "Son 60 días, nos dice la recepcionista", cuenta una de las clientes afectadas.
De esta manera, la junta interventora, conformada por Orangel Godoy y Nahunimar Castillo, no tendrá que dar respuesta a estas peticiones a partir del próximo viernes 7 de enero, sino el 28 de ese mes; es decir, tienen tres semanas más para la evaluación.
Econoinvest fue intervenida en mayo de este año, y cinco meses después se declaró su liquidación.
Esa última medida implica que la junta designada por la Superintendencia de Valores (antes comisión) debe liquidar activos para cancelar a los acreedores de esa empresa todo lo adeudado. Y para eso recogió por 15 días solicitudes de acreencias, que incluyó todas las operaciones que quedaron en tránsito al momento de la intervención, capitales por títulos que se hayan vencido o intereses pendientes por esos papeles. También entran en ese proceso los proveedores y trabajadores.
En suma, los clientes tendrían 10 meses sin acceso a su dinero. Y, aunque se vence el plazo el 28 de enero, no será ese día cuando cobren su deuda pendiente, primero la junta liquidadora les informará las solicitudes que procedieron, cuáles no y los montos aprobados. Luego cada acreedor podrá introducir algún recurso ante la junta en caso de estar en desacuerdo con la decisión de los liquidadores.
Aún faltan
Los bonos registrados a nombre de cada inversionista entran en un proceso distinto. No corresponden a deuda de la casa de bolsa.
Para este trámite la junta liquidadora sólo tiene que emitir una autorización para que cada tenedor acceda a sus papeles en donde estén custodiados; es decir, en la Caja Venezolana de Valores (CVV).
Este es el trámite que le permitiría a esos inversionistas negociar sus papeles, traspasándolos a los intermediarios autorizados para negociar títulos en moneda extranjera, es decir, cualquier banco.
Expertos recuerdan que este proceso se podía haber hecho mientras se realizaba la intervención y no necesariamente al decretar la liquidación.
Sin embargo fue a partir de octubre que la junta liquidadora comenzó las liberaciones de los títulos valores que ya estaban registrados en la Caja de Valores.
A través de anuncios en la prensa nacional, estos funcionarios le informaron a los inversionistas que ya habían emitido la autorización para que tuvieran acceso a sus bonos.
De hecho, ya se liberaron las posiciones de unos 9.000 clientes; sin embargo, fuentes vinculadas aseguran que restan otros 3.000 inversionistas cuyos bonos siguen en la Caja de Valores, pero sin acceso para sus tenedores.
El Mundo, 29/12/2010, Pág. 14, Carjuan Cruz
El organismo regulador indicó, en ese momento, que según la nueva Ley del Mercado de Valores, los interventores podían suplantar a los accionistas. Pero para la defensa esa normativa no establece ese poder.
