viernes, 27 de mayo de 2011
Clientes de Econoinvest solicitan averiguación penal
El pasado 17 de mayo un grupo de clientes de Econoinvest interpuso una denuncia por ante la Fiscalía General de la República con el fin de que se investiguen las razones y se determinen las responsabilidades penales por la falta de pago de sus inversiones a partir de la intervención y posterior liquidación de esa casa de bolsa.
Dichos usuarios reclaman que no han recibido, en el momento del vencimiento de las obligaciones contraídas, ni posteriormente, lo que se le adeuda por concepto de capital, intereses pactados e intereses de mora y que, jamás les han ofrecido explicación acerca de los motivos de ese incumplimiento.
Los denunciantes destacan que esta negativa de pago es de especial gravedad porque las propias autoridades que están al frente de la casa de bolsa han reconocido que las causas de intervención y liquidación de Econoinvest no provienen de pérdidas patrimoniales ni de desviación de recursos de los clientes, por lo que se preguntan cuál es la razón por la que se les niega la disponibilidad de su dinero.
Aclaran que sus acreencias están perfectamente acreditadas, ya que los contratos fueron celebrados y documentados legalmente en su oportunidad, sin que haya deficiencia alguna que pueda oponerse como excusa para cercenarles o menoscabarles sus derechos.
Señalan también que, a través de una nota de prensa titulada Listado de Operaciones Aprobadas, Diferidas o Rechazadas por la Superintendencia Nacional de Valores publicada en el diario Últimas Noticias el 5 de mayo 2010, se enteraron de la venta masiva del portafolio de bonos TICC de Econoinvest Casa de Bolsa, C.A. cuya moneda de emisión es el dólar de los Estados Unidos, lote éste dentro del cual se encontraban los títulos que respaldaban las obligaciones que a ellos se les adeudan y que supletoriamente debían serles entregados en caso de que, por cualquier causa, existiese algún impedimento para realizar el pago.
Indican que la disposición que se hizo de estos títulos ajenos constituye una circunstancia que es muy grave en sí misma pero que lo más significativo es que la venta de esos títulos se realizó pocos días antes de la modificación del control de cambio, a pesar de que la inminencia de esta medida era un hecho notorio para el público en general, cuánto más para quienes por razones de servicio y acceso privilegiado a la fuente de información, tenían la posibilidad de confirmarla.
Respecto de esta venta de los bonos, concluyen que lo ocurrido fue la venta de bienes ajenos, a destiempo, sin justificación alguna, donde el comprador terminó favorecido por un costo de “oportunidad” escandalosamente bajo y donde los legítimos propietarios de los bienes indebidamente vendidos sufrieron los consiguientes e inconmensurables perjuicios en su patrimonio.
Dichos usuarios reclaman que no han recibido, en el momento del vencimiento de las obligaciones contraídas, ni posteriormente, lo que se le adeuda por concepto de capital, intereses pactados e intereses de mora y que, jamás les han ofrecido explicación acerca de los motivos de ese incumplimiento.Los denunciantes destacan que esta negativa de pago es de especial gravedad porque las propias autoridades que están al frente de la casa de bolsa han reconocido que las causas de intervención y liquidación de Econoinvest no provienen de pérdidas patrimoniales ni de desviación de recursos de los clientes, por lo que se preguntan cuál es la razón por la que se les niega la disponibilidad de su dinero.
Aclaran que sus acreencias están perfectamente acreditadas, ya que los contratos fueron celebrados y documentados legalmente en su oportunidad, sin que haya deficiencia alguna que pueda oponerse como excusa para cercenarles o menoscabarles sus derechos.
Señalan también que, a través de una nota de prensa titulada Listado de Operaciones Aprobadas, Diferidas o Rechazadas por la Superintendencia Nacional de Valores publicada en el diario Últimas Noticias el 5 de mayo 2010, se enteraron de la venta masiva del portafolio de bonos TICC de Econoinvest Casa de Bolsa, C.A. cuya moneda de emisión es el dólar de los Estados Unidos, lote éste dentro del cual se encontraban los títulos que respaldaban las obligaciones que a ellos se les adeudan y que supletoriamente debían serles entregados en caso de que, por cualquier causa, existiese algún impedimento para realizar el pago.
Indican que la disposición que se hizo de estos títulos ajenos constituye una circunstancia que es muy grave en sí misma pero que lo más significativo es que la venta de esos títulos se realizó pocos días antes de la modificación del control de cambio, a pesar de que la inminencia de esta medida era un hecho notorio para el público en general, cuánto más para quienes por razones de servicio y acceso privilegiado a la fuente de información, tenían la posibilidad de confirmarla.
Respecto de esta venta de los bonos, concluyen que lo ocurrido fue la venta de bienes ajenos, a destiempo, sin justificación alguna, donde el comprador terminó favorecido por un costo de “oportunidad” escandalosamente bajo y donde los legítimos propietarios de los bienes indebidamente vendidos sufrieron los consiguientes e inconmensurables perjuicios en su patrimonio.
Quinto Día, 27/05/2011
Clientes Econoinvest apelan a un nuevo recurso
Una nueva acción refleja el descontento de los clientes de Econoinvest. Ahora, otro grupo de 59 inversionistas introdujo un recurso de reconsideración a la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval). Otros también han acudido a esa opción, pero de manera individual. Aparte reposa la denuncia que otros inversionistas de esta casa de bolsa entregaron a la Fiscalía General. Como en una guerra de guerrillas atacan todos los frentes para lograr un objetivo: sus dólares.La queja fundamental es que el pago de las acreencias se hizo en bolívares, cuando la inversión se realizó en dólares. Pero también en este recurso de reconsideración otros clientes reclaman que aún no se le han liberado bonos que están registrados en la Caja Venezolana de Valores (CVV) a su nombre. Aunque ya los liquidadores autorizaron el acceso a la mayoría de los clientes, otros 1.500 aproximadamente siguen sin poder sobre sus papeles.
Pero además, en este documento también se reclama el pago de los bonos cambiarios y globales vencidos, lo que entraría en operaciones en tránsito sin pagar, a pesar de que los emisores, es decir, la República y el Banco Central de Venezuela (BCV) ya pagaron sus compromisos por esas emisiones. Y en dólares, ya que estos papeles así fueron denominados y su contrato garantízaba un pago en moneda extranjera.
La Superintendencia de Valores recibió varios recursos individuales de reconsideración durante estos quince días hábiles, que son los otorgados, según marco jurídico, para quienes estén inconformes con el reconocimiento de su deuda en el proceso de liquidación. Ayer, cuando se entregó el documento de los 59 clientes, culminó el plazo para la recepción de reconsideraciones.
Para estos últimos inversionistas, el listado que salió publicado el cinco de mayo, con el reconocimiento de la deuda que tenía Econoinvest, debería descartarse y ser considerado nulo.
Esto porque sus acreencias no fueron honradas de acuerdo a los contratos y negociaciones que se finiquitaron con la casa de bolsa antes de su intervención, el 25 de mayo de 2010. Ya antes, el 17 de mayo, otros clientes acudieron directamente a la Fiscalía, a entregar una denuncia sobre cómo se había realizado la liquidación de la casa de bolsa y cómo se habían cancelado las acreencias.
La junta liquidadora y la Superintendencia de Valores sustentan el pago en bolívares a las Normas de Administración y Liquidación de Operadores de Valores, pero estas sólo indican que las acreencias deben cancelarse según los dictámenes del convenio cambiario vigente.
También argumentan que las operaciones de reportos (a las que corresponde buena parte de las acreencias) no tenían las garantías.
Los clientes indican que no se han hecho públicos los informes de intervención que mostrarían que la empresa no cuenta con los activos suficientes en moneda extranjera para honrar los compromisos en dólares.
A colación traen la misma normativa de liquidación, la cual señala que estos los inversionistas pueden conocer el Plan General de Liquidación, de acuerdo al balance de activos y pasivos del balance de la empresa. Otros inversionistas recuerdan que tanto la liquidadora, como el Superintendente de Valores, Tomás Sánchez, indicaron que Econoinvest estaba solvente y podía saldar las acreencias con los clientes.
El Mundo, 27/05/2011, 15, Carjuan Cruz
miércoles, 25 de mayo de 2011
El Gobierno desmontó el mercado de valores y no ha podido reactivarlo
A un año de la intervención de Econoinvest Casa de Bolsa, la más grande del país, el mercado de valores no muestra signos de recuperación. Con la acusación de presionar la inflación a través de las operaciones de permuta, el Gobierno desmontó la estructura legal de las casas de bolsa y sociedades de corretajes y dejó a los actores del mercado de manos atadas.La eliminación de los mutuos, el cese de operaciones de permuta y la prohibición de comprar y vender títulos en moneda extranjera, limitó a los intermediarios a transacciones de papeles en bolívares de empresas privadas.
El balance dista de lo esperado por el Ejecutivo, pues la alta inflación sigue presente, los juicios a nueve directivos de casas de bolsa se van quedando sin argumentos legales y la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, de la que el presidente Chávez hizo un punto de honor, no ha podido comenzar a pesar de su apertura hace cuatro meses. Expertos señalan que el mecanismo carece del principal atractivo que necesita este tipo de mercado: la confianza.
Lo inevitable La reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios restringió la participación de las casas de bolsa en el mercado de divisas y le confirió al Banco Central de Venezuela la exclusividad en la venta y compra de divisas, dice el economista Alfredo Puerta.
"El gran logro del Gobierno fue convertir el control de cambio en un mecanismo mucho más estricto al eliminar el dólar permuta, que era el marcador del mercado".
Todo control, sin embargo, necesita una válvula de escape cuando tiene tantos años en funcionamiento, por eso el economista Asdrúbal Oliveros alerta que "el Gobierno acabó con el mercado de permuta pero se creó inevitablemente uno negro de operaciones con oro y notas estructuradas (combo de bonos) que es difícil de controlar".
Una fuente, que solicitó no citar su nombre, indica que al acabar con las casas de bolsa el Ejecutivo se entrampó en su propio juego. "Sólo se ha prestado para abusos de funcionarios (los interventores) y después de un año las cosas no han mejorado. No quieren entender que Cadivi y el Sitme no pueden con la presión de la demanda de divisas. No quieren aceptar que están generando negocios alrededor de los dólares preferenciales debido al diferencial tan grande que hay con el dólar negro".
La persecución La debacle del mercado de capitales ocurrió en dos partes.
La primera fue en noviembre de 2009 con la intervención del Banco Canarias, dueño de U21 Casa de Bolsa. Se le acusó de realizar operaciones trianguladas con otras casas de bolsa y con el Banco Canarias para la adquisición de dólares. Estas operaciones se hacían supuestamente- con dinero de los depositantes.
La segunda ola se produjo con la acusación a directivos de Econoinvest, Banvalor, Multinvest, Positiva y Venevalores de ejecutar operaciones ilícitas de permuta con los TICC, títulos de interés de capital cubierto. De esta manera lo que comenzó como un pase de factura a un grupo de intermediarios y altos funcionarios, relata la fuente extraoficial, se convirtió en toda "una cacería de brujas".
Una opinión de la consultoría jurídica del Ministerio de Planificación y Finanzas echó por tierra el caso al especificar que las operaciones con TICC, no son ilegales, aún con la reforma de la ley. "Ahora el Gobierno tiene dos opciones.
Llevar la causa hasta sus últimas consecuencias y jugársela en el ámbito internacional u ofrecerle una salida elegante a los imputados, en vista de que el delito no existe", asegura la fuente.
En octubre pasado estalló un caso de corrupción con el interventor de Unovalores Casa de Bolsa, Rafael Ramos de la Rosa, detenido en Estados Unidos por extorsión a uno de los directivos de la empresa.
Ramos fungía también como interventor de Italcambio Casa de Bolsa.
La bolsa socialista Desaparecido el mercado de permuta y con el Sitme, sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera, en manos del BCV y la Comisión de Administración de Divisas como ente adscrito al Ministerio de Finanzas, su titular Jorge Giordani, emprendió la tarea de dar vida a una bolsa de valores socialista, que desde agosto pasado sonaba con insistencia, pero fue a finales de enero cuando fue abierta, aunque sin logros que mostrar hasta ahora.
Nueve operadores de valores fueron autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores, figura creada por la nueva Ley del Mercado de Valores, para hacer transacciones con papeles comerciales y facilitar futuras nuevas emisiones de bonos. Sólo a través de la bolsa pública podrán negociarse bonos de la deuda en bolívares y dólares.
Mientras, del lado privado varias casas de bolsa están optando por entregar sus licencias y cerrar, pues la Ley del Mercado de Valores, vigente desde agosto de 2010, establece que en caso encontrarse alguna irregularidad los dueños y administradores deben responder con su patrimonio personal. Otras se mantienen con operaciones mínimas y se amparan en sus brazos internacionales a la espera de tiempos mejores.
"En Venezuela se acabó con la confianza en el mercado de valores y esa es la razón principal por la cual la bolsa pública tardará mucho en funcionar, sentencia Puerta.
El Nacional, 25/05/2011, E6, Blanca Vera
Títulos en disputa legal movían 70% del mercado autorizado por el Gobierno
Los Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) eran los papeles más utilizados en el mercado alternativo de divisas. Estar denominados en dólares, pero con la ventaja de poder pagarse en bolívares, facilitaba la operación permuta. Desde 2007 a 2009 estos bonos movieron 70% de esa plaza cambiaria.
Tan es así que la existencia de Ticc alcanza los 4.700 millones de dólares, 11,43% de la deuda pública en moneda extranjera, según cifras del Ministerio de Planificación y Finanzas.
Sin embargo, la Fiscalía General envió a juicio a 10 directivos de cinco casas de bolsa por realizar operaciones con este tipo de títulos. Y, de hecho, la sentencia del juez Robinson Vásquez, quien estuvo a cargo de la audiencia preliminar, señaló que "en definitiva se sustentan los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, previsto y sancionado en el artículo 9 del segundo aparte de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios", se indica en el documento.
Pero, al referirse a la normativa, sacó a colación la reforma realizada a la ley, la cual entró en vigencia el 18 de mayo de 2010. Sin embargo, las acusaciones por 12 operaciones específicas, que reposan en el expediente, tienen fechas que van desde enero de ese mismo año, a abril; es decir, antes de la modificación de la ley.
Antes de ese cambio, la normativa hacía una aclaratoria: "Se exceptúan las operaciones en títulos valores", decía el artículo 9 del capítulo III, en donde se prohibía la negociación de divisas y se establecía el Banco Central de Venezuela como única autoridad competente para comprar y vender dólares a través los intermediarios autorizados.
Esa excepción se eliminó en la nueva normativa, que entró en vigencia para ser aplicable a partir de ese 18 de mayo.
La comercialización indebida de divisas por la que acusan a los directivos detenidos se fundamenta en esa normativa, aunque el efecto de las leyes no pueda ser de carácter retroactivo.
Creados para ser vehículos de cambio
Los Ticc fueron creados precisamente para facilitar las transacciones permuta. Recuerda Henkel García, director de Econométrica y Visión de Inversión, que ese mercado permuta era ante todo una plaza cambiaria.
"Los Ticc facilitaban ese proceso, porque estaban denominados en dólares", de acuerdo con el analista financiero.
"El mercado permuta se ejecutaba a través de vehículos financieros y estos títulos eran uno de esos instrumentos", agrega García. En efecto, era el más utilizado.
Sin embargo, antes de ser usados con ese fin, el sector solicitó autorización al Banco Central de Venezuela.
En el año 2006, el ente emisor publicó la resolución N° 06-11-01, luego de la primera emisión de Ticc; en ese documento, ya daba una autorización a ese tipo de transacciones, recuerdan otros expertos jurídicos del área.
Pero el año siguiente, la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) solicitó al Banco Central una manifestación más contundente sobre los Ticc.
La respuesta llegó en una segunda resolución (N°07-02-02), en la que el BCV ratificó que tales papeles podían ser negociados en moneda extranjera.
De hecho, esa era la intención. La válvula de escape que necesitaba la economía nacional, después de cuatro años seguidos de control de cambio. Cadivi ya no era suficiente.
Otros papeles se emitieron posteriormente con las mismas condiciones que los Ticc, como los bonos de Pdvsa, o los bonos cambiarios que emitió el BCV durante el primer trimestre de 2010, después de la minicrisis bancaria.
Pronunciamientos que no sirvieron
Después de las acusaciones que sobre los directivos realizó la Fiscalía General por operaciones específicas de Ticc, tanto el Ministerio de Planificación y Finanzas como también el BCV emitieron comunicados al Ministerio Público sobre la legalidad de estos papeles. Incluso por petición de la Fiscalía, que solicitó opinión al ente emisor sobre las operaciones con estos bonos.
De hecho, el registro de todas las transacciones permuta pasaba por el Sistema de Custodia Electrónica (Sicet) del Banco Central de Venezuela, incluidas las realizadas con los Ticc, que eran la gran mayoría.
Para el ente emisor, lo reflejado en ese proceso era objeto de análisis al momento de establecer y decidir la política monetaria.
Incluso, para la defensa de los acusados, los registros de esas operaciones en el Banco Central de Venezuela, usadas por la Fiscalía como pruebas de comercialización ilícita, muestran que todas las transacciones estaban respaldadas con títulos valores y que los precios se ajustaban a las cotizaciones internacionales de estos papeles.
Directivos de Econoinvest defienden su inocencia
La denuncia que propició las detenciones de la Fiscalía en el mercado de valores, realizada por el superintendente nacional de valores, Tomás Sánchez, no incluían a Econoinvest, recuerda un comunicado de los cuatro directivos que cumplen un año detenidos, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Ernesto Rangel y Miguel Osío.
"El sector proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el Estado y un monto altamente significativo para el área privada en los últimos siete años, garantizando más de 10.000 empleos modernos entre directos e indirectos", dicen en el texto.
También recuerdan que el mercado de valores incorporó al pequeño ahorrista, con una suma de 1.900.000 inversionistas directos y 3.500.000 indirectos.
Aseguran que la decisión del juez Robinson Vásquez, la cual determinó las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) como ilegales, fue lo que imposibilitó que los directivos salieran en libertad. Y, por el contrario, se les envió a juicio.
Esto a pesar de que todas las transacciones estaban "debidamente soportadas y autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (Sicet),
Aclaran los detenidos en este documento que la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, vigente desde septiembre de 2005, y reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo nueve las operaciones con títulos y excluía de responsabilidad penal de dichas transacciones.
"El juez decide contra nosotros, ignorando totalmente la excepción expresa de la ley", dicen.
Para los directivos es insólito tal decisión, luego de casi cinco años de compra y venta de títulos avaladas por el Banco Central y monitoreada por la propia Comisión Nacional de Valores.
"El juez Vásquez inaugura un nuevo, arbitrario e inconstitucional derecho al decidir que tales operaciones que realizaban entes públicos, privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran ilegítimas", dice el documento.
Recalcan el riesgo jurídico que esta decisión tiene sobre todas las personas y empresas que utilizaron estos mecanismos.
"Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest, seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia, ejerciendo el derecho a la justa aplicación de la ley", finaliza.
Tan es así que la existencia de Ticc alcanza los 4.700 millones de dólares, 11,43% de la deuda pública en moneda extranjera, según cifras del Ministerio de Planificación y Finanzas.
Sin embargo, la Fiscalía General envió a juicio a 10 directivos de cinco casas de bolsa por realizar operaciones con este tipo de títulos. Y, de hecho, la sentencia del juez Robinson Vásquez, quien estuvo a cargo de la audiencia preliminar, señaló que "en definitiva se sustentan los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, previsto y sancionado en el artículo 9 del segundo aparte de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios", se indica en el documento.
Pero, al referirse a la normativa, sacó a colación la reforma realizada a la ley, la cual entró en vigencia el 18 de mayo de 2010. Sin embargo, las acusaciones por 12 operaciones específicas, que reposan en el expediente, tienen fechas que van desde enero de ese mismo año, a abril; es decir, antes de la modificación de la ley.
Antes de ese cambio, la normativa hacía una aclaratoria: "Se exceptúan las operaciones en títulos valores", decía el artículo 9 del capítulo III, en donde se prohibía la negociación de divisas y se establecía el Banco Central de Venezuela como única autoridad competente para comprar y vender dólares a través los intermediarios autorizados.Esa excepción se eliminó en la nueva normativa, que entró en vigencia para ser aplicable a partir de ese 18 de mayo.
La comercialización indebida de divisas por la que acusan a los directivos detenidos se fundamenta en esa normativa, aunque el efecto de las leyes no pueda ser de carácter retroactivo.
Creados para ser vehículos de cambio
Los Ticc fueron creados precisamente para facilitar las transacciones permuta. Recuerda Henkel García, director de Econométrica y Visión de Inversión, que ese mercado permuta era ante todo una plaza cambiaria.
"Los Ticc facilitaban ese proceso, porque estaban denominados en dólares", de acuerdo con el analista financiero.
"El mercado permuta se ejecutaba a través de vehículos financieros y estos títulos eran uno de esos instrumentos", agrega García. En efecto, era el más utilizado.
Sin embargo, antes de ser usados con ese fin, el sector solicitó autorización al Banco Central de Venezuela.
En el año 2006, el ente emisor publicó la resolución N° 06-11-01, luego de la primera emisión de Ticc; en ese documento, ya daba una autorización a ese tipo de transacciones, recuerdan otros expertos jurídicos del área.
Pero el año siguiente, la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) solicitó al Banco Central una manifestación más contundente sobre los Ticc.
La respuesta llegó en una segunda resolución (N°07-02-02), en la que el BCV ratificó que tales papeles podían ser negociados en moneda extranjera.
De hecho, esa era la intención. La válvula de escape que necesitaba la economía nacional, después de cuatro años seguidos de control de cambio. Cadivi ya no era suficiente.
Otros papeles se emitieron posteriormente con las mismas condiciones que los Ticc, como los bonos de Pdvsa, o los bonos cambiarios que emitió el BCV durante el primer trimestre de 2010, después de la minicrisis bancaria.
Pronunciamientos que no sirvieron
Después de las acusaciones que sobre los directivos realizó la Fiscalía General por operaciones específicas de Ticc, tanto el Ministerio de Planificación y Finanzas como también el BCV emitieron comunicados al Ministerio Público sobre la legalidad de estos papeles. Incluso por petición de la Fiscalía, que solicitó opinión al ente emisor sobre las operaciones con estos bonos.
De hecho, el registro de todas las transacciones permuta pasaba por el Sistema de Custodia Electrónica (Sicet) del Banco Central de Venezuela, incluidas las realizadas con los Ticc, que eran la gran mayoría.
Para el ente emisor, lo reflejado en ese proceso era objeto de análisis al momento de establecer y decidir la política monetaria.
Incluso, para la defensa de los acusados, los registros de esas operaciones en el Banco Central de Venezuela, usadas por la Fiscalía como pruebas de comercialización ilícita, muestran que todas las transacciones estaban respaldadas con títulos valores y que los precios se ajustaban a las cotizaciones internacionales de estos papeles.
Directivos de Econoinvest defienden su inocencia
La denuncia que propició las detenciones de la Fiscalía en el mercado de valores, realizada por el superintendente nacional de valores, Tomás Sánchez, no incluían a Econoinvest, recuerda un comunicado de los cuatro directivos que cumplen un año detenidos, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Ernesto Rangel y Miguel Osío.
"El sector proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el Estado y un monto altamente significativo para el área privada en los últimos siete años, garantizando más de 10.000 empleos modernos entre directos e indirectos", dicen en el texto.
También recuerdan que el mercado de valores incorporó al pequeño ahorrista, con una suma de 1.900.000 inversionistas directos y 3.500.000 indirectos.
Aseguran que la decisión del juez Robinson Vásquez, la cual determinó las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) como ilegales, fue lo que imposibilitó que los directivos salieran en libertad. Y, por el contrario, se les envió a juicio.
Esto a pesar de que todas las transacciones estaban "debidamente soportadas y autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (Sicet),
Aclaran los detenidos en este documento que la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, vigente desde septiembre de 2005, y reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo nueve las operaciones con títulos y excluía de responsabilidad penal de dichas transacciones.
"El juez decide contra nosotros, ignorando totalmente la excepción expresa de la ley", dicen.
Para los directivos es insólito tal decisión, luego de casi cinco años de compra y venta de títulos avaladas por el Banco Central y monitoreada por la propia Comisión Nacional de Valores.
"El juez Vásquez inaugura un nuevo, arbitrario e inconstitucional derecho al decidir que tales operaciones que realizaban entes públicos, privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran ilegítimas", dice el documento.
Recalcan el riesgo jurídico que esta decisión tiene sobre todas las personas y empresas que utilizaron estos mecanismos.
"Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest, seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia, ejerciendo el derecho a la justa aplicación de la ley", finaliza.
El Mundo, 25/05/2011, 18-19, Carjuan Cruz
martes, 24 de mayo de 2011
Los Directores de Econoinvest a un año de su injusta detención
EL OBJETIVO FUE DESTRUIR EL MERCADO DE VALORES
Hoy 24 de mayo de 2011, se cumple un año de privación ilegítima de nuestra libertad.
Lo que comenzó con una denuncia del Superintendente Nacional de Valores, Sr. Tomás Sánchez, el 12 de mayo de 2010, contra tres casas de bolsa específicas por efectuar operaciones con divisas sin que mediasen los respectivos soportes en títulos valores, terminó con la decisión de cerrar un sector que proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el estado y un monto altamente significativo para el sector privado en los últimos siete años, garantizando más de 10.000 empleos modernos entre directos e indirectos, y no dependientes del Estado, e incorporando al pequeño ahorrista al mercado de valores, llegando a alcanzar la suma de 1.900.000 inversionistas directos y 3.500.000 indirectos.
Al comprobarse que todas las operaciones estaban debidamente soportadas y autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), el proceso da un vuelco inesperado y el juez 13 de control, abogado Robinson Vásquez, decide que las operaciones con los títulos valores denominados Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) son ilícitas, saltándose el principio de legalidad penal que reza que no puede haber delito sin ley previa.
La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios vigente desde septiembre de 2005 y reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo 9 las operaciones con títulos valores y excluía de responsabilidad penal dichas transacciones. El juez decide contra nosotros, ignorando totalmente la excepción expresa contenida en esa ley.
Luego de casi cinco años de compra-venta de títulos valores avalada por el Banco Central de Venezuela y monitoreada por la propia Comisión Nacional de Valores, el juez Vásquez inaugura un nuevo, arbitrario e inconstitucional derecho al decidir que tales operaciones que realizaban entes públicos, privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran ilegítimas, contradiciendo la ley que de manera explícita las autorizaba.
Bajo esta aberración hemos sido pasados a juicio con los cargos de Comercialización Ilícita de Divisas y Agavillamiento.
Los efectos jurídicos y económicos de una decisión de este tipo se tornan inimaginables. Si este absurdo criterio llegara a consolidarse, existiría el riesgo de que, con ese precedente, se pretendiese investigar y juzgar a todas las personas que utilizaron legalmente estos mecanismos de ahorro e inversión: a importadores, a miembros de los sectores de la industria y del comercio; al resto de las más de 100 casas de bolsas y sociedades de corretaje y, peor aún, a la banca nacional, pionera en la utilización de títulos valores para proteger sus capitales y negociarlos en divisas o en bolívares, a pesar de que todos actuaron amparados en las excepciones que brindaba la ley.
Destruir el mercado de valores ha constituido una empresa minúscula en comparación con las graves consecuencias jurídicas y económicas que acarreará el sostener una decisión contra legem como la dictada por el Juez de Control en Audiencia Preliminar.
Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest Casa de Bolsa, seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia ejerciendo nuestro derecho a la justa aplicación de la ley y no a una arbitraria interpretación, con el convencimiento irrestricto de que tarde o temprano habrá de imponerse la justicia.
Hoy 24 de mayo de 2011, se cumple un año de privación ilegítima de nuestra libertad.Lo que comenzó con una denuncia del Superintendente Nacional de Valores, Sr. Tomás Sánchez, el 12 de mayo de 2010, contra tres casas de bolsa específicas por efectuar operaciones con divisas sin que mediasen los respectivos soportes en títulos valores, terminó con la decisión de cerrar un sector que proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el estado y un monto altamente significativo para el sector privado en los últimos siete años, garantizando más de 10.000 empleos modernos entre directos e indirectos, y no dependientes del Estado, e incorporando al pequeño ahorrista al mercado de valores, llegando a alcanzar la suma de 1.900.000 inversionistas directos y 3.500.000 indirectos.
Al comprobarse que todas las operaciones estaban debidamente soportadas y autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), el proceso da un vuelco inesperado y el juez 13 de control, abogado Robinson Vásquez, decide que las operaciones con los títulos valores denominados Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) son ilícitas, saltándose el principio de legalidad penal que reza que no puede haber delito sin ley previa.
La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios vigente desde septiembre de 2005 y reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo 9 las operaciones con títulos valores y excluía de responsabilidad penal dichas transacciones. El juez decide contra nosotros, ignorando totalmente la excepción expresa contenida en esa ley.
Luego de casi cinco años de compra-venta de títulos valores avalada por el Banco Central de Venezuela y monitoreada por la propia Comisión Nacional de Valores, el juez Vásquez inaugura un nuevo, arbitrario e inconstitucional derecho al decidir que tales operaciones que realizaban entes públicos, privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran ilegítimas, contradiciendo la ley que de manera explícita las autorizaba.
Bajo esta aberración hemos sido pasados a juicio con los cargos de Comercialización Ilícita de Divisas y Agavillamiento.
Los efectos jurídicos y económicos de una decisión de este tipo se tornan inimaginables. Si este absurdo criterio llegara a consolidarse, existiría el riesgo de que, con ese precedente, se pretendiese investigar y juzgar a todas las personas que utilizaron legalmente estos mecanismos de ahorro e inversión: a importadores, a miembros de los sectores de la industria y del comercio; al resto de las más de 100 casas de bolsas y sociedades de corretaje y, peor aún, a la banca nacional, pionera en la utilización de títulos valores para proteger sus capitales y negociarlos en divisas o en bolívares, a pesar de que todos actuaron amparados en las excepciones que brindaba la ley.
Destruir el mercado de valores ha constituido una empresa minúscula en comparación con las graves consecuencias jurídicas y económicas que acarreará el sostener una decisión contra legem como la dictada por el Juez de Control en Audiencia Preliminar.
Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest Casa de Bolsa, seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia ejerciendo nuestro derecho a la justa aplicación de la ley y no a una arbitraria interpretación, con el convencimiento irrestricto de que tarde o temprano habrá de imponerse la justicia.
Lapatilla.com, 24/05/2011, enlace al original
Una tarde como hoy hace 365 días…
Hoy tomé la decisión de apartarme un momento de las carantoñas de mis hijos. Me distancié un rato de la mirada cálida de mi esposa. Me levanté de la cama, a la cual mi cuerpo tiene más de cinco años acostumbrado a dormir y cerré los ojos para tratar de comprender algo. De inmediato se me generó un fuerte escalofrió en el cuerpo. Comprendí lo que sentía y lo deje desarrollar: estaba sintiendo aquello que pudieron haber vivido mis amigos, hace un año, un día como hoy, en altas horas de la noche, cuando fueron arrancados intempestivamente de estas situaciones tan comunes para nosotros, tan presentes, tan naturales.
Finalizaba el 24 de mayo de 2010, cuando mis amigos Miguel, Ernesto, Herman y Juan Carlos fueron detenidos, sin ningún tipo de razón legal que lo justificara. Esa noche, representantes de la Fiscalía General de la República, que supuestamente deben velar por la justa aplicación de la justicia se llevaron por delante las normas constitucionales que deben respetar y, mucho más, defender. Días después, un juez de control les diría a esos fiscales: “ustedes violaron la Constitución al detener a estas cuatro personas, pero tal como ocurre con ustedes, yo también debo seguir unas instrucciones, así que igual quedan detenidos.”
Así, se legalizó una injusticia, acción que se reproducirá en otras instancias y tiempos, hasta llegar al día de hoy, con una decisión aberrante, nefasta y criminal: el Juez 13 de Control, doctor Robinson Vazquez aplica de manera retroactiva una ley penal.
Este Juez violenta así todo el ordenamiento legal vigente al declarar ilegales las operaciones con TICC, procedimientos debidamente apoyados en las leyes y transparentemente autorizados por el Gobierno Nacional. Fue la fórmula que consiguió para impedir la libertad de mis amigos y así implantar la inconstitucionalidad en el fuero judicial. Como abogado diría que quizás no debió haber recibido una instrucción, sino que lo debieron humillar, a tal grado que, no tuvo otra opción que dictar esa decisión. Quizás ese Juez le tocará en el futuro enfrentar su propia sentencia.
Estoy seguro que ninguno de mis cuatro amigos, como padres, como esposos, salieron ese día de sus casas pensando que esa injusticia, desatada en estos últimos años sobre nuestro hermoso territorio venezolano, los abrazaría con sus frías garras, despojándolos de esas pequeñas cosas que nos da la libertad. Con un abrazo macabro, ese 24 de mayo llegaron los sinvergüenzas y abusadores para hacer de la empresa, que ellos construyeron, Econoinvest, leña y, así, llevarse su porción bajo el brazo, sin importar las angustias familiares, las zozobras laborales, los legítimos bienes de los ahorristas y la falta de ingresos seguros y sustentables en el tiempo para más de 500 familias.
Con estas líneas les envío a mis amigos un recuerdo, un abrazo a donde se encuentren, no importándome a qué institución pertenecen los sótanos donde injustamente los tienen retenidos. Quiero decirles que aquí afuera hay gente que sigue creyendo en ustedes, que saben de su inocencia; del sacrificio que significa para Venezuela la destrucción de la empresa que fundaron y desarrollaron, destruyendo, además, nuestro mercado de valores: una empresa con 15 años de experiencia, más años de los que tiene este gobierno, pero sin la prepotencia y desprecio que manifiestan quienes fueron enviados como sus liquidadores.
El lema de Econoinvest fue “Invirtiendo se crece.” Esa idea, estoy seguro, perdurará a pesar de todo. Su objetivo fue certero y correcto: nuestros hijos crecerán como hombres de bien, si sus padres invierten en su educación; los comerciantes crecerán porque invierten en su negocio; los trabajadores crecerán como ciudadanos y tendrán una mejor vida porque invierten en el presente para garantizar el futuro.
En fin, un país que invierte en su gente, crecerá como nación sólida y su Estado será respetado por la comunidad internacional.
Amigos, Miguel, Ernesto, Herman y Juan Carlos, ustedes dieron al país una opción distinta de ahorro a los venezolanos, crearon una plataforma que permitió la verdadera masificación del mercado de valores. Hoy ya no la tenemos, debemos regresar sólo a la banca. Esto, sin mencionar todo el aporte cultural que emprendieron con el mismo empeño en áreas como la literatura, las artes plásticas y la música. La Fundación para la Cultura Urbana que ustedes promovieron será siempre un hito que volveremos a buscar, volveremos a crear, volveremos a seguir.
Creo fervientemente en la justicia, más que en la orgía festiva de la injusticia. Esta última es infiel y golosa, se devora todo, incluso a quien la promueve y ejecuta. La historia de la civilización humana lo ha confirmado.
En la Universidad, el Padre Olaso nos enseñó que la justicia tardía es injusticia, pero la cruda realidad ha demostrado que la justicia tiene sus propios tiempos y, muchas veces, no son los que nosotros queremos imponerle. Pero les aseguro que ella no dejará de vencer a su contraparte. Más allá de ello, sin justicia no podemos sobrevivir como individuos, como nación. Para ustedes, mi palabra de confianza en cuanto a que el camino se endereza. Por sus hijos, por los míos y por el país: sigan en la lucha, aguanten el tiempo que corresponda, pues estoy seguro que tendremos mucho que “Invertir para que nuestro país crezca.”
Finalizaba el 24 de mayo de 2010, cuando mis amigos Miguel, Ernesto, Herman y Juan Carlos fueron detenidos, sin ningún tipo de razón legal que lo justificara. Esa noche, representantes de la Fiscalía General de la República, que supuestamente deben velar por la justa aplicación de la justicia se llevaron por delante las normas constitucionales que deben respetar y, mucho más, defender. Días después, un juez de control les diría a esos fiscales: “ustedes violaron la Constitución al detener a estas cuatro personas, pero tal como ocurre con ustedes, yo también debo seguir unas instrucciones, así que igual quedan detenidos.”
Así, se legalizó una injusticia, acción que se reproducirá en otras instancias y tiempos, hasta llegar al día de hoy, con una decisión aberrante, nefasta y criminal: el Juez 13 de Control, doctor Robinson Vazquez aplica de manera retroactiva una ley penal.
Este Juez violenta así todo el ordenamiento legal vigente al declarar ilegales las operaciones con TICC, procedimientos debidamente apoyados en las leyes y transparentemente autorizados por el Gobierno Nacional. Fue la fórmula que consiguió para impedir la libertad de mis amigos y así implantar la inconstitucionalidad en el fuero judicial. Como abogado diría que quizás no debió haber recibido una instrucción, sino que lo debieron humillar, a tal grado que, no tuvo otra opción que dictar esa decisión. Quizás ese Juez le tocará en el futuro enfrentar su propia sentencia.
Estoy seguro que ninguno de mis cuatro amigos, como padres, como esposos, salieron ese día de sus casas pensando que esa injusticia, desatada en estos últimos años sobre nuestro hermoso territorio venezolano, los abrazaría con sus frías garras, despojándolos de esas pequeñas cosas que nos da la libertad. Con un abrazo macabro, ese 24 de mayo llegaron los sinvergüenzas y abusadores para hacer de la empresa, que ellos construyeron, Econoinvest, leña y, así, llevarse su porción bajo el brazo, sin importar las angustias familiares, las zozobras laborales, los legítimos bienes de los ahorristas y la falta de ingresos seguros y sustentables en el tiempo para más de 500 familias.
Con estas líneas les envío a mis amigos un recuerdo, un abrazo a donde se encuentren, no importándome a qué institución pertenecen los sótanos donde injustamente los tienen retenidos. Quiero decirles que aquí afuera hay gente que sigue creyendo en ustedes, que saben de su inocencia; del sacrificio que significa para Venezuela la destrucción de la empresa que fundaron y desarrollaron, destruyendo, además, nuestro mercado de valores: una empresa con 15 años de experiencia, más años de los que tiene este gobierno, pero sin la prepotencia y desprecio que manifiestan quienes fueron enviados como sus liquidadores.
El lema de Econoinvest fue “Invirtiendo se crece.” Esa idea, estoy seguro, perdurará a pesar de todo. Su objetivo fue certero y correcto: nuestros hijos crecerán como hombres de bien, si sus padres invierten en su educación; los comerciantes crecerán porque invierten en su negocio; los trabajadores crecerán como ciudadanos y tendrán una mejor vida porque invierten en el presente para garantizar el futuro.
En fin, un país que invierte en su gente, crecerá como nación sólida y su Estado será respetado por la comunidad internacional.
Amigos, Miguel, Ernesto, Herman y Juan Carlos, ustedes dieron al país una opción distinta de ahorro a los venezolanos, crearon una plataforma que permitió la verdadera masificación del mercado de valores. Hoy ya no la tenemos, debemos regresar sólo a la banca. Esto, sin mencionar todo el aporte cultural que emprendieron con el mismo empeño en áreas como la literatura, las artes plásticas y la música. La Fundación para la Cultura Urbana que ustedes promovieron será siempre un hito que volveremos a buscar, volveremos a crear, volveremos a seguir.
Creo fervientemente en la justicia, más que en la orgía festiva de la injusticia. Esta última es infiel y golosa, se devora todo, incluso a quien la promueve y ejecuta. La historia de la civilización humana lo ha confirmado.
En la Universidad, el Padre Olaso nos enseñó que la justicia tardía es injusticia, pero la cruda realidad ha demostrado que la justicia tiene sus propios tiempos y, muchas veces, no son los que nosotros queremos imponerle. Pero les aseguro que ella no dejará de vencer a su contraparte. Más allá de ello, sin justicia no podemos sobrevivir como individuos, como nación. Para ustedes, mi palabra de confianza en cuanto a que el camino se endereza. Por sus hijos, por los míos y por el país: sigan en la lucha, aguanten el tiempo que corresponda, pues estoy seguro que tendremos mucho que “Invertir para que nuestro país crezca.”
Caracas, 24 mayo 2011
Ricardo Padrón
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