Tan es así que la existencia de Ticc alcanza los 4.700 millones de dólares, 11,43% de la deuda pública en moneda extranjera, según cifras del Ministerio de Planificación y Finanzas.
Sin embargo, la Fiscalía General envió a juicio a 10 directivos de cinco casas de bolsa por realizar operaciones con este tipo de títulos. Y, de hecho, la sentencia del juez Robinson Vásquez, quien estuvo a cargo de la audiencia preliminar, señaló que "en definitiva se sustentan los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, previsto y sancionado en el artículo 9 del segundo aparte de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios", se indica en el documento.
Pero, al referirse a la normativa, sacó a colación la reforma realizada a la ley, la cual entró en vigencia el 18 de mayo de 2010. Sin embargo, las acusaciones por 12 operaciones específicas, que reposan en el expediente, tienen fechas que van desde enero de ese mismo año, a abril; es decir, antes de la modificación de la ley.
Antes de ese cambio, la normativa hacía una aclaratoria: "Se exceptúan las operaciones en títulos valores", decía el artículo 9 del capítulo III, en donde se prohibía la negociación de divisas y se establecía el Banco Central de Venezuela como única autoridad competente para comprar y vender dólares a través los intermediarios autorizados.Esa excepción se eliminó en la nueva normativa, que entró en vigencia para ser aplicable a partir de ese 18 de mayo.
La comercialización indebida de divisas por la que acusan a los directivos detenidos se fundamenta en esa normativa, aunque el efecto de las leyes no pueda ser de carácter retroactivo.
Creados para ser vehículos de cambio
Los Ticc fueron creados precisamente para facilitar las transacciones permuta. Recuerda Henkel García, director de Econométrica y Visión de Inversión, que ese mercado permuta era ante todo una plaza cambiaria.
"Los Ticc facilitaban ese proceso, porque estaban denominados en dólares", de acuerdo con el analista financiero.
"El mercado permuta se ejecutaba a través de vehículos financieros y estos títulos eran uno de esos instrumentos", agrega García. En efecto, era el más utilizado.
Sin embargo, antes de ser usados con ese fin, el sector solicitó autorización al Banco Central de Venezuela.
En el año 2006, el ente emisor publicó la resolución N° 06-11-01, luego de la primera emisión de Ticc; en ese documento, ya daba una autorización a ese tipo de transacciones, recuerdan otros expertos jurídicos del área.
Pero el año siguiente, la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) solicitó al Banco Central una manifestación más contundente sobre los Ticc.
La respuesta llegó en una segunda resolución (N°07-02-02), en la que el BCV ratificó que tales papeles podían ser negociados en moneda extranjera.
De hecho, esa era la intención. La válvula de escape que necesitaba la economía nacional, después de cuatro años seguidos de control de cambio. Cadivi ya no era suficiente.
Otros papeles se emitieron posteriormente con las mismas condiciones que los Ticc, como los bonos de Pdvsa, o los bonos cambiarios que emitió el BCV durante el primer trimestre de 2010, después de la minicrisis bancaria.
Pronunciamientos que no sirvieron
Después de las acusaciones que sobre los directivos realizó la Fiscalía General por operaciones específicas de Ticc, tanto el Ministerio de Planificación y Finanzas como también el BCV emitieron comunicados al Ministerio Público sobre la legalidad de estos papeles. Incluso por petición de la Fiscalía, que solicitó opinión al ente emisor sobre las operaciones con estos bonos.
De hecho, el registro de todas las transacciones permuta pasaba por el Sistema de Custodia Electrónica (Sicet) del Banco Central de Venezuela, incluidas las realizadas con los Ticc, que eran la gran mayoría.
Para el ente emisor, lo reflejado en ese proceso era objeto de análisis al momento de establecer y decidir la política monetaria.
Incluso, para la defensa de los acusados, los registros de esas operaciones en el Banco Central de Venezuela, usadas por la Fiscalía como pruebas de comercialización ilícita, muestran que todas las transacciones estaban respaldadas con títulos valores y que los precios se ajustaban a las cotizaciones internacionales de estos papeles.
Directivos de Econoinvest defienden su inocencia
La denuncia que propició las detenciones de la Fiscalía en el mercado de valores, realizada por el superintendente nacional de valores, Tomás Sánchez, no incluían a Econoinvest, recuerda un comunicado de los cuatro directivos que cumplen un año detenidos, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Ernesto Rangel y Miguel Osío.
"El sector proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el Estado y un monto altamente significativo para el área privada en los últimos siete años, garantizando más de 10.000 empleos modernos entre directos e indirectos", dicen en el texto.
También recuerdan que el mercado de valores incorporó al pequeño ahorrista, con una suma de 1.900.000 inversionistas directos y 3.500.000 indirectos.
Aseguran que la decisión del juez Robinson Vásquez, la cual determinó las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) como ilegales, fue lo que imposibilitó que los directivos salieran en libertad. Y, por el contrario, se les envió a juicio.
Esto a pesar de que todas las transacciones estaban "debidamente soportadas y autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (Sicet),
Aclaran los detenidos en este documento que la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, vigente desde septiembre de 2005, y reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo nueve las operaciones con títulos y excluía de responsabilidad penal de dichas transacciones.
"El juez decide contra nosotros, ignorando totalmente la excepción expresa de la ley", dicen.
Para los directivos es insólito tal decisión, luego de casi cinco años de compra y venta de títulos avaladas por el Banco Central y monitoreada por la propia Comisión Nacional de Valores.
"El juez Vásquez inaugura un nuevo, arbitrario e inconstitucional derecho al decidir que tales operaciones que realizaban entes públicos, privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran ilegítimas", dice el documento.
Recalcan el riesgo jurídico que esta decisión tiene sobre todas las personas y empresas que utilizaron estos mecanismos.
"Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest, seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia, ejerciendo el derecho a la justa aplicación de la ley", finaliza.
El Mundo, 25/05/2011, 18-19, Carjuan Cruz
