Crónicas del abuso (II) / La Superintendencia y la interventora mienten: los clientes no están cobrando lo suyo

Econoinvest tenía una cartera de más de 40 mil clientes. Para el momento de la intervención, al menos diez mil de esos clientes tenían posiciones en Títulos de Valores. Proteger el  patrimonio de esos clientes y garantizar su pago durante el proceso de intervención era una de las funciones primordiales de las autoridades interventoras. Pero lo olvidaron. O sencillamente nunca estuvo en su norte el cumplir la ley. Que los clientes hiciesen efectiva su inversión o reinvirtiesen su dinero producto de su trabajo a través del cambio de custodio, era una operación relativamente sencilla. Bastaba con autorizar a todo aquel que comprobara la titularidad de esos papeles ante la Caja Nacional de Valores para que se hiciese efectivo el traspaso. Pero no. Lo primero que hizo el combo interventor fue derribar la página on line de la empresa en Internet donde el cliente llevaba el control de sus saldos.
Siendo que estos títulos son intransferibles, y que nadie que no demuestre su titularidad puede cobrarlos, ¿por qué han transcurrido cuatro meses para que las autoridades interventoras sólo hayan procedido al pago de 11 clientes?
La suspicacia aumenta cuando la interventora, Nahunimar Castillo, postergó indefinidamente el proceso de pago para dedicarse a "verificar" las identidades de 2.500 clientes, muchos de los cuales no tenían posiciones en portafolios, a raíz de una supuesta denuncia de suplantación de identidades. ¿Investigar esta denuncia, la cual ha sido desmentida categóricamente, impedía pagar a los clientes que tuviesen su documentación en regla?
A la luz de estos hechos, saltan a la vista otras preguntas. ¿El objetivo de dicha intervención era proteger el patrimonio de los clientes, o criminalizar las operaciones de la empresa? Además, siendo que los interventores tienen acceso al estado de cuenta y al registro de operaciones previas de cada cliente, ¿a qué fin llamar a los que no tienen activos?

Ya había transcurrido un mes de iniciada la intervención, y las autoridades designadas no se habían reunido con los ejecutivos de ventas, cuya relación directa con los clientes les permitía informarles acerca del status de cada uno. A mediados de junio, y a falta de información oficial, los clientes comenzaron a visitar la sede de la empresa para conocer el estado de su pago. La interventora les aseguró que pronto comenzarían a pagar y que los primeros que saldrían serían los bolívares en tránsito, producto del resultado del vencimiento de los reportos. "Esta empresa está solvente, aquí no hay problemas patrimoniales. Esta es la primera casa de bolsa del país", era el alentador argumento con el que la propia interventora les trasmitía confianza en el proceso de pago.

Los empleados, deseosos de colaborar y trasmitir su experiencia, afirmaban que la empresa estaba en condiciones de sacar hasta 500 pagos diarios. La señora Nahunimar Castillo escuchaba, consultaba, y siempre terminaba desechando propuestas. Luego de cada una de esas reuniones, entre los empleados crecía la impresión de que la interventora tenía un dominio bastante precario del mercado bursátil. De hecho, sus declaraciones sobre cómo se estructura un portafolio de inversión o cómo es el contrato para el mismo, solían ser repeticiones de lo que escuchaba en las reuniones con el personal. Era un hecho el que la dama no tenía la más remota idea de cómo funcionaba una casa de bolsa. Esta situación se hizo más patente cuando los dos únicos miembros de su equipo con experiencia en el mercado bursátil, renunciaron al mes de iniciar la intervención, argumentando, según testigos, que no estaban dispuestos a prestarse a los manejos que estaban haciendo durante la misma.

Es en ese ambiente de incertidumbre que comienzan a conocerse testimonios de clientes. En una ocasión convocaron a un grupo de unos veinte, durante una jornada que comenzó a las dos de la tarde y culminó con la salida del último cliente, a las nueve de la noche. Les solicitaron todos los soportes, el nombre de su ejecutivo de ventas, etc. Verificaron que la documentación estaba en regla, y les informaron que sus pagos saldrían al martes siguiente. ¡Eso ocurrió en julio! Los clientes siguen esperando por su dinero. A otro cliente, que se apersonaba en la sede de la empresa todas las semanas a cobrar, le amenazaron con incluirlo en una lista negra “por haber ido a preguntar tanto” por sus pagos, y en consecuencia, como castigo “lo dejarían de último”.

Pero la arbitrariedad y la ineficiencia no son los peores males a los que se enfrentan los que inician los contactos para cobrar sus inversiones. Varios clientes cuentan a soto voce sobre solicitud de comisiones para sacarles los pagos.

A otros simplemente les dicen que están liberando los títulos, que pueden ir a la Caja Venezolana de Valores para hacer el cambio de custodio. Cuando se apersonan, descubren que no es cierto.

La estrategia de las autoridades parece ilustrarse en el siguiente ejemplo: En una oportunidad, reunió al personal de ventas y giró instrucciones para que les hicieran llegar una circular a los clientes en la que se les aseguraba que iban a recibir su pago en lo inmediato: "Esto es para que sientan que están siendo atendidos, que se les va a pagar, pero este proceso puede durar un tiempo –les explicó–. Pero que estén tranquilos y se corra la voz de que están pagando”.

Cuatro meses después de iniciada la intervención de Econoinvest, la situación de pago sigue estancada. Pese a no presentar problemas patrimoniales, sólo han pagado a 11 clientes. Con el agravante de que los interventores siguen desmembrando al personal operativo de la institución. ¿Cuándo se va a cumplir la Constitución Bolivariana? ¿A qué están jugando los interventores de la Casa de Bolsa?

PRESIDENTE CHÁVEZ: ¿USTED ESTÁ ENTERADO DE ESTO? ¿LO APOYA?

Crónicas del abuso (I) / De cómo los interventores mantienen secuestradas las prestaciones sociales de los empleados pese a que éstas están en un fideicomiso fuera del balance de Econoinvest

Al iniciarse la intervención de Econoinvest, cerca de 80 ejecutivos de ventas de la empresa solicitó una reunión con la interventora, Nahunimar Castillo. En dicha reunión le plantearon que, al desaparecer la mayoría de los productos que la empresa comercializaba, y debido a que el porcentaje más significativo de sus ingresos se basaba en las comisiones por venta, sus ingresos mermarían de manera significativa, lo cual redundaría en el monto de sus prestaciones al momento de su retiro. Por tal razón, le explicaron, habían tomado la decisión de renunciar, no sin antes ponerse a la orden para trabajar durante un período de tiempo (incluso sin pago, si era necesario) a fin de orientar a los clientes en el cobro de sus productos durante el proceso de intervención.

La interventora se mostró, no sólo comprensiva ante los argumentos planteados, sino que agradeció el gesto proponiéndoles la firma de un contrato, durante el tiempo que durara dicho proceso. La reunión concluyó con la misma cordialidad con la que se desarrolló y los ejecutivos de venta se retiraron a sus casas satisfechos.

Al día siguiente, para su sorpresa, descubrieron que tenían prohibición de acceso a sus oficinas, y que los interventores estaban informando a los clientes que entraban en contacto con la empresa, que los ejecutivos de ventas habían renunciado a la misma sin importarles el destino de sus clientes. Esa acción, más que un hecho aislado, parecía perfilarse como una agresión que buscaba crear entre los clientes la certeza de que el capital humano de la empresa la había abandonado irresponsablemente. Esta situación permitía a Nahunimar Castillo, el abogado Carlos Araujo y demás funcionarios encargados de la intervención, justificar los retardos en el proceso de pago a los clientes.
Los hechos posteriores acentuarían esa sospecha.

Vale subrayar que el ambiente de desconfianza y los maltratos verbales no son las únicas pesadillas comunes que comparten clientes y ex-empleados de Econoinvest. Así como de los 40.000 clientes que tiene la empresa apenas 11 han recibido sus respectivos pagos, de 200 empleados que han renunciado a Econoinvest durante los últimos meses, sólo 10 han cobrado sus prestaciones correspondientes. Y, de igual forma que en el caso de los clientes, los retrasos en el pago de las prestaciones no tienen ninguna justificación, debido a que la partida de las liquidaciones laborales se encontraba solvente al momento de la intervención de la empresa.

Es por eso que no se explican la respuesta que recibieron de las autoridades, acerca de sus prestaciones. El personal de Recursos Humanos había realizado el cálculo de todas las liquidaciones pendientes y los entregó a la interventora, pero ésta, argumentando que la Vicepresidenta de Recursos Humanos (a la cual había ordenado detener) había actuado en connivencia con el personal a efectos de hacerles cálculos por encima de lo correspondiente, rechazó estas cifras, informando que las mismas serían calculadas por personal de su gente.

En efecto, contrató personal para ello, el cual recalculó todas las liquidaciones pendientes y sólo restaba su firma para concluir con el cobro de las liquidaciones. Los ex empleados esperaron un tiempo prudencial, pero al ver que no tenían noticias de sus pagos, decidieron indagar, recibiendo por respuesta que en la empresa no había disponibilidad financiera para honrar esos compromisos, por lo que estos tardarían en producirse.

Allí comenzó un largo proceso del cual no se tiene ninguna certeza de final satisfactorio. Desde entonces sólo reciben respuestas despóticas y ambiguas, tales como "los pagos están saliendo diariamente, pero yo no tengo por qué darle estatus a ustedes, ni les voy a poner una lista aquí de quién está recibiendo las liquidaciones", como una vez informó la dama a un grupo que acudió a conocer de las razones de la tardanza y la falta de información de sus pagos.

Y si ya esta situación es injusta para los que renunciaron voluntariamente, lo es más aún para aquellos que fueron desincorporados de nómina, en algunos casos sin más explicación que la intempestiva prohibición de acceder a su puesto de trabajo. En esos casos, no obstante haber recibido la orden de no volver a su puesto de trabajo, han sido acusados de abandono del mismo. De hecho, algunas personas a las que no les permitieron acceso a su lugar de trabajo, ni siquiera han podido retirar sus efectos personales que quedaron conculcados por los interventores en sus oficinas.

Hay testimonios de empleados que han hecho una carta detallada de todos sus efectos, en donde se puede verificar perfectamente que nada de lo que se quieren llevar interfiere con las investigaciones, y han ido en diversas ocasiones para intentar hacerse de sus pertenencias, y todas han sido infructuosas. Esperan durante tres y cuatro horas, para luego enterarse de que en esa ocasión tampoco podrán retirar sus pertenencias.

Ante el abuso sólo queda la movilización de los trabajadores y la iniciativa judicial.