Descifrado reportó que Econoinvest realizó una fuerte inversión en reestructurar sus espacios físicos había dotado sus oficinas de un mobiliario no solo estéticamente adecuado a la imagen de la empresa y de sus empleados, sino con condiciones especiales de ergonomía requerida para los estándares de la ley laboral. Así, la empresa tenía sillas, escritorios, equipos tecnológicos y estructuras modulares de la marca Herman Miller que hoy, sin razón alguna, se encuentran "desaparecidas". La inversión efectuada solo en mobiliario asciende a la cantidad de Bs.F 18.728.047,99 (ver cuadro anexo).
Esta cifra se verifica del último Balance presentado en el año 2010 ante la CNV y del Balance efectuado por los liquidadores en enero de 2011. Conforme a la auditora efectuada por terceros, el faltante sinjustificación alguna del mobiliario asciende a la cantidad de Bs.F 6.358.034,00. Hoy día, los liquidadores están buscando una fórmula contable para maquillar este "hueco" dejado por el hurto del mobiliario, que bien por disposición expresa o simple omisión (vista gorda) de los propios interventores Castillo, Godoy o quien maneja los asuntos legales actualmente de la empresa, Carlos Araujo, han permitido. Al final, como administradores especiales de carácter publico, cualquier daño o afectación al patrimonio de una empresa intervenida, los somete a una responsabilidad especial contenida en el código civil, penal y en las normativas administrativas del país. Debemos recordar y con ello llamar la atención, que los bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro activo que tenga Econoinvest no es de libre uso o disposición de los liquidadores públicos, todo lo contrario, estos constituyen prenda común de sus acreedores y el remanente pertenece a los 700 accionistas minoritarios que ven cada día como es expoliada esta empresa. Un ejemplo patético de cómo los liquidadores, en confabulación con el Superintendente de Valores Tomas Sánchez, se burla de las disposiciones fundamentales de liquidación de una empresa de esta magnitud, es que en la rendición de cuentas los propios liquidadores declaran, violentando claramente su obligación, haber dado en "préstamo" a expresa solicitud del todopoderoso Tomas Sánchez una gran cantidad de este mobiliario, en detrimento de los clientes y de los accionistas minoritarios.
Otra interrogante que nos surge, cómo se justifica la contratación de un tercero en este caso Giuseppina Scimeni, relacionada con Carlos Araujo, inteventor con antecedentes penales, para hacer un inventario de bienes muebles e inmubles por la cantidad de más de 800 mil BsF. Con ello se suma otra fechoría mas al gran listado que tiene acumulado este proceso particular de liquidación, como ha sido la contratación escabrosa de un agencia de publicidad de papel que cobró el doble del costo real pagado al medio impreso (con un sobreprecio del 100%, lo que representó una erogación de BsF. 2.000.000) o la venta irregular de TICC por más de 60 millones de dólares, la apropiación indebida de los títulos propiedad de los clientes debidamente asignada en la cuenta restringida de la Caja Venezolana de Valores, la contratación de un séquito de guardaespaldas, el pago en divisa a determinados clientes corporativos en detrimento de los inversionistas menores. A todo ello se le suma más de 18 meses de pago de un paquete salarial estrafalario a los interventores. Los vientos que nos llegan indican que la próxima estafa estará en la venta irregular de los bienes.
Ante todas estas irregularidades, el gobierno nacional deberá en algún momento ponerle coto a semejante actuación corrupta de funcionarios y resarcir los daños, en primer lugar ocasionados a los clientes, y, en última instancia, a los 700 accionistas minoritarios que creyeron en el país.
