La delegación venezolana era, naturalmente, la más numerosa del mundo. Integrada por afanosos expertos en turismo revolucionario, que llenaron dos aviones, incluía al canciller y sus decenas de subalternos, la presidente del TSJ, la fiscal, la "defensora del pueblo", varios ministros, montones de viceministros, una ristra de rectores de universidades sin biblioteca, presidentes de institutos "autónomos", el equipo en pleno de Telesur y los 160 músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, elenco de artistas para el que fue destinado en exclusiva casi medio millón de dólares. A todo esto debe sumarse el costo de "activar la solidaridad" de los movimientos sociales e intelectuales en nómina para estas actividades.
La ruidosa comparsa tenía el encargo de defender los informes del Gobierno, nunca sometidos, como se debía, a consulta nacional, ante el Grupo de Trabajo sobre el mecanismo de Examen Periódico Universal (Grupo de Trabajo sobre el EPU), en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En las intervenciones destacaron asuntos como: amenazas a la libertad de expresión, alto número de homicidios, poca independencia del Poder Judicial, situación carcelaria, restricciones a los activistas de derechos humanos, deterioro del sistema hospitalario y la crisis eléctrica. En respuesta, el Gobierno presentó el documento "Derechos humanos para el buen vivir", donde se exponían avances como la creación de la Policía Nacional Bolivariana.
Quedaba claro que al Gobierno le importa mucho la opinión de la ONU, donde también se comenta que Venezuela padece un régimen dictatorial y violador de derechos humanos.
Poco después, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, GTDA, un órgano de los llamados Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de la ONU, dio a conocer dos decisiones, adoptadas el 20 de agosto de 2011 y el 23 de noviembre de 2011, respectivamente, en las que se determina la arbitrariedad de las detenciones de Miguel Eduardo Osío Zamora, Hernán Sifontes Tovar, Ernesto Enrique Rangel Aguilera y Juan Carlos Carvallo Villegas, directivos de Econoinvest.
"En virtud de que violan sus derechos humanos a la libertad personal y de circulación, a la igualdad ante la ley, a un recurso judicial efectivo, a la prohibición de ser detenido arbitrariamente, al debido proceso, incluido el derecho de ser juzgado en libertad y por un tribunal independiente, y al principio de legalidad y no retroactividad penal, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
Las constantes irregularidades registradas en ese caso no sólo permitieron que estos hombres hayan perdido su libertad sin que "ninguna de las conductas que les son imputadas se corresponda con los supuestos de hecho de los delitos que se les imputan, ni a algún otro delito establecido previamente en la legislación venezolana" (son palabras de la ONU), sino que tengan ya dos años en prisión preventiva, alargados por una injustificada prórroga; y que sucesivos eventos hayan dificultado la presentación de este documento de Naciones Unidas que pide "a las autoridades del Estado venezolano la inmediata libertad de los señores Osío, Sifontes, Rangel y Carvallo", así como el otorgamiento de una reparación por el mal que les han causado.
Por suerte, ya el caso Econoinvest tiene juez. Rodolfo Romero regresa a sus funciones como encargado del Tribunal Quinto de Juicio. El país sabe ya que Naciones Unidas se ha pronunciado con toda claridad. Es deber de la sociedad asegurarse de que el Estado venezolano demuestre respeto a sus compromisos internacionales en derechos humanos.
Estamos en capacidad de exigir que la Corte de Apelaciones revoque la arbitraria prórroga de la detención de los cuatro directivos, para que puedan enfrentar el proceso penal en libertad, conforme al ordenamiento jurídico nacional e internacional.
El Nacional, 01/07/2012, A9
