sábado, 30 de abril de 2011

Andrés Corelli: Están presos porque alguien le da la gana

El asumir el Estado de Derecho, y más el catalogado como Social de Derecho y de Justicia, es una forma de dar respuesta a la férrea convicción de transformación de una sociedad, el deseo de reconocer el rol y el papel que cada individuo desempeña en la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos esenciales, es tutelar un interés colectivo con apego en  valores y principios contenidos en la Constitución, en los tratados y acuerdos internacionales que se aplican con preferencia a la propia ley suprema.

El ser demócrata real y efectivo y, por tanto, respetuoso del Estado de Derecho implica aceptar, reconocer y propugnar que existen derechos y garantías a favor del ciudadano que implican deberes ciertos de hacer y no hacer por parte del Estado, sus órganos y funcionarios, tal como aprendiera en bachillerato de los libros de Educación, Moral y Cívica de Francisco Canestri.

La Constitución es un catalogo de derechos y garantías a favor del ciudadano, que nos protege antes de nacer y hasta después de su muerte, que propugna por la dignidad y libertad en cualquiera de sus manifestaciones.

La Constitución se transforma en un inmenso teclado de luces que prenden alertas rojas cuando esos derechos son pisoteados, cuando en el reverso del catalogo que los contemplan, el Estado incumple con sus deberes que impone su observancia.

Ello es así, porque la Constitución es la que establece las reglas del juego democrático para que todos nosotros, por derecho natural y simple condición humana, podamos vivir libres en sociedad y el Estado sea el árbitro de ese gran juego.

Si el árbitro no cumple su rol de observar las reglas y hacer observarlas con apego al manual de reglas en la Constitución consiste, se compromete la responsabilidad en el desempeño de sus funciones pues el Estado es un servidor del ciudadano y no el ciudadano un sirviente del Estado.

Cuando en ese juego los jugadores violan las reglas, el Estado debe actuar en procura del desarrollo normal del partido, conforme a las reglas autoimpuestas y con criterios contenidos en el libro que las establece. No puede inventarlas o esgrimir interpretaciones contrarias al manual.

El árbitro debe ser limpio, honesto y apegado a las normas contenidas en el librito.

Por eso en un Estado de Derecho no puede aceptarse la expresión “van presos porque me da la gana”.

Y esa fue al parecer la expresión vociferada por el árbitro contra los ex Directores de @Econoinvest, la mayor casa de bolsa del país, con una innegable acción en beneficio de la colectividad en el más estricto sentido de lo que significa la responsabilidad social y incomensurable labor de mecenazgo cultural de primer orden.
“ Van presos porque me dala gana” ha sido la consigna del árbitro principal y de los auxiliares, es decir, del Presidente, del Ministro Giordani, de Tomas Sánchez el Superintendente, la gordita Interventora de la casa de bolsa quien es algo más que una simple funcionaria de de confianza en la Superintendencia., la Fiscal General de la República y el juez que controló con la sentencia el “agavillamiento institucional” contra los ex directivos y , que amenaza “agavillar” a media humanidad  que realizó operaciones con los títulos de la discordia.
Me interese por el caso de Miguel Osio, Ernesto Rangel, Herman Sifontes y Juan Carlos Carvallo pues me llamo la atención la saña y arremetida del gobierno y de las instituciones que mantiene en cautiverio contra esa Institución.

No defiendo a nadie per se, por solidaridad automática o como dice el  chiste del andaluz “por joder macho, por joder” pues nunca me ha gustado ser parte de la sociedad de cómplices a la cual hacía referencia  Tomas Lander alrededor de 1872.
Así, por ejemplo, no defiendo a banqueros que dilapidaron los ahorros de los depositantes colocando el dinero captado en bancos de segundo piso en Bahamas, las Antillas o  aquellos  que abusaron del mercado de valores y que volvieron sal y agua  el dinero de sus clientes en términos similares a las practicas señaladas.

Comencé a indagar quienes son Osio. Rangel, Sifontes y Carvallo, de donde venían y cuál era la percepción que de ellos tenía la gente. Al hacerlo, siempre me topaba con la visión de que eran jóvenes empresarios, que no eran los improvisados de la boliburguesía  al mejor estilacho de los chicos de la maleta de cuero argentino, dólares americanos y complicidad venezolana, amigos de ostentación sin iter vital conocido en la sociedad, que ascendieron vertiginosamente a la velocidad de sus maserattis o ferraris.

Grata sorpresa, se trata de abogados, economistas y empresarios con trayectoria  en reconocidas firmas, donde se granjearon el respeto de instituciones públicas y privadas,  empresarios modernos con trayectoria gremial, solidarios con proyectos de jóvenes emprendedores, mecenas culturales, caza talentos de música popular y amigos de escritores , comprometidos con sus angustias y necesidades, promotores de causas nobles y bibliómanos y bibliófilos  que impulsaron con devoción el Fondo de Cultura Urbana, recientemente galardonado por la Academia de la Lengua; libros que se “encuentran presos” tal como nos relata el escritor Tulio Hernández en su “Relato de los Libros Presos”, magnífico artículo aparecido en El Nacional en su edición del 13 de febrero de 2011, producto de la arbitrariedad y del delito de lesa racionalidad por parte de los interventores, perdón parte de los árbitros auxiliares.

Satisfecha la curiosidad por saber quiénes son los jugadores expulsados del campo de juego de la libertad y la dignidad, pase a un segundo nivel de curiosidad: por qué contra ellos?

Investigue a través del seguimiento de la prensa, artículos, redes sociales y gente vinculada al mercado de valores, como lo llaman ahora, periodistas y escritores.

La razones vario pintas, entre otras, que pude conocer y sistematizar son las siguientes:

1. El gobierno, al igual que ha hecho con todos los sectores del país, en su afán de estructurar un Estado monocromático y una sociedad hincada de rodillas que impone el cambio de la ciudadanía por el de vasallaje, necesitaba un tonto útil para destrozar el mercado de capitales.

Y que mejor que centrar el esfuerzo en la ejecución del proyecto que en las más grande y moderna casa de bolsa de Venezuela.

Que mejor estrategia que arremeter contra la Institución que le prestó la asesoría y ejecución profesional y responsable para la estatización de bancos y empresa ahora en manos del Estado!!.
Simplemente, se impuso el trogloditismo insultante de un señor de risa socarrona, irreverencia soez e ignorancia de la economía como Giordani frente al criterio razonable de Merentes para mantener a flote la economía sin afectar el proyecto político.

Fíjese amigo lector, que una vez logrado este objetivo se creó  la Bolsa Bicentenario, se procedió a borrar y a demoler de un solo golpe con el concurso de un ex funcionario resentido de la Comisión Nacional de Valores toda una estructura normativa regulatoria de primera que dio transparencia y profesionalismo al mercado de capitales y coloco al país durante muchos años en la vanguardia de Latinoamérica; se procedió   a nombrar una  directiva de la Bolsa de Valores de Caracas donde los antiimperialistas y socialistas de nuevo cuño trataron de repartirse el botín de las maltrechas ganancias del corro caraqueño bajo la creencia de que todavía se vivía la época de gloria de las grandes operaciones.

2. El gobierno necesita ocultar el fracaso de su política económica, la derrota en su lucha contra la inflación, el desabastecimiento, taparear la necesidad de devaluar y necesitaba un chivo expiatorio creíble, que evitara el que se le viera la costura a la treta a la que se recurría.

Que mejor chivo expiatorio que la más sólida y solvente casa de bolsa del país, con un patrimonio suficiente y comprobada existencia, has por los árbitros interventores,  para garantizar las inversiones de sus más de 40.000 clientes.

3. El gobierno necesitaba seguir manteniéndose con oxígeno y tapar con un escándalo los desmanes de un grupo de empresarios arribistas y vinculados consanguínea y políticamente con altos personeros del régimen, convertidos en banqueros de la noche a la mañana que hicieron un derrape de negocios y vagabunderías de distinto color y tamaño en contra del país y del propio gobierno.

Que mejor que @Econoinvest, exitosa empresa de servicios anclada en el país y sedimentada en la confianza de tirios y troyanos; que mejor estrategia que lanzar al vituperio y al escarnio público a sus directores Osio, Rangel, Sifontes y Carvallo para lograr construir una cortina de denso humo para hacer olvidar a los Peruchos, a los Arnés et alias.

Mi interés en el tema continua y me llevo a un tercer nivel de curiosidad: eran legales las operaciónes con los famosos Títulos de Interés y de Capital Cubierto (TICC’s)? De verdad no hubo ilícito cambiario?

Me asesore con amigos abogados penalistas, expertos en mercado de capitales y finanzas públicas, corredores de bolsa, asesores de la Asamblea y hasta del Ejecutivo, y comprobé:

1. Que los TICC´s eran instrumentos emitidos por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto y que son formas de estructurar mecanismos de endeudamiento, es decir, formas con las que el gobierno se armó para sacar más recursos de las economías privadas y financiar el gasto público interno y de los países panas del proyecto.
2. Que el Banco Central en febrero de 2007 en comunicación a la Asociación Bancaria reconoce la legalidad de las operaciones y que el Ministerio de Finanzas hace lo propio.
3. Que la Ley de contra los Ilícitos Cambiarios no contemplaban como ilícito las operaciones realizadas con los TICC´s.
Debo confesarles que me costó entender, seguir las explicaciones y el la ferviente enseñanza de mis amigos para hacerme entender que eran los títulos y la naturaleza de la operación.

Carajo! Pero lo que es sencillito concluir es que si los títulos lo emite el gobierno, la Asamblea Nacional favoreció la política de endeudamiento del Ejecutivo al excluir los títulos del régimen penal cambiario vigente entonces, el BCV los avala, el Ministerio de Finanzas reconoce su legalidad y  algunas empresas del Estado realizaron operaciones con los títulos, es que no hubo delito, que se violentó el estado de Derecho, que se violaron las reglas del Manual (Constitución).
Así que pareciera verdad que los ciudadanos empresarios Osío, Rangel, Sifontes y Carvallo “están presos porque a alguien la da la gana”

La Patilla, 30/04/2011, fuente original