Apelarán decisión de dejar presos a directivos de Econoinvest

Luis Manuel Valdivieso, abogado de los cuatro directivos de Econoinvest que están presos desde hace dos años sin que haya sentencia en su contra, apelará que el juez 5º de Juicio de Caracas, William Hurtado, decidió sin la presencia de la defensa que los acusados permanezcan dos años más sometidos a medida de prevención privativa de libertad.

El Código Orgánico Procesal Penal establece que para prorrogar la detención ­que según la propia legislación sólo procede cuando existan causas graves que lo justifiquen­ el tribunal debe celebrar una audiencia oral a la que estén convocadas todas las partes, explicó el abogado.

Hernán Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel, todos directivos de la mencionada casa de bolsa, están presos desde el 24 de mayo de 2009 sin que hasta ahora haya empezado el juicio.

Valdivieso explicó que el 25 de abril el Ministerio Público presentó un escrito en el que pedía que prorrogaran la detención. El juez estableció que el 22 de mayo se celebraría la audiencia para decidir si acordaba la solicitud y, al llegar esa fecha, el propio Hurtado suspendió el acto y lo fijó para el 6 de junio, debido a que el fiscal Daniel Guédez no llegó a tiempo.

Un día después del diferimiento, el representante del Ministerio Público presentó un nuevo escrito ante el tribunal para solicitarle al juez que decidiera en aras de la celeridad procesal y Hurtado dictó la prórroga ese mismo día.

"No nos explicamos cómo el juez acordó la medida que solicitó la Fiscalía, burlando la realización de una audiencia que él mismo había fijado para el 6 de junio", advirtió Valdivieso.

Los directivos están acusados de comercialización ilícita de divisas y agavillamiento. El primero de estos delitos se les atribuye por la compra venta de títulos valores que efectuó Econoinvest durante la vigencia de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, que estuvo en vigor hasta el 17 de mayo de 2010 siete días antes de ser detenidos­ y en la que dicha actividad no estaba establecida como un hecho punible.

El Nacional, 26/05/2012, A2, Diana López Perafán

Tribunal autoriza que directivos de Econoinvest pasen más tiempo presos

Los directivos de Econoinvest estarán más tiempo detenidos, a pesar de que durante los dos años que llevan presos no se les ha realizado un juicio.
El juez Quinto del Circuito Judicial Penal de Caracas, Williams Hurtado, decidió aprobar la prórroga legal que solicitó el fiscal Daniel Guédez, que implica que podrían estar hasta dos años más detenidos los cuatro acusados: Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel.
Y la autorización se aplica también para los otros seis directivos detenidos, de las cuatro casas de bolsa que también estuvieron acusadas por la Fiscalía.
Esta petición se evaluaría el pasado 22 de mayo, pero la llegada tardía del funcionario del Ministerio Público provocó que el juez Hurtado difiriera el acto para el seis de junio.
Ese día, aunque el fiscal Guédez solicitó que se realizara la audiencia, a pesar de la demora de por lo menos una hora con la que había llegado a la convocatoria, el juez no accedió.
Pero un día después, el miércoles 23 de mayo, el funcionario de la Fiscalía introdujo una ratificación de su solicitud, y pidió que se hiciera "sumariamente", es decir, de inmediato, y sin audiencia.
El abogado defensor de los cuatro directivos de Econoinvest, Luis Manuel Valdivieso, dijo a El Mundo Economía y Negocios que no entendía para qué se había fijado una segunda fecha para la audiencia si al final no se realizaría.
"No nos explicamos cómo un juez que actúa verticalmente e impone su autoridad el martes 22 de mayo, al día siguiente le acuerda una prórroga a la Fiscalía, burlando la realización de una audiencia que él mismo había fijado, y diferido", señala el abogado.
Para solicitar que los directivos de Econoinvest estuvieran más tiempo detenidos, el funcionario de la Fiscalía se basó en el artículo N° 244 del Código Orgánico Procesal Penal que plantea la posibilidad de una prórroga legal.
Pero Valdivieso reitera que ese apartado es para casos en los que sea necesario, y plantea que esa decisión debe ser acordada en un acto en donde se escuche la defensa de los afectados.
"El Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al juez de control una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen", señala el artículo.
Se reitera en la misma norma que la defensa debe ser escuchada "El juez de control debe convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir", indica el mismo artículo.
Para Valdivieso la autorización del juez Hurtado sobre la petición del funcionario de la Fiscalía corresponde a una decisión sumaria "al mejor estilo inquisitivo".
"El fiscal se impone al poder judicial y logra que nos prorroguen la detención por dos años, sin realización de una audiencia que nos permita defendernos", reitera.
A un día de la detención ilegal
Con base en ese mismo artículo, la defensa alegaría luego de este jueves 24 de mayo, que la detención era ilegal. En efecto, ese día los acusados cumplieron dos años detenidos sin que se les realice juicio, y las leyes venezolanas indican que ante situaciones como éstas, los acusados pueden ir a juicio en libertad.
"Si ya cumplieron la pena mínima de sus delitos sin ser culpables, si ya se les canceló a los clientes, y quedó dinero según confirmó uno de los liquidadores de la Superintendencia de Valores ¿para qué se irían del país?", dice el abogado. "Si ya pagaron dos años de pena ¿para qué meterse a prófugos?", agrega.
Incluso Valdivieso agrega que las normas favorecen a los acusados de distintas maneras, recuerda que si un imputado ha cumplido un tercio de su pena, la defensa puede apelar a su libertad.
"La Ley indica que cuando u preso cumple un tercio de la pena, en delitos que no son de corrupción, drogas, o violencia, puede cumplir el resto de la pena con un régimen abierto o de prueba", explica el abogado. Los delitos por los que acusa la Fiscalía a los directivos de Econoinvest son comercialización ilícita de divisas, y agavillamiento. Las penas están entre dos años (la mínima) y cinco años (la máxima).
Esperan que el juicio sea pronto
Ahora, después de la decisión del juez Hurtado, lo que espera la defensa y los directivos de Econoinvest es que se acelere la fijación de una fecha de juicio. Y por esta razón renunciar a su derecho de ser juzgados con escabinos.

Sin realizar audiencia Juez decidió que directivos de Econoinvest sigan detenidos

El juez Williams Hurtado aprobó sin esperar la audiencia diferida para el 06 de junio, que los directivos de Econoinvest sigan detenidos, tras dos años presos sin juicio.

Aunque se difirió para el 6 de junio, la audiencia en la que se decidiría si el Tribunal Quinto de Juicio aprobaría la solicitud de prórroga legal (más tiempo presos) para los directivos de Econoinvest detenidos, el juez Williams Hurtado aprobó la petición, junto a los fiscales el día de hoy, sin realizar la audiencia.

Hoy cumplen dos años detenidos y sin juicio los directivos de Econoinvest. De acuerdo a las leyes venezolanas esto se convertiría en una detención ilegal al no haberse acordado la prórroga el pasado 22 de mayo en la primera fecha de la audiencia.

El Mundo, 24/05/2012, Carjuan Cruz (enlace al original)

LOS DIRECTORES DE ECONOINVEST

AL CUMPLIRSE DOS AÑOS DE SU INJUSTO ENCARCELAMIENTO

1. Nosotros, Herman Sifontes, Miguel Osío, Juan Carlos Carvallo y Ernesto Rangel, directores de Econoinvest, fuimos privados de libertad el 24 de mayo de 2010 sin que mediaran denuncia ni investigación previas sobre nuestra casa de bolsa. Hoy 24 de mayo de 2012 estamos cumpliendo dos años de encarcelamiento, sin juicio ni delito.

2. Los motivos invocados a posteriori para justificar tanto el allanamiento como la prolongación ilegal de nuestra detención fueron, primero, la realización de actos de intermediación de divisas con particulares en el mercado alternativo y, segundo, el haber constituido la compañía Econoinvest ¡catorce años atrás!

3. Ambos hechos, a pesar de su obvia legalidad, fueron catalogados absurdamente como hechos punibles y calificados, respectivamente, como delito de comercialización ilícita de divisas -a pesar de haberse realizado siempre mediante títulos valores, es decir, conforme al artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios-, por una parte y, por la otra, como delito de asociación para delinquir, sustituido después por agavillamiento y fundamentados ambos en el solo hecho de que estábamos “organizados” como empresarios dentro del marco de la legislación venezolana.

4. Todas las operaciones cuestionadas cumplieron estrictamente con la Ley de Ilícitos Cambiarios y se desarrollaron dentro de los mecanismos y controles instituidos para esos fines por el Banco Central de Venezuela, especialmente por el Sistema Integrado de Custodia Electrónica de Títulos (SICET). Es paradójico que los elementos de convicción invocados para demostrar los delitos que se nos imputan sean, precisamente, la mejor prueba de nuestra inocencia ya que las operaciones realizadas por Econoinvest compartían las siguientes características:

a. contaron siempre con el respaldo de títulos valores,
b. no eran ficticias, se celebraron efectivamente, 
c. fueron confirmadas por los clientes,
d. fueron registradas en la contabilidad de la empresa y 
e. las trazas de los movimientos de dinero asociados a ellas quedaron documentadas en el Banco Central de Venezuela y las autoridades los seguían desde su origen hasta su destino final.

5. La única convicción que podría provenir de estos elementos es que Econoinvest cumplía con todo el ordenamiento jurídico que regía la intermediación de divisas en el mercado alternativo, actividad estrictamente regulada mas no prohibida. Es más, los sistemas de Econoinvest se diseñaron en función del cumplimiento normativo exigible a una empresa sujeta a la supervisión del Estado venezolano.

6. Acerca de la denuncia interpuesta por la primera interventora designada en Econoinvest, según la cual, colaboradores nuestros habrían sustraído computadoras y obras de arte de la empresa, quedó demostrada su falsedad al punto de que el Ministerio Público solicitó el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban contra estas personas. Por el contrario, lo que se investiga ahora es una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la administración del patrimonio de Econoinvest a partir de la gestión de la interventora Nahunimar Castillo, quien fue destituida.

7. En contraste, la labor del interventor Víctor Moreira, quien le sucedió en el cargo, permitió que todos los clientes y acreedores de Econoinvest recuperaran su dinero, y que aún así la empresa mantenga hoy un sólido patrimonio, el cual debe quedar en un fideicomiso a disposición de sus accionistas.

8. En relación con otro señalamiento público que nos atribuye la supuesta usurpación de la identidad de personas para la adquisición de bonos, afirmamos categóricamente que Econoinvest jamás realizó operaciones que obviasen la autorización de sus clientes. Nuestros mecanismos de control interno impedían activar operaciones con personas no registradas como clientes. Tal vez esto es lo que impidió que la falsa especie se concretase en lo legal dada la imposibilidad absoluta de hallar operaciones que nunca se materializaron.

9. A la improcedencia de nuestra detención y el desorden y manejo irregular del caso, se sumó la dilación indebida del juicio provocada por el avocamiento tardío e inoportuno del Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para la fecha, quien, tras reservarse la ponencia, mantuvo paralizada nuestra causa durante largos meses en lugar de corregir los vicios y restaurar el orden procesal infringido.

10. Es irónico que, precisamente, el mecanismo expedito y reparador de las infracciones que estuvo en manos de la Sala Penal haya sido el que nos sumió en un limbo que paralizó nuestro juicio durante casi un año y frustró la oportunidad de someter a consideración del tribunal de la causa, en vísperas de la pasada Navidad, la revisión de la medida de detención que pesa en contra nuestra.

11. Nuestra detención, ilegal e improcedente desde un principio, debe ser calificada a partir del 24 de mayo de 2012 como PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD ante la ausencia de un pronunciamiento oportuno sobre la prórroga de la medida cautelar de detención, al expirar fatalmente el término fijado por la Ley y señalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como el máximo posible para mantener recluida a una persona sin que medie sentencia condenatoria. Por si fuera poco, estos dos años representan también, en nuestro caso específico, la materialización del cumplimiento anticipado de la pena que, efectivamente, tendríamos que haber sufrido si nos hubiesen encontrado culpables de los delitos de los que se nos acusa.

12. Queremos afrontar por fin, de inmediato y en libertad, el juicio oral y público, para demostrar nuestra más que evidente inocencia. Ahí dejaremos esclarecidas, por encima de cualquier duda, nuestra seriedad y honestidad profesional y la de nuestra querida Econoinvest, la empresa que concebimos como instrumento para contribuir al desarrollo de nuestro país y donde volcamos todos nuestros esfuerzos y nuestros sueños.

Se difirió audiencia de Econoinvest para junio

Fue diferida para el seis de junio la audiencia que se realizaría ayer en el Tribunal Quinto de Juicio sobre una solicitud del Ministerio Público que pedía una prórroga legal para los cuatro directivos detenidos de Econoinvest.
Esta petición implicaba que los acusados pasarán más tiempo en prisión. Pero el fiscal Daniel Guedez, quien hizo la petición, no llegó a tiempo al acto, que fue convocado a las 9:30 de la mañana.
Y esto implica para la defensa una detención ilegal, cuando este jueves los directivos de Econoinvest cumplan dos años privados de libertad, sin que se les haya realizado un juicio; según explicó el abogado de los acusados, Luis Valdivieso.
Explica el jurista que, aunque se solicitó la prórroga, ésta no ha sido aprobada aún por los tribunales. "Si en dos años no se les ha hecho juicio, y no se acordó una prórroga, deben salir en libertad", señaló el abogado, apelando al Código Orgánico Procesal Penal.

Últimas Noticias, 23/05/2012, 26, Carjuan Cruz

Audiencia de directivos de Econoinvest será el próximo 6 de junio

Unos días más tendrán que esperar los directivos de Econoinvest para conocer la decisión que tomará el juez quinto de juicio sobre la petición de la Fiscalía para que los cuatro acusados estén más tiempo detenidos.
La audiencia que se realizaría ayer fue diferida por el juez Williams Hurtado, para el próximo 6 de junio, debido a que, de los cuatro fiscales que llevan el caso, sólo se presentó uno y llegó tarde.
Ante la ausencia de los representantes del Ministerio Público a la hora pautada para el acto -9:30 de la mañana-, el juez Hurtado indicó que no se realizaría la audiencia.
Una hora después llegaría el único fiscal que asistió, Daniel Guédez, quien insistió al juez que realizara el acto judicial, a pesar de la demora de su llegada. Pero la decisión de Hurtado, en cuanto al diferimiento, fue irrefutable.
Fue precisamente Guédez el funcionario que solicitó ante el Tribunal Quinto de Juicio una prórroga legal para los directivos de Econoinvest. La petición implica más tiempo de prisión para los cuatro acusados: Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel.
Detenidos ilegalmente
Este jueves 24 de mayo los directivos de Econoinvest tendrán dos años detenidos, sin que se realice un juicio. Y, recuerda el defensor, Luis Manuel Valdivieso, que al cumplirse ese plazo la detención pasa a ser ilegal. Aunque el Ministerio Público solicitó la prórroga legal, no fue aprobada por los tribunales, por lo que no aplica, indica el abogado.
"Si en dos años no se les ha hecho juicio, y no se ha acordado una prórroga legal, deben salir en libertad", asegura Valdivieso, apelando al artículo N° 244 del Código Orgánico Procesal Penal.
"En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años", se indica en parte de ese artículo.
Además, insiste el jurista, si ellos fuesen condenados culpables en un juicio, ya pagaron la pena, o parte de ésta, de acuerdo a los delitos que pesan sobre los directivos de Econoinvest, que son comercialización ilícita de divisas, y agavillamiento. La pena va entre la mínima que son dos años, y la máxima, que son cinco años.
"De aplicarles la pena media, que podrían ser cuatro años, ya habrían pagado la mitad", explica el abogado.
Sin embargo, hasta ahora, esta discusión no se ha hecho, pues los directivos de Econoinvest no han sido juzgados, por falta de fecha y el hecho de no haber seleccionado aún a los escabinos. Por esta razón, los acusados decidieron renunciar a este derecho.
Aunque no se realizó la audiencia, los implicados solicitaron al juez que se les hiciera un juicio unipersonal, es decir, sin escabinos (ciudadanos comunes cuyas opiniones se toman en cuenta para la decisión final en el juicio).
Hasta ahora, apenas se habían realizado dos sorteos para elegir escabinos, y el trámite no había arrojado a los escogidos.
Según el documento que reposa en el expediente del caso, con el que la Fiscalía solicitó la prórroga, hay varios elementos que causaron el retraso en el proceso judicial, y en éstos se desestima, por el mismo fiscal Guédez, cualquier responsabilidad de los acusados sobre esa demora.
Entre los factores esgrimidos por el Ministerio Público está lo extensivo de la audiencia preliminar. Este proceso culminó en abril de 2011.
Suma también entre los elementos los recursos que introdujo la defensa: "Las partes han interpuesto recursos a lo largo del transcurrir del proceso penal".
Aunque reconoce que estos no son causales de retraso. "Si bien es cierto en el mero aspecto procesal no genera de manera directa efecto suspensivo en la causa, sí produjo desgaste considerable de tiempo", señaló el fiscal.
La Fiscalía también incluye el avocamiento solicitado por la defensa. "A raíz de lo cual se suspendió el trámite y avance del juicio no solo de esa casa de bolsa, sino también del resto de ellas, por varios meses, a partir de noviembre de 2011", se lee en la última consideración.
En efecto, cuando el ponente del caso, Eladio Aponte Aponte, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió en esa fecha avocarse al caso (evaluar directamente que se ejecute el debido proceso), la fijación de una fecha para el juicio, trámite ya retrasado, se paralizó.
Durante 11 meses estuvo el avocamiento pedido por la defensa en el TSJ, y en ese tiempo Aponte Aponte no se pronunció al respecto, aunque, como presidente de Sala de Casación Penal, se proclamó ponente de esa solicitud.

El Mundo, 23/05/2012, 21, Carjuan Cruz

Mañana será ilegal detención de directivos de Econoinvest

Los cuatro directivos de la casa de bolsa Econoinvest que están presos desde el 24 de mayo de 2009 ­Hernán Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel­ cumplirán mañana dos años privados de libertad sin que se haya iniciado el juicio en su contra, tiempo máximo establecido en la ley para que una persona esté detenida sin sentencia.

La audiencia que estaba pautada para ayer ­en la que el juez 5º de Juicio de Caracas, William Hurtado, decidiría si los acusados debían seguir presos­ no se celebró, debido a que el fiscal 20 nacional con competencia plena, Daniel Guédez, el mismo que presentó la solicitud de prorrogar la detención, llegó al tribunal con dos horas de retraso, cuando la audiencia ya había sido diferida para el 6 de junio.

"Si mis defendidos no son puestos en libertad el jueves, cuando cumplen dos años presos sin juicio, entonces pasarán a estar ilegalmente detenidos hasta que el juez decida si acuerda prorrogar la medida de coerción personal", explicó el abogado Luis Manuel Valdivieso.

El Código Orgánico Procesal Penal establece en el artículo 244 que una persona que no haya sido condenada no puede estar detenida preventivamente por más de dos años, salvo que existan causas graves que justifiquen que el Ministerio Público pida al tribunal que extienda la medida de detención.

El fiscal Guédez aseguró en el escrito que presentó el 25 de abril que de ser juzgados en libertad los cuatro acusados podrían abandonar el país.

"Resulta previsible vislumbrar que una vez impuestos los hoy acusados de una medida menos grave, los mismos podrían sustraerse del proceso penal y por tanto quedaría ilusoria la pretensión punitiva del Estado en este proceso penal", se señala en la solicitud.

Valdivieso explicó que el propio COPP establece las circunstancias que debe considerar el juez para decidir si existe peligro de fuga. Aseveró que si se analizan esos elementos (arraigo en el país, pena que podría ser impuesta, magnitud del daño causado y comportamiento del imputado) ninguno de sus defendidos debería seguir preso. "No hay en ningún caso peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación porque además la investigación ya concluyó".

Acusación. Los cuatro directivos de la casa de bolsa fueron señalados de los delitos de comercialización ilícita de divisas y agavillamiento.

Indicó que una persona acusada por dichos hechos podría ser condenada como máximo a cinco años y ocho meses de prisión, y que en todo caso sus defendidos cumplirán dos años presos esta semana, por lo que, hipotéticamente, ya habrían cumplido un tercio de la pena que podrían imponerles.

Esto significa que si hubiesen sido condenados tendrían derecho a optar por la medida de la salir de la cárcel durante el día para ir a trabajar.

Los directivos de Econoinvest, cuyo caso ha estado en manos de cinco jueces, están recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar ubicada en Boleíta.

El Nacional, Diana Lozano Perafán, 22/05/2012 (enlace al original)

Directivos de Econoinvest quedarán en un “limbo” juidicial

Hoy el Tribunal Quinto de Juicios debía celebrar la audiencia oral privada por la prórroga legal solicitada por el Ministerio Público del caso de los directivos de Econoinvest.

Dicha audiencias fue pautada para las 9:30 de la mañana, sin embargo,  Daniel Guedez, el fiscal que solicitó la dilación para el juicio, no llegó a tiempo, por lo que se difirió para el próximo miércoles 6 de junio.

Este aplazo presenta unas nuevas posibilidades para la defensa de los detenidos: Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel. Ya que según su abogado, Luis Valdivieso, a partir de este jueves su detención “entra en un limbo”.

Según el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, son dos años el tiempo máximo en que se puede tener recluida a una persona sin que se le dicte sentencia.

En el caso de los directivos de Econoinvest, dicho periodo culmina este jueves, 24 de mayo de 2012, por lo que desde esta fecha hasta el 6 de junio en lo que se celebre la audiencia, la detención de estos ciudadanos estará en un “piso de ilegitimidad”.

Asimismo el artículo 244 estipula que la prórroga de juicio podrá ser solicitada únicamente por la Fiscalía “cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, que se encuentren próximas a su vencimiento”.

Dicha Prorroga no podrá exceder la pena mínima prevista para el delito imputado, mas en este caso ni siquiera han sido condenados los acusados.

El defensor de estos cuatro privados de libertad denuncia el abuso de poder por parte del Ministerio Público. Argumenta que la defensa y los acusados “han estado apegados al proceso, que no hay condiciones legales para mantenerlos presos y han cumplido ampliamente el tiempo de detención por la condena mínima impuesta”.

En ese sentido, han solicitado que se les enjuicie en un tribunal unipersonal, oral y público, para que de esta manera “la sociedad compruebe que el juicio no tiene fundamentos legales”.

Mientras, Sifontes, Carvallo, Osío y Rangel se preguntarán como recuperar estos dos años de vidas perdidos, continúan, así como lo dijo Valdivieso en el “limbo” que el sistema penitenciario y judicial impone a aquellos no congraciados con el régimen.

Mas hay que recordar que no son los únicos, como ellos directores de otras casas de bolsas corren la misma suerte. Entre estos, Valdivieso enumera a: Venevalores, Banvalor, Positiva y Multinvest; explica que todos viven la misma situación “desde los 5 días de terror que aplicó Tomás Sanchez junto al Ministerio Público y el CICPC”, en el 2010.

@CodigoVenezuela, Daniela Mejía, 22/05/2012 (enlace al original)

Audiencia de Econoinvest diferida por retraso del representante de la Fiscalía

La audiencia que se realizaría hoy en el Tribunal quinto de Juicio a directivos de Econoinvest, fue suspendida hoy debido a un retraso del representante del Ministerio Público, Daniel Guedez.

La convocatoria estaba hecha para las 9:30 de la mañana pero la llegada tardía del funcionario conllevó a que fuese diferida.

En estos momentos el funcionario Guedez insiste al Juez que lleva la causa que no difiera el acto.

 Fue Guedez quien solicitó una prórroga legal para los cuatro imputados: Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel.

Y sobre esa petición decidirá hoy el juez quinto de juicio, William Hurtado. La solicitud es para que los acusados estén más tiempo detenidos.

El juez recibió la renuncia de los acusados a su derecho a ser juzgados por escabino, que entregaron una solicitud formal para que se les realice un juicio oral y público, con tribunal unipersonal (sin escabinos).

El Mundo, 22/05/2012, Carjuan Cruz (enlace al original)

Runrunes Medio: ¿Sin Ley? ¿Robando en rojo?

¿Se hará justicia hoy en la audiencia de Econoinvest? Al publicarse esta nota, se estará realizando la audiencia en la que el juez Quinto de Juicio, William Hurtado, decidirá si acepta o no la insidiosa petición del fiscal Daniel Guédez, de prorrogar la privativa de libertad preventiva sobre los cuatro directores de Econoinvest, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel. Un verdadero infierno han debido soportar estos jóvenes emprendedores y sus familias, a partir de una detención injusta, una intervención plagada de irregularidades y la dilación indebida de un juicio que tiene dos años de espera. Dos años que, según la ley, constituyen el período máximo al que se puede mantener recluida una persona sin que un tribunal le haya dictado sentencia. Dos años que se cumplen pasado mañana, 24 de mayo, los cuales superan, por demás, la pena que tendrían que sufrir los cuatro directores de encontrarse culpables de los grotescos delitos de los que se les acusa. Como se sabe, accionistas minoritarios y empleados denunciaron ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República al primer equipo interventor, formado por Nahunimar Castillo, Carlos Araujo y Orangel Godoy. Al ser destituidos, el nuevo interventor, Víctor Moreira, pagó sin demora a los clientes, naturales y jurídicos, sin que el Gobierno tuviera que poner un centavo, y dejó públicamente claro que "después de cancelarle a todos los acreedores, la empresa sigue con un patrimonio sólido". Ahora Tomás Sánchez y su Superintendencia de Valores se hacen la vista gorda ante el Fideicomiso que está obligado a crear con los recursos restantes, los cuales son de la exclusiva propiedad de los accionistas de Econoinvest. No sólo han despojado a los cuatro directores de sus empresas, del trabajo de sus vidas, sino que ahora, cuando constitucionalmente les corresponde un juicio en libertad, el Ministerio Público, a través de un fiscal Guédez convencido de que "el poder rojo  es eterno", solicita una malintencionada prórroga que podría confinarlos sin juicio y sin delito, por dos años más.

Así será la atrocidad, que el propio Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias -y hombre de la más absoluta confianza del presidente Chávez- en su columna del domingo pasado, publicó: "Se supone que el juez de la causa rechazará la petición del Ministerio Público de duplicar el tiempo de encierro de directivos de Econoinvest, que ya han cumplido dos años prácticamente sin juicio, uno de esos años demorado por el ex magistrado Aponte Aponte". Varias veces hemos escrito del caso en estas columnas. No tengo ni tuve nada que ver con esa empresa pero he considerado que una vez más, al mejor estilo de Atila y los Hunos, este régimen lo que toca es para robárselo, destruirlo y desparecerlo o cambiarle el nombre. El saqueo que esos interventores hicieron hasta del mobiliario y de las obras de arte está documentado. Como el interventor Moreira actuó apegado a Derecho y demostró los guisos de los consentidos de Giordani y de otros próceres ímprobos, deciden echar para atrás el proceso cumplido y del que ya no hay deudores ni quejas contra quienes manejaron la empresa. Vergüenza ausente en esos seres. ¿Tendrán al día su declaración jurada de bienes o ese requisito es algo que se obvia para los amigos del proceso con tal de que repartan los guisos? Hoy lo sabremos...

Nelson Bocaranda / Runrunes, El Universal, 22.05.2012

Díaz Rangel: "Se supone que el juez de la causa rechazará la petición del Ministerio Público..."

Eleazar Díaz Rangel: "Se supone que el juez de la causa rechazará la petición del Ministerio Público de duplicar el tiempo de encierro de directivos de Econoinvest, que ya han cumplido dos años practicamente sin juicio, uno de esos años demorado por el ex magistrado Aponte Aponte."

En Los domingos de Díaz Rangel, Últimas Noticias, 20/05/2012, 12