Unos días más tendrán que esperar los directivos de Econoinvest para conocer la decisión que tomará el juez quinto de juicio sobre la petición de la Fiscalía para que los cuatro acusados estén más tiempo detenidos.
La audiencia que se realizaría ayer fue diferida por el juez Williams Hurtado, para el próximo 6 de junio, debido a que, de los cuatro fiscales que llevan el caso, sólo se presentó uno y llegó tarde.
Ante la ausencia de los representantes del Ministerio Público a la hora pautada para el acto -9:30 de la mañana-, el juez Hurtado indicó que no se realizaría la audiencia.
Una hora después llegaría el único fiscal que asistió, Daniel Guédez, quien insistió al juez que realizara el acto judicial, a pesar de la demora de su llegada. Pero la decisión de Hurtado, en cuanto al diferimiento, fue irrefutable.
Fue precisamente Guédez el funcionario que solicitó ante el Tribunal Quinto de Juicio una prórroga legal para los directivos de Econoinvest. La petición implica más tiempo de prisión para los cuatro acusados: Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel.
Detenidos ilegalmente
Este jueves 24 de mayo los directivos de Econoinvest tendrán dos años detenidos, sin que se realice un juicio. Y, recuerda el defensor, Luis Manuel Valdivieso, que al cumplirse ese plazo la detención pasa a ser ilegal. Aunque el Ministerio Público solicitó la prórroga legal, no fue aprobada por los tribunales, por lo que no aplica, indica el abogado.
"Si en dos años no se les ha hecho juicio, y no se ha acordado una prórroga legal, deben salir en libertad", asegura Valdivieso, apelando al artículo N° 244 del Código Orgánico Procesal Penal.
"En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años", se indica en parte de ese artículo.
Además, insiste el jurista, si ellos fuesen condenados culpables en un juicio, ya pagaron la pena, o parte de ésta, de acuerdo a los delitos que pesan sobre los directivos de Econoinvest, que son comercialización ilícita de divisas, y agavillamiento. La pena va entre la mínima que son dos años, y la máxima, que son cinco años.
"De aplicarles la pena media, que podrían ser cuatro años, ya habrían pagado la mitad", explica el abogado.
Sin embargo, hasta ahora, esta discusión no se ha hecho, pues los directivos de Econoinvest no han sido juzgados, por falta de fecha y el hecho de no haber seleccionado aún a los escabinos. Por esta razón, los acusados decidieron renunciar a este derecho.
Aunque no se realizó la audiencia, los implicados solicitaron al juez que se les hiciera un juicio unipersonal, es decir, sin escabinos (ciudadanos comunes cuyas opiniones se toman en cuenta para la decisión final en el juicio).
Hasta ahora, apenas se habían realizado dos sorteos para elegir escabinos, y el trámite no había arrojado a los escogidos.
Según el documento que reposa en el expediente del caso, con el que la Fiscalía solicitó la prórroga, hay varios elementos que causaron el retraso en el proceso judicial, y en éstos se desestima, por el mismo fiscal Guédez, cualquier responsabilidad de los acusados sobre esa demora.
Entre los factores esgrimidos por el Ministerio Público está lo extensivo de la audiencia preliminar. Este proceso culminó en abril de 2011.
Suma también entre los elementos los recursos que introdujo la defensa: "Las partes han interpuesto recursos a lo largo del transcurrir del proceso penal".
Aunque reconoce que estos no son causales de retraso. "Si bien es cierto en el mero aspecto procesal no genera de manera directa efecto suspensivo en la causa, sí produjo desgaste considerable de tiempo", señaló el fiscal.
La Fiscalía también incluye el avocamiento solicitado por la defensa. "A raíz de lo cual se suspendió el trámite y avance del juicio no solo de esa casa de bolsa, sino también del resto de ellas, por varios meses, a partir de noviembre de 2011", se lee en la última consideración.
En efecto, cuando el ponente del caso, Eladio Aponte Aponte, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió en esa fecha avocarse al caso (evaluar directamente que se ejecute el debido proceso), la fijación de una fecha para el juicio, trámite ya retrasado, se paralizó.
Durante 11 meses estuvo el avocamiento pedido por la defensa en el TSJ, y en ese tiempo Aponte Aponte no se pronunció al respecto, aunque, como presidente de Sala de Casación Penal, se proclamó ponente de esa solicitud.
El Mundo, 23/05/2012, 21, Carjuan Cruz
