miércoles, 9 de febrero de 2011

Fiscalía no tenía ni idea de dónde salía precio permuta

Como "especuladores del dólar alternativo" y responsables hasta de los altos índice de inflación fueron acusadas por el Gobierno las casas de bolsa del país. Y en particular más de 40 resultaron con medidas administrativas, que terminaron en muchos casos en intervención y liquidación.
Sin embargo, cuando la Fiscalía efectuó la detención de 10 directivos de cinco diferentes empresas bursátiles, aún desconocía cómo funcionaba el mecanismo por el cual se conformaba el precio del dólar en el mercado permuta.
Desde el Ministerio Público se envió una carta al Banco Central de Venezuela (BCV) con fecha del 22 de junio (un mes después de los arrestos) solicitándole al ente emisor la explicación de los diferenciales de precios entre las operaciones de compra a los clientes y el de la venta al mercado internacional.
En el texto la Fiscalía le solicitaba al Banco Central la aclaratoria de "la razonabilidad" de transacciones con títulos valores en las que el precio por el que la casa de bolsa vende a través del Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (Sicet) del BCV "difiere en más de 60 puntos porcentuales con respecto al precio acordado con el cliente."
El procedimiento
La explicación del Banco Central llegó al Ministerio Público, pues según fuentes vinculadas, los propios fiscales a cargo confirmaron la existencia de esa respuesta en la audiencia preliminar. No obstante, ese documento ahora no aparece.
Según indican desde la defensa de las casas de bolsa ese diferencial en el precio se refiere al mecanismo de la operación permuta tradicional.
Si enero del año pasado un cliente compraba en Venezuela un bono con un valor nominal de $1.000, pero a un precio de descuento de 90%, debía pagar entonces 900 dólares, a la tasa de cambio de ese momento, que era Bs.F. 2,60 por divisa. En ese caso, terminaba cancelando Bs.F. 2.340.
Y cuando ese demandante de dólares le pedía a la casa de bolsa que liquidara ese título valor para obtener las divisas; el precio en el mercado internacional de ese papel (que podía ser un petrobono o un bono de la República) se cotizaba a un descuento de 35%; por lo que al final el cliente terminaba recibiendo $350, de esos 1.000 que "pujó", en el caso expuesto. Y de ahí resultaba el precio implícito de la operación.
Incluso, explican los abogados, un bono que se ofrecía en el mercado local con una prima de 175%; el cliente pagaba 75% por encima del precio nominal (que en ese ejemplo fue de $1000), se llegó a vender en el mercado internacional a un descuento de 65%.
Y recuerdan que todas estas transacciones primero debían pasar por ese sistema de custodia del Banco Central, agregan en su explicación.
Hasta el jueves
En todo caso, el juez que lleva el caso, Robinson Vásquez, tiene el veredicto final, por lo menos en una primera instancia, mientras se efectúa la audiencia preliminar. Sin embargo, estas presentaciones fueron suspendidas ayer por segunda ocasión hasta mañana jueves. Ya antes el inicio fue suspendido en tres oportunidades.
La primera vez que fue paralizada la audiencia preliminar, se debió a una solicitud por parte de la defensa, para cambiar al juez Vásquez, fundamentada en la ausencia de la respuesta del Banco Central a esta petición de la Fiscalía.
Y, aunque el funcionario no fue separado del caso, el papel aún no está en el expediente. Un punto en contra para la defensa, que indica que este documento es clave para demostrar la inocencia de los acusados.
Ahora, la audiencia se suspendió por una afección cardíaca del acusado Mario Siervo, directivo de Venevalores, que en pleno acto debió ser llevado a la medicatura de los tribunales.
Los delitos imputados son comercialización indebida de divisas y asociación para delinquir. El primero se basa en el tipo de títulos utilizados para la ejecución de operaciones permuta y no en la ausencia de un bono al momento de negociar las divisas.
Los abogados señalan que la Ley contra Ilícitos Cambiarios, antes de su reforma en agosto de 2010, eximía a los títulos de la prohibición de negociar en dólares y en eso se basa la defensa.

El Mundo, 09/02/2011, Pág. 14, Carjuan Cruz

martes, 8 de febrero de 2011

Fiscalía actuó sin certeza de ilegalidad de dólar permuta

Cuando la Fiscalía detuvo a 10 directivos de casas de bolsa por las investigaciones que realizaba en el mercado de valores no tenía certeza sobre la legalidad de las las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc), el delito por el cual se imputó a esas personas.
El delito se basa en las transacciones hechas con este tipo de papel en el mercado permuta.
Un mes después de estas detenciones, el Ministerio Público envió una carta al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes.
En esa misiva, se le solicitaba al funcionario una aclaratoria sobre varios puntos, entre ellos "la permisibilidad de la comercialización de los referidos instrumentos en el mercado secundario venezolano en moneda extranjera", dice el documento.
"En el sentido de si éstos se encuentran amparados en la excepción que establecía el artículo nueve, en su último aparte, de la Ley de Ilícitos Cambiarios", se concluye en ese punto.
Ese artículo nueve era el que permitía la negociación de títulos valores en moneda extranjera y que facultó y admitió la creación del mercado permuta.

Otra posible vía legal
El Ministerio Público solicitó esta aclaratoria al BCV un mes antes de efectuar las detenciones. El abogado Gustavo Tarre espera entonces que haya otros argumentos para atribuir los delitos.
El constitucionalista insiste en que para estas detenciones la Fiscalía "tendría que tener algún otro fundamento de ilegalidad". "Podrían haber otros elementos que llevaran al Ministerio Público a la detención", dice Tarre.
Explica que la Fiscalía, por no ser el órgano encargado de supervisar este sector de valores, por lógica debe hacer consultas a los entes reguladores.
En efecto, la Fiscalía también le pregunta al Banco Central sobre "la razonabilidad" de operaciones en títulos en donde el precio en el que vende la casa de bolsa el papel a través del sistema de custodia del BCV (el Sicet) difiere "en más de 60 puntos porcentuales con respecto al precio acordado para la compra entre la casa de bolsa y el cliente".

Se perdió la respuesta
La respuesta del Banco Central a estas inquietudes llegó. Y también se encontraba en el expediente del caso, según las fuentes vinculadas.
Sin embargo, ahora, en la audiencia preliminar, esa carta no aparece, está pérdida. Por ese motivo, la defensa solicitó la remoción del juez Robinson Vásquez, aunque esa petición no prosperó.
Más allá del desconocimiento de la Fiscalía sobre la legalidad de operaciones con los Ticc, el abogado Tarre recuerda que en el caso de las casas de bolsa se han cometido otras irregularidades desde el comienzo.
"En un principio el derecho penal venezolano establece que las personas acusadas de delito deben ser juzgadas en libertad", dice. Sin embargo, recuerda que la Fiscalía puede efectuar la detención si cree que existe alto grado de peligrosidad o riesgo de fuga.
Pero lo que le extraña al jurista es que la condena al mercado alternativo de divisas llegara años después de su creación: "La utilización del mercado permuta se desarrolló desde hace varios años. No era una actividad clandestina, sino que se realizaba de manera abierta".
Incluso, recordó que la misma República y Pdvsa eran participantes asiduas de este mercado.
"La Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores (ahora superintendencia), el Banco Central y el Ministerio de Finanzas la conocían. Entonces, o eran cómplices o esa actividad no era considerada por esos organismo como delictiva", explicó Tarre.

El Mundo, 08/02/2011, Pág. 14, Carjuan Cruz