El delito se basa en las transacciones hechas con este tipo de papel en el mercado permuta.
Un mes después de estas detenciones, el Ministerio Público envió una carta al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes.
"En el sentido de si éstos se encuentran amparados en la excepción que establecía el artículo nueve, en su último aparte, de la Ley de Ilícitos Cambiarios", se concluye en ese punto.
Ese artículo nueve era el que permitía la negociación de títulos valores en moneda extranjera y que facultó y admitió la creación del mercado permuta.
Otra posible vía legal
El Ministerio Público solicitó esta aclaratoria al BCV un mes antes de efectuar las detenciones. El abogado Gustavo Tarre espera entonces que haya otros argumentos para atribuir los delitos.
El constitucionalista insiste en que para estas detenciones la Fiscalía "tendría que tener algún otro fundamento de ilegalidad". "Podrían haber otros elementos que llevaran al Ministerio Público a la detención", dice Tarre.
Explica que la Fiscalía, por no ser el órgano encargado de supervisar este sector de valores, por lógica debe hacer consultas a los entes reguladores.
En efecto, la Fiscalía también le pregunta al Banco Central sobre "la razonabilidad" de operaciones en títulos en donde el precio en el que vende la casa de bolsa el papel a través del sistema de custodia del BCV (el Sicet) difiere "en más de 60 puntos porcentuales con respecto al precio acordado para la compra entre la casa de bolsa y el cliente".
Se perdió la respuesta
La respuesta del Banco Central a estas inquietudes llegó. Y también se encontraba en el expediente del caso, según las fuentes vinculadas.
Sin embargo, ahora, en la audiencia preliminar, esa carta no aparece, está pérdida. Por ese motivo, la defensa solicitó la remoción del juez Robinson Vásquez, aunque esa petición no prosperó.
Más allá del desconocimiento de la Fiscalía sobre la legalidad de operaciones con los Ticc, el abogado Tarre recuerda que en el caso de las casas de bolsa se han cometido otras irregularidades desde el comienzo.
"En un principio el derecho penal venezolano establece que las personas acusadas de delito deben ser juzgadas en libertad", dice. Sin embargo, recuerda que la Fiscalía puede efectuar la detención si cree que existe alto grado de peligrosidad o riesgo de fuga.
Pero lo que le extraña al jurista es que la condena al mercado alternativo de divisas llegara años después de su creación: "La utilización del mercado permuta se desarrolló desde hace varios años. No era una actividad clandestina, sino que se realizaba de manera abierta".
Incluso, recordó que la misma República y Pdvsa eran participantes asiduas de este mercado.
"La Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores (ahora superintendencia), el Banco Central y el Ministerio de Finanzas la conocían. Entonces, o eran cómplices o esa actividad no era considerada por esos organismo como delictiva", explicó Tarre.
El Mundo, 08/02/2011, Pág. 14, Carjuan Cruz
