El juez Quinto del Circuito Judicial Penal de Caracas, Williams Hurtado, decidió aprobar la prórroga legal que solicitó el fiscal Daniel Guédez, que implica que podrían estar hasta dos años más detenidos los cuatro acusados: Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel.
Y la autorización se aplica también para los otros seis directivos detenidos, de las cuatro casas de bolsa que también estuvieron acusadas por la Fiscalía.
Esta petición se evaluaría el pasado 22 de mayo, pero la llegada tardía del funcionario del Ministerio Público provocó que el juez Hurtado difiriera el acto para el seis de junio.
Ese día, aunque el fiscal Guédez solicitó que se realizara la audiencia, a pesar de la demora de por lo menos una hora con la que había llegado a la convocatoria, el juez no accedió.
Pero un día después, el miércoles 23 de mayo, el funcionario de la Fiscalía introdujo una ratificación de su solicitud, y pidió que se hiciera "sumariamente", es decir, de inmediato, y sin audiencia.
El abogado defensor de los cuatro directivos de Econoinvest, Luis Manuel Valdivieso, dijo a El Mundo Economía y Negocios que no entendía para qué se había fijado una segunda fecha para la audiencia si al final no se realizaría.
"No nos explicamos cómo un juez que actúa verticalmente e impone su autoridad el martes 22 de mayo, al día siguiente le acuerda una prórroga a la Fiscalía, burlando la realización de una audiencia que él mismo había fijado, y diferido", señala el abogado.
Para solicitar que los directivos de Econoinvest estuvieran más tiempo detenidos, el funcionario de la Fiscalía se basó en el artículo N° 244 del Código Orgánico Procesal Penal que plantea la posibilidad de una prórroga legal.
Pero Valdivieso reitera que ese apartado es para casos en los que sea necesario, y plantea que esa decisión debe ser acordada en un acto en donde se escuche la defensa de los afectados.
"El Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al juez de control una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen", señala el artículo.
Se reitera en la misma norma que la defensa debe ser escuchada "El juez de control debe convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir", indica el mismo artículo.
Para Valdivieso la autorización del juez Hurtado sobre la petición del funcionario de la Fiscalía corresponde a una decisión sumaria "al mejor estilo inquisitivo".
"El fiscal se impone al poder judicial y logra que nos prorroguen la detención por dos años, sin realización de una audiencia que nos permita defendernos", reitera.
A un día de la detención ilegal
Con base en ese mismo artículo, la defensa alegaría luego de este jueves 24 de mayo, que la detención era ilegal. En efecto, ese día los acusados cumplieron dos años detenidos sin que se les realice juicio, y las leyes venezolanas indican que ante situaciones como éstas, los acusados pueden ir a juicio en libertad.
"Si ya cumplieron la pena mínima de sus delitos sin ser culpables, si ya se les canceló a los clientes, y quedó dinero según confirmó uno de los liquidadores de la Superintendencia de Valores ¿para qué se irían del país?", dice el abogado. "Si ya pagaron dos años de pena ¿para qué meterse a prófugos?", agrega.
Incluso Valdivieso agrega que las normas favorecen a los acusados de distintas maneras, recuerda que si un imputado ha cumplido un tercio de su pena, la defensa puede apelar a su libertad.
"La Ley indica que cuando u preso cumple un tercio de la pena, en delitos que no son de corrupción, drogas, o violencia, puede cumplir el resto de la pena con un régimen abierto o de prueba", explica el abogado. Los delitos por los que acusa la Fiscalía a los directivos de Econoinvest son comercialización ilícita de divisas, y agavillamiento. Las penas están entre dos años (la mínima) y cinco años (la máxima).
Esperan que el juicio sea pronto
Ahora, después de la decisión del juez Hurtado, lo que espera la defensa y los directivos de Econoinvest es que se acelere la fijación de una fecha de juicio. Y por esta razón renunciar a su derecho de ser juzgados con escabinos.
Liquidador nuevo llama a clientes que faltan por cobrar
La junta liquidadora actual de la casa de bolsa Econoinvest hizo un llamado a los clientes de esta empresa bursátil que quedaron con algún tipo de deuda con la empresa bursátil. Y también a los que no han acudido a cobrar sus acreencias.
En un aviso de prensa, el nuevo liquidador, Julio César Suárez, publicó ayer el número de cédula de los clientes que están en ese status, es decir, que deban o que aún no hayan finiquitado su cobro.
Según ese listado hay 8.000 personas sin cobrar; pero el liquidador anterior, Víctor Hugo Moreira, quién agilizó el proceso de pago, explicó en el mes de febrero que según su auditoría habían 4.072 clientes con deudas pendientes en ese momento.
Según el ex funcionario éstas eran personas naturales y jurídicas, cuyas acreencias en dólares aún no habían sigo pagadas. Les canceló también a los inversionistas rezagados, con deuda en bolívares.
Estos pagos se hicieron casi de manera automática, gracias al apoyo de la Caja Venezolana de Valores, explicó en aquel momento Moreira.
Sin embargo, desde la junta de liquidación indicaron a El Mundo Economía y Negocios que, desde ese momento hasta ahora, han ido más clientes ha cobrar y por eso hacen el llamado.
Según afirman todavía hay clientes que no han cobrado, y aseguraron que la deuda con esos inversionistas asciende a Bs. 73,6 millones.
Desde la junta liquidadora también indican que hay 797 clientes que le deben a Econoinvest, a los que también incluyeron en el listado, llamándolos a pagar.
Aseguran que esta deuda es de Bs. 69 millones; pero que la mayoría es de un solo cliente, una empresa que debe Bs. 58,1 millones.
La auditoría de Moreira había arrojado que después de pagar aún quedaban recursos para formar un fideicomiso.
El Mundo, 25/05/2012, 8-9, Carjuan Cruz
