Hoy 24 de mayo de 2011, se cumple un año de privación ilegítima de nuestra libertad.Lo que comenzó con una denuncia del Superintendente Nacional de Valores, Sr. Tomás Sánchez, el 12 de mayo de 2010, contra tres casas de bolsa específicas por efectuar operaciones con divisas sin que mediasen los respectivos soportes en títulos valores, terminó con la decisión de cerrar un sector que proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el estado y un monto altamente significativo para el sector privado en los últimos siete años, garantizando más de 10.000 empleos modernos entre directos e indirectos, y no dependientes del Estado, e incorporando al pequeño ahorrista al mercado de valores, llegando a alcanzar la suma de 1.900.000 inversionistas directos y 3.500.000 indirectos.
Al comprobarse que todas las operaciones estaban debidamente soportadas y autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), el proceso da un vuelco inesperado y el juez 13 de control, abogado Robinson Vásquez, decide que las operaciones con los títulos valores denominados Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) son ilícitas, saltándose el principio de legalidad penal que reza que no puede haber delito sin ley previa.
La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios vigente desde septiembre de 2005 y reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo 9 las operaciones con títulos valores y excluía de responsabilidad penal dichas transacciones. El juez decide contra nosotros, ignorando totalmente la excepción expresa contenida en esa ley.
Luego de casi cinco años de compra-venta de títulos valores avalada por el Banco Central de Venezuela y monitoreada por la propia Comisión Nacional de Valores, el juez Vásquez inaugura un nuevo, arbitrario e inconstitucional derecho al decidir que tales operaciones que realizaban entes públicos, privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran ilegítimas, contradiciendo la ley que de manera explícita las autorizaba.
Bajo esta aberración hemos sido pasados a juicio con los cargos de Comercialización Ilícita de Divisas y Agavillamiento.
Los efectos jurídicos y económicos de una decisión de este tipo se tornan inimaginables. Si este absurdo criterio llegara a consolidarse, existiría el riesgo de que, con ese precedente, se pretendiese investigar y juzgar a todas las personas que utilizaron legalmente estos mecanismos de ahorro e inversión: a importadores, a miembros de los sectores de la industria y del comercio; al resto de las más de 100 casas de bolsas y sociedades de corretaje y, peor aún, a la banca nacional, pionera en la utilización de títulos valores para proteger sus capitales y negociarlos en divisas o en bolívares, a pesar de que todos actuaron amparados en las excepciones que brindaba la ley.
Destruir el mercado de valores ha constituido una empresa minúscula en comparación con las graves consecuencias jurídicas y económicas que acarreará el sostener una decisión contra legem como la dictada por el Juez de Control en Audiencia Preliminar.
Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest Casa de Bolsa, seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia ejerciendo nuestro derecho a la justa aplicación de la ley y no a una arbitraria interpretación, con el convencimiento irrestricto de que tarde o temprano habrá de imponerse la justicia.
Lapatilla.com, 24/05/2011, enlace al original
