Para el 6 de junio se postergó la audiencia en la que el juez Quinto de Juicio, William Hurtado, decidirá si acepta o no la insidiosa petición del fiscal Daniel Guédez, de prorrogar la privativa de libertad preventiva sobre los cuatro directores de Econoinvest, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel. Un verdadero infierno han debido soportar estos jóvenes emprendedores y sus familias, a partir de una detención injusta, una intervención plagada de irregularidades y la dilación indebida de un juicio que tiene dos años de espera. Dos años que, según la ley, constituyen el período máximo al que se puede mantener recluida una persona sin que un tribunal le haya dictado sentencia. Dos años que se cumplieron el 24 de mayo, los cuales superan, por demás, la pena que tendrían que sufrir los cuatro directores de encontrarse culpables de los grotescos delitos de los que se les acusa. Como se sabe, accionistas minoritarios y empleados denunciaron ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República al primer equipo interventor, formado por Nahunimar Castillo, Carlos Araujo y Orangel Godoy. Al ser destituidos, el nuevo interventor, Víctor Moreira, pagó sin demora a los clientes, naturales y jurídicos, sin que el Gobierno tuviera que poner un centavo, y dejó públicamente claro que "después de cancelarle a todos los acreedores, la empresa sigue con un patrimonio sólido".
Ahora Tomás Sánchez y su Superintendencia de Valores se hacen de la vista gorda ante el fideicomiso que está obligado a crear con los recursos restantes, los cuales son de la exclusiva propiedad de los accionistas de Econoinvest. No sólo han despojado a los cuatro directores de sus empresas, del trabajo de sus vidas, sino que ahora, cuando constitucionalmente les corresponde un juicio en libertad, el Ministerio Público, a través de un fiscal Guédez convencido de que "el poder rojo es eterno", solicita una malintencionada prórroga que podría confinarlos sin juicio y sin delito, por dos años más.
Así será la atrocidad, que el propio Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias y hombre de la más absoluta con- fianza del presidente Chávez, en su columna del domingo pasado publicó: "Se supone que el juez de la causa rechazará la petición del Ministerio Público de duplicar el tiempo de encierro de directivos de Econoinvest, que ya han cumplido dos años prácticamente sin juicio, uno de esos años demorado por el ex magistrado Aponte Aponte". Varias veces hemos escrito del caso en estas columnas. No tengo ni tuve nada que ver con esa empresa pero he considerado que una vez más, al mejor estilo de Atila y los Hhunos, este régimen lo que toca es para robárselo, destruirlo y desparecerlo o cambiarle el nombre. El saqueo que esos interventores hicieron hasta del mobiliario y de las obras de arte está documentado. Como el interventor Moreira actuó apegado a Derecho y demostró los guisos de los consentidos de Giordani y de otros próceres ímprobos, deciden echar para atrás el proceso cumplido y del que ya no hay deudores ni quejas contra quienes manejaron la empresa. Vergüenza ausente en esos seres.
¿Tendrán al día su declaración jurada de bienes o ese requisito es algo que se obvia para los amigos del proceso con tal de que repartan los guisos?
Tal Cual, 28/05/2012, 22
