A propósito de Econoinvest, por Francisco Suniaga

El caso Econoinvest es la historia de una conspiración cuya urdimbre fue tendida por el más alto poder político del Estado y luego tramada por las más representativas autoridades del Poder Judicial. Los rostros de los responsables de esta infamia que perdurará en la memoria de la decencia de este país son conocidos. Pero no son esos rostros ni esos personajes quienes motivan estas líneas. Son los de las víctimas: Herman Sifontes, Ernesto Rangel, Miguel Osío y Juan Carlos Carvallo, los directivos de Econoinvest Casa de Bolsa. No sólo por su propia condición de presos políticos, sino porque representan, además, los casos de otros muchos venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados en forma brutal.

El 24 de mayo de 2010 fueron encarcelados sin que mediara una denuncia ni investigación previa por parte de los organismos competentes del Estado. Una acción violatoria del ordenamiento legal, que se fundamentó en esa regulación punitiva caprichosa, no escrita en instrumento legal alguno, que siguió un guión conocido ya por los venezolanos: a la declaración de un funcionario o líder del partido sobre una presunta amenaza desestabillizadora sigue la acusación presidencial desde la televisión encadenada, y culmina con la actuación inmediata de la Fiscalía. Aunque sean perversas, todas estas acciones están vinculadas a una racionalidad política: mantener el poder absoluto que se ha acumulado a lo largo de trece años.

Los altos ingresos petroleros y la capacidad de disponer de ellos sin restricciones no han podido ocultar los devastadores efectos que las políticas gubernamentales han provocado en la economía.

Las muestras más cotidianas de esa devastación son los altos precios, entre ellos, los de las divisas y la inflación. Para el momento del ataque a Econoinvest, mayo de 2010, el Gobierno estaba acorralado por sus propios demonios y el valor del dólar se había disparado. Necesitaba recurrir a la habitual maniobra salvadora, buscar un culpable, y aquí mismo había uno perfecto: Econoinvest, la principal casa de bolsa del país y el más importante vehículo para la transacción de divisas. A los ojos del Gobierno, una suerte de nave insignia del capitalismo burgués que es el causante de todos los males de la humanidad.

¿Qué puede ser más conveniente para justificar la devaluación de facto del dólar que la imagen de cuatro "banqueros" encarcelados, a quienes ­como en efecto hicieron­ se puede acusar de cualquier cosa? En un contexto mundial de rechazo a los dueños y ejecutivos de bancos y otras empresas financieras, nada más apetecible para arrojar a la canalla que unos banqueros despojados incluso del beneficio de la presunción de inocencia. Esa fue la urdimbre colocada en el telar por el poder político y sus instrumentos burocráticos.

Y entonces vino la peor fibra del tejido de esta conspiración: la trama a cargo del Poder Judicial.

Tejida de manera grotesca por quien ocupó la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el símbolo de la justicia de este infausto período: el magistrado Eladio Aponte Aponte.

Cuando el lapso de dos años privados de libertad sin que se les inicie la causa incluso ha vencido, el atropello es inocultable y el clamor porque se restituya la justicia y se ponga en libertad a estas víctimas es atronador. Visto el comportamiento de los verdugos, nada garantiza que se les restituyan sus derechos, ahora. Pero, aunque tarde en llegar de una u otra manera, un día la justicia aparecerá y dará a cada quien lo que le corresponda.