La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas se dirige al país para manifestar su preocupación por la salud de la justicia venezolana, y el daño que su manipulación ha provocado en cuatro empresarios venezolanos. Nos referimos a Ernesto Rangel, Herman Sifontes, Miguel Osío y Juan Carlos Carvallo, que a la fecha llevan más de dos años de encarcelamiento atroz, sin que hasta hoy se haya iniciado un juicio justo, donde puedan comprobar que no han cometido delito alguno en su comportamiento empresarial.
Hace dos años, confiando en su honorabilidad, reclamamos celeridad en el proceso, la presunción de inocencia garantizada en nuestra Constitución y el respeto a sus derechos humanos, garantía universal. Hemos sufrido junto a ellos humillaciones sistemáticas y agresiones a su honorabilidad y reputación, promovidas por canales oficiales, sin ningún fundamento legal, igual que la persecución a sus equipos de apoyo profesional.
Como toda Venezuela, hemos padecido el intento de devastación contra sus programas y fundaciones de atención a la Cultura Urbana. Deploramos el exilio de algunos de sus directores. Hemos sido observadores expectantes de la intervención oficial de sus empresas, del trato dado a los activos y sus resultados: el pago íntegro de sus acreencias y la demostración que Econoinvest era una empresa sana, bien administrada, responsable a toda prueba en las relaciones y compromisos con sus clientes. Confiamos y avalamos la integridad de ese grupo humano y reconocemos el estoicismo y valentía con la que han afrontado una persecución implacable, incomprensible dentro de nuestro marco jurídico y sus consecuencias.
Hoy, dos años después, es definitivamente injurioso y ultrajante que continúen detenidos, habiendo sido renovada, sin justificación válida, su detención preventiva por dos años más, obviando los beneficios procesales legales consagrados en nuestras leyes penales a personas que no representan amenaza alguna a la sociedad. Justicia extemporánea NO es Justicia. Cuando el sistema judicial no es capaz de garantizar el debido proceso ¿es acaso ello impartir justicia?
Nuestro sistema judicial, ya en entredicho por toda la sociedad, tiene que valorar los daños sociales irreparables que ocasiona su maltrato, al no procesar las causas en lapsos razonables, generando graves daños sociales ante detenciones onerosas, dado el tiempo perdido a venezolanos emprendedores y el dolor provocado a sus familiares y amigos.
Repudiamos la judicialización de la política y la condición de perseguidos y víctimas de un proceso económico que quiere convertir a los directores de Econoinvest y su equipo de apoyo en chivos expiatorios y símbolos negativos, basados en las visiones ideológicas de sus captores, en franca violación a los principios de libertad consagrados en nuestra Carta Magna.
Ahora, cuando después de más de dos años de un retardo procesal injustificable va a darse inicio a un juicio inmerecido, esperamos que la justicia venezolana corrija este oprobio, y procese con celeridad a todos esos ciudadanos venezolanos que merecen las garantías y derechos que otorga nuestro marco legal . Exigimos para todos ellos justicia y libertad.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas
