La Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre el caso de los cuatro directivos de Econoinvest acusados, y señaló que su detención "es arbitraria". El documento fue emanado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que es el órgano de Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de la ONU.
Los ex directivos de esta casa de bolsa, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel, están presos desde el 24 de mayo de 2010; y desde entonces no se les ha hecho juicio. Están acusados de comercialización ilícita de divisas, y agavillamiento.
Cuando la ONU evaluó el caso, se percató del arresto sin orden judicial, el allanamiento que se hizo un día antes de que se dictara su autorización, y una imputación sobre una ley que no estaba vigente al momento de los hechos por los cuales se les acusa.
"Las transacciones imputadas por el Ministerio Público son referidas a operaciones con títulos valore realizadas entre el 23 de enero de 2010, y el 10 de mayo de 2010, período en e que se encontraba plenamente vigente la legislación anterior", señala el documento de la ONU, refiriéndose a la Ley Contra Ilícitos Cambiarios.
En efecto, en esta normativa se exceptuaba a las operaciones con títulos valores como algún ilícito cambiario. Y fue en el 17 de mayo de 2010, cuando se reforma esa ley, y se elimina la salvedad.
Para la abogada Beatriz di Totto, parte de la defensa de los acusados, reiteró que se trata de una aplicación retroactiva de la ley. "Esto es parte de las violaciones al proceso que se han dado, y lo que nos condujo a acudir a la ONU".
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria indica en el documento que envió una comunicación al Gobierno solicitando información sobre este caso, pero nunca recibió una respuesta.
Juicio en libertad
La defensa de los directivos de Econoinvest apeló el dictamen que tomó el Tribunal Quinto de Juicio el 24 de mayo, cuando decidió, sin realizar audiencia, aprobar la prórroga legal que solicitó el Ministerio Público para que los directivos de Econoinvest estuvieran más tiempo detenidos.
Dos días antes -el 22 de mayo- estaba pautado el acto en el que la defensa podría presentar ante el juez las razones por las que no eran necesaria una prórroga legal. Pero no fue posible, pues esa audiencia fue suspendida por la ausencia de los fiscales. Y nunca se dio en la segunda fecha que había fijado el mismo tribunal.
La defensa alegaría principalmente que ya los detenidos han cumplido un tercio de la pena que llevan los delitos imputados. Esto aunado a que la casa de bolsa que dirigían fue liquidada y saldó con capital propio todas las deudas con los clientes y proveedores, incluso quedaron recursos para conformar un fideicomiso.
Pero para el Ministerio Público era necesario solicitar esa prórroga legal porque el 24 de mayo se cumplían dos años de la detención de los directivos, y en ese tiempo no se había realizado juicio; según las leyes venezolanas, una situación así otorga automáticamente la libertad a los acusados, a menos que la Fiscalía solicite más tiempo.
Ahora, esa apelación introducida por la defensa, requiere una nueva audiencia, en donde los abogados pedirán la nulidad de esa decisión que otorgó la prórroga sin que los acusados se defendieran. Y, entre los elementos que se presentarán está el pronunciamiento de la ONU.
Di Totto recuerda que Venezuela está adscrita a los convenios internacionales con el máximo organismo, y que siempre ha respetado las decisiones del organismo. De hecho, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria recuerda que el estado venezolano es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde el 10 de mayo de 1978.
El juicio comenzará este 25 de junio a la una de la tarde. La audiencia en la Sala de Apelaciones podría darse en un mes, y de ser aprobada permitiría a los acusados seguir en juicio en libertad.
El Mundo, 22/06/2012, 17, Carjuan Cruz
