Las instancias internacionales están repletas de expedientes que reflejan "la historia inconstitucional" de los últimos años, como lo refiere Asdrúbal Aguiar, y en ella hay muchos protagonistas entre jueces y fiscales.
La euforia de quienes celebran la orden de Chávez de retirar a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será pasajera. Como lo explica Aguiar, no basta el deseo del caudillo para que se cumpla la aspiración de eludir la justicia internacional. Habría incluso que cambiar la Constitución y eliminar el artículo 31 que garantiza ese derecho humano.
La larga lista de juicios que se direccionaron desde la Vicepresidencia tiene sus respectivos expedientes en varias instancias internacionales. No son documentos genéricos. En ellos está narrado, con puntos y comas, lo que ha hecho cada funcionario que forma parte del círculo de confianza del Poder Judicial.
Sobre el caso de la jueza María Lourdes Afiuni han ido a parar historias como aquel episodio en el que un joven fiscal, Daniel Medina, mandó a poner presa a la jueza en una audiencia al cumplir una orden dictada desde un celular. Junto a Medina figuran los jueces que construyeron uno de los capítulos más aberrantes de la historia judicial venezolana.
En el caso del 11 de abril se aplicaron condenas de hasta 30 años a personas contra las que no se encontró ni prueba alguna, pero la juez Marjorie Calderón juzgó pertinente aplicar la pena máxima.
La ONU también se ha pronunciado sobre el caso Afiuni, y otros más.
Siendo Venezuela firmante de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos desde 1948, sería un tanto engorroso para Chávez explicar un retiro también de ese organismo.
El juicio que recién comienza contra directivos de Econoinvest, viene con plomo en el ala con un contundente pronunciamiento de la ONU. Allí otro fiscal de nombre Daniel, pero de apellido Guédez, intentará convencer al juez Rodolfo Romero, que en la confiscada torre de Los Palos Grandes se vendían perros verdes, cuando ya todos saben que lo que se vendían eran perros azules. Si yo fuera juez me recordaría cada vez que asistiera a un juicio del artículo 139 de la Constitución "que todavía dice: "El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley".
El Universal, 28/07/2012, enlace al original
