En mayo de 2010 empezó en Venezuela un “proceso judicial” que mantiene tras rejas a 10 directivos de casas de bolsa, condujo al cierre de 67 casas de bolsa y llevó a la casi total destrucción del mercado de capitales del país, una actividad económica que generaba más de 5.000 empleos y que atendía a más de 3,5 millones de inversionistas.El proceso tuvo su inicio en una decisión de Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, de cerrar el mercado permuta.
Como se recordará, la Ley de Ilícitos Cambiarios preveía la posibilidad de comprar títulos-valores denominados en dólares en Venezuela contra pago en bolívares, para su venta posterior en el mercado internacional a cambio de dólares y viceversa. Claro está, el mecanismo suponía que esos papeles se negociaran en el país y en el exterior. Siendo el diferencial de los precios en Venezuela y en el exterior lo que determinaba la tasa de cambio “implícita”, o lo que es lo mismo, la tasa permuta.
Es indudable que, por equivocada que fuera la medida, estaba dentro de las competencias del ministro Giordani cerrar el mercado “permuta”. Pero, lo que no estaba, ni está, en las competencias del Ministro es propiciar la destrucción de todo un sector de la economía bajo falsas acusaciones de “lavado de dinero”, “usurpación de identidad” y “origen sospechoso de fondos”, entre otras. Hoy, 18 meses después del inicio de la campaña contra este sector económico ya se ha evidenciado la falsedad de casi todas estas acusaciones.
Pero ahora resulta que el ministro Giordani quiere aplicar con retroactividad su interpretación particular de la Ley de Ilícitos Cambiarios, alegando que las transacciones que se hicieron en el marco de la ley fueron ilícitas y afirmando que el mercado de valores venezolano es “capitalista y altamente especulativo”. Esto a pesar de que el Consultor Jurídico del Ministerio de Finanzas dictaminó que la utilización en operaciones de divisas de los Títulos de Interés y Capital (TICC) emitidos por la República “no tendrían carácter de ilegales o ilícitas”.
De allí que se puede decir que los 10 directivos de casas de bolsa, a quienes se les juzga en prisión están siendo enjuiciados por un capricho “ideológico” de un ministro que se declara comunista. Estos venezolanos son tan “presos políticos” como lo son los comisarios y policías metropolitanos, la jueza María de Lourdes Afiuni y tantos más que de una manera u otra están siendo castigados por cumplir la ley.
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