No se puede negar que una abogada de apellido Castillo nombrada interventora de “Econoinvest Casa de Bolsa” es buena hija, procedió a darle un puestazo a su progenitor (también de apellido Castillo), por el que el afortunado pasó a dispararse 6.000 bolívares (F) mensuales como jefe de una oficina inoperativa de la SUNAVA (Superintendencia Nacional de Valores) en Margarita. Pero no terminó ahí el escándalo, sino que habiendo presentado su renuncia al cargo el señor Castillo, un año después, el 27 de mayo, la liquidación se le calculó al 30 del mismo mes, por lo que el renunciante fue liquidado con un monto de 58.673 bolívares (F) que no le correspondía. Pero hay más, mucho más: en el expediente de liquidación se hace constar que Castillo “no renunció” sino que fue “despedido”, por lo que el monto de lo adeudado por la SUNAVA pasó al doble, o sea, a 130 mi bolívares (F) que le fueron entregados al señor Castillo y su hija la abogada, Castillo, que no es, por cierto, la que le ha tocado a muchos empleados de Econoinvest Casa de Bolsa, que llevan más de un año tratando de que les cancelen sus liquidaciones como empleados que fueron de una empresa intervenida por el gobierno.
Columna Carrusel Político, La Razón