El caso 2 arriba descrito es el típico del Chino de Recadi. Como se recordará, en ese caso en tiempos de Lusinchi, un ciudadano de origen Chino, pero nacionalizado venezolano, fue condenado -y hay que resaltar- el único condenado, por la obtención de millones de dólares para empresas importadoras fantasmas, gestionados a través del organismo cambiario existente para la época, recordado por sus siglas abreviadas como Recadi. Así desde entonces quedó acuñada la expresión “Chino de Recadi” para referirse a quien “paga todos los platos rotos” aunque solo hubiese roto algunos. Y aquí está el punto importante: en la historia del Chino de Recadi, lo reprochable no es que el Chino haya ido preso, pues el efectivamente cometió el delito que se le atribuyó. Lo reprochable es que el y sólo el hubiere pagado el delito que se estima cometieron aproximadamente unas 200.000 personas.
Pero el caso 3 es realmente diferente. Este es el caso de las 5 casas de bolsa y sociedades de corretaje cuyos directivos y accionistas (10 en total) se encuentran presos desde hace ya un año. A estas personas se les acusa de cometer ilícitos cambiarios porque las empresas que representaban realizaban operaciones que permitían obtener divisas partiendo de bolívares (o viceversa) basadas en unos títulos valores específicos denominados TICC.
Sobre el tema de los TICC no hay que ser experto en mercado de capitales para entender. Basta saber que son títulos valores. Y por esa razón las operaciones estructuradas con ellos estaban expresamente exceptuadas por la Ley Contra los Ilícitos Cambiaros de ser consideradas como delito. Es así de sencillo, y es precisamente esa la razón por la cual la inmensa mayoría de las casas de bolsa y sociedades de corretaje (no solo estas cinco) estructuraron sus operaciones con dichos títulos al igual que lo hiciera también -hay que recordar- casi la totalidad de la banca nacional. A esto agréguese que las operaciones se realizaban diariamente con el pleno conocimiento y a través de la plataforma de custodia de valores del Banco Central de Venezuela. Y a esto agréguese además que fueron varios años de operaciones realizadas día tras día, con el Estado venezolano jugando un papel fundamental para la realización de las mismas, ya fuese como emisor de los títulos, o como cliente de las operaciones (a través de las empresas del estado, cajas de ahorro, etc.). Agréguese finalmente que estamos hablando operaciones realizadas por más de una centena de casas de bolsa y sociedades de corretaje y gran parte de la banca nacional, no solo por las cinco empresas cuyos directores están detenidos.
Por todo lo descrito anteriormente es que éstos 10 detenidos no pueden ser considerados Chinos de Recadi. En aquel caso había un delito preexistente y aquel Chino, como muchas otras personas, asumió el riesgo de crear empresas fantasmas para obtener dólares preferenciales para supuestas importaciones, también fantasmas, confiándose en que nunca lo agarrarían a pesar de saber que era ilícito. Pero en el caso actual, muy por el contrario, lo que existía era una ley que precisamente señalaba que si las operaciones eran hechas a través de títulos valores (sin especificar cuáles si y cuáles no) no se estaría cometiendo delito alguno. Y por esa convicción de estar realizando operaciones legales es que lejos de salir huyendo (como en la época de Recadi) estas personas permanecieron o se dirigieron voluntariamente a sus empresas para atender personalmente a los funcionarios que estaban practicando los diferentes allanamientos.
Que quede claro, si solo cinco de las más de cien casas de bolsa y sociedades de corretaje que realizaban estas operaciones con TICC tienen detenidos en la actualidad, no es porque son Chinos de Recadi ya que ni estas cinco ni las otras noventa y tantas, ni los bancos -que no tienen un solo detenido por este tema- cometieron delito alguno. Es porque la Superintendencia Nacional de Valores y los Fiscales del Ministerio Público, con la complacencia de los Jueces hasta ahora a cargo, se inventaron este delito de los TICC, para poder justificar las detenciones y el tiempo que tome un juicio contra estos directivos manteniéndolos privados de su libertad, mientras además los procesos de intervención y liquidación de sus empresas avanzan de la mano de funcionarios que al igual que los anteriores creen erróneamente que se pueden cometer injusticias de este tamaño a capricho y al margen de la Ley terrena y de la Ley Divina.
Lapatilla.com, 08/09/2011, enlace al original
