“De acuerdo con el punto de vista del juez de control Robinson Vásquez Martínez, afirmó, todos aquellos que compraron y vendieron TICC podrían ser inculpados, de aceptarse el exuberante criterio de su ilegalidad. Quiere decir que toda la banca, la industria, el comercio, el propio ministerio de finanzas (que declaró legales las operaciones a través de su consultoría jurídica) y el Banco Central de Venezuela, podrían ser objeto de sanciones penales”, señalo Alvarez.
Explicó que “El principio de legalidad establece que no puede haber delito donde la ley no lo ha previsto. En este caso, se pretende desconocer este prPublicar entradaecepto. La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios vigente desde septiembre de 2005 y reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo 9 las operaciones con títulos valores y excluía de responsabilidad penal dichas transacciones. Esa ley fue derogada el 17 de mayo de 2010, y ahora se pretende aplicar la nueva versión de manera retroactiva. ¿Cómo juzgar a las personas con una Ley que comenzó a regir con posterioridad al hecho que se le atribuye?”
Sostuvo Noel Álvarez que “el propio BCV observaba las operaciones y las autorizaba y además las registraba en el denominado “mercado secundario” en el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (SICET). Así mismo, la Comisión Nacional de Valores monitoreaba y regulaba permanentemente tales transacciones”.
“En los últimos años se incorporaron al mercado de títulos miles y miles de pequeños y medianos inversionistas buscando mejores rendimientos para sus ahorros. Las empresas también estuvieron masivamente presentes en dicho mercado. El propio Presidente de la República instó a comprar títulos. Es cuando menos una irresponsabilidad que ahora se pretenda satanizar dicha actividad”, agregó Álvarez.
De acuerdo al dirigente gremial, habían pasado cinco años de compra y venta de títulos valores en el mercado secundario, por lo cual llama la atención que después de todo ese tiempo los funcionarios del Estado decidan que tales operaciones que permitía la Ley, sumadas las resoluciones del BCV, los acuerdos cambiarios, la veeduría de la Comisión Nacional de Valores resulten ahora resulten ilegales.
Asimismo, alertó Álvarez que “es preocupante que se haga una cacería de brujas y se lleguen a tomar también medidas en contra de pequeños y medianos empresarios quienes participaban en la compra de títulos valores para tener acceso al mercado secundario de divisas”.
Lapatilla.com, 18/05/2011, enlace al texto original