Creo que una actitud parecida, pero por razones diferentes, ha ocurrido en Venezuela. La sensación de que son tan pedestres y enfermizas sus críticas a artistas, grupos e instituciones culturales; tan obcecados sus ataques personales y tan mal llevada su investidura de ministro, ha hecho que mucha gente, incluyendo al autor de estas líneas, se prive de responder públicamente a sus ofensas.
Pero creo que nos hemos equivocado. Francisco Sesto ha dejado de ser una presencia prescindible para convertirse en uno de los más peligrosos perseguidores ideológicos con los que cuenta el proyecto militarista del siglo XXI y en tanto hay que denunciarlo. Es lo que, claramente, se puede deducir de sus actuaciones recurrentes, pero sobre todo de las más recientes declaraciones (Correo del Orinoco, 19 de agosto de 2010) en contra de los casi 2.000 venezolanos que firmaron el documento de apoyo a la Fundación de la Cultura Urbana promovida por una asociación que movilizan, entusiastas, los escritores Alexis Romero y Jacqueline Goldberg. En dichas declaraciones, y con toda la mala intención del caso, el funcionario irrespeta a una muestra nutrida y representativa de académicos, creadores artísticos y gestores culturales del país al comparar su apoyo a la Fundación de la Cultura Urbana con la actuación "de aquellos que defienden a los narcos porque hacen obras sociales". (sic) La operación ideológica es muy burda. Como no puede aceptar que lo más reconocido de la cultura venezolana, incluyendo al poeta Rafael Cadenas, presidente de la Asociación de Amigos, expresen generosamente su reconocimiento a la que sin duda es una de las iniciativas de responsabilidad privada más persistente, democrática y eficiente que se haya conocido en el campo cultural en los últimos años, como no puede aceptarlo, entonces se lanza por el camino de la descalificación personal y dice: Quienes firman el documento de apoyo son inmorales, seres humanos degradados, porque no les importa de dónde viene el dinero que financia este proyecto cultural. "En el fondo son narcotraficantes ellos también", debe pensar el ministro que comete poemas.Poner en el mismo saco a los narcotraficantes que son asesinos miserables, practican el secuestro, la tortura y la extorsión y son perseguidos policialmente en todas partes con los propietarios y gerentes de casas de bolsa y otras instituciones financieras que operan legalmente y a los ojos de todos en la mayoría de las naciones del planeta, incluyendo China comunista y a un grupo de intelectuales venezolanos que no tienen nada que ver directamente ni con los primeros ni con los segundos, es una infamia de baja ralea y una canallada sin parangón.
Nunca hemos visto a un gerente de Econoinvest poniendo bombas o secuestrando gente. Que las formas de enriquecimiento que sus operaciones permiten sean desmedidas o injustas es un problema que se puede discutir. Pero no su legalidad. El ventajismo de un ministro que le asigna obras a una empresa de construcción de la que hasta hace muy poco era su socio también es algo que se puede discutir. Lo que habría que saber es si el hecho es ilegal. El gobierno bolivariano emite bonos de la deuda, es decir, instrumentos financieros que generan ganancias en dólares a los ciudadanos que tienen cómo adquirirlos; se puede discutir si es injusto con quienes no lo tienen, pero está claro que "por ahora" es legal.
Con sus declaraciones el ministro poeta comete dos delitos. Primero, interfiere en un proceso judicial, porque siendo una autoridad gubernamental declara culpables a los directivos de Econoinvest en un juicio que aún no se ha realizado, y segundo, levanta falsos testimonios en perjuicio de cerca de 2.000 venezolanos a quienes acusa de cómplices y alcahuetas de organizaciones delictivas similares al narcotráfico. Si yo fuera él, me cuidaría de nombrar la soga en casa del ahorcado.
El Nacional, 22/08/2010
