En el texto advierten que la liquidación no se justifica ni por la recientemente derogada ley de mercado de capitales ni por la nueva legislación que ahora habla de mercado de valores, principalmente porque no se cumple ninguno de los supuestos que justifican tal medida."Siendo público y notorio que los hechos que motivaron la intervención no están relacionados con la solvencia y capacidad financiera de la empresa, como se reconoce expresamente en el acto de intervención y en las declaraciones públicas de las autoridades de la antigua Comisión Nacional de Valores, el proceso de intervención técnicamente debería concluir con la rehabilitación y reestructuración de la empresa", indica el comunicado.
Los ex ejecutivos de la casa de bolsa señalan que la justificación de una intervención, sea en una compañía financiera, aseguradora o bursátil, es garantizar la continuidad de la actividad económica en beneficio de accionistas, acreedores y clientes; y preservar la estabilidad del sector al cual pertenezca la firma.
"El personal de la empresa presentó planes para garantizar la permanencia en el tiempo de la sociedad y su reorganización, los cuales no fueron analizados por los interventores, dejando de cumplir su función principal", indica el comunicado.
Negación de cargos. La interventora Castillo ha argumentado que la acusación de usurpación de identidad es justificación para la liquidación de la casa de bolsa, a lo que los ex directivos responden: "Ni siquiera las conductas que públicamente se imputan, las cuales negamos enfáticamente, sin haber respetado los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, cumplen con la condición de afectar la solvencia de la empresa y poner en peligro los derechos de los accionistas".
El Nacional, 27/08/2010, por ARJ
