Estas incidencias fueron presentadas ante el juez Rodolfo Romero, a cargo del Tribunal Quinto de Caracas -donde se desarrolla el juicio oral y público del caso Econoinvest-, por los abogados de los cuatro directivos de esta empresa, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel.
Estos argumentos expuestos por la defensa sobre el documento hecho por Castillo y Godoy, se debieron a la solicitud que hizo Daniel Guédez, representante de la Fiscalía, para que se admita una nueva prueba complementaria, la cual, según el funcionario, ratificaría su acusación contra los cuatro detenidos, quienes están imputados por comercialización ilícita de divisas y agavillamiento.
Las impugnaciones introducidas contra el informe final de Castillo y Godoy forman parte de una objeción completa contra toda la gestión de estos interventores designados por la Superintendencia de Nacional de Valores en mayo de 2010 hasta abril de 2012, cuando el mismo organismo supervisor cambió a estos auditores y, designó a un nuevo funcionario, Víctor Moreira.
Y, aunque el fiscal Guédez insistió ante el juez Romero que este informe debería ser admitido, los defensores reiteran que el documento debe ser evaluado en el jurisdicción administrativa y no en los tribunales penales.
"El informe que la Fiscalía pretende traer es de naturaleza administrativa y en esa jurisdicción se hizo la impugnación", explica Beatriz di Totto, una de los abogados defensores de los directivos de Econoinvest. "Si ese proceso no ha concluido es un absurdo pretender que surta efectos en la jurisdicción penal", agregó.
Pero para el representante del Ministerio Público esto no es motivo para que el Tribunal no admita el informe como prueba. "Aquí en este acto no se está juzgando a Nahunimar Castillo, aquí sólo hay cuatro acusados y están sentados frente a usted señor juez", dijo el fiscal Guédez en su derecho de palabra en la última sesión del juicio oral y público.
Aunque los abogados de los directivos de Econoinvest aseguran que no están en desacuerdo con la admisión del informe, insistieron en presentar las irregularidades denunciadas de la gestión hecha por los autores del documento.
"La defensa deplora que la Fiscalía sienta la necesidad de traer a juicio el informe de alguien tan descalificado por el propio Gobierno para intentar sostener la acusación", sostuvo Di Totto.
La solicitud hecha por los abogados defensores es que de admitir el informe, se permita traer al acto a Castillo y Godoy -además del liquidador que los suplió- como testigos o expertos. Pero el fiscal Guédez no está de acuerdo, insiste en que estas personas no pueden ir al juicio en calidad ni de testigos, ni de expertos.
Será el próximo martes cuando el juez Romero informe sobre su decisión al respecto.
El Mundo, 02/08/2012, 14, Carjuan Cruz
