Dejar a sus presos depositados en un limbo desprovisto de legalidad alguna; sin fórmula de juicio, sin dictámenes ni horizontes con desenlaces a la vista. Cuando toque glosar algunas de las taras más condenables, algunos de los hábitos administrativos más perversos del período comprendido en estos 14 años, este peculiar vicio legal, por socorrido, sin lugar a dudas será uno de los más recordados en el futuro.Los cuatro directivos de Econoinvest, presos a la fecha incluso sin que la Fiscalía haya formalizado contra ellos alguna acusación específica, han tenido que cruzar un árido desierto en torno al cual se ha construido un perverso carrousel de subterfugios y excusas, concebidos para prolongarles la estancia en prisión la mayor cantidad de tiempo posible. Jueces que conocen el caso y lo abandonan; posposiciones conjugadas al infinito de la apertura del juicio; un exasperante alargue en el uso de las formalidades y tecnicismos judiciales, concebidos todos para que todo quede igual.
Aún cuando todas las operaciones que realizaban eran escrupulosamente supervisadas por las autoridades monetarias del país, y que, incluso, en varias ocasiones el propio gobierno acudió a sus instancias para realizar operaciones cambiarias con el objeto de salvaguardar sus objetivos económicos, la captura de los cuatro directivos de la Casa de Bolsa más importante del país, y la liquidación definitiva de sus servicios, le sirvió de pórtico a una campaña deleznable y sórdida, en la cual algunos desencaminados formadores de opinión amigos del gobierno hicieron todo lo posible por ajustar cuentas y saldar antipatías personales contra miembros de la sociedad civil.
Todo lo cual le ha impedido a la opinión pública tomar nota de algunas consideraciones elementales en torno a esta indignante historia judicial. Mientras el caso ha sido pasto para demonizar a sus directivos, hoy presos, y disparar por mampuesto y saña contra otra interminable cantidad de personas honorables, no se ha encontrado, a la fecha, como lo atestiguan los informes de los interventores, daño patrimonial ni símbolos de estafa visible en una sociedad mercantil que entonces gozaba de perfecta salud. Nadie ha reportado jamás colas de usuario reclamando sus pagos; familias estafadas; ahorros evaporados, denuncias por usura o demandas por compromisos por honrar.
A decir verdad, la decisión de envestir contra Econoinvest, como con prácticamente todas las Casas de Bolsa del mercado nacional, tiene un contenido estratégico, con anclajes ideológicos mucho más hondos de lo que parecen. Su intención rebasa con creces la ya declara intención de acabar con el capitalismo o trascenderlo. Es el giro de tuerca del siniestro proceso autoritario que se gesta desde el poder.
Como colofón de una pugna interna que tenía enzarzados a Jorge Giordani con Rafael Ramírez y algunos de sus allegados, el gobierno coloca en el universo del delito operaciones financieras que antes toleraba abiertamente y que suelen ser aceptadas en casi todo el mundo –independientemente de que, en otros episodios, aquel mecanismo le ayudó a salir de varios bretes cambiarios- y al mismo tiempo lanza una granada fragmentaria para intimidad y perjudicar la reputación de escritores, activistas culturales, periodistas, sociólogos, arquitectos y fotógrafos –todos disidentes y con una irrestricta posición crítica en contra de la actual administración- ligados a una de las dependencias de Econoinvest: la famosa Fundación para la Cultura Urbana.
La Fundación aludida, como todo el mundo sabe, es un ente que desarrolló un trabajo de promoción de la cultura nacional que se ganó una general –y merecida- ovación. Talleres de periodismo, promoción de artistas y músicos nacionales, conciertos, foros, discusiones y charlas sobre historia. Su trabajo más visible descansa en su asombroso banco de fotografías y en el robusto y fecundo fondo editorial que llegó a construir. Insinuar la existencia de lunares, presentar ante la opinión pública a algunas de estas personalidades como presumibles cómplices de una estafa, disparar por mampuesto, a falta de argumentos, en contra de ciudadanos comunes inocentes, ha constituido, a la fecha, una de las bajezas más despreciables de los mecanismos de propaganda del oficialismo. De eso se trata profundizar la revolución.
No escribo estas líneas animado por motivos personales. Aunque los he visitado en prisión y me siento plenamente solidario con lo que les sucede, tengo un trato más bien reciente y superficial con la directiva de Econoinvest. Un par de conversaciones cordiales con Hermann Sifontes y una vieja relación con Juan Carlos Carvallo, amigo de la infancia con el cual tenía 25 años sin conversar. Simplemente me siento testigo de una espantosa injusticia, gestada, como bien lo afirmó hace poco Carlos Blanco, en medio de un silencio muy espeso y demasiado incómodo..
Herman Sifontes, Ernesto Rangel, Miguel Osío Zamora y Juan Carlos Carvallo. Son más que cuatro nombres: son personas de carne y hueso, con esposas e hijos, con madres y hermanos, separados de sus familias y sometidos a una ruleta de leguleyerías ociosa y sumamente cruel. La soportan con dignidad, y no me cabe la menor duda de que saldrán fortalecidos en lo moral y lo personal cuando todo este disparate termine. Porque nadie debe perder de vista un detalle fundamental: de haberse tomado la molestia de conocer el caso y dictar sentencia, que es lo que en definitiva debe hacer todo tribunal que se respete, estos venezolanos hace rato estarían en libertad.
LaPatilla.com, 14/07/2012, enlace al original
