Los accionistas minoritarios advierten que la actuación de la Junta Interventora se ha desviado del propósito para el cual fue designada: preservar los activos de la empresa, cancelar sus pasivos y rendir cuentas del proceso de liquidación. En tal sentido, citan una serie de presuntas irregularidades, tales como la desaparición y aparente venta de los títulos valores de los usuarios, los cuales se encontraban en una cuenta restringida, creada para cada uno de ellos, como garantía de sus inversiones, en la Caja Venezolana de Valores; el deterioro y desaparición del mobiliario de la empresa; la manipulación del orden de prelación del pago de las acreencias, el cual terminó favoreciendo a ciertos clientes corporativos en detrimento de los pequeños inversionistas, y las contrataciones recurrentes de servicios externos de asesores, peritos, abogados, auditores y contadores, sin justificación real.
Suman a estos hechos, la aparente contratación innecesaria e indebida de nuevos empleados que, en su mayoría, son familiares de los interventores. También se solicita investigar la publicación de un listado de ahorristas en un diario de circulación nacional, cuyas tarifas por página fueron facturadas, por una supuesta agencia de publicidad, al doble de su precio de mercado.
El hecho de mayor gravedad, cuya investigación se solicita, es la venta de la cartera de bonos TICC de Econoinvest al Banco del Tesoro, los días previos a la inminente y esperada devaluación, operación que representó una pérdida de 102 millones de bolívares fuertes a la casa de bolsa, a los clientes que confiaron a la firma sus ahorros, y a los accionistas de la empresa, a quienes se les escamoteó su derecho a excedentes.
Noticiero digital, 08/08/2011, enlace al original
