En esta barbarie populista etiquetadora, destaca el trato que desde el poder se le ha dado a los gerentes, directivos, empleados y hasta a los usuarios de las diferentes Casas de Bolsa intervenidas en nuestro país desde diciembre de 2009. Una reciente decisión tribunalicia concluyó, contra lo que las normas cambiarias y la misma ley dicen expresamente al respecto, que las operaciones con los denominados TICC (Títulos de Interés y Capital Cubierto) hechas en divisa foránea eran “ilegales” y “delictivas”. Lo grave de esto no es sólo que la ley y los convenios cambiarios desmienten definitivamente al ígnaro juez –éste obvia, por simples y serviles motivos de demagógica conveniencia política, que el BCV había autorizado la negociación de estos títulos en divisa extranjera en el mercado secundario, y que la ley y el Convenio Cambiario No. 4 permitían el intercambio de estos títulos en moneda foránea- sino que con ello se nos ha disminuido a la categoría de criminales, a los casi dos millones de personas de todo nivel que recurrimos a estas herramientas, para cuando pudiésemos, resguardar algo de nuestros capitales, y tener seguros algunos de nuestros ahorros, en monedas mucho más “musculosas” y seguras que nuestro depauperado y debilucho “Bolívar Fuerte”. La ironía es que muchos, muchísimos, de estos “nuevos criminales” son precisamente funcionarios del gobierno y hasta ciudadanos oficialistas, que amparados por la ley, negociaron con estos títulos a través de las casi ya extintas Casas de Bolsa serias y honestas de nuestra nación de las que por ejemplo Econoinvest era un verdadero paradigma.
En La Patilla, 05/06/2011
Todos somos criminales (extracto), de Gonzalo Himiob Santomé
