La "revolución" exhibe una conducta perversa para promover los procesos judiciales, especialmente aquellos que le interesan desde el punto de vista político. Sin ser experto en la materia, cualquiera puede llegar a alarmantes conclusiones cuando observa cómo se busca desde las alturas del poder, sin rigor ni compasión, sin el mínimo respeto por los usuales miramientos que determinan la marcha de los tribunales, la condena de aquellos a quienes se les ha puesto el ojo por diversos motivos. Levanta el dedo para poner en marcha una decisión tomada de antemano, grata a los intereses de quien levanta el dedo y orientada hacia el único destino de la culpabilidad. Antes de que la justicia lleve a cabo sus funciones, un juez omnipotente que no es el árbitro de la causa ya ha dictado sentencia y espera que la confirmen abajo, en unas escalas obedientes que únicamente en ocasiones insólitas se atreven a actuar con autonomía.
El juez omnipotente es el Presidente de la República, afirmación que puede verificarse con escuchar los improperios que desembucha contra quienes quedan bajo jurisdicción judicial debido a la comisión de supuestos delitos que ha denunciado el Ejecutivo. Es evidente que el Ejecutivo debe buscar el castigo de los delincuentes y remitirlos a la instancia que corresponde; pero también es evidente, en términos republicanamente normales, que debe esperar el desarrollo de los capítulos habituales antes de referir el desenlace. ¿Qué hace el mandón con aquellos para quienes solicita una decisión de la justicia? Promueve ruidosas campañas de descrédito que los mal ponen ante el criterio del sentenciador y ante la opinión pública. El mandón no se contenta con tratar de que se coloque en buen recaudo a quienes presuntamente lo merecen. Se dedica a presentarlos como escorias cuya única salida es el castigo, como frutas podridas a las cuales debe echarse de la canasta por una aconsejable labor de profilaxis colectiva. Una campaña de tal ralea, puesta en marcha a través de discursos desenfrenados que trasmite por televisión quien ejerce la primera magistratura y tiene, por lo tanto, la obligación del equilibrio frente a la sociedad que gobierna, abre la compuerta de infinitos desmanes, convierte a los juicios en remedo y a los acusados en juguetes de un capricho personal.
Dejan así de existir los procesos según deben transcurrir en situaciones rutinarias, para convertirse en alternativas de venganza que no quedan en las manos de la autoridad competente sino en el sentir de grandes sectores de la población, a quienes se ha transmitido con antelación un parecer negativo y destructivo de ciudadanos o corporaciones que merecen la calidad de la inocencia mientras no se prueben sus infracciones. El mandón crea prejuicios universales, prejuicios tendenciosos como la mayoría de los prejuicios, nociones previas y susceptibles de enrarecer la atmósfera de los pareceres mayoritarios, para que los acusados queden a merced de lo que un público arteramente envenenado tenga ganas de resolver sin que el veredicto de los magistrados se haya producido. El manejo adquiere proporciones inusitadas cuando vemos cómo los medios afectos al Gobierno se suman a la publicidad de los pecados de los procesados, para transformar causas de desarrollo ordinario en deplorables campañas de albañal. Las cuñas hechas expresamente para manchar la reputación de personas y asociaciones, los reportajes amañados sin disimulo y los programas de "análisis" lanzados con meticuloso afán tras el propósito de insistir en la maldad de unos sujetos que merecen escarmientos draconianos, ponen alfombra roja para el retorno de la Ley de Lynch que parecía borrada de la faz de la tierra.
La ejecución de la Ley de Lynch solo necesita un cabecilla vociferante y una turba preparada para satisfacerse en una expiación sin reglas ni contenciones. ¿No es el procedimiento que utiliza el mandón para ocuparse de "sus" delincuentes? ¿No es el camino expedito que ha trazado para librarse de estorbos? La analogía deja de ser exagerada si vienen a la memoria casos emblemáticos de la actualidad, como los de María Afiuni, Guillermo Zuloaga y Econoinvest, cuyos causas han estado precedidas por una gavilla con presidencial batuta que ha anunciado sin apego a la verdad, sin permitir la esperanza de la duda y sin fórmulas de jurisprudencia, la maldad sin redención de unos reos merecedores del patíbulo. Así las cosas, resultan afortunados y sabios quienes se convierten en prófugos de la "justicia".
El Universal, 21/08/2010 (Leer original)
