Ya no había duda, ésta vez sí iniciaría el juicio, y no se suspendería como ocurrió cuatro semanas atrás. En esa oportunidad en el juzgado no hubo despacho, porque el juez que estaba a cargo en ese momento renunció.
Ahora la situación era diferente, el Tribunal Quinto de Juicio sí tendría despacho ese día, el fiscal principal del caso, Daniel Guedez estaba en el lugar, y el juez encargado ahora, Rodolfo Romero, también. Una hora después de la pautada para el acto, le comunicaron a la defensa que el juicio sería en la sala oeste del piso tres y, aunque los abogados bajaron discretamente y sin avisar, en unos segundos todos los familiares y amigos que acudieron a apoyar a los acusados estaban en esa puerta.
La alguacil pidió a todos que se alejaran de la entrada de la sala, por lo menos hasta que estuviera lista para el acto. Y así lo hicieron. En aquel salón solo había dos banquetas de máximo cinco personas en cada lado de la audiencia. Lo que hacía imposible que todo el público pudiera entrar. El personal del juzgado solicitó dos banquetas más.
- “Sólo entraran entre 20 y 25 personas como público”, dijo la alguacil.
La organización entre todos los que estaban presentes llegó inmediata y espontáneamente, entre ellos resolvieron que serían cinco personas por cada uno de los directivos, además de los periodistas.
Con cédula en mano, cada uno pasó a anotarse, y dejar la pila de los móviles a los policías como norma irrefutable. Faltaba poco para que comenzara el acto.
Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel entraron por las escaleras del pasillo, a las 11:20 de la mañana, justo al lado de la entrada de la sala oeste. Tenían ya tres horas esperando en los sótanos del Palacio de Justicia. Los recibieron gestos, besos, y bendiciones de los familiares.
Adentro ya estaban listos, con toga puesta, los abogados defensores, Luis Manuel Valdivieso, Luis Ignacio Ramírez, y Beatriz di Totto, y los dos fiscales del Ministerio Público, Daniel Guedez, y Marvila Araujo.
El público entró a la sala justo después de los acusados, para esperar al juez en el salón. En esa hora previa, el representante principal de la Fiscalía, Guedez, hacía sus últimos ajustes a la exposición de motivos de la acusación; interrumpió su preparación, se quitó la toga y salió del salón. Después de unos minutos volvió a entrar, continuó chequeando sus dispositivas en la laptop, pero de nuevo se quitó la toga otra vez y salió por segunda ocasión, en unos minutos ya estaba de vuelta. Hablaba con tres funcionarios del Ministerio Público que también estaban presentes en la sala, pero como audiencia, entre ellos Alejandro Castillo -ascendido en enero de este año por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, como director general contra la Delincuencia Organizada-, quien fue, según sus palabras, a darle “apoyo a los muchachos (los fiscales)”.
La acusación
“Todos de pie”, pide la alguacil. Rodolfo Romero entró, erguido, viendo al frente y sin voltear a los lados. Es el juez quinto de control, el que desde hace dos semanas tiene el caso, y el que deberá decidir, después de escuchar a las partes, si los directivos de Econoinvest son culpables de comercialización ilícita de divisas, y de agavillamiento.
Romero da dos horas para esa primera sesión que comenzó a las 12:35 pm, y le da la palabra -como establece el proceso- al representante del Ministerio Público. Pero en el lado de los acusados una mano se levantó, era la de Ernesto Rangel. Le pide al juez que le permita leer una oración, la que hicieron los familiares y leyeron un día antes en una vigilia, y Romero se lo concedió.
- “Pido porque los poderosos se ablanden ante la injusticia”, fue una de las plegarias.
Hubiese comenzado entonces la presentación de Guédez (Fiscalía) , si la defensa no hubiese pedido la palabra. Pidió que se evaluaran las medidas cautelares que estaban sin decisión. Romero indicó que podía dar 10 minutos para escuchar los argumentos de la defensa, pero al oír el desacuerdo del fiscal, negó la solicitud.
Y así comenzó el representante de la Fiscalía a presentarle su acusación al juez, a través de láminas con vídeo beam. Primero una introducción, después un listado de conceptos básicos, una cronología del caso y luego ejemplificaciones de las operaciones. Retrocedía una lámina –o varias- si creía necesario reiterar algo. Y con parsimonia explicaba cada punto. Preguntaba al juez si entendía, pero Romero ni negaba ni asentía.
No escatimó en pedir al juez que pidiera a la audiencia en la sala, a los abogados, o a los acusados dejar los murmullos, pues entorpecían, según él, el debido proceso del acto solemne. Y Romero pidió silencio, aunque aclaró que él no había escuchado nada. Inmediatamente la abogada di Totto le consultó al juez si eso significaba que tampoco entre los abogados defensores, y los acusados podían intercambiar comentarios en baja voz. A lo que el juez señaló que no había que exagerar.
La defensa solicitó la palabra para corregir una de las explicaciones hechas por el Ministerio Público, fue concedida; luego uno de los acusados pidió un segundo permiso para corregir una segunda afirmación del fiscal, pero el juez solicitó que no se hicieran más interrupciones, sólo permiso para ir al baño.
Dos horas después de que comenzara la presentación del fiscal, el juez Romero dio un primer receso para almorzar. Las madres, esposas, y otros familiares se organizaron, trajeron sándwich para los detenidos, y para los funcionarios policiales de la Dirección de Inteligencia Militar (Dim) que los custodiaban. Repartición de café, jugo, agua.
“Todos de pie”. Entraría el juez otra vez.
El fiscal miró su presentación y reanudó sus explicaciones, resumió lo ya dicho, pasó unas láminas más, para entrar luego en materia jurídica. La ley Contra Ilícitos Cambiarios anterior, su artículo nueve, que indicaba cuáles eran los ilícitos cambiarios, y su salvedad.
“Se exceptúan las operaciones con títulos valores”, dice esa última línea del artículo nueve de la Ley contra Ilícitos Cambiarias que estuvo vigente hasta mayo de 2010.
Pero para el fiscal la norma no era suficientemente específica, el hecho de que la excepción no definiera cuál era la finalidad de la operación hacía de las transacciones hechas por Econoinvest un ilícito cambiario.
La defensa no tardó en pedir la palabra de nuevo. Y el juez accedió, pero antes hizo una advertencia.
- “Si el fiscal está diciendo algo errado, un disparate, algo sin sentido, anótenlo y lo dicen cuando tengan el derecho de palabra”, dijo.
Pero luego vino una tercera corrección por parte de la defensa, y una cuarta de la voz de los acusados. Por lo que el juez amenazó con suspender el acto si volvía a suceder.
Minutos después Herman Sifontes levantó la mano. Las madres en el público suspiraron, abrieron más los ojos, y pusieron todas las miradas hacía el juez. Pero sólo era para ir baño, y la solicitud provocó que Romero diera un nuevo receso de diez minutos.
Sifontes, junto a Miguel Osío, y Ernesto Rangel fueron trasladados al baño, las voces entre el público interrumpieron el silencio en la sala. Los familiares también salieron para intercambiar opiniones sobre lo que estaba diciendo el fiscal.
Ya de nuevo en el salón, el fiscal Guédez retomó por tercera vez su presentación. Pasó a mostrar un esquema de las operaciones hechas por Econoinvest, en donde sólo mostraba los traspasos en dinero de las operaciones y no los títulos que se utilizaban para estas transacciones. Luego los incorporó para incluir dos nuevos elementos, la especulación en la operación, y su incidencia en la inflación.
“Falso, eso es falso”, decía en voz baja Osío.
Para el fiscal Guédez, el título no podía ser vendido inmediatamente por el comprador -aunque no señaló que normativa legal impedía esa acción-. Alegó que en un día ese certificado era comprado a un precio, y luego revendido en otro.
Mostró una transacción con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc), en donde Econoinvest compraba al valor del bono en bolívares en ese momento, y luego lo vendía el mismo día a un precio nominal menor.
Y, hasta ese punto, el mismo fiscal ratificaba que sí hubo títulos en las operaciones hechas, aunque al principio de su presentación, dijo que la investigación de la Fiscalía comenzó por la denuncia hecha por Tomás Sánchez, presidente de la Superintendencia de Valores (antes comisión), que se centraba en acusar operaciones en divisas, sin títulos valores de respaldo.
Cuando el juez concluyó el acto, Guédez no había terminado, todavía le falta por lo menos un día más para llegar a la última lámina de su documento, según él mismo dijo. Romero dio fecha para el próximo 17 de julio, a las 9:30 de la mañana, y propuso realizar las audiencias martes y jueves.
Sifontes, Carvallo, Osío y Rangel, salieron de la sala, con los custodios a los lados, alzaron sus manos para decir adiós, y partieron de nuevo por las escaleras. El juicio apenas comienza.
El Mundo, 14/07/2012, Carjuan Cruz, enlace al original
