Después de dos años, la justicia está en deuda con 10 empresarios de casas de Bolsa que siguen detenidos sin que se hayan presentado pruebas sólidas en su contra y sin haberse iniciado el juicio. Esta larga injusticia ha sido rechazada por personalidades de todas las tendencias políticas, una cosa poco común en nuestra sociedad polarizada.
El 20 de mayo, Eleazar Díaz Rangel, director del Últimas Noticias, escribió: "se supone que el Juez de la causa rechazará la petición del Ministerio Público de duplicar el tiempo de encierro de directivos de Econoinvest, que ya han cumplido dos años prácticamente sin juicio, uno de esos años demorado por el exmagistrado Aponte Aponte". Lamentablemente la suposición de Díaz Rangel, basada en una lógica legal y racional, no se cumplió y el Juez otorgó la prórroga por dos años más, para mantener presos a personas que por ley se debe pre-sumir inocentes y ser juzgadas en libertad.
En una clara referencia al mismo caso, el 28 de mayo José Vicente Rangel escribió: "hay casos crónicos... llegó el momento de tratar casos pendientes, de adoptar decisiones que resuelvan el problema y permitan, en el campo político y mediático, desarmar campañas impregnadas de politiquería... creo que el Presidente está consciente de la conveniencia de proceder con el mismo propósito de resolver los casos que existen y dar vuelta a la página".
Simón Boccanegra (que todos saben quién es) señaló: "¿quién responde por las tropelías contra Econoinvest? ¿Quién va a devolverles los dos años que tienen encerrados por un infundio que acaba de ser echado por tierra por el segundo interventor de la casa de Bolsa?, (quien) en tres meses resolvió el problema. Pagó a todos los acreedores y tenedores de bonos, y todavía... sobraron unos cien millones de bolívares... ¿Esto se queda así? ¿Van a continuar presos a pesar de que ha quedado demostrada la solidez y solvencia de la casa de Bolsa?".
En los diarios especializados, en sitios tan contrastantes como Aporrea y La Patilla, periodistas tan dispares como Bocaranda y Díaz Rangel, han mencionado o insinuado irregularidades de este caso: algunos la detención ilegal, el caso sin base, el no otorgamiento de beneficios procesales, las irregularidades en la intervención, la demora procesal, entre otras.
Hace más de un año comenté que casi tres millones de venezolanos transaron operaciones con títulos valores, a través del sistema financiero legal, pasando dentro del sistema del BCV, con la opinión favorable del consultor jurídico del Ministerio de Finanzas y aceptando invitaciones gubernamentales a hacerlo. Si el Juez dice que esas operaciones eran ilegales (que obviamente no lo eran) no habrá cama en las cárceles para todos los funcionarios del Ejecutivo (hoy activos) que incitaron a ese delito en radio y televisión, para los operadores de la banca que los transaron, para las empresas y personas que los compraron (aceptando la recomendación del Gobierno para hacerlo). Suponemos que tendrá que iniciar la investigación más grande de la historia del país, porque no podrá dejar presos solo a 10 "bolsas", cuando todo el mercado operó, vendió y compró esos instrumentos, invitados por ministros y demás funcionarios públicos de altísimo nivel.
Si bien al inicio de este caso algunos pudieron pensar que había una arista política que podrían aprovechar, a estas alturas es razonable pensar que ya no representa réditos para nadie. Por el contrario, pueden haber costos políticos dentro del mismo chavismo.
El Juez tiene la oportunidad de hacer justicia... y parece que el país chavista, opositor e independiente sabe perfectamente qué significa eso: ¡Soltarlos ya!
@luisvicenteleon
El Universal, 10/06/2012, (enlace al original)
