Es posible entender, aunque no se esté de acuerdo, que hace dos años el actual gobierno, signado por sus objetivos ideológicos y políticos, tuviese el propósito de eliminar el mercado de capitales. Esto se tradujo en atropellos contra varias empresas financieramente sanas que fueron objeto de auténticas expoliaciones cuyos responsables en algún momento responderán por sus actos. Pero, dentro de ese contexto, no hay duda de que si alguien del sector cometió delitos en el ejercicio de su actividad, debía ser juzgado y, de ser responsable, castigado conforme a la Ley. Lo inadmisible es que, después de esos dos años, cuatro ciudadanos, cuya inocencia no ha sido desvirtuada, permanezcan detenidos sin que un tribunal esclarezca los hechos de los cuales se les acusa.
El quid del asunto está en dilucidar si la simple intermediación de divisas en el mercado alternativo, es decir, la compra y venta de divisas no pertenecientes al Estado sino propiedad de particulares y cuyo régimen estaba en la ley eran o no delito. Y todo apunta a que no. De modo que si las operaciones se hacían dentro de los parámetros fijados por el gobierno venezolano, eran perfectamente legales. Tengo entendido que así lo señaló el Ministerio de Finanzas a través de su Consultoría Jurídica, que analizó ese tipo de operaciones a la luz de todo el régimen legal cambiario instaurado por el Estado venezolano. Lo insólito es que en lugar de esta opinión técnica lo que llegó al expediente del juicio fue un oficio del Ministro que reemplazó las conclusiones técnicas por su propia opinión política.
¿Quién llevaría al presidente de la República que, obviamente, no es un experto en el tema -y que no tiene por qué serlo-, a hacer afirmaciones tan graves como las de calificar a Econoinvest como un “nido de mafiosos” cuando en realidad, con estas operaciones, nadie falsificó nada, ni defraudó a nadie, ni comprometió divisas de la República, ni evadió controles, ni cometió siquiera una falta administrativa en la intermediación de divisas bajo el esquema establecido por el Banco Central de Venezuela, regulado por la Ley de Ilícitos Cambiarios y supervisado por el Estado venezolano? ¿Quién habría generado y puesto en boca del Presidente en aquel momento contenidos tan crueles e incendiarios que irremediablemente condujeron a la formación de una matriz de opinión según la cual estábamos en presencia de cuatro émulos de Al Capone?
Hoy la realidad es que, después de dos años, la acusación es insostenible pues mientras más se conocen los hechos, más se aprecia la gravedad de la manipulación. ¿Será por ello que se está evadiendo el juicio? ¿Será que los acusadores advierten que los señalamientos rayan en el ridículo? Vemos un nuevo ruleteo judicial en el que cuatro venezolanos probos en el manejo de una empresa que fue ejemplo de exitosa gerencia y de responsabilidad social y que contribuyó, además, al soporte de actividades educativas y culturales de un valor incalculable, están siendo víctimas de una auténtica atrocidad jurídica, propia, esta sí, de la actuación de un verdadero nido de mafiosos.
¿Cómo se le pudo hacer creer a la opinión pública que Econoinvest usurpaba la identidad de personas para hacer adquisiciones masivas de bonos de la República cuando, en realidad, su cartera de clientes registrados, con origen de fondos declarado y expediente formado superaba las cincuenta mil personas? Para quien medianamente conozca el tema esta fue una afirmación absurda ya que Econoinvest, en la emisión más concurrida sólo colocó diez mil órdenes, es decir, que con cincuenta mil clientes registrados tuvo a su disposición más de cuarenta mil cédulas para la faena que quisiera y jamás realizó una operación sin que un cliente la ordenara y la confirmara, a diferencia de otras casas de bolsa que, con menos de diez mil clientes llegaron a colocar más de cuarenta mil órdenes que fueron aceptadas y adjudicadas por las autoridades, vaya usted a saber con cuáles documentos de respaldo.
Leí el documento emitido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas que se pronunció en torno a la situación de los directivos de Econoinvest. Solo atino a expresar mi estupor ante la confirmación, proveniente de esta fuente objetiva e imparcial, de la magnitud del atropello al que estos ciudadanos han sido sometidos y cómo, cada día que pasa, su situación se torna más grave y delicada con la prolongación injustificada de su detención, por la cual, sin duda, alguien deberá responder en su momento. Es significativo que los miembros de ese equipo de ONU sean un senegalés, una pakistaní, un chileno, un ucraniano y un noruego, muy alejados todos, por cierto, de las pasiones e intereses que el gobierno venezolano le suele atribuir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No sé que está esperando el gobierno venezolano para acabar con esta vergüenza.
