La decisión por unanimidad de los directivos, apresados desde el año pasado, fue rechazar los cargos que impuso el juez Vásquez: se declararon inocentes y ahora deberán esperar posiblemente cuatro días para conocer el escrito definitivo del juez.
Vásquez indicó que los ejecutivos incurrieron en ilícitos cambiarios y sustituyó el delito de asociación para delinquir, establecido en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, por el de agavillamiento, que consagra el Código Penal.
En términos semánticos ambos delitos son semejantes ya que implica la combinación de dos o más personas para llevar a cabo una actividad ilegal, pero en términos de sanciones el primero ocasiona una pena de 4 a 6 años de prisión y la segunda de 3 a 5 años, precisó el abogado Luis Valdivieso.
A criterio de Valdivieso, la Fiscalía General de la República no presentó pruebas porque, en su criterio, no hubo ilícitos en las transacciones con los Títulos de Interés y Capital Cubierto los llamados TICC-, toda vez que existe una resolución del Banco Central de Venezuela que autorizaba la operación en divisas con esos papeles.
Ahora se pasa a la etapa de designación de escabinos, figura mencionada en la legislación procesal penal venezolana para que intervengan en un juicio oral.
Pena minimizada. En Miami, luego de que el interventor Rafael Ramos de la Rosa se declaró culpable del intento de extorsión al ex presidente de la Casa de Bolsa Unovalores, Tomás Vásquez, la pena pudiera ser de hasta un máximo de 8 años de prisión, dijo desde Estados Unidos- una fuente vinculada al proceso.
Vásquez acusó a Ramos y señaló responsabilidades al superintendente nacional de valores, Tomás Sánchez.
El Nacional, 13/04/2011, E4, Andrés Rojas
