domingo, 24 de abril de 2011

Hablemos con propiedad de los títulos valores, con Econoinvest (4 de 5)

4. Tradición Legal de los títulos a los clientes de Econoinvest

Econoinvest Casa de Bolsa cumplió plenamente con lo previsto en la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Cajas de Valores y su Reglamento, y en las Normas Sobre Actividades de Intermediación Corretaje y Bolsa para efectuar la tradición legal a los clientes de los títulos valores objeto de los contratos de reporto pasivo.  En efecto:
a. De conformidad con el artículo 36 de las NAICB, Econoinvest Casa de Bolsa estaba debidamente autorizada por los clientes para la apertura de cuentas de custodia a nombre del cliente. De acuerdo con el Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil suscrito por los clientes, los clientes otorgaron a Econoinvest un mandato para que en su nombre y por su cuenta estableciera cuentas de custodia a efectos de liquidar las operaciones en títulos valores. De acuerdo a la cláusula IX.3 del referido contrato:
a. Contrate una o más Cuentas de Custodia, de acuerdo a las instrucciones del Cliente, a los efectos de liquidar operaciones en Títulos Valores entre el Cliente y Econoinvest.b. Complete y firme formularios, contratos, tarjetas de firma y cualquier otro documento requerido por el custodio ante el cual se haya establecido una Cuenta de Custodia a nombre del Cliente.c. Efectuar aportes o abonos de valores a las Cuentas de Custodia del Cliente, firmar y ejecutar en su nombre traspasos o retiros de Títulos Valores.d. Recibir y transmitir comunicaciones e instrucciones al custodio, relacionadas con las Cuentas de Custodia del Cliente.e. En general, para realizar cualquier acto de disposición o administración relacionado con el manejo de las Cuentas de Custodia del Cliente.El ejercicio por parte de Econoinvest de las anteriores facultades no requerirá autorización específica ni confirmación previa del Cliente.  Econoinvest procederá automáticamente a debitar o acreditar la(s) Cuenta(s) de Custodia del Cliente cada vez que ello sea requerido según lo establecido en este documento, sin necesidad de confirmación al Cliente.

b. Econoinvest Casa de Bolsa consignó en enero de 2000 a la de la Comisión Nacional de Valores copia del referido Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil, así como el correspondiente manual de producto, el cual describía el procedimiento de liquidación en títulos valores de las operaciones con los clientes. En aquella oportunidad la Comisión Nacional de Valores presentó algunas observaciones al contrato las cuales fueron tomadas en cuenta por Econoinvest.

c. En ejecución del mandato otorgado en el Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil y de conformidad con lo previsto en las NAICB, Econoinvest Casa de Bolsa estableció en la Caja Venezolana de Valores una cuenta de depósito específica para las operaciones de reporto a la cual Econoinvest debía transferir temporalmente a los clientes los títulos valores afectados a estas operaciones.

d. Econoinvest Casa de Bolsa contaba con el nivel patrimonial, de índices y solvencia, que le permitía gestionar cuentas de custodia para clientes. (1)

e. La Caja Venezolana de Valores estaba debidamente informada del propósito de la cuenta de depósito para operaciones de reporto, de la identidad de los clientes propietarios de los valores y de los términos y condiciones de los contratos de reporto celebrados.

Por lo tanto, la enajenación de los títulos que respaldan las operaciones de reporto por parte de los liquidadores de Econoinvest Casa de Bolsa, sin la debida autorización de sus legítimos propietarios (los clientes reportadores), podría configurar delito de apropiación indebida. (2)

Sin entrar a considerar si las medidas tomadas por la Comisión Nacional de Valores están ajustadas a derecho, ni la intervención ni la liquidación pueden afectar los derechos de los clientes reportadores sobre los títulos valores que les pertenecen. Econoinvest Casa de Bolsa ha podido disponer de los títulos de los clientes, si acaso, porque tiene un mandato de administración de los clientes, no porque le pertenecían (3). Econoinvest no le “adeuda” éstos títulos a los clientes, más bien los clientes le “adeudan” los títulos a Econoinvest.

5. Efectos del Contrato de Reporto

Corresponde analizar los recursos que tienen los clientes ante el no pago oportuno de las obligaciones bajo contratos de reporto celebrados con Econoinvest Casa de Bolsa.

5.1. Cumplimiento del contrato

Al vencimiento del contrato, el reportado tiene que pagar al reportador la cantidad de dinero recibida al inicio más la prima o interés convenido.  Por su parte, el reportador debe transferir al reportado los mismos títulos u otros similares. Si no se restituyen los mismos títulos, deben entregarse otros equivalentes.  Esto es, deben ser títulos emitidos por el mismo emisor, que formen parte de la misma emisión (clase y serie) y que tengan idéntica denominación, valor nominal y tengan las mismas condiciones financieras (e.g. plazo, tasa, derechos accesorios).

El reportador debe además rembolsar cualesquiera pagos recibidos del emisor durante la vigencia del contrato, así como cualesquiera derechos recibidos en virtud de la tenencia de los títulos. (4)

Durante la vigencia del reporto, el reportador es el propietario de los títulos objeto del contrato, y como propietario que es le corresponden los frutos y accesorios.  El principio general en materia de accesión es que los frutos pertenecen al propietario de la cosa que los produce (5). El reportador debe sin embargo devolver al reportante “otros valores de la misma especie o bien los mismos”, tal equivalencia no sería completa si no incluye los frutos producidos por los títulos reportados. De hecho, los pagos realizados por el emisor del título, tales como pagos de intereses, amortizaciones de capital y dividendos, son, por su esencia económica, devoluciones de capital que se hacen al inversionista.  El reportado debe pagar una prima o interés por el uso del dinero, de resto, debe ser colocado en la misma situación patrimonial como si hubiera permanecido con los títulos ya que éstos, en el fondo, sirven de garantía al préstamo.

No es cierto que las partes al pactar dos precios, uno en la fecha valor y otro al vencimiento, consideran el menor valor que pueden tener los títulos en dos momentos y que por lo tanto el reportado es compensado por el menor valor de los títulos en virtud de los frutos y accesorios que se hacen efectivos durante el plazo del reporto (6). En primer lugar, no es posible determinar anticipadamente el valor de esos frutos, pues éstos son siempre inciertos (7). Además, la definición legal del contrato no da cabida a que el precio de rescate sea inferior al precio de la transferencia inicial.

Las partes no deben pactar expresamente la devolución de los frutos percibidos por el prestatario, sino que la devolución al reportado de los pagos efectuados por el emisor forma parte de la obligación de restitución a cargo del reportador.  Es, por tanto, cláusula sobreentendida del contrato (8). Esta restitución se hace al vencimiento del contrato, salvo que las partes hayan convenido expresamente que la restitución se hace a medida que se hagan efectivos los frutos y demás accesorios de los títulos, lo cual supone una reserva de usufructo por parte del reportado.

5.2. Casos de incumplimiento

En el reporto, como en todo contrato bilateral, las partes pueden oponer la excepción de incumplimiento, o excepción non adimpleti contractus ante el incumplimiento de la otra parte.  La excepción consiste en que cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones (9). De manera que el reportado, ante el incumplimiento del reportador al vencimiento del contrato, que consiste en la transferencia al reportado de los títulos adquiridos, puede negarse a pagar la cantidad de dinero recibida y la prima. Por su parte, si el reportado no cumple con su obligación de pago al vencimiento del contrato, el reportador puede negarse a entregar los títulos.

Si solamente uno de los contratantes incumple el contrato, entonces el que incumplió será responsable de los daños y perjuicios causados al otro contratante (10). Los daños y perjuicios consisten, en el caso de incumplimiento por el reportador, en la devolución de los títulos valores, y el reembolso de los derechos patrimoniales (frutos y accesorios) generados por los títulos valores durante el plazo del reporto.  Es decir, el reportador tendrá una deuda en títulos valores con el reportado, la cual se rige por las reglas de mutuo de títulos valores.  El reportador además será responsable por cualquier pérdida resultante de un cambio en el precio de los títulos valores (11).

Si quien incumple es el reportado, los daños y perjuicios consisten en el pago del interés legal, salvo que se haya acordado otra cosa (12). En este sentido, reportante y reportado pueden acordar mediante cláusula penal el pago de una cantidad fija por el incumplimiento, en cuyo caso no se podrá exigir el pago de una suma mayor (13). También se puede acordar contractualmente el pago de intereses moratorios convencionales, distintos del interés legal.

5.3. Recursos bajo el contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil 

Consistente con lo anterior, la cláusula I.8 del Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil suscrito entre Econoinvest Casa de Bolsa y sus clientes, establece los siguientes recursos contractuales en caso de incumplimiento:
8. Incumplimiento.  En caso de incumplimiento por una de las partes a los términos del presente documento, o a lo acordado bajo alguna operación celebrada entre Econoinvest y el Cliente, la otra podrá dar por terminado unilateralmente uno o todos los contratos bursátiles y financieros celebrados, además, podrá pedir la indemnización de los daños materiales sufridos, si fuere el caso, daños materiales éstos que deberá demostrar fehacientemente, así como la relación de causalidad entre los mismos y el incumplimiento de la otra parte.  Los daños morales no son indemnizables, salvo que, conforme a lo establecido en el artículo 1196 del Código Civil, se demuestre que, además e independientemente del contrato incumplido, hubo un hecho ilícito caracterizado por el artículo 1185 del Código Civil causante de un daño moral.  Econoinvest no será responsable por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por ella cuando ello fuere consecuencia de eventos de fuerza mayor o demás causas extrañas no imputables.  El Cliente expresamente renuncia a cualquier acción en contra de cualesquiera otras sucursales, subsidiarias y/o afiliadas de Econoinvest.  Igualmente, queda expresamente convenido que serán por cuenta del Cliente todos los gastos, costas y costos judiciales y demás gastos que generen la cobranza tanto judicial como extrajudicial de cualesquiera de las sumas adeudadas con motivo del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales aquí asumidas.Sin perjuicio a lo establecido en el párrafo anterior, y salvo que en alguna operación específica se establezca otra cosa, la indemnización debida por la falta de pago oportuno en una operación entre Econoinvest y el Cliente, se determinará conforme a las siguientes reglas:a. Pagos en Dinero.  En caso de incumplimiento en el pago de una cantidad de dinero por una de las partes, la otra parte a su sola opción podrá: (i) revocar dicha operación y dejarla sin efecto legal alguno sin que sea necesario notificar a la parte que incumplió a tal efecto, quedando liberado de toda responsabilidad frente a la parte que incumplió por cualquier obligación asumida y pendiente de cumplimiento en dicha operación; o (ii) exigir el pago del monto total a pagar indicado en la confirmación de la operación y/o carta de traspaso, según sea el caso, más los intereses de mora calculados a la Tasa de Interés de Mora desde la Fecha de Pago hasta la fecha en que se efectúe el pago en su totalidad; o (iii) exigir la devolución de los Títulos Valores, si hubo entrega de Títulos Valores como contrapartida en la operación, más (A) los intereses y demás frutos devengados por los Títulos Valores desde la Fecha de Pago, y más (B) los intereses de mora, calculados a la Tasa de Interés de Mora desde la Fecha de Pago hasta la fecha en que se efectúe el pago en su totalidad, calculados sobre el Valor de Mercado de los Títulos Valores a la Fecha de Pago.  En caso que la parte que incumplió no efectúe el pago dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de requerimiento, la parte que cumplió su prestación podrá nuevamente optar por cualquiera de las opciones descritas en las secciones (ii) o (iii) de esta Cláusula.b. Pagos en Títulos Valores.  En caso de incumplimiento en la transferencia de Títulos Valores por una de las partes, la otra parte a su sola opción podrá: (i) revocar dicha operación y dejarla sin efecto legal alguno sin que sea necesario notificar a la parte que incumplió a tal efecto, quedando liberado de toda responsabilidad frente a la parte que incumplió por cualquier obligación asumida y pendiente de cumplimiento en dicha operación; o (ii) exigir la entrega de los Títulos Valores, más (A) los intereses y demás frutos devengados por los Títulos Valores y sus accesorios desde la Fecha de Pago, y más (B) los intereses de mora, calculados a la Tasa de Interés de Mora desde la Fecha de Pago hasta la fecha en que se efectúe el pago en su totalidad, calculados sobre el Valor de Mercado de los Títulos Valores a la Fecha de Pago; o (iii) la devolución del dinero entregado, si hubo entrega de dinero como contrapartida en la operación, más los intereses de mora, calculados a la Tasa de Interés de Mora desde la Fecha de Pago hasta la fecha en que se efectúe el pago en su totalidad.  En caso que la parte que incumplió no efectúe el pago dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de requerimiento, la parte que cumplió su prestación podrá nuevamente optar por cualquiera de las opciones descritas en las secciones (ii) o (iii) de esta Cláusula.

La obligación de Econoinvest Casa de Bolsa bajo los contratos de reporto pasivo era la de pagar la cantidad de dinero convenida a la fecha de vencimiento. Ante el incumplimiento, Econoinvest debe pagar a los clientes la misma cantidad pactada (que incluye el premio o interés) más los intereses de mora.

Hasta tanto Econoinvest no pague al cliente las cantidades debidas, éste podría disponer de los títulos recibidos en reporto, los cuales son de su propiedad. Una vez liquidados los títulos, el cliente debería rembolsar a Econoinvest la diferencia entre el precio de liquidación y la cantidad de dinero adeudada bajo el reporto. De lo contrario, incurriría en un enriquecimiento sin causa (14). Los liquidadores de Econoinvest deben permitir a los clientes reportadores la libre disposición de los títulos que legalmente les pertenecen para que éstos puedan ejercer este derecho.

NOTAS:

1.- NAICB art. 96: “Actividades Universales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia. Las Sociedades de Corretaje con un capital social pagado de quinientos millones de bolívares (Bs. 500.000.000,oo), un patrimonio líquido mínimo de mil quinientos millones de bolívares (Bs. 1.500.000.000,oo) y un patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1) de tres mil millones de bolívares (Bs. 3.000.000.000,oo) inclusive (valor mínimo), sin limitación en el valor máximo, se clasifican dentro del rubro de Actividades Universales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia, y deberán cumplir con todos y cada uno de los siguientes índices: 1) Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo: no menor del quince coma cincuenta por ciento (15.50%) (factor 0.155). 2) Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo: Primario (Nivel 1): no menor de diez coma treinta y tres por ciento (10.33%) (factor 0.103). 3) Índice de Adecuación de Operaciones Activas: mayor o igual a uno (1). 4) Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas: mayor o igual a uno (1). 5), Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes: mayor o igual a uno (1).”


2.- Código Penal art. 468: “El que se haya apropiado en beneficio de otro, alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado, será castigado con prisión de tres meses a dos años…” (Subrayado nuestro).  


3.- Además de la apropiación indebida, los administradores violaron abiertamente su deber fiduciario con los clientes. El riesgo fiduciario reside en la potestad de abuso por parte de la persona en quien se confía, potestad que deriva de la transmisión al fiduciario de resortes jurídicos que éste puede utilizar o en interés del fiduciante – y esto es lo que debe hacer – o en interés propio – y esto es lo que no debe, pero puede hacer. (J. GARRIGUES, Negocios Fiduciarios en Derecho Mercantil, Madrid 1976, pp. 19 y 20)


4.- NAICB art. 40: “Frutos de los Valores Reportados.  Salvo estipulación en contrario, corresponden a la parte que actúa como reportada los intereses, dividendos y otros frutos de los valores objeto de reporto, los cuales pueden ser objeto de compensación a través de las cuentas bancarias del reportador y el reportado. Dichos frutos serán sumados para el pago de la deuda en capital e intereses.”


5.- CCIV art. 552: “Los frutos naturales y los frutos civiles pertenecen por derecho de accesión al propietario de la cosa que los produce. Son frutos naturales los que provienen directamente de la cosa, con o sin industria del hombre, como los granos, las maderas, los partos de los animales y los productos de las minas o canteras. Los frutos civiles son los que se obtienen con ocasión de una cosa, tales como los intereses de los capitales, el canon de las enfiteusis y las pensiones de las rentas vitalicias. Las pensiones de arrendamiento se colocan en la clase de frutos civiles. Los frutos civiles se reputan adquiridos día por día.”


6.- En contra BREGLIA, cita de F. MESSINEO, Operaciones…, cit., p. 145.


7.- E.g. puede ser que el emisor no pague al vencimiento de un cupón, o en el caso de acciones, no se puede determinar anticipadamente un decreto y pago de dividendos.


8.- En este sentido el art. 1264 del CCIV dispone: “Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención.” Por su parte, el art. 1160 establece: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.”  
Así, el artículo 40 del las NAICB establecen que “Salvo estipulación en contrario, corresponden a la parte que actúa como reportada los intereses, dividendos y otros frutos de los valores objeto de reporto, los cuales pueden ser objeto de compensación a través de las cuentas bancarias del reportador y el reportado. Dichos frutos serán sumados para el pago de la deuda en capital e intereses.” No creemos que esta disposición, o más precisamente la frase “corresponden a la parte que actúa como reportada” pueda ser interpretada como que el reportado es propietario de los frutos mientras que el reportador es nudo propietario de los títulos. Por disposición legal, la cual no podía ser relajada por una norma de rango sub-legal, el propietario de los títulos - y de los frutos por derecho de accesión -s es el reportador, pero “corresponden” al reportado en el sentido que el reportado tiene derecho a ser rembolsado por los pagos que reciba el reportador del emisor durante la vigencia del contrato.  Para que el reportado pueda ejercer los derechos accesorios y recibir los demás frutos de los títulos reportados, debe hacerse reserva expresa de usufructo en el contrato, este derecho no puede tenerse como sobreentendido, sino que se requiere de cláusula expresa.


9.- CCOM art. 1168: “En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones.”


10.- CCIV art. 1271: “El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, sino prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe.”


11.- Se trata de daños “previsibles”, es decir, aquellos daños “previstos o que hayan podido preverse al tiempo de la celebración del contrato.” (Subrayado nuestro) (CCIV art. 1274).  Por ejemplo, sería un daño previsible el diferencial por una disminución en el precio de los títulos entre la fecha de vencimiento del reporto (fecha en la cual, de haber recibido el reportado los títulos, podría haberlos vendido en el mercado), y la fecha, posterior al vencimiento del reporto, en que el reportante efectivamente revende los títulos al reportado.  También serían daños previsibles intereses de mora por el tiempo transcurrido desde la fecha en que vence el reporto (fecha en la cual el reportado podría haber vendido los títulos), y la fecha en que el reportante cumple su obligación.

12.- CCIV art. 1277: “A falta de convenio en las obligaciones que tienen por objeto una cantidad de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento consisten siempre en el pago del interés legal, salvo disposiciones especiales. Se deben estos daños desde el día de la mora sin que el acreedor esté obligado a comprobar ninguna pérdida.”


13.- CCIV art. 1276: “Cuando en el contrato se hubiere estipulado que quien deje de ejecutarlo debe pagar una cantidad determinada por razón de daños y perjuicios, no puede el acreedor pedir una mayor, ni el obligado pretender que se le reciba una menor.  Sucede lo mismo cuando la determinación de los daños y perjuicios se hace bajo la fórmula de cláusula penal o por medio de arras.”


14.- El Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de la CNV reconoce este tratamiento en la dinámica contable del reporto. Así por ejemplo, en caso de incumplimiento la casa de bolsa, como reportada, debe reconocer como pasivo la cuenta “25581MM0100C (Obligaciones indexadas a títulos valores de deuda por incumplimiento de pasivos financieros indexados a títulos valores de deuda y  de operaciones de reporto): En esta subcuenta se contabilizan otros pasivos financieros directos, que se incurren como consecuencia del incumplimiento en la fecha de vencimiento de un pasivo financiero indexado a títulos valores (ventas en corto) o de una operación de reporto. Esta cuenta sufre variaciones como consecuencia de:  las variaciones de este pasivo por su indexación a valor de mercado de los títulos valores adeudados, por el reconocimiento de los intereses generados por los títulos valores objeto del contrato de préstamo de títulos valores de deuda, y por los montos de efectivo adeudados al reportador por parte del reportado por incumplimiento de sus obligaciones o el monto adeudado por intereses por pagar sobre obligaciones por contratos de  préstamo de títulos valores.” (Sección 3.0310, pág. 5).

jueves, 21 de abril de 2011

Hablemos con propiedad de los títulos valores, con Econoinvest (3 de 5)

3. El reporto es un contrato real, traslativo de la propiedad

El reporto es un contrato real, ya que se perfecciona con la entrega de los títulos o valores (1). El contrato de reporto es además traslativo de propiedad, ya que la enajenación de los títulos sobre los cuales versa es definitiva y el derecho de propiedad se extiende en forma absoluta.

La entrega de la cosa se materializa de distintas maneras.  Si se trata de acciones de una sociedad, se debe inscribir el traspaso en el libro de accionistas; si se trata de títulos valores a la orden, habrá que entregar el título debidamente endosado y si son al portador, bastará con la entrega del título al prestatario (2). En caso de que el reporto tenga por objeto un crédito nominativo, o no a la orden, la transmisión requiere ser notificada al deudor. (3)

Si los títulos son desmaterializados, la transferencia se verifica de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cajas de Valores. (4)

3.1. Títulos Valores Físicos y Títulos Valores Desmaterializados

La principal diferencia entre los títulos valores físicos y los títulos valores desmaterializados es su forma de representación. Los títulos valores físicos se representan mediante títulos o certificados, cuya entrega se requiere a efectos de su negociación (5), mientras que los títulos valores desmaterializados se representan mediante anotaciones en cuenta.

Las anotaciones en cuenta pueden ser llevadas por el mismo emisor del título, como es el caso de las acciones societarias o certificados de depósito de una institución financiera, o a través de instituciones depositarias, eliminando la necesidad de una relación directa entre el inversionista y el emisor.  En este último caso, el emisor reconoce como propietario formal del título valor al depositario que aparece registrado en sus libros.

Los valores representados por anotaciones en cuenta generalmente se emiten inicialmente físicamente y, una vez emitidos, son depositados por el emisor o por sus titulares. A partir del depósito, los valores quedan desmaterializados y sujetos a un régimen de propiedad registral, donde el título valor se sustituye por anotaciones contables y se transmiten por el acuerdo entre tradens y accipens con la transmisión de posesión mediante el cargo y abono en las cuentas correspondientes. (6)

En Venezuela, los títulos valores bursátiles pueden ser físicos o desmaterializados.  En caso que se opte por la desmaterialización, la misma debe efectuarse únicamente a través de compañías especialmente autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (7). Hasta la fecha, únicamente la Caja Venezolana de Valores (CVV) posee licencia para prestar el servicio de depósito centralizado de valores.

Solamente los valores desmaterializados a través del depósito centralizado de valores tienen la misma protección legal que los títulos valores documentados según establece el Código de Comercio.  Cuando el depósito centralizado acredita posiciones en valores a favor de un cliente o inversionista en una cuenta de custodia, dicho cliente adquiere un derecho bursátil sobre dichas posiciones y, por ende, la condición de tenedor legítimo. Esto implica que el inversionista acreditado en el depósito adquiere no sólo la propiedad sobre los valores, sino también la facultad de ejercer los derechos derivados de los mismos; tal es el caso de los derechos al pago de dividendos o intereses y el derecho al voto.

3.2. Régimen de la Ley de Cajas de Valores

Solamente compañías que tengan por objeto exclusivo la prestación de servicios de depósito, custodia, transferencia, compensación y liquidación, de valores objeto de oferta pública, y que estén debidamente autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores pueden ofrecer el servicio de depósito centralizado de valores, sujeto a los requerimientos patrimoniales y el cumplimiento de normas de conducta establecidas en la normativa. (8)

Aunque los valores depositados están a nombre de la Caja de Valores, el artículo 17 de la Ley de Cajas de Valores establece que la propiedad corresponde a los depositantes (9). Por lo tanto, los valores depositados no están afectados al cumplimiento de las obligaciones de la Caja de Valores sino que existe una clara separación patrimonial.  Esto constituye una excepción a las disposiciones contenidas en los artículos 1863 y 1864 del Código Civil (10). En caso de quiebra o insolvencia de la Caja de Valores, el tribunal debe reconocer esta separación patrimonial.  Este privilegio corresponde únicamente a los valores depositados en las entidades debidamente autorizadas y no puede extenderse, por analogía, a otros intermediarios que pretendan hacer tenencia indirecta (11).

Si la custodia de valores desmaterializados se hace en un banco o intermediario no autorizado por la Comisión Nacional de Valores para actuar como caja de valores, y dicho intermediario mantiene los valores a su nombre, el derecho del depositante será de naturaleza contractual y no real sobre los valores depositados.  En consecuencia, el depósito dará lugar a una acreencia ordinaria frente al intermediario custodio, quien en realidad se configura en “deudor” de los títulos depositados.  Ese derecho del depositante concurre entonces con los demás acreedores quirografarios del intermediario, y los valores supuestamente depositados pasan a formar parte de la prenda común de los acreedores. En caso de quiebra, no podrían los depositantes reivindicar los valores que el intermediario tenga en custodia bajo esta modalidad (12).

Pueden entonces los acreedores hacer valer sus derechos sobre cualesquiera valores registrados a nombre del intermediario, aunque contractualmente dichos valores hayan sido asignados (internamente) por el intermediario a otros inversionistas. A falta de un reconocimiento legal expreso, el acuerdo con el cliente no es oponible frente a los acreedores del intermediario (13).

Toda vez que el servicio de custodia de valores desmaterializados, como servicio público, debe extenderse a cualquier inversionista del mercado de capitales, la Ley Caja de Valores establece, para los inversionistas no profesionales, la posibilidad de tener sub-cuentas a través de un depositante profesional (art. 21). Expresamente se reconoce al sub-cuentista como propietario de los valores acreditados en la sub-cuenta (art. 22).

3.3. Estructura para el servicio de custodia según las NAICB

A efectos de garantizar la separación patrimonial que debe existir entre los valores de los clientes y los de la sociedad de corretaje, las Normas Sobre Actividades de Intermediación Corretaje y Bolsa (NAICB) establecen que la custodia debe efectuarse ante depositarios autorizados mediante una estructura de subcuentas a nombre de los clientes dentro de la cuenta de la sociedad de corretaje (14). La estructura contractual que permite y garantiza la separación patrimonial, manteniendo la operatividad en la liquidación de transacciones con títulos valores está constituida por los siguientes contratos:

(i) Un contrato de mandato que el cliente otorga a la sociedad de corretaje, para que la sociedad de corretaje, como depositante profesional, abone y debite títulos valores por cuenta y en nombre del cliente en la Caja de Valores o ante otro custodio autorizado (15).

(ii) Un contrato de depósito entre la sociedad de corretaje y la Caja de Valores o un custodio autorizado, mediante el cual la sociedad de corretaje como depositante profesional deposita títulos valores propios y del cliente (16). En este contrato de depósito se distinguen los títulos valores depositados en nombre y por cuenta del cliente (subcuentas), y los depositados por cuenta propia de la sociedad de corretaje (cartera propia) (17).

Para el caso de custodios extranjeros, las NAIB exigen que éstos ofrezcan una estructura de cuentas y subcuentas y que deban enviar estados de cuenta a los subcuentistas, de forma similar a como lo previsto en la Ley de Cajas de Valores (art. 113).  Es necesario además que el custodio esté autorizado en su propia jurisdicción para hacer tenencia indirecta de valores con clientes de esa jurisdicción y que la misma se ajuste a los criterios de la Comisión Nacional de Valores.

Adicionalmente, para actuar como depositantes profesionales por cuenta de los clientes, las sociedades de corretaje deben encontrarse dentro de los supuestos previstos en los Artículos 94 y 95 de las NAICB (Actividades Globales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia y Actividades Universales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia) (18).

NOTAS:

1.- De acuerdo a la definición legal del contrato el reporto debía celebrarse por escrito “y se perfecciona con la entrega de los valores…”.


2.- CCOM art. 150: “La cesión o transmisión mercantiles de derechos y de documentos que no estén constituidos a la orden del beneficiario, se hará en la forma y con los efectos establecidos en el Código Civil; las de documentos a la orden se harán por endoso en la forma v con los efectos establecidos en este Código; las de los documentos al portador, con la entrega de éstos.”


3.- CCIV art. 1549 y ss.


4.- Gaceta Oficial No. 36.020 del 13.09.96.


5.- El régimen tradicional de los títulos valores supone (i) una incorporación del derecho al documento físico, por lo que se requiere la presentación del documento a efectos de ejercer el derecho; (ii) que el documento proporciona la debida legitimación a su tenedor o los cesionarios; (iii) que el documento es literal, lo que está escrito en el documento se reputa cierto sin posibilidad de prueba en contrario; (iv) que el documento es abstracto, i.e. que tiene en sí su propia causa, no requiriendo pruebas complementarias respecto de los motivos que originaron el instrumento; (v) que el derecho que adquiere cada tenedor es autónomo, independiente de los derechos y obligaciones de los otros obligados; y (vi) que el derecho representado es negociable con la entrega y endoso del documento.


6.- El depositario tiene a su cargo la obligación de acreditar (o restituir) a los depositantes títulos de la misma calidad y especie que los depositados.  Por el solo hecho de que el depositario o custodio puede liberarse entregando títulos de iguales características a lo recibidos, el depósito no puede ser calificado como irregular. Se entiende por depósito irregular se caracteriza por el dato esencial de constituirse sobre cosas fungibles, con el pacto expreso de que la propiedad de lo recibido pase al depositario, comprometiéndose éste a devolver al depositante otro tanto de la misma especie y calidad.  En virtud de este depósito, la obligación de restitución del depositario no tiene por objeto la misma cosa recibida sino otra de la misma especie o calidad, convirtiendo, por tanto, su prestación de específica o determinada en deuda genérica. M. Broseta Pont, Hacia una Simplificación del Depósito, Administración y Negociación de los Valores al Portador, en Estudios de Derecho Bursátil, pp. 41-167, Madrid (1971); J. Garrigues, El Depósito Irregular y su Aplicación en Derecho Mercantil, en Rev. Cr. Der. Inm. Nos. 86-94, Madrid (1932). 
Si no se desprende de la intención de las partes que se quiso transferir el dominio, el depositario estará obligado a mantener inmovilizados igual cantidad de títulos que los recibidos para su custodia.  Para que el depositario pueda utilizar o disponer en provecho propio de las cosas depositadas, requiere del permiso del depositante.  No obstante, la regla general es que frente al emisor y frente terceros, a falta de disposición legal expresa, la propiedad de los valores a nombre del depositario pertenecen a éste y no al depositante.


7.- Ley de Cajas de Valores Art. 2: “La Comisión Nacional de Valores autorizará la creación, funcionamiento y el control de las Cajas de Valores, vigilará y supervisará sus actividades. A estos efectos, dicho Organismo queda facultado para dictar las normas especiales que regirán lo concerniente a la autorización e inscripción de estas sociedades en el Registro Nacional de Valores, así como su organización y funcionamiento, todo ello con sujeción a lo previsto en esta Ley.”


8.- Así por ejemplo, la ley establece un capital social pagado mínimo de Bs. 600.000.000,00, la obligación de constituir caución real suficiente a juicio de la Comisión Nacional de Valores, disponer de la capacidad técnica necesaria para prestar los servicios antes referidos (art. 6).  La ley también establece una prohibición a las cajas de valores para asumir endeudamientos mayores al 80% de su capital social pagado y reservas, para otorgar créditos, fianzas, avales o garantías personales, y para constituir garantías reales sobre sus bienes propios, entre otros (art. 28).  


9.- Ley de Cajas de Valores art. 17: “El contrato de depósito de valores a que se refiere esta Ley deberá constar por escrito y se perfecciona de la siguiente manera: (1) En los casos de títulos al portador, con la entrega material de éstos a la caja de valores, por los respectivos depositantes; (2) En los casos de títulos a la orden, mediante el endoso en administración en favor de la caja de valores efectuado en los respectivos títulos; (3) En los casos de títulos nominativos, mediante cesión en favor de la caja de valores, efectuada en los respectivos títulos y en los correspondientes libros de la entidad emisora; (4) En los casos de títulos valores desmaterializados, mediante la transferencia de los mismos efectuada en las respectivas cuentas, o mediante otros procedimientos determinados por la Comisión Nacional de Valores en las normas que dicte al efecto. Parágrafo Primero: Los depósitos a que se refieren los numerales (1) y (2) de este artículo no implican la transferencia de la propiedad de los títulos depositados en la caja de valores. El endoso en administración a que se refiere el numeral (2) tendrá como única finalidad justificar la tenencia de los títulos por parte de la caja de valores y la prestación de los servicios establecidos en esta Ley.  Parágrafo Segundo: En los casos previstos en los numerales (3) y (4) de este artículo, entre las partes y frente a terceros el propietario de los títulos depositados será siempre el titular de las cuentas y sub-cuentas previstas en esta Ley, pero la Caja de Valores podrá hacer actos de administración y disposición de los mismos, a tenor del contrato celebrado entre la Caja de Valores respectiva y el titular depositante. El depositante podrá serlo una institución financiera distinta del titular y, en este caso, la Caja de Valores abrirá una sub-cuenta conforme al artículo 21 de esta Ley.” (subrayado nuestro).


10.- CCIV art. 1863: “El obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber.”
CCIV  art. 1864: “Los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, quienes tienen en ellos un derecho igual, si no hay causas legítimas de preferencia. Las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas.”


11.- Salvo que se trate de intermediarios extranjeros autorizados para realizar tenencia indirecta, en cuyo caso aplica la ley de la jurisdicción del intermediario (ver infra).  


12.- El art. 991 del CCOM señala que pueden ser reivindicados en caso de quiebra: “(1) Las letras de cambio, pagarés y otros documentos de crédito aún no pagados, que existieren a favor del fallido o de un tercero que los tenga en nombre de aquél, siempre que el propietario los haya entregado o remitido al fallido con el simple mandato de cobrarlos y tener el valor a su disposición, o de aplicarlos a pagos u objetos determinados. (2) Las mercancías consignadas para ser vendidas por cuenta del propietario, o que hayan sido depositadas en el fallido, mientras existan en su misma especie, en todo o en parte, y puedan ser identificadas… (3) Las mercancías expedidas al fallido, mientras no hayan sido entregadas en sus almacenes o depósitos, o en los del comisionista encargado de venderlas por cuenta del fallido o en depósitos públicos o privados a disposición de éste…”.
Esta disposición trata de evitar que pasen a formar parte de la quiebra bienes que no pertenezcan al fallido, sino que estaban bajo su posesión. La norma es de carácter excepcional que no puede ser aplicada a situaciones análogas.  En todos los casos, se trata de cosas que son determinadas e individualizadas, pues de una cosa genérica no se puede de ninguna manera transferir la posesión conservando la propiedad, se podrá tener solamente un derecho a la restitución del tantundem, a satisfacerse en moneda de quiebra. (cita de S. SATTA, Instituciones del Derecho de Quiebra, p. 328, Buenos Aires s/f).  En contraste, la Ley de Concursos Mercantiles mejicana (ver supra), permite la reivindicación de cualesquiera bienes que el fallido tenga en su poder y cuya propiedad no se le hubiere transferido por título legal definitivo e irrevocable.
En el caso de documentos de crédito, la reivindicación será posible cuando el endoso al fallido exprese que es “para su cobro”, “para su reembolso”, “por mandato” o algún equivalente. (O. PIERE TAPIA, La Quiebra Según el Código de Comercio Venezolano, p. 324, Caracas s/f). 


13.- Como el derecho sobre títulos desmaterializados tiene naturaleza obligacional, la asignación requiere una notificación al representante del deudor, que es la Caja de Valores.  Según el art. 1549 del CCIV : “La venta o cesión de un crédito, de un derecho o de una acción son perfectas, y el derecho cedido se transmite al cesionario, desde que haya convenio sobre el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho tradición..”.  La forma de transmisión de valores inscritos en la Caja de Valores se hace de acuerdo al procedimiento que establece la Ley de Cajas de Valores y su Reglamento.
La segregación entre los valores propios del intermediario y los de los clientes a nivel del intermediario no es oponible a terceros, ni siquiera en caso de quiebra o insolvencia.  Tampoco es oponible la distinción que el intermediario haga entre los valores de sus clientes dentro de la cuenta de terceros.


14.- Las operaciones que se examinan fueron celebradas durante la vigencia de las Normas Sobre Actividades de Intermediación Corretaje y Bolsa publicadas en G.O. N° 38.956 de fecha 19 de Junio de 2008.  


15.- NAICB art. 36: “Mandato de Apertura y Movilización de Cuentas de Valores.  La Sociedad podrá suscribir con los clientes un contrato de mandato mediante el cual queda facultada para abrir y movilizar subcuentas de valores ante la Caja de Valores y depositarios extranjeros a fin de mantener la operatividad en la liquidación de transacciones con valores.”
NAICB art. 113: “Depositarios Autorizados. Se consideran Depositarios Autorizados los Bancos, las Entidades de Ahorro y Préstamo, las Cajas de Valores y otros agentes de custodia del Exterior que ofrezcan una estructura de Cuentas y subcuentas y que deban enviar estados de cuenta a los subcuentistas conforme a lo previsto en la Ley de Cajas de Valores.”  


16.- NAICB art. 33: “Custodia de Valores. La custodia de los valores objeto de las operaciones de corretaje deberá efectuarse ante depositarios autorizados mediante una estructura de subcuentas a nombre de los clientes dentro de la cuenta de la Sociedad de Corretaje, cuando se trate de Cajas de Valores o custodios extranjeros, o mediante depósito en cuentas de custodia directa a favor del cliente cuando se trate de otros custodios autorizados.” 
NAICB art. 34: “Sociedad de Corretaje como Depositante Profesional de Valores. A los efectos del Artículo anterior, la Sociedad de Corretaje se reputa depositante profesional de valores por cuenta de los clientes ante agentes autorizados de custodia o ante la Caja de Valores, según el caso.”  


17.- NAICB art. 111: “Depósito y Custodia de Valores en Nombre y por Cuenta de los Clientes. A los efectos de preservar la documentación de la separación patrimonial entre valores de la Sociedad de Corretaje y del cliente, la movilización de la cuenta de custodia se hará mediante un contrato de mandato y depósito entre la Sociedad de Corretaje y el cliente, y un contrato de depósito entre dicha Sociedad y el Depositario Autorizado, debiendo documentarse e informarse debidamente a los clientes sobre cada operación de depósito y retiro de valores, de conformidad con lo previsto en el Capítulo III del Título I de las presentes Normas.”


18.- NAICB art. 97: “Requerimientos para el Desarrollo de Actividades de Depósito Profesional de Valores. Para actuar como depositantes profesionales por cuenta de los clientes mandantes en el supuesto previsto en el Artículo 34 ante depositarios autorizados, las Sociedades de Corretaje deben encontrarse dentro de los supuestos previstos en los Artículos 94 y 95 de las presentes Normas.”

lunes, 18 de abril de 2011

Hablemos con propiedad de los títulos valores, con Econoinvest (2 de 5)

1. Definición Legal y Naturaleza Jurídica del Reporto

El reporto es un contrato por medio del cual el reportado, por una suma de dinero convenida, transfiere la propiedad de valores de oferta pública al reportador o reportante, quien se obliga a transferir al reportado en un lapso igualmente convenido, la propiedad de otros valores de la misma especie o bien los mismos, contra devolución del precio pagado, más un premio. (1)

El contrato de reporto para la casa de bolsa podía adoptar dos modalidades: (i) la casa de bolsa transfiere títulos valores (portafolio reportado) y recibe dinero con el compromiso de readquirir los títulos valores originalmente transferidos por la misma cantidad de dinero originalmente recibida, pagando un premio o interés por la operación, para financiar las actividades de la casa de bolsa (reporto pasivo) (2); o (ii) la casa de bolsa adquiere títulos valores o portafolio reportado, y entrega dinero con el compromiso de transferir los títulos valores originalmente adquiridos por la misma cantidad de dinero originalmente entregada por la casa de bolsa, recibiendo o cobrando un premio o interés por la operación, para financiar a una contraparte (reporto activo).

El contrato de reporto se ejecuta en dos momentos, en fecha de valor o fecha de inicio, en la cual el reportado transfiere los títulos al reportador, y en fecha de vencimiento, el la cual el reportador restituye los títulos al reportado.

El efecto del reporto es que al vencimiento de la operación, cada una de las partes recupera lo que ha dado (el precio o los títulos) y se restablece la situación anterior, pero mientras se cumple la obligación, las partes pueden servirse de los títulos y del precio, ya que se convierten respectivamente en propietarias de ellas ad tempus, si en la fase final de la operación, restituye los títulos ya recibidos. (3)

En virtud de la prohibición de la cláusula de rescate obligatorio que está vigente en la mayoría de los países que siguen el sistema de derecho continental (4), el reporto requiere de una autorización legal específica. En Venezuela, esta autorización estaba únicamente para los bancos y sociedades de corretaje en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Ley de Mercado de Capitales, respectivamente. Se requería entonces que al menos una de las partes del contrato fuera o un banco o una sociedad de corretaje.

La prohibición de la cláusula de rescate obligatorio tiene como objetivo evitar la burla de disposiciones contra la usura y el pacto comisorio (5). En efecto, se podría estipular un precio de rescate muy superior al precio de venta, así como podría el comprador inicial, ante la falta del pago del precio de rescate del vendedor, apropiarse de la cosa vendida sin recurrir a ejecución judicial.

2. Diferencias entre el reporto y otros contratos

El retracto convencional es un pacto por el cual el vendedor se reserva recuperar la cosa vendida, mediante la restitución del precio y el reembolso de los gastos.  En el retracto, el vendedor tiene una posibilidad de readquirir la cosa vendida, pero no está establecida como una obligación (6). En el reporto, la readquisición es consustancial al contrato.  En cuanto al objeto del contrato, en el retracto la recompra es del mismo objeto que fue vendido, en el reporto, pueden o no ser los mismos títulos, en razón de la fungibilidad del objeto.

El contrato de reporto también ha sido asimilado al contrato de compraventa, en lo que a la transmisión de la propiedad se refiere.  Sin embargo, la venta cumple con una función de transmisión definitiva de la propiedad mediante la tradición, no así el reporto, dado que el reportador está obligado a retransferirlos al reportado.  Por otra parte, la venta es por su naturaleza un contrato consensual, mientras que el reporto es esencialmente real, porque exige para su perfeccionamiento la tradición de los títulos.  La venta además es un contrato conmutativo, pactado sobre la equivalencia entre la cosa y el precio, mientras que en el reporto, el precio de los títulos, en ambas operaciones, no se determina necesariamente por la estimación que de ellos hacen los contratantes, sino por la cuantía de la suma que el reportado necesita. (7)

El reporto no constituye tampoco un préstamo de dinero garantizado con títulos, pues en el reporto no hay propiamente una garantía.  Los efectos del incumplimiento de un préstamo garantizado con prenda son distintos a los efectos del incumplimiento en el reporto (ver infra).  Por último, el reporto se diferencia del mutuo de valores, porque en el mutuo no hay precio estipulado.  En el mutuo el prestamista recibe del prestatario una promesa de reembolso del título y el pago de un premio, que se establece como cantidad fija o como interés según los valores prestados.  En el reporto, el reportador recibe un título y el reportado recibe el valor del título en efectivo.

Otro mecanismo para estructurar un financiamiento en títulos valores es a través de una venta y recompra de títulos valores (sell-buyback). Este mecanismo consiste en una venta al contado y una compra a plazo de la misma especie y cantidad de títulos valores, que se pactan como operaciones independientes y a precios de mercado.  Estas operaciones se confunden muchas veces con operaciones de reporto ordinario, pues por lo general se pactan simultáneamente entre los mismos contratantes.  Se trata sin embargo de dos operaciones de compraventa independientes, no condicionadas entre sí.  El sell-buyback se diferencia del reporto, entre otros, por los siguientes aspectos:

(i) La transferencia que se hace en el reporto no es asimilable a una compraventa, pues difiere en su elemento esencial: la causa.  La compraventa es un acto de cambio (precio por cosa), mientras que el reporto es un financiamiento en títulos o en dinero - de allí que en el reporto la cantidad de dinero que paga el reportador al inicio del contrato normalmente no coincide con el precio corriente del mercado.  En cambio, las operaciones de venta y recompra, el precio que pagan los contratantes (comprador y vendedor) equivale al precio corriente del mercado: en la venta al contado es el valor de mercado de los títulos o precio del mercado spot, y en la recompra a plazo, el precio futuro o precio forward del título, determinado en base a las tasas de interés prevalecientes en el mercado monetario.

(ii) Por lo general, el valor de los títulos en el reporto es superior a la cantidad de dinero que entrega el reportador, pues los títulos sirven de garantía al financiamiento – normalmente la operación tiene como finalidad un financiamiento en dinero (cash-driven).  Si el propósito del reporto es un financiamiento en títulos valores (securities-driven), entonces el valor de los títulos debería ser inferior a la cantidad de dinero que entrega el reportador.  Por lo general, la diferencia de valor es en beneficio a la parte dominante en la transacción, normalmente el banco o sociedad de corretaje.  Igualmente, en el mutuo de títulos valores con garantía prendaria, el depósito de dinero que se entrega en garantía generalmente tiene un valor superior al valor de mercado de los títulos prestados. El reporto por tanto es lo suficientemente flexible como para permitir al reportante recibir valores con un valor inferior a la cantidad entregada al reportado.

(iii) En la venta y recompra de títulos valores, a diferencia del reporto, cada compraventa es independiente de la otra, de manera que los vicios de una operación no afectan a la otra.  En cuanto a los frutos y accesorios de los títulos valores devengados a partir de la fecha valor y hasta el vencimiento, en el reporto corresponden al propietario (reportador), pero con la obligación de restituirlos al reportado, mientras que en la compraventa a plazo, el vendedor a plazo no debe restituir (o acreditar) a favor del comprador a plazo los frutos y accesorios devengados desde la fecha del pacto hasta la fecha de ejecución (vencimiento) de la venta a plazo.

(iv) Desde el punto de vista fiscal, en las compraventas se producen ganancias o pérdidas de capital por las diferencias entre el costo fiscal para el vendedor y el precio de venta (las cuales serán gravables o deducibles según se trate de títulos exentos o gravables), mientras que en el reporto la transferencia de los valores no constituye un acto de enajenación que de lugar a ganancias o pérdidas realizadas. Si los títulos que son objeto de la compraventa contemplan una exención a las ganancias de capital, la utilidad resultante no es gravable ni la pérdida deducible. (9)

Por otra parte, la exención del impuesto a las transacciones financieras o impuesto al débito, ahora derogado, que aplicaba a las compraventas de valores de deuda pública, no era extensible a las transferencias y débitos por operaciones de reporto.

(v) Desde un punto de vista contable, el ingreso para reportador en el reporto activo está constituido por el premio que paga el reportado, el cual constituye un ingreso por concepto de intereses para el reportante (gasto para el reportado), el cual se devenga diariamente durante el plazo del contrato.  En el sell-buyback, el ingreso para el reportante es por concepto de una ganancia de capital en el título valor, y la contingencia por la compra a plazo o forward (de compra o venta a plazo) requiere ajuste diario a valor de mercado que se registra en el estado de resultados.

(vi) También son distintos los efectos que se producen en caso de quiebra o atraso de uno de los contratantes.  En la compraventa, el vendedor puede hacer valer el derecho de retención sobre las cosas vendidas si el comprador no cumple, se hace insolvente o cae en estado de quiebra (10). No obstante, el síndico puede, en interés del comprador, exigir la entrega de las cosas vendidas contra el pago del precio (11). Ante el incumplimiento del comprador, el vendedor también puede invocar la resolución del contrato de pleno derecho (12). En el reporto no procede el derecho de retención, pues el reporto no es asimilable a una compraventa.  Como en todo contrato bilateral, el reportador puede oponer la excepción de incumplimiento para negarse a la entrega de los valores al reportado que incumple. (13)

(vii) Desde un punto de vista contable, el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de la CNV no reconoce una transferencia de propiedad del reportado al reportante sino una reclasificación de los valores objeto de reporto a portafolio restringido. (14)

(viii) En el reporto, las instituciones financieras regidas por la LGB así como las sociedades de corretaje como reportante debían considerar la exposición a riesgo del cliente (reportado), i.e. legal lending limit.  En la compraventa de títulos valores no aplica este límite.

(ix) Si en la venta y compra a plazo los títulos están denominados en moneda extranjera y el precio se paga en Bolívares, se verifica una operación cambiaria prohibida.  En el reporto en cambio, no existe este riesgo, pues la causa en el reporto es un financiamiento con garantía de los títulos.

(x) El Banco Central de Venezuela establece límites de tasas activas y pasivas bancarias, las cuales son aplicables a las operaciones de reporto.  El sell-buyback no está sujeto a los límites de tasas, puesto a que el rendimiento – gasto en la operación está representado por diferenciales de precio. Los precios deben ser precios de mercado.  El precio para la venta a plazo es independiente a la volatilidad de los títulos valores y se determina con base a las siguientes variables: (i) el precio de mercado de los títulos en la fecha valor del contrato; (ii) la tasa de interés activa del mercado vigente en la fecha valor; y (iii) el plazo pactado para la recompra.

(xi) En el sell-buyback, si los títulos que son objeto de la recompra forward se extinguen (por redención anticipada de la emisión o por cualquier otra causa), desaparece el contrato por falta de objeto. En el reporto en cambio, si desparece el título, la obligación del reportador en la fecha de vencimiento es devolver la cantidad que recibió del emisor, la cual se compensa contra el monto inicial más el premio que debe pagar el reportado al vencimiento.  Esto, porque en el reporto el monto de rescate usualmente no coincide con el valor de mercado de los títulos ni se fija como precio forward en la fecha valor.


NOTAS:


1.- Esta era la definición contenida en la derogada Ley de Mercado de Capitales (1998) art. 79 ord. 4. La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, también derogada, contenía una definición similar (art. 46), sólo que el objeto del reporto era más amplio, en el sentido que podían ser reportados cualquier clase de valores, no exclusivamente valores que sean objeto de oferta pública.

2.- Los mecanismos de financiamiento para los intermediarios en el mercado de valores se limitan a la oferta pública autorizada de obligaciones y acciones y a otros instrumentos de financiamiento estructurados con títulos valores (i.e. compraventas, reportos y mutuos de títulos valores) los cuales no afectan la oferta monetaria.

3.- J. RUIZ CABRERO, Los Contratos Bursátiles, p. 140.

4.- En Venezuela, el art. 1534 del CCIV establece: “El retracto convencional es un pacto por el cual el vendedor se reserva recuperar la cosa vendida, mediante la restitución del precio y el reembolso de los gastos que se expresan en el artículo 1544. Es nula la obligación de rescatar que se imponga al vendedor.” (subrayado nuestro).
Esta disposición aparece por primera vez en el Código Civil promulgado en 1904. Anteriormente, en lugar de la nulidad, el legislador reputaba la cláusula como préstamo a interés con garantía sobre la cosa vendida. Así, el artículo 1470 del Código Civil de 1896 establecía: “El retracto convencional es un pacto por el que el vendedor se reserva recuperar la cosa vendida, mediante la restitución del precio y el reembolso de los gastos que se expresan en el artículo 1490.  Si se impusiere al vendedor la obligación de rescatar, se considerará entonces el contrato como préstamo a interés con garantía del dominio de la cosa que se dice vendida.” (subrayado nuestro).

5.- CCIV. art. 1844: “El acreedor no podrá apropiarse la cosa recibida en prenda ni disponer de ella, aunque así se hubiere estipulado; pero cuando haya llegado el tiempo en que deba pagársele tendrá derecho a hacerla vender judicialmente...”.  En el mismo sentido, el art. 542 del CCOM dispone: “Es nula toda cláusula que autorice al acreedor para apropiarse la prenda, o para disponer de ella en otra forma [que mediante la venta judicial]”.
La prohibición de pacto comisorio, es decir el pacto que permite al acreedor apropiarse de la garantía ante el incumplimiento del deudor, “tiene por objeto proteger al deudor que, apremiado por la necesidad en el momento de la celebración del contrato, queda expuesto a ser víctima de cualquier maquinación por parte del acreedor para obligarle a desprenderse de la cosa dada en prenda, cuyo valor, generalmente, es superior a la obligación que garantiza”.  Sent. de la CSJ, citada por L. BORJAS, La Apertura de Crédito, Caracas (1984), p. 81.
La prohibición tiene su origen en el repudio a la usura.  Con el pacto comisorio se posibilitaría al acreedor adquirir la propiedad de lo que ha recibido en garantía, con el peligro que ello implique para el deudor la pérdida de un bien de alto valor por una cantidad adeudada muy inferior. Ver B. RODRÍGUEZ ROSADO, Fiducia y Pacto de Retro en Garantía, Madrid (1998), p. 24 ss.

6.- Es nula la obligación de rescatar que se imponga al vendedor (CCIV art. 1534).

7.- J. GARRIGUES, Curso de Derecho Mercantil, cit., Tomo IV, p. 381. 

8.- No obstante, la definición legal del contrato, tanto en la Ley de Mercado de Capitales como en la Ley General de Bancos (ambas derogadas) era en términos del dinero (cash driven), pues era el reportado quien remunera al reportador con el pago de una prima y no a la inversa. Como se trataba de un contrato nominado, excepción a dos prohibiciones legales (pacto comisorio y rescate obligatorio), no podía legalmente pactarse la remuneración del reportador al reportado.

9.- No obstante, aún en caso de títulos exentos, si el precio pactado en una compraventa no coincide con el precio de mercado, la diferencia puede estar sujeta a impuesto a las donaciones. De acuerdo al art. 73 de la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos: “En los casos de venta, cesión, permuta o traspaso de bienes o constitución de derechos a título oneroso, cuando por indicios fundados, concordantes y precisos pudiera presumirse que se trata de una liberalidad, podrán los funcionarios fiscales estimar de oficio, tal circunstancia y disponer la liquidación y el cobro de impuestos adecuados por los intervinientes.  Se consideran indicios válidos para establecerla presunción a que se refiere este artículo, que los precios o compensaciones otorgados no sean equivalentes al valor real de los bienes o derechos enajenados; que hubieran sido pagados por un tercero que no tenga interés cierto en hacerlo; que no hubieren sido pagados o que habiendo sido pagados se los hubiere devuelto en cualquier forma que denote su simulación...”.
De considerarse la operación como una donación, el ingreso para el donatario está exento del impuesto sobre la renta. De acuerdo al art. 14 ord. 7 de la LISR: “Están exentos de impuesto: 7. Los donatarios, herederos y legatarios, por las donaciones, herencias y legados que perciban.”

10.- CCOM art. 148: “Mientras los efectos o mercancías vendidas están en poder del vendedor, éste tiene derecho a retenerlos hasta el entero pago del precio y de los intereses correspondientes.”
CCIV. Art. 1493: “El vendedor que no ha acordado plazo para el pago no está obligado a entregar la cosa si el comprador no paga el precio. Tampoco está obligado a hacer la entrega, aun cuando haya acordado plazo para el pago del precio, si después de la venta el comprador se hace insolvente o cae en estado de quiebra, de suerte que el vendedor se encuentre en peligro inminente de perder el precio, a menos que se dé caución de pagar en el plazo convenido.”

11.- CCOM art. 992: “En caso de que el vendedor retenga por falta de pago mercancías vendidas al fallido, de conformidad con el artículo 148, y en el caso tercero del artículo anterior, los síndicos pueden, con autorización del juez, exigir la entrega de las mercancías, pagando lo que por ellas debiere el fallido.”
En la práctica, el síndico ejecutará las compras que estén a ganancia para el fallido y desechará las que estén a pérdida. A esta práctica se le denomina cherry picking.

12.- CCOM art. 1531: “Cuando se trata de cosas muebles, la resolución de la venta se verifica de pleno derecho en interés del vendedor si el comprador no se ha presentado a recibir antes que haya expirado el término para la entrega de la cosa vendida, o si, aunque se haya presentado a recibirla, no ha ofrecido el precio, a menos que se le haya otorgado plazo más largo para esto.”

13.- CCOM art. 1168: “En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones.”

14.- En este sentido, el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas establece, en el Capítulo I (Lineamientos Generales), lo siguiente: “1.  Énfasis en el aspecto económico: La contabilidad financiera enfatiza el aspecto económico de las transacciones, aún cuando la forma legal pueda diferir y sugerir tratamiento diferente. En consecuencia, las transacciones y eventos deben ser registrados y revelados en concordancia con su realidad y sentido financiero y no meramente con su forma legal.” (Pág. 5).

sábado, 16 de abril de 2011

Comunicado de los directores de Econoinvest: Detenidos y a juicio sin haber cometido delito

El mercado de valores dio un formidable impulso al pequeño ahorrista. Permitió que los pequeños inversionistas tuvieran acceso a rendimientos muy superiores a los ofrecidos tradicionalmente, al permitir que ellos mismos adquirieran instrumentos como los títulos emitidos por el Estado. De esta forma, la deuda pública se democratizaba. Econoinvest Casa de Bolsa fue motor de este sistema y, nosotros sus directivos, llevamos casi once meses en prisión, acusados de comercialización ilícita de divisas a través de operaciones hechas con títulos valores llamados TICC (Títulos de Interés y Capital Cubierto).

En la madrugada del martes 12 de abril de 2011, el juez de control Robinson Vásquez dictó una cátedra de horror para la historia judicial del país al desestimar todos los alegatos de nuestra defensa y los de otros 10 directivos de 5 casas de bolsa al pasarnos a juicio por delitos inexistentes. Cambió el segundo cargo imputado, de asociación para delinquir a agavillamiento y nos negó el derecho a ser juzgados en libertad.

Si analizamos la situación, todas las operaciones destinadas a adquirir divisas con títulos valores estaban permitidas por la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente a la fecha de la intervención, por expresa disposición de su propio artículo 9, el mismo que utilizó el juez para pasarnos a juicio, haciendo caso omiso de esta excepción. Así mismo, la definición de divisa en la ley no incluía a los títulos valores; más bien los autorizaba expresamente como instrumentos para las operaciones cambiarias, lo que hacía legal y lícito su uso y comercialización. Tan es así que todo el sector bancario venezolano hizo uso justificado de tal recurso sin que exista cuestionamiento al respecto.

Además de lo indicado anteriormente, los propios organismos públicos competentes en materia económica y cambiaria manifestaron su conformidad con estas operaciones. Así, de manera fehaciente, el propio Banco Central de Venezuela le comunica a la Asociación Bancaria su opinión favorable a la legitimidad de ese mecanismo, mediante dictamen emitido en 2007. Esta opinión fue el acto que originariamente dio pie a la banca para iniciar el uso del mecanismo de los TICC y, posteriormente, el sector de mercado de capitales siguió sus pasos. Junto a esta opinión del BCV, además, encontramos el documento de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Oficina de Crédito Público, donde se confirma la legalidad de las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC). Todas estas evidencias fueron presentadas al Juez Robinson Vázquez, quien las desestimó en forma aberrante.

El otro tema mencionado en el proceso judicial es la supuesta falta de respaldo de las operaciones realizadas. Y Econoinvest probó inequívocamente que todas sus operaciones se realizaron con el respaldo de títulos valores reales y existentes, los cuales traspasaba a sus clientes a través del sistema creado a tal efecto por el BCV: el SICET. Absolutamente todas las transacciones quedaron registradas en este sistema, lo cual se puede verificar en la misma página web del BCV. Econoinvest no efectuó una sola operación sin el título correspondiente.

Durante 5 años, más de dos millones de personas en Venezuela hicieron uso de este mecanismo alternativo creado por el Gobierno Nacional para dinamizar la economía nacional, importar productos, materias primas y maquinarias. Los volúmenes que se llegaron a manejar en la economía venezolana también se ven reflejados en la propia página web del BCV. Empresas, bancos, industriales y el venezolano común aprovecharon este mecanismo para satisfacer sus necesidades, tanto para la inversión-ahorro como para sus necesidades básicas.

Nosotros, directores de Econoinvest Casa de Bolsa, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío Zamora y Ernesto Rangel, nos quedamos a enfrentar la investigación en oposición a lo que nos recomendaban los especialistas. No fuimos capturados en flagrancia ni medió una orden judicial para nuestra detención, todo lo cual nos violó derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

Queremos agradecer a nuestras familias, amigos y a la opinión pública el apoyo que nos han prestado en estos once meses de ilegal reclusión. Queremos ratificarle que nuestra moral sigue incólume, que nuestras fuerzas se alimentan con su solidaridad y que seguiremos luchando a brazo partido hasta probar nuestra inocencia, “sin olvidar que no hay camino a la verdad, sino que la verdad es el camino” (Gandhi).

viernes, 15 de abril de 2011

Liquidadores de casas de bolsa retienen millones de Cancillería

Los 4.410 trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, asociados a la caja de ahorro de este organismo público, tienen más de un año con dinero retenido en varias de las casas de bolsa que hoy se encuentran en liquidación por la Superintendencia Nacional de Valores.
Según fuentes vinculadas al caso, los recursos congelados son cercanos a los 40 millones de bolívares fuertes más 390.000 dólares. Se trata de inversiones que la sociedad decidió realizar con autorización de los asociados e incluso de la Superintendencia de Cajas de Ahorro.
Son varias las casas de bolsa en las que esta caja de ahorro, al igual que muchas otras del país, tenían portafolio. Con la idea de diversificar los recursos, invertían a través de varias empresas bursátiles, por lo menos unas 12. Sin embargo, el dinero congelado se mantiene retenido por las juntas liquidadoras de las casas de bolsa La Primera, Interacciones, y Econoinvest. Y una mínima cantidad en el banco comercial Banvalor, en proceso de intervención.
La caja de ahorro del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 65 años funcionando, con una estructura organizativa bien gerenciada, en donde el mismo canciller de la República, Nicolás Maduro, es socio, al igual que todos los ministros que han pasado por el cargo.
Según fuentes cercanas al caso, los esfuerzos de esta caja de ahorro para recuperar el dinero retenido no han parado. Desde notificaciones a varias de las autoridades financieras del país, hasta comunicados directos al superintendente nacional de valores, Tomás Sánchez.
De hecho, este funcionario les envió una carta al culminar el primer semestre del año pasado, en la que les indicó que estaba al tanto de la situación y que se realizarían los trámites pertinentes. Sin embargo, hasta ahora, el pago no se ha hecho. Ninguna de las juntas liquidadoras de las tres casas de bolsa en donde esta caja de ahorro tenía inversiones ha cancelado.
Para esa misma época (junio de 2010), desde la junta liquidadora de Econoinvest -en ese momento interventora-, se les prometió que el pago saldría en un mes como máximo. Desde ese momento han pasado nueve meses, y el pago no se ha hecho. Hasta ahí llegó el contacto de esa caja de ahorro con los liquidadores e interventores.
Esta caja de ahorro tenía inversiones que implicaban captaciones en efectivo, como los mutuos en el caso de La Primera. Cuando intervinieron a esta empresa bursátil, en enero de 2010, aún no estaban prohibidos estos instrumentos financieros.
En el caso de las otras dos -Interacciones y Econoinvest- se trataba de reportos. Es decir, otras transacciones en las que se invierte efectivo para obtener mejor rentabilidad, a cambio de unos títulos valores en garantía.
De hecho, en el caso específico de Econoinvest, existía una cuenta restringida en la Caja Venezolana de Valores (CVV) con los bonos que respaldaban esas operaciones; de los cuales cada inversionista, incluso cada caja de ahorro, tiene certificado.
La situación de la caja de ahorro de la cancillería se repite en otros organismos públicos, como el ministerio de Educación, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); y hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Banco Central de Venezuela (BCV), cuyas cajas de ahorro tienen inversiones retenidas en distintas casas de bolsa intervenidas o en liquidación.
Es que las cajas de ahorro venezolanas ya tenían una cultura de inversión en el mercado da valores, que comenzó con el incentivo que desde la misma Superintendencia de Cajas de Ahorro se impulsó en la última década.
Incluso, luego de la eliminación de los mutuos, muchas de estas asociaciones recurrieron a los reportos, debido a la alta liquidez que les provocó el desmonte de los mutuos en el primer trimestre del año pasado. Y, además, muchas recurrieron a la figura, luego de que algunos bancos locales no pudieran recibir las altas cantidades de dinero que ingresaron en ese momento a los balances de las cajas de ahorro del país.

El Mundo, 15/04/2011, 18, Carjuan Cruz

miércoles, 13 de abril de 2011

Histórico: A juicio directivos de casas de bolsa con una ley fantasma

Siguen acusados de comercializar divisas aplicando una ley que no estaba vigente al momento de las detenciones


La comercialización de TICC fue y es ilegal, de acuerdo al juez Robinson, con lo cual está prevenida la banca, quien masivamente hizo uso de este mecanismo.

El juez cambió Asociación para delinquir por Agavillamiento.

En un decisión leída entre 3 y 4 de la mañana, el juez de control Robinson Vásquez envió a juicio a los directivos de Econoinvest, Multinvest, Venevalores, Positiva y Banvalor, admitiendo todos los elementos del ministerio público y ninguno de la defensa, aplicando retroactivamente la reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, toda vez que el 18 de mayo de 2010, cuando ya los diez directivos estaban detenidos, la Superintendencia Nacional de Valores informa que quedan suspendidas las operaciones en títulos valores, entrando en vigencia la reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios.

La nueva normativa eliminaba la legalidad expresa que tenían los títulos valores como vía para obtener divisas, mientras que en la anterior el artículo 9 expresamente lo autorizaba.

La Fiscalía presentó en la audiencia preliminar 65 elementos. Ninguno demostraba comercialización indebida de divisas, pero el juez negó todas las solicitudes de nulidad y excepciones de la defensa y mantuvo las medidas preventivas dictadas en contra de los bienes de los detenidos y no concedió la posibilidad de ser juzgados en libertad.

El juez Robinson Vásquez publicará lo que será otra sentencia histórica, reveladora de la manera cómo se imparte justicia en los tiempos que nos signan.

Al insistir el juez en la ilegalidad de la comercialización de Ticc, debe estar prevenida toda la banca venezolana, pública y privada, la cual, en 2007 solicitó al Banco Central una opinión al respecto, obteniendo entonces la debida conformidad. Pero este dictamen pone la carne de gallina a todas las instituciones que compraron o vendieron TICC en su momento, pues las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) son ilegales, según el juez Robinson Vásquez en su dictamen final en la audiencia del caso de las casas de bolsa.

La decisión contradice también un oficio del Ministerio de Planificación y Finanzas dado a la Oficina de Crédito Público donde se indica que tales transacciones estaban autorizadas. Incluso, el Banco Central de Venezuela, a petición de la Fiscalía, envío texto oficial ratificando la legalidad.

Código Venezuela, 13/04/2011 (enlace directo)

Acusan de delitos a casas de bolsa con una ley que no existía

Cinco horas de receso se tomó el juez Robinson Vásquez para informar a los diez directivos de casas de bolsa que serían enjuiciados, privados de libertad. El dictamen admitió todas las acusaciones del Ministerio Público contra los ejecutivos.
Continúan acusados de comercializar indebidamente divisas; pero con una calificación jurídica basada en la actual Ley Contra Ilícitos Cambiarios y no en la que estaba vigente al momento de las detenciones.
El 18 de mayo del año pasado, cuando ya los diez directivos estaban detenidos, desde la Superintendencia Nacional de Valores y el Banco Central de Venezuela (BCV) se informó en circular oficial que estaban suspendidas las operaciones en títulos valores. Ese mismo día entraría en vigencia la reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios.
La nueva normativa eliminó la exclusión que tenían los títulos valores en la prohibición de negociar dólares en el país. Mientras que en la anterior estaba permitido.
"En ese plazo no se hizo ni una operación", asegura Luis Manuel Valdivieso, abogado defensor de los cuatro directivos de Econoinvest (Herman Sifontes, Miguel Osío, Juan Carlos Carvallo, y Ernesto Rangel).
El jurista se refiere al plazo entre las prohibiciones y la aprobación de la nueva ley -el 18 de mayo-; y la detención de los ejecutivos de esta casa de bolsa y la intervención de la empresa -el 24 de ese mismo mes-.
El Ministerio Público presentó en la audiencia preliminar 65 elementos de convicción; sin embargo, en ninguno se demostraba algún tipo de comercialización indebida de divisas, aseguró Simón Lamus, abogado defensor del acusado José Ignacio Rivero, quién laboraba como gerente general de la casa de bolsa Banvalor.
Sin embargo, al igual que a los otros nueve directivos, el juez Vásquez le negó a Rivero todas las solicitudes de nulidad y excepciones.
Vásquez sólo adjuntó un nuevo delito, el de agavillamiento, que en realidad sustituyó el de asociación para delinquir, ambos son aplicados cuando se unen más de dos personas para cometer un delito; pero el último, aplicado para la delincuencia organizada, tiene una pena mayor.
También mantuvo las medidas preventivas dictadas en contra de los bienes de los detenidos.
En la audiencia preliminar, que duró tres meses, se procesaron a los directivos de Econoinvest y Banvalor, en conjunto con los de Multinvest, Venevalores y Positiva.

Lo que viene 
La sentencia de Robinson ahora debe ser fundamentada. El juez aseguró que en cuatro días hábiles emitiría el informe con los elementos en los que basó su dictamen final. Por lo que es probable que el trámite se finiquite después del absuelto de semana santa. Al publicar integra esa sentencia final, se debería constituir los pasos para comenzar el juicio. Los argumentos de la defensa serán los mismos, pero en esta ocasión serán escuchados por todo el que desee entrar a esta audiencia.

El juez insistió en la ilegalidad en la comercialización de Ticc

Las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) son ilegales, según determinó el juez Robinson Vásquez en su dictamen final en la audiencia del caso de las casas de bolsa.
El principal delito imputado a los diez directivos es la comercialización indebida de divisas. Y la acusación se enfocó en la legalidad de las transacciones con ese tipo de bonos.
Desde el ministerio de Planificación y Finanzas se envió documentación a la Fiscalía indicando que tales transacciones estaban autorizadas. Incluso, el Banco Central de Venezuela, a petición de la Fiscalía, envío texto oficial ratificando la legalidad. Ese documento no está en el expediente, aunque los fiscales del Ministerio Público confirmaron la existencia del papel, según señalaron fuentes vinculadas.
Pese a estos arugmentos Vásquez indicó en su dictamen final que había suficientes elementos para considerar que las operaciones con ticc eran ilícitas.

El Mundo, 13/04/2011, 8-9, Carjuan Cruz

Directivos de casas de bolsa se declararon inocentes

El caso de los directivos de cinco casas de bolsa tuvo un nuevo episodio luego de que el juez 13° de Primera Instancia en Funciones de Control de la Región Capital, Robinson Vásquez, realizó una audiencia en horario nocturno, que se prolongó hasta ayer a las 4:00 am, en la que imputó los cargos contra los representantes detenidos de Econoinvest, Multinvest, Venevalores, Banvalor y Positiva.

La decisión por unanimidad de los directivos, apresados desde el año pasado, fue rechazar los cargos que impuso el juez Vásquez: se declararon inocentes y ahora deberán esperar posiblemente cuatro días para conocer el escrito definitivo del juez.

Vásquez indicó que los ejecutivos incurrieron en ilícitos cambiarios y sustituyó el delito de asociación para delinquir, establecido en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, por el de agavillamiento, que consagra el Código Penal.

En términos semánticos ambos delitos son semejantes ya que implica la combinación de dos o más personas para llevar a cabo una actividad ilegal, pero en términos de sanciones el primero ocasiona una pena de 4 a 6 años de prisión y la segunda de 3 a 5 años, precisó el abogado Luis Valdivieso.

A criterio de Valdivieso, la Fiscalía General de la República no presentó pruebas porque, en su criterio, no hubo ilícitos en las transacciones con los Títulos de Interés y Capital Cubierto ­los llamados TICC-, toda vez que existe una resolución del Banco Central de Venezuela que autorizaba la operación en divisas con esos papeles.

Ahora se pasa a la etapa de designación de escabinos, figura mencionada en la legislación procesal penal venezolana para que intervengan en un juicio oral.

Pena minimizada. En Miami, luego de que el interventor Rafael Ramos de la Rosa se declaró culpable del intento de extorsión al ex presidente de la Casa de Bolsa Unovalores, Tomás Vásquez, la pena pudiera ser de hasta un máximo de 8 años de prisión, dijo ­desde Estados Unidos- una fuente vinculada al proceso.

Vásquez acusó a Ramos y señaló responsabilidades al superintendente nacional de valores, Tomás Sánchez.

El Nacional, 13/04/2011, E4, Andrés Rojas

lunes, 11 de abril de 2011

Hablemos con propiedad de los títulos valores, con Econoinvest (1 de 5)

Introducción

El prototipo tradicional de intermediario en el mercado de capitales, concebido como un simple corredor de títulos valores, tenía una base de ingresos concentrada en comisiones. La actividad del intermediario estaba altamente restringida, poco diversificada y era económicamente inviable, sobre todo en un entorno en el cual prácticamente desapareció la oferta de instrumentos de renta variable en la bolsa de valores de Caracas.

A partir del año 1999, Econoinvest Casa de Bolsa introdujo, basado en las nuevas normas contenidas en la reforma integral de la Ley de Mercado de Valores vigente a partir de ese año, un innovador modelo de negocios, responsable en gran medida de la democratización del capital y expansión sin precedentes que experimentó el mercado de valores venezolano hasta 2010 (1).

Se dio así acceso a una novedosa gama de productos de inversión, con rendimientos competitivos y de bajísimo riesgo, toda vez que en su gran mayoría estaban respaldados con valores soberanos. Econoinvest fue la primera casa de bolsa en ofrecer al público productos de inversión tales como la gestión de cartera administrada, garantizando la debida separación patrimonial entre los valores del cliente y los de la casa de bolsa, inversiones con rendimiento garantizado estructuradas con valores de oferta pública, tales como el “InvestPlus”, las ventas a plazo y los reportos, así como productos de financiamiento con bajas tasas de interés, como el préstamo de margen y los reportos activos, todo ello con base a la legislación vigente y con autorización de su órgano de control oficial.

Los nuevos productos ofrecidos inicialmente por Econoinvest, y posteriormente por la mayoría de los intermediarios, fueron regulados por la Comisión Nacional de Valores mediante las Normas Sobre Actividades de Intermediación Corretaje y Bolsa promulgadas en el año 2000 (2).  La regulación acogió los principios de regulación de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, de la cual Venezuela es miembro (3).  Se adoptó así un sistema para la determinación de requerimientos patrimoniales y de índices de solvencia (Regla de Capital Neto), el cual requería de los intermediarios el mantenimiento de niveles mínimos de activos altamente líquidos que permitan el pago oportuno de los compromisos con clientes y contrapartes.

Entre los productos ofrecidos por Econoinvest Casa de Bolsa en la “Cuenta de Corretaje Bursátil” estaba el reporto, el cual tenía dos modalidades: como producto de inversión (reporto pasivo para la casa de bolsa) o de financiamiento (reporto activo). El reporto se ofrecía desde el año 2000, aunque la cartera de ese producto se redujo significativamente durante la vigencia del impuesto a las transacciones financieras durante los años 2007 y 2008. (4)

A partir de la Resolución de la Comisión Nacional de Valores del 29 de enero de 2010 que reformó las Normas Sobre Actividades de Intermediación Corretaje y Bolsa, muchos clientes que habían invertido en el producto InvestPlus que ofrecía Econoinvest, el cual estaba estructurado con mutuos de títulos valores, optaron por invertir recursos en operaciones de reporto, las cuales ofrecían un atractivo rendimiento, además de estar respaldadas con títulos valores soberanos que el cliente recibía en propiedad durante la vigencia del contrato.

El principal objetivo de Econoinvest con la utilización del reporto era crear un mecanismo típicamente bursátil para ofrecer a la clientela una alternativa de inversión estructurada con títulos valores y con un riesgo de crédito mínimo para el cliente, pues en virtud del reporto el inversionista está efectivamente garantizado por la calidad crediticia del portafolio de títulos valores reportado (reporto pasivo). Adicionalmente, el reporto se ofrecía como alternativa de financiamiento estructurado con títulos valores (reporto activo).

De acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito entre Econoinvest y sus clientes, así como de acuerdo a lo que establece la normativa que regula el contrato de reporto, específicamente, la Ley de Mercado de Capitales de 1998, las Normas Sobre Actividades de Intermediación Corretaje y Bolsa de la Comisión Nacional de Valores, el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de la Comisión Nacional de Valores, el Código de Comercio y el Código Civil, los títulos valores que respaldan las operaciones de reporto pasivo son propiedad de los inversionistas y por lo tanto deben ser restituidos a sus legítimos propietarios.

Es el caso sin embargo que hasta la fecha los interventores, ahora liquidadores, no han permitido a los clientes tomar posesión de los títulos valores que les pertenecen legítimamente, ni han pagado los pasivos derivados de los contratos de reporto, a pesar de que la mayoría de ya vencieron. (5)

Incluso, los liquidadores de Econoinvest Casa de Bolsa procedieron a la venta de Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) que pertenecían a clientes reportadores y que estaban registrados a nombre de los clientes en la Caja Venezolana de Valores. Esta venta se pactó el 13 de diciembre de 2010, cuando los títulos tenían un valor de 145,8 millones de Bolívares. Dos semanas más tarde, al pasar la tasa para la valoración de los Ticc de 2,60 a 4,30 por Dólar, el valor de los mismos pasó a ser de 241,1 millones de Bolívares.

Conclusiones

Los liquidadores de Econoinvest Casa de Bolsa deben pagar las deudas mantenidas con los clientes reportadores, en virtud de que:

  1. Los clientes son acreedores de Econoinvest Casa de Bolsa.
  2. Econoinvest Casa de Bolsa cuenta con recursos líquidos suficientes para pagar los pasivos que mantiene bajo los contratos de reporto.


Hasta tanto no se paguen los pasivos bajo los reportos, los liquidadores deben permitir a los clientes reportadores la posesión y libre disposición de los títulos valores que respaldan tales operaciones, en virtud de que:

  1. Los clientes, en su carácter de reportadores, son los legítimos propietarios de los títulos que respaldan los contratos de reporto pasivo celebrados con Econoinvest Casa de Bolsa antes de la intervención.
  2. Econoinvest Casa de Bolsa cumplió con la tradición de éstos títulos a los clientes reportadores mediante el traspaso a una cuenta de depósito en la Caja Venezolana de Valores especialmente designada para tal fin.
  3. Los clientes otorgaron mandato expreso a Econoinvest Casa de Bolsa para establecer y movilizar a nombre de aquellos una cuenta de depósito de valores en la Caja Venezolana de Valores.
  4. La Caja Venezolana de Valores estaba debidamente informada de la identidad de los propietarios de los valores y de los términos de los contratos de reporto.
  5. La apertura y manejo de la cuenta de depósito para reportos se hizo de conformidad con las disposiciones de las Normas Sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa.
  6. La no restitución de los títulos valores a los clientes no les ha permitido a éstos hacer valer sus derechos como reportadores, específicamente, no les ha permitido disponer de los títulos para cancelar, vía compensación, la acreencia que mantienen frente a Econoinvest Casa de Bolsa.


Adicionalmente, los liquidadores deben responder a los accionistas de Econoinvest Casa de Bolsa en virtud de que:

  1. Al vencimiento de los contratos de reporto pasivo, los títulos valores transferidos a los clientes debían ser devueltos a Econoinvest.
  2. El mayor valor que tenían los títulos valores que respaldan los reportos en relación a los pasivos monetarios con los clientes reportadores, es en beneficio de Econoinvest Casa de Bolsa y, en última instancia, de sus accionistas.
  3. Al disponer de los títulos de los clientes que respaldaban las operaciones de reporto pasivo, habrían incurrido en delito de apropiación indebida.
  4. El incremento en el valor de mercado de los TICC indebidamente vendidos por los liquidadores corresponde a Econoinvest Casa de Bolsa y a sus accionistas.


NOTAS:
1.- En la última década los inversionistas de este sector pasaron de ser unos cuantos miles para finales de los años 90, hasta sumar, aproximadamente, un millón seiscientos mil inversionistas individuales hacia principios del año 2010, además de unas 1200 cajas de ahorro con más de 3 millones de afiliados, las cuales habían estado alejadas del mercado de valores desde mediados de los 90.
2.- Gaceta Oficial Nº 36.951 de fecha 16 de mayo de 2000. La última reforma de éstas normas, todavía vigentes, por Resolución Nro 13 del 21 de enero de 2010.
3.- INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO), Objectives and Principles of Securities Regulation, Septiembre 1998.
4.- Este impuesto fue creado por el Decreto de Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica publicado en Gaceta Oficial No. 39787 del 26.10.07, y fue derogado por decreto publicado en Gaceta Oficial No. 38.951 del 12.06.08. El ITF gravaba, entre otros, los débitos o retiros en cuentas mantenidas en bancos y otras instituciones financieras y las transferencias de valores en custodia entre distintos titulares. No estaban sujetos al impuesto la transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, así como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los mismos y los títulos negociados en la bolsa agrícola y la bolsa de valores” (art. 9). Toda vez que las operaciones de reporto no pueden ser calificadas como compraventas de valores, los débitos con motivo de estas operaciones estaban gravadas por el ITF.
5.- El 09 de Junio de 2010, poco después del comienzo de la intervención, se presentó a los interventores una propuesta de restructuración con el objeto darle continuidad a la empresa, esta propuesta permitía que los clientes pudieran optar por quedarse con los bonos que tuvieran como garantía o esperar que se liberara la restricción establecida por la Superintendencia de Valores, que prohibía la comercialización de estos bonos en dólares por parte de las Casas de Bolsa. Sin embargo, los funcionarios de la CNV e Interventores, prohibieron la entrega de esos bonos a los clientes.