Continúan acusados de comercializar indebidamente divisas; pero con una calificación jurídica basada en la actual Ley Contra Ilícitos Cambiarios y no en la que estaba vigente al momento de las detenciones.
El 18 de mayo del año pasado, cuando ya los diez directivos estaban detenidos, desde la Superintendencia Nacional de Valores y el Banco Central de Venezuela (BCV) se informó en circular oficial que estaban suspendidas las operaciones en títulos valores. Ese mismo día entraría en vigencia la reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios.
La nueva normativa eliminó la exclusión que tenían los títulos valores en la prohibición de negociar dólares en el país. Mientras que en la anterior estaba permitido.
"En ese plazo no se hizo ni una operación", asegura Luis Manuel Valdivieso, abogado defensor de los cuatro directivos de Econoinvest (Herman Sifontes, Miguel Osío, Juan Carlos Carvallo, y Ernesto Rangel).
El jurista se refiere al plazo entre las prohibiciones y la aprobación de la nueva ley -el 18 de mayo-; y la detención de los ejecutivos de esta casa de bolsa y la intervención de la empresa -el 24 de ese mismo mes-.
El Ministerio Público presentó en la audiencia preliminar 65 elementos de convicción; sin embargo, en ninguno se demostraba algún tipo de comercialización indebida de divisas, aseguró Simón Lamus, abogado defensor del acusado José Ignacio Rivero, quién laboraba como gerente general de la casa de bolsa Banvalor.
Sin embargo, al igual que a los otros nueve directivos, el juez Vásquez le negó a Rivero todas las solicitudes de nulidad y excepciones.
Vásquez sólo adjuntó un nuevo delito, el de agavillamiento, que en realidad sustituyó el de asociación para delinquir, ambos son aplicados cuando se unen más de dos personas para cometer un delito; pero el último, aplicado para la delincuencia organizada, tiene una pena mayor.
También mantuvo las medidas preventivas dictadas en contra de los bienes de los detenidos.
En la audiencia preliminar, que duró tres meses, se procesaron a los directivos de Econoinvest y Banvalor, en conjunto con los de Multinvest, Venevalores y Positiva.
Lo que viene
La sentencia de Robinson ahora debe ser fundamentada. El juez aseguró que en cuatro días hábiles emitiría el informe con los elementos en los que basó su dictamen final. Por lo que es probable que el trámite se finiquite después del absuelto de semana santa. Al publicar integra esa sentencia final, se debería constituir los pasos para comenzar el juicio. Los argumentos de la defensa serán los mismos, pero en esta ocasión serán escuchados por todo el que desee entrar a esta audiencia.
El juez insistió en la ilegalidad en la comercialización de Ticc
Las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) son ilegales, según determinó el juez Robinson Vásquez en su dictamen final en la audiencia del caso de las casas de bolsa.
El principal delito imputado a los diez directivos es la comercialización indebida de divisas. Y la acusación se enfocó en la legalidad de las transacciones con ese tipo de bonos.
Desde el ministerio de Planificación y Finanzas se envió documentación a la Fiscalía indicando que tales transacciones estaban autorizadas. Incluso, el Banco Central de Venezuela, a petición de la Fiscalía, envío texto oficial ratificando la legalidad. Ese documento no está en el expediente, aunque los fiscales del Ministerio Público confirmaron la existencia del papel, según señalaron fuentes vinculadas.
Pese a estos arugmentos Vásquez indicó en su dictamen final que había suficientes elementos para considerar que las operaciones con ticc eran ilícitas.
El Mundo, 13/04/2011, 8-9, Carjuan Cruz
