La comercialización de TICC fue y es ilegal, de acuerdo al juez Robinson, con lo cual está prevenida la banca, quien masivamente hizo uso de este mecanismo.
El juez cambió Asociación para delinquir por Agavillamiento.
En un decisión leída entre 3 y 4 de la mañana, el juez de control Robinson Vásquez envió a juicio a los directivos de Econoinvest, Multinvest, Venevalores, Positiva y Banvalor, admitiendo todos los elementos del ministerio público y ninguno de la defensa, aplicando retroactivamente la reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, toda vez que el 18 de mayo de 2010, cuando ya los diez directivos estaban detenidos, la Superintendencia Nacional de Valores informa que quedan suspendidas las operaciones en títulos valores, entrando en vigencia la reforma de la Ley contra Ilícitos Cambiarios.
La nueva normativa eliminaba la legalidad expresa que tenían los títulos valores como vía para obtener divisas, mientras que en la anterior el artículo 9 expresamente lo autorizaba.
La Fiscalía presentó en la audiencia preliminar 65 elementos. Ninguno demostraba comercialización indebida de divisas, pero el juez negó todas las solicitudes de nulidad y excepciones de la defensa y mantuvo las medidas preventivas dictadas en contra de los bienes de los detenidos y no concedió la posibilidad de ser juzgados en libertad.
El juez Robinson Vásquez publicará lo que será otra sentencia histórica, reveladora de la manera cómo se imparte justicia en los tiempos que nos signan.Al insistir el juez en la ilegalidad de la comercialización de Ticc, debe estar prevenida toda la banca venezolana, pública y privada, la cual, en 2007 solicitó al Banco Central una opinión al respecto, obteniendo entonces la debida conformidad. Pero este dictamen pone la carne de gallina a todas las instituciones que compraron o vendieron TICC en su momento, pues las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) son ilegales, según el juez Robinson Vásquez en su dictamen final en la audiencia del caso de las casas de bolsa.
La decisión contradice también un oficio del Ministerio de Planificación y Finanzas dado a la Oficina de Crédito Público donde se indica que tales transacciones estaban autorizadas. Incluso, el Banco Central de Venezuela, a petición de la Fiscalía, envío texto oficial ratificando la legalidad.
Código Venezuela, 13/04/2011 (enlace directo)
