En la madrugada del martes 12 de abril de 2011, el juez de control Robinson Vásquez dictó una cátedra de horror para la historia judicial del país al desestimar todos los alegatos de nuestra defensa y los de otros 10 directivos de 5 casas de bolsa al pasarnos a juicio por delitos inexistentes. Cambió el segundo cargo imputado, de asociación para delinquir a agavillamiento y nos negó el derecho a ser juzgados en libertad.
Si analizamos la situación, todas las operaciones destinadas a adquirir divisas con títulos valores estaban permitidas por la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente a la fecha de la intervención, por expresa disposición de su propio artículo 9, el mismo que utilizó el juez para pasarnos a juicio, haciendo caso omiso de esta excepción. Así mismo, la definición de divisa en la ley no incluía a los títulos valores; más bien los autorizaba expresamente como instrumentos para las operaciones cambiarias, lo que hacía legal y lícito su uso y comercialización. Tan es así que todo el sector bancario venezolano hizo uso justificado de tal recurso sin que exista cuestionamiento al respecto.
Además de lo indicado anteriormente, los propios organismos públicos competentes en materia económica y cambiaria manifestaron su conformidad con estas operaciones. Así, de manera fehaciente, el propio Banco Central de Venezuela le comunica a la Asociación Bancaria su opinión favorable a la legitimidad de ese mecanismo, mediante dictamen emitido en 2007. Esta opinión fue el acto que originariamente dio pie a la banca para iniciar el uso del mecanismo de los TICC y, posteriormente, el sector de mercado de capitales siguió sus pasos. Junto a esta opinión del BCV, además, encontramos el documento de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Oficina de Crédito Público, donde se confirma la legalidad de las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC). Todas estas evidencias fueron presentadas al Juez Robinson Vázquez, quien las desestimó en forma aberrante.
El otro tema mencionado en el proceso judicial es la supuesta falta de respaldo de las operaciones realizadas. Y Econoinvest probó inequívocamente que todas sus operaciones se realizaron con el respaldo de títulos valores reales y existentes, los cuales traspasaba a sus clientes a través del sistema creado a tal efecto por el BCV: el SICET. Absolutamente todas las transacciones quedaron registradas en este sistema, lo cual se puede verificar en la misma página web del BCV. Econoinvest no efectuó una sola operación sin el título correspondiente.
Durante 5 años, más de dos millones de personas en Venezuela hicieron uso de este mecanismo alternativo creado por el Gobierno Nacional para dinamizar la economía nacional, importar productos, materias primas y maquinarias. Los volúmenes que se llegaron a manejar en la economía venezolana también se ven reflejados en la propia página web del BCV. Empresas, bancos, industriales y el venezolano común aprovecharon este mecanismo para satisfacer sus necesidades, tanto para la inversión-ahorro como para sus necesidades básicas.
Nosotros, directores de Econoinvest Casa de Bolsa, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío Zamora y Ernesto Rangel, nos quedamos a enfrentar la investigación en oposición a lo que nos recomendaban los especialistas. No fuimos capturados en flagrancia ni medió una orden judicial para nuestra detención, todo lo cual nos violó derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
Queremos agradecer a nuestras familias, amigos y a la opinión pública el apoyo que nos han prestado en estos once meses de ilegal reclusión. Queremos ratificarle que nuestra moral sigue incólume, que nuestras fuerzas se alimentan con su solidaridad y que seguiremos luchando a brazo partido hasta probar nuestra inocencia, “sin olvidar que no hay camino a la verdad, sino que la verdad es el camino” (Gandhi).
