Un nutrido grupo de clientes de Econoinvest, en representación de casi 4000 inversionistas que aún no han recibido la liberación de sus papeles, se movilizaron hoy jueves, 17 de marzo, por primera vez en casi 10 meses que lleva esta procesión de abusos, para reclamar a los interventores sus títulos, que son los ahorros de sus vidas.
Amenazas, prohibiciones, intento sostenido por evitar el pronunciamiento, fue la constante de la recepción, hasta que, en virtud de las presiones, salió el abogado Carlos Araujo en representación de una junta interventora que ha dado señales evidentes de sesgo e incompetencia.
A lo largo de casi un año no han cumplido con sus responsabilidades legales, las cuales son:
1. Defender el patrimonio de los clientes
2. Defender el patrimonio de los empleados
3. Defender el patrimonio de los proveedores.
Al contrario, ente gallos y media noche, cometieron la aberración de vender TICCs por casi 60 millones de dólares, dos semanas antes de la devaluación, lesionando gravemente el patrimonio de la empresa, en consecuencia de los clientes, y comprometiendo la gestión del inmaculado monje Jorge Giordani.
A esto no ha respondido ni Tomás Sánchez, Superintendente Nacional de Valores, ni la señora Nahunimar Castillo, quien tampoco dio la cara ante los clientes el día de hoy, ni el abogado Carlos Araujo, ni, en última instancia, la cabeza de Finanzas, el señor Jorge Giordani.
Ante las demandas de los indignados clientes y la presencia de El Nacional, El Universal y Bloomberg, a quienes intentaron impedirle realizar la cobertura de la movilización, apareció por fin el abogado Carlos Araujo, quien intentó tranquilizar a los congregados, repitiendo la vieja letanía de que pagarían, pero en bolívares devaluados, con lo cual los ahorristas perderán el 50% de sus ahorros.
¿Quién se beneficia de esta expoliación?
Nuevas acciones de reclamo están en puerta. Por lo pronto, se conoció que los clientes harían acto de presencia el próximo martes a las 9 am en la Superintendencia Nacional de Valores, y se tiene en agenda una visita al Ministerio de Finanzas, a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Nacional y la Asamblea Nacional .
jueves, 17 de marzo de 2011
Bolsa Pública le roba emisores a un moribundo mercado de valores
Los viejos operadores del mercado de valores -los que quedan- andan, sí, pero en piloto automático. Se niegan a morir. La Bolsa Pública pudiera ser la última estocada. En este nuevo esquema se va la caza de los emisores con la promesa de menores costos. Ya cuatro de los antiguos antiguos actores salieron del juego.
En la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) gestionan cuatro renuncias a las licencias de operaciones. "Esto es un retroceso", dice uno de los que todavía se niega a retirarse. "En el sector quedamos los que seguimos creyendo en que esto cambiará en algún momento", dijo este corredor, que declaró en condición de anonimato.
Las nuevas contribuciones y tasas establecidas en la resolución N° 040 de la Sunaval le complicaron el plan de sobrevivencia a los operadores. Del lado de la Bolsa Pública, estás pueden disminuir o desaparecer.
Mantenerse en stand by con los nuevos costos de estas normas implican a los intermediarios una misión imposible de cumplir.
Aunque abogados especialistas en capitales recuerdan que en una resolución no se pueden aplicar pagos e impuestos -en el marco jurídico deben establecerse a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional-, los operadores activos deben cancelar las nuevas tarifas establecidas por el ente regulador.
En efecto, es una regulación que deben cumplir, pues, pese a que no es el proceso legal correspondiente, la resolución se publicó en la Gaceta Oficial N° 39.591.
Paga aquí, allá no
Según lo establecido en estas normas, por una oferta pública de valores el emisor deberá cancelar 1,5% del monto a ofrecer en esa operación a la Superintendencia.
En detalle, "para liquidar, recaudar y percibir contribuciones e ingresos" la Sunaval recibirá por cada inscripción de acciones, obligaciones o papeles comerciales o cualquier otra oferta pública entre 600 y 1.500 unidades tributarias; es decir, entre Bs.F. 45.600 y Bs.F. 114.000.
Y esto, según los corredores de valores, lo menos que provoca es la promoción del mercado de valores. "Hacer una oferta para ahorro ya no sería una buena idea. Para eso la empresa acude a un banco, porque ya la emisión no le estaría generando ningún tipo de beneficio", explica uno de los corredores consultados.
Sin embargo, la opción podría ser otra. En la misma resolución queda claro que el Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, tiene total potestad de "disminuir o eximir" de estos pagos a comunidades organizadas, empresas de propiedad social o colectiva y también a pequeñas o medianas empresas.
Pero esto no es un juego justo, según los antiguos actores del mercado de valores consultados. Aseguran que de esta manera los emisores interesados en emitir oferta de acciones en la Bolsa de Caracas están siendo atraídos por el otro corro, el público, con la carnada de unos costos mucho menores.
Y en ese, en el de la Bolsa Pública Bicenteneria, solo pueden intermediar nueve personas naturales, los llamados OVA (Operadores de Valores Autorizados).
Así, la única parte del negocio que le quedaba a los 60 operadores privados aún vivos corre el riesgo de quedar más disminuida de lo que está.
La actividad bursátil ya estaba reducida desde la nacionalización de La Electricidad de Caracas y de la Cantv a 15% del movimiento del mercado de capitales.
A este porcentaje también le pesa el control de cambio y otras variables, pues provocó menos interés en emitir ofertas de acciones por implicar más riesgo. Y la renta fija (bonos, por ejemplo) resultó más atractiva.
Aunado a esto se generó el mercado permuta, ya que la única manera legal de negociación de divisas era a través de títulos valores. Por ello, muchas empresas comenzaron a acudir a las casas de corretaje para repatriar capitales u obtener más dólares para importaciones.
Una licencia que ya no sirve
Pese al panorama inoperante, las 30 casas de bolsa activas, acompañas de una cantidad similar de sociedades de corretajes, siguen guareciendo muy bien sus licencias, aunque por los momentos ese permiso no tenga ya ningún sentido.
Ese documento, que gestionaron hace unos años, ya no les permite intermediar títulos de deuda pública (de ningún tipo). Esa potestad se las eliminaron en 2010. Y con esa disposición también le dijeron adiós a las operaciones financieras que implicaran algún tipo de captación de recursos, pues sin títulos públicos de por medio disminuyen a su mínima expresión las posibilidades de hacer un reporto con las garantías y el respaldo correspondiente.
Pero pese a que cuatro casas de corretaje ya introdujeron su renuncia, y la Sunaval ya aceptó dos, el resto del mercado insiste en esperar, como un último intento de subsistencia.
Mientras, los bancos asumen el movimiento de la renta fija; es decir, se encargan de la nueva función de intermediar títulos valores, que si bien es una de sus actividades no es su esencia de servicio, que es dar créditos.
Las entidades son las únicas que pueden intermediar la compra de bonos de deuda pública.
En la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) gestionan cuatro renuncias a las licencias de operaciones. "Esto es un retroceso", dice uno de los que todavía se niega a retirarse. "En el sector quedamos los que seguimos creyendo en que esto cambiará en algún momento", dijo este corredor, que declaró en condición de anonimato.
Las nuevas contribuciones y tasas establecidas en la resolución N° 040 de la Sunaval le complicaron el plan de sobrevivencia a los operadores. Del lado de la Bolsa Pública, estás pueden disminuir o desaparecer.Mantenerse en stand by con los nuevos costos de estas normas implican a los intermediarios una misión imposible de cumplir.
Aunque abogados especialistas en capitales recuerdan que en una resolución no se pueden aplicar pagos e impuestos -en el marco jurídico deben establecerse a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional-, los operadores activos deben cancelar las nuevas tarifas establecidas por el ente regulador.
En efecto, es una regulación que deben cumplir, pues, pese a que no es el proceso legal correspondiente, la resolución se publicó en la Gaceta Oficial N° 39.591.
Paga aquí, allá no
Según lo establecido en estas normas, por una oferta pública de valores el emisor deberá cancelar 1,5% del monto a ofrecer en esa operación a la Superintendencia.
En detalle, "para liquidar, recaudar y percibir contribuciones e ingresos" la Sunaval recibirá por cada inscripción de acciones, obligaciones o papeles comerciales o cualquier otra oferta pública entre 600 y 1.500 unidades tributarias; es decir, entre Bs.F. 45.600 y Bs.F. 114.000.
Y esto, según los corredores de valores, lo menos que provoca es la promoción del mercado de valores. "Hacer una oferta para ahorro ya no sería una buena idea. Para eso la empresa acude a un banco, porque ya la emisión no le estaría generando ningún tipo de beneficio", explica uno de los corredores consultados.
Sin embargo, la opción podría ser otra. En la misma resolución queda claro que el Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, tiene total potestad de "disminuir o eximir" de estos pagos a comunidades organizadas, empresas de propiedad social o colectiva y también a pequeñas o medianas empresas.
Pero esto no es un juego justo, según los antiguos actores del mercado de valores consultados. Aseguran que de esta manera los emisores interesados en emitir oferta de acciones en la Bolsa de Caracas están siendo atraídos por el otro corro, el público, con la carnada de unos costos mucho menores.
Y en ese, en el de la Bolsa Pública Bicenteneria, solo pueden intermediar nueve personas naturales, los llamados OVA (Operadores de Valores Autorizados).
Así, la única parte del negocio que le quedaba a los 60 operadores privados aún vivos corre el riesgo de quedar más disminuida de lo que está.
La actividad bursátil ya estaba reducida desde la nacionalización de La Electricidad de Caracas y de la Cantv a 15% del movimiento del mercado de capitales.
A este porcentaje también le pesa el control de cambio y otras variables, pues provocó menos interés en emitir ofertas de acciones por implicar más riesgo. Y la renta fija (bonos, por ejemplo) resultó más atractiva.
Aunado a esto se generó el mercado permuta, ya que la única manera legal de negociación de divisas era a través de títulos valores. Por ello, muchas empresas comenzaron a acudir a las casas de corretaje para repatriar capitales u obtener más dólares para importaciones.
Una licencia que ya no sirve
Pese al panorama inoperante, las 30 casas de bolsa activas, acompañas de una cantidad similar de sociedades de corretajes, siguen guareciendo muy bien sus licencias, aunque por los momentos ese permiso no tenga ya ningún sentido.
Ese documento, que gestionaron hace unos años, ya no les permite intermediar títulos de deuda pública (de ningún tipo). Esa potestad se las eliminaron en 2010. Y con esa disposición también le dijeron adiós a las operaciones financieras que implicaran algún tipo de captación de recursos, pues sin títulos públicos de por medio disminuyen a su mínima expresión las posibilidades de hacer un reporto con las garantías y el respaldo correspondiente.
Pero pese a que cuatro casas de corretaje ya introdujeron su renuncia, y la Sunaval ya aceptó dos, el resto del mercado insiste en esperar, como un último intento de subsistencia.
Mientras, los bancos asumen el movimiento de la renta fija; es decir, se encargan de la nueva función de intermediar títulos valores, que si bien es una de sus actividades no es su esencia de servicio, que es dar créditos.
Las entidades son las únicas que pueden intermediar la compra de bonos de deuda pública.
El Mundo, 16/03/2011, 4-5, Carjuan Cruz
miércoles, 16 de marzo de 2011
Juicio preliminar de casas de bolsa es toda una clase magistral
La audiencia preliminar de las casas de bolsa se ha convertido en una clase magistral sobre el mercado de valores.
Los fiscales prestan atención a cada uno de los acusados en su derecho de defensa, pues algunos con base en láminas, gráficos y citas de resoluciones y leyes venezolanas arman presentaciones en un intento por demostrar su inocencia. Y así vienen transcurriendo estas jornadas legales, pero también académicas.
El principal delito imputado a estos nueve directivos es la comercialización indebida de divisas, principalmente a través de las operaciones permuta con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) y no en posibles transacciones sin títulos valores como soporte. Sin embargo, en el primer oficio enviado por Tomás Sánchez, presidente de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval -antes comisión), se le decía a la Fiscalía que esa era la irregularidad cometida.
Fue por ese comunicado que el Ministerio Público se acercó al mercado de valores y comenzó con los allanamientos, aunque posteriormente el delito se dirigiera a la legalidad de las operaciones permuta con Ticc.
Hasta ahora, a casi dos meses del inicio de la audiencia, no se ha abierto un debate ni sobre este tema ni sobre el anterior. Las citas prosiguen con los acusados explicando y los fiscales escuchando. Esto, según relatan fuentes vinculadas al caso que fueron consultadas por El Mundo Economía y Negocios.
Con estas presentaciones los acusados buscan demostrar principalmente que las operaciones permuta con los Ticc eran legales y que además nada tenían que ver con el alza del dólar en ese mercado alternativo de divisas.
Cuentan las fuentes que las pruebas que presenta el Ministerio Público en el expediente (encontradas en algunos de los allanamientos hechos por la Fiscalía el año pasado) solo suponen para la defensa los soportes de que las operaciones se realizaron de la manera permitida.
Pero la prueba que realmente quiere mostrar la defensa de los directivos detenidos no está. Se trata de la respuesta del Banco Central de Venezuela (BCV) al Ministerio Público, luego que este le solicitó se pronunciara sobre la legalidad de las operaciones permuta con los Ticc.
De hecho, este fue el motivo principal por el que un grupo de abogados defensores introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una solicitud de avocamiento por las irregularidades observadas en el caso.
Entre otras razones para efectuar esta acción, también figuró el juicio común de las cinco casas de bolsa, pues aunque hay delitos que se repiten, también hay otros que son distintos.
Y esto, explican algunos de los abogados, dificulta la defensa y el desarrollo del juicio preliminar.
Acciones
En efecto, realizar la audiencia de esta manera altera el orden tradicional que debe mantener un acto como este. Se refieren a que el abogado defensor de cada directivo no tiene la oportunidad de dirigirse al juez en el momento en que su cliente termina de hablar, sino que debe esperar a que termine la presentación del resto de los acusados, por ejemplo.
Se suma el hecho de que en el caso de algunas de las casas de bolsa no está claro qué generó las acciones de las autoridades.
Mientras los fiscales indican que los allanamientos realizados el año pasado a partir de mayo fueron a raíz de la intervención de la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia), desde este ente regulador señalan que la intervención sucedió a raíz de los hallazgos de la Fiscalía General de la República.
Ese avocamiento fue recibido por el TSJ, sin embargo, aún no emite respuesta, lo que indica que todavía se desconoce si el máximo tribunal solicitará el expediente para revisarlo.
De ser así se evaluaría el caso, y se podría solicitar cambio de juez (hasta ahora es Robinson Vásquez). O también el propio TSJ podría decidir llevarlo directamente en la máxima sede.
El mercado permuta se nutrió de los bonos de la República
En las presentaciones se hizo hincapié en el movimiento del mercado permuta. Según las fuentes, se dijo que la plaza movía alrededor de 50 millones de dólares diarios, y que era utilizada principalmente por empresas como un mecanismo para repatriar capitales de forma legal. Y también como instrumento para importaciones de bienes.
Ese mercado permuta funcionó con los bonos emitidos por el Estado. Entre 2006 y 2009, el Gobierno realizó emisiones en moneda extranjera, pagaderas en bolívares por 44.037 millones de dólares. Al principio, se trató solo de los Ticc, luego se unieron los bonos de Pdvsa y, en 2010, los bonos cambiarios que tenían condiciones muy similares.
El principal delito imputado a estos nueve directivos es la comercialización indebida de divisas, principalmente a través de las operaciones permuta con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) y no en posibles transacciones sin títulos valores como soporte. Sin embargo, en el primer oficio enviado por Tomás Sánchez, presidente de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval -antes comisión), se le decía a la Fiscalía que esa era la irregularidad cometida.
Fue por ese comunicado que el Ministerio Público se acercó al mercado de valores y comenzó con los allanamientos, aunque posteriormente el delito se dirigiera a la legalidad de las operaciones permuta con Ticc.
Hasta ahora, a casi dos meses del inicio de la audiencia, no se ha abierto un debate ni sobre este tema ni sobre el anterior. Las citas prosiguen con los acusados explicando y los fiscales escuchando. Esto, según relatan fuentes vinculadas al caso que fueron consultadas por El Mundo Economía y Negocios.
Con estas presentaciones los acusados buscan demostrar principalmente que las operaciones permuta con los Ticc eran legales y que además nada tenían que ver con el alza del dólar en ese mercado alternativo de divisas.
Cuentan las fuentes que las pruebas que presenta el Ministerio Público en el expediente (encontradas en algunos de los allanamientos hechos por la Fiscalía el año pasado) solo suponen para la defensa los soportes de que las operaciones se realizaron de la manera permitida.
Pero la prueba que realmente quiere mostrar la defensa de los directivos detenidos no está. Se trata de la respuesta del Banco Central de Venezuela (BCV) al Ministerio Público, luego que este le solicitó se pronunciara sobre la legalidad de las operaciones permuta con los Ticc.
De hecho, este fue el motivo principal por el que un grupo de abogados defensores introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una solicitud de avocamiento por las irregularidades observadas en el caso.
Entre otras razones para efectuar esta acción, también figuró el juicio común de las cinco casas de bolsa, pues aunque hay delitos que se repiten, también hay otros que son distintos.
Y esto, explican algunos de los abogados, dificulta la defensa y el desarrollo del juicio preliminar.
Acciones
En efecto, realizar la audiencia de esta manera altera el orden tradicional que debe mantener un acto como este. Se refieren a que el abogado defensor de cada directivo no tiene la oportunidad de dirigirse al juez en el momento en que su cliente termina de hablar, sino que debe esperar a que termine la presentación del resto de los acusados, por ejemplo.
Se suma el hecho de que en el caso de algunas de las casas de bolsa no está claro qué generó las acciones de las autoridades.
Mientras los fiscales indican que los allanamientos realizados el año pasado a partir de mayo fueron a raíz de la intervención de la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia), desde este ente regulador señalan que la intervención sucedió a raíz de los hallazgos de la Fiscalía General de la República.
Ese avocamiento fue recibido por el TSJ, sin embargo, aún no emite respuesta, lo que indica que todavía se desconoce si el máximo tribunal solicitará el expediente para revisarlo.
De ser así se evaluaría el caso, y se podría solicitar cambio de juez (hasta ahora es Robinson Vásquez). O también el propio TSJ podría decidir llevarlo directamente en la máxima sede.
El mercado permuta se nutrió de los bonos de la República
En las presentaciones se hizo hincapié en el movimiento del mercado permuta. Según las fuentes, se dijo que la plaza movía alrededor de 50 millones de dólares diarios, y que era utilizada principalmente por empresas como un mecanismo para repatriar capitales de forma legal. Y también como instrumento para importaciones de bienes.
Ese mercado permuta funcionó con los bonos emitidos por el Estado. Entre 2006 y 2009, el Gobierno realizó emisiones en moneda extranjera, pagaderas en bolívares por 44.037 millones de dólares. Al principio, se trató solo de los Ticc, luego se unieron los bonos de Pdvsa y, en 2010, los bonos cambiarios que tenían condiciones muy similares.
El Mundo, 16/03/2011, 20, Carjuan Cruz
lunes, 14 de marzo de 2011
El caso Econoinvest, por José Guerra
El grupo de empresas de capitales le dio un impulso tremendo al mercado de capitales en Venezuela. El MC permite al pequeño ahorrista tener más alternativas que colocar sus ahorros en los bancos. Les permitió a los ahorristas, porque ya no existe en Venezuela por orden del ministro Giordani comprar bonos emitidos por el Estado a una tasa de interés superior a la que pagan los bancos y también adquirir divisas frente a un control de cambios que cerró toda posibilidad para que ciudadanos sin cuentas en el exterior y sin que tuviesen que viajar fuera de Venezuela, pudiesen hacerlo.
Casi dos millones de pequeños inversionistas colocaron su dinero en las empresas del mercado de capital y también casi 1.200 cajas de ahorros. De manera que 3.500.000 personas se beneficiaban de las funciones que ejercían las casas de bolsa, de las cuales Econoinvest era líder, y todo ello daba empleo a más de 5.000 personas. El ministro Giordani decidió acabar con todo ello y lo hizo en mayo de 2010. ¿Por qué lo hizo? Por dos razones. La primera porque el precio del dólar en el mercado paralelo se estaba disparando debido a que Cadivi no entregaba divisas y los necesitados concurrían a las casas de bolsa en su búsqueda. En segundo lugar, porque la inflación lo tenía y lo tiene loco. Entonces nada mejor que echarle la culpa a las casas de bolsa.
Sucedió que intervinieron y liquidaron las casas en 2010, el precio del dólar siguió elevado y la inflación, en lugar de bajar, aumentó. ¿Cuál fue la excusa para acabar con Econoinvest y el resto de las casas de bolsa? Ninguna. Un capricho para instaurar una Bolsa de Valores Socialista que no ha transado un solo título valor.
Sucede que fue Econoinvest la casa de bolsa seleccionada por el Gobierno para hacer la colocación de bonos públicos más alta de la historia de Venezuela en 2007, por US$ 7.500 millones, y también entre 2007 y 2008 prestó servicios en la oferta pública de adquisiciones tras las estatizaciones de la Cantv y la Electricidad de Caracas. También lo hizo Econoinvest activamente en la colocación de bonos de Pdvsa y el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, el 1° de marzo el Ministerio de Finanzas nombró un veedor en Econoinvest durante tres meses y él mismo no formuló objeciones. Es decir, que no había nada extraño que reportar. Todo se originó por las transacciones de los llamados Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) emitidos en dólares pero pagaderos en bolívares, como todos los bonos que emite el Gobierno. De la negociación de los Ticc surge un tipo de cambio del bolívar respecto al dólar, totalmente legal y autorizada su transacción por el BCV. Esa fue la excusa que encontró Giordani.
Casi dos millones de pequeños inversionistas colocaron su dinero en las empresas del mercado de capital y también casi 1.200 cajas de ahorros. De manera que 3.500.000 personas se beneficiaban de las funciones que ejercían las casas de bolsa, de las cuales Econoinvest era líder, y todo ello daba empleo a más de 5.000 personas. El ministro Giordani decidió acabar con todo ello y lo hizo en mayo de 2010. ¿Por qué lo hizo? Por dos razones. La primera porque el precio del dólar en el mercado paralelo se estaba disparando debido a que Cadivi no entregaba divisas y los necesitados concurrían a las casas de bolsa en su búsqueda. En segundo lugar, porque la inflación lo tenía y lo tiene loco. Entonces nada mejor que echarle la culpa a las casas de bolsa.Sucedió que intervinieron y liquidaron las casas en 2010, el precio del dólar siguió elevado y la inflación, en lugar de bajar, aumentó. ¿Cuál fue la excusa para acabar con Econoinvest y el resto de las casas de bolsa? Ninguna. Un capricho para instaurar una Bolsa de Valores Socialista que no ha transado un solo título valor.
Sucede que fue Econoinvest la casa de bolsa seleccionada por el Gobierno para hacer la colocación de bonos públicos más alta de la historia de Venezuela en 2007, por US$ 7.500 millones, y también entre 2007 y 2008 prestó servicios en la oferta pública de adquisiciones tras las estatizaciones de la Cantv y la Electricidad de Caracas. También lo hizo Econoinvest activamente en la colocación de bonos de Pdvsa y el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, el 1° de marzo el Ministerio de Finanzas nombró un veedor en Econoinvest durante tres meses y él mismo no formuló objeciones. Es decir, que no había nada extraño que reportar. Todo se originó por las transacciones de los llamados Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) emitidos en dólares pero pagaderos en bolívares, como todos los bonos que emite el Gobierno. De la negociación de los Ticc surge un tipo de cambio del bolívar respecto al dólar, totalmente legal y autorizada su transacción por el BCV. Esa fue la excusa que encontró Giordani.
Últimas Noticias, 14/03/2011, Pág. 38
viernes, 4 de marzo de 2011
"Y nada hacemos nosotros para impedirlo", Andrés Corelli
Las Bolsas de Valores y los poquitos actores sobrevivientes, asustadas y arrinconados, viendo como llevan al cadalso a los directores de Econoinvest, que han sido vejados y expoliados, en perjuicio de la República misma y de los inversores, sin que nadie tome partido ante la absurda desaparición del mercado de valores o ante la indiscutible legalidad de las operaciones de permuta con títulos de interés de capital cubierto que todo el mundo realizo, dentro de la permisividad de la Ley, actuación y complacencia del Banco Central de Venezuela y del Ministerio de Finanzas.
El extracto forma parte del texto: Andrés Corelli: ¡No estoy de acuerdo del todo contigo, Alberto Federico! (publicado en Lapatilla.com, 03/04/03/2011)
lunes, 28 de febrero de 2011
Casas de bolsa exigen al BCV pronunciarse de nuevo sobre legalidad del permuta
La defensa de los directivos de las casas de bolsa acusados introdujo un recurso en el Banco Central de Venezuela (BCV) para exigir información sobre la carta que el organismo envió a la Fiscalía General de la República, luego de que de ésta le preguntara sobre la legalidad de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc).
"De conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, solicitamos nos informe sobre el contenido de la respuesta emitida por el Banco Central de Venezuela a la comunicación emanada del despacho a su cargo", dice el texto.
"Estaba referida a la razonabilidad de negociación (compra y venta), en el mercado secundario venezolano, de los bonos de la Deuda Pública Nacional expresados en moneda extranjera y denominados Ticc", se agrega.
El documento estuvo dirigido al presidente del organismo, Nelson Merentes, y fue recibido por el ente emisor el pasado 23 de febrero. También se le entregó al Ministerio Público, dirigido a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, días antes, el 11 de febrero.
Valioso papel
El esfuerzo de la defensa se debe a que en ese papel están basando la demostración de inocencia de los nueve acusados. Pero el documento, la respuesta del Banco Central, ya no está en el expediente del caso. En el desarrollo de la audiencia preliminar se desapareció.
En junio, la Fiscalía le solicitó al ente emisor que se pronunciara sobre la legalidad de los Ticc para la ejecución de operaciones permuta, y también sobre cómo se establecía el precio del dólar en estas transacciones.
En agosto, el Banco Central emitió su respuesta. Tres cartas salieron del ente emisor, una para el Ministerio Público, otra para el despacho de Planificación y Finanzas y la tercera para la Superintendencia Nacional de Valores.
Y en el expediente reposó el documento hasta que se perdió. La defensa se quedó sin copia para el proceso en la audiencia preliminar.
El principal delito imputado por la Fiscalía a los nueve acusados es la comercialización ilícita de divisas; y se fundamenta en las operaciones permuta realizadas a través de bonos de este tipo; es decir, con los Ticc.
El argumento que salió desde la Superintendencia de Valores (antes comisión) señalaba que con estos bonos, negociados en bolívares pero denominados en dólares, no se podían efectuar transacciones permuta.
Sin embargo, la defensa avala que resoluciones del Banco Central ratificaron que esas operaciones sí podían realizarse. Y recuerdan que esas aclaratorias no vinieron por solicitud de las casas de bolsa, sino de la banca.
De hecho, desde la consultoría de la cartera de Finanzas, e incluso desde el mismo despacho del ministro Jorge Giordani, también se emitió un documento que ratificó la legalidad de los Ticc para ser utilizados en esas operaciones. Y estos oficios sí reposan en el expediente del caso de las casas de bolsa. Sin embargo, el del Banco Central es el crucial.
Polémicos bonos
El Gobierno comenzó a emitir títulos denominados en dólares pero negociables en bolívares en 2006, con una primera emisión por 1.215 millones de dólares.
La estrategia financiera pareció resultar, pues al siguiente año repitió con tres emisiones más que sumaron 2.684 millones de dólares en Ticc. Luego de un año de descanso, en 2009 ofrecieron más títulos de este tipo, con tres emisiones más por 781 millones de dólares.
Y así, estos 4.680 millones de dólares en Ticc comenzaron a mover 75% del mercado permuta en el país.
De esa cantidad, 60 millones de dólares los tenía registrados la casa de bolsa Econoinvest, hoy en liquidación, en la cartera propia de inversiones.
Pero ahora, ese portafolio está en el balance del Banco del Tesoro, que los compró antes de la devaluación y sin que concluyera el proceso de liquidación de la empresa bursátil.
Parte de esos Ticc de Econoinvest formaban parte de la garantía de las operaciones de reportos de los clientes, que estaban en la Caja Venezolana de Valores, pero que también fueron negociados.
"De conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, solicitamos nos informe sobre el contenido de la respuesta emitida por el Banco Central de Venezuela a la comunicación emanada del despacho a su cargo", dice el texto."Estaba referida a la razonabilidad de negociación (compra y venta), en el mercado secundario venezolano, de los bonos de la Deuda Pública Nacional expresados en moneda extranjera y denominados Ticc", se agrega.
El documento estuvo dirigido al presidente del organismo, Nelson Merentes, y fue recibido por el ente emisor el pasado 23 de febrero. También se le entregó al Ministerio Público, dirigido a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, días antes, el 11 de febrero.
Valioso papel
El esfuerzo de la defensa se debe a que en ese papel están basando la demostración de inocencia de los nueve acusados. Pero el documento, la respuesta del Banco Central, ya no está en el expediente del caso. En el desarrollo de la audiencia preliminar se desapareció.
En junio, la Fiscalía le solicitó al ente emisor que se pronunciara sobre la legalidad de los Ticc para la ejecución de operaciones permuta, y también sobre cómo se establecía el precio del dólar en estas transacciones.
En agosto, el Banco Central emitió su respuesta. Tres cartas salieron del ente emisor, una para el Ministerio Público, otra para el despacho de Planificación y Finanzas y la tercera para la Superintendencia Nacional de Valores.
Y en el expediente reposó el documento hasta que se perdió. La defensa se quedó sin copia para el proceso en la audiencia preliminar.
El principal delito imputado por la Fiscalía a los nueve acusados es la comercialización ilícita de divisas; y se fundamenta en las operaciones permuta realizadas a través de bonos de este tipo; es decir, con los Ticc.
El argumento que salió desde la Superintendencia de Valores (antes comisión) señalaba que con estos bonos, negociados en bolívares pero denominados en dólares, no se podían efectuar transacciones permuta.
Sin embargo, la defensa avala que resoluciones del Banco Central ratificaron que esas operaciones sí podían realizarse. Y recuerdan que esas aclaratorias no vinieron por solicitud de las casas de bolsa, sino de la banca.
De hecho, desde la consultoría de la cartera de Finanzas, e incluso desde el mismo despacho del ministro Jorge Giordani, también se emitió un documento que ratificó la legalidad de los Ticc para ser utilizados en esas operaciones. Y estos oficios sí reposan en el expediente del caso de las casas de bolsa. Sin embargo, el del Banco Central es el crucial.
Polémicos bonos
El Gobierno comenzó a emitir títulos denominados en dólares pero negociables en bolívares en 2006, con una primera emisión por 1.215 millones de dólares.
La estrategia financiera pareció resultar, pues al siguiente año repitió con tres emisiones más que sumaron 2.684 millones de dólares en Ticc. Luego de un año de descanso, en 2009 ofrecieron más títulos de este tipo, con tres emisiones más por 781 millones de dólares.
Y así, estos 4.680 millones de dólares en Ticc comenzaron a mover 75% del mercado permuta en el país.
De esa cantidad, 60 millones de dólares los tenía registrados la casa de bolsa Econoinvest, hoy en liquidación, en la cartera propia de inversiones.
Pero ahora, ese portafolio está en el balance del Banco del Tesoro, que los compró antes de la devaluación y sin que concluyera el proceso de liquidación de la empresa bursátil.
Parte de esos Ticc de Econoinvest formaban parte de la garantía de las operaciones de reportos de los clientes, que estaban en la Caja Venezolana de Valores, pero que también fueron negociados.
El Mundo, 28/02/2011, 18, Carjuan Cruz
miércoles, 23 de febrero de 2011
Activos de Econoinvest aumentan patrimonio al Banco del Tesoro en US$60M
La negociación que a finales de 2010 hizo el Banco del Tesoro de Venezuela con la junta interventora de Econoinvest ya arrojó frutos.
El banco logró duplicar su patrimonio después de comprarle a la junta liquidadora los US$60 millones en Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) que tenía esta casa de bolsa entre sus principales activos.
Las posiciones en moneda extranjera de las entidades bancarias se contabilizan desde el año pasado a Bs.F. 4,30 por dólar, después que lo aclarara el Banco Central de Venezuela (BCV).
Sin embargo, con respecto a los Ticc la condición era distinta. Estos títulos valores debían seguir registrándose a Bs.F. 2,60, según lo explicaron a El Mundo Economía y Negocios fuentes internas del Banco Central.
Así, las instituciones bancarias con posiciones de este tipo en su portafolio de inversión registraron una ganancia cambiaria luego del ajuste aplicado por el Gobierno en enero.
Y entre estas entidades está el Banco del Tesoro, más aún después de que en diciembre sumó más Ticc a su cartera de valores: los de Econoinvest.
El negocio. En diciembre, el balance del Banco del Tesoro mostraba en su patrimonio Bs.F. 695,3 millones (US$161 millones); y en enero esa cantidad aumentó a Bs.F. 1.200 millones (US$279 millones)
En efecto, el primer informe de 2011 de la Superintendencia para las Instituciones del Sector Bancario reflejó un ajuste al patrimonio (donde se registran las ganancias cambiarias) con Bs.F. 507,1 millones más de lo que se indicaba un mes atrás.
En esa cuenta están incluidos los 60 millones de dólares comprados a la junta liquidadora de Econoinvest.
La diferencia restante debe estar conformada también por Ticc, registrados en US$58 millones, con un valor (ahora) de Bs.F. 249,4 millones.
Esa inversión en Ticc apenas representa 6,3% de la cartera de títulos valores del Banco del Tesoro, que en enero sumó Bs.F. 7.995 millones.
Esta institución bancaria, recuerdan analistas financieros, siempre ha tenido una gestión dirigida hacia las inversiones en valores; en honor a su nombre, incluso.
Fue creada por el Estado con el objetivo de afinar las funciones que suelen llevar a cabo los departamentos de tesorería.
Sin embargo, el gobierno ha sido enfático al dirigirse a las instituciones que hoy conforman la banca pública (incluido el Banco del Tesoro), en cuanto a que la prioridad de la política económica es prestar, aumentar los créditos.
En el caso específico del Tesoro, las inversiones en capitales superan en poco más de 100% a la cartera de crédito.
Lo que pudo ser de los clientes. Esa ganancia cambiaria que hoy registra en su balance el Banco del Tesoro hubiese podido contabilizarse en la liquidez necesaria para honrar los compromisos de los clientes de Econoinvest.
No obstante, igual de esa operación la junta liquidadora obtuvo Bs.F. 156 millones que ahora en moneda local sirven para pagar operaciones en tránsito, y efectivo pendiente que corresponde a las acreencias de la casa de bolsa.
Parte de estos Ticc vendidos al Banco del Tesoro estaban registrados en la Caja Venezolana de Valores, como garantía de operaciones de reportos, a nombre del cliente titular de esa operación financiera.
Esos bonos estaban inscritos en una cuenta restringida para amparar el respaldo de esas transacciones.
Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar la venta de los títulos valores.
Los liquidadores dieron orden a este custodio local para disponer de estos papeles y venderlos. El alegato o razón para esa operación era la búsqueda de liquidez para el pago a clientes.
El banco logró duplicar su patrimonio después de comprarle a la junta liquidadora los US$60 millones en Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) que tenía esta casa de bolsa entre sus principales activos.
Las posiciones en moneda extranjera de las entidades bancarias se contabilizan desde el año pasado a Bs.F. 4,30 por dólar, después que lo aclarara el Banco Central de Venezuela (BCV).
Sin embargo, con respecto a los Ticc la condición era distinta. Estos títulos valores debían seguir registrándose a Bs.F. 2,60, según lo explicaron a El Mundo Economía y Negocios fuentes internas del Banco Central.
Así, las instituciones bancarias con posiciones de este tipo en su portafolio de inversión registraron una ganancia cambiaria luego del ajuste aplicado por el Gobierno en enero.
Y entre estas entidades está el Banco del Tesoro, más aún después de que en diciembre sumó más Ticc a su cartera de valores: los de Econoinvest.
El negocio. En diciembre, el balance del Banco del Tesoro mostraba en su patrimonio Bs.F. 695,3 millones (US$161 millones); y en enero esa cantidad aumentó a Bs.F. 1.200 millones (US$279 millones)En efecto, el primer informe de 2011 de la Superintendencia para las Instituciones del Sector Bancario reflejó un ajuste al patrimonio (donde se registran las ganancias cambiarias) con Bs.F. 507,1 millones más de lo que se indicaba un mes atrás.
En esa cuenta están incluidos los 60 millones de dólares comprados a la junta liquidadora de Econoinvest.
La diferencia restante debe estar conformada también por Ticc, registrados en US$58 millones, con un valor (ahora) de Bs.F. 249,4 millones.
Esa inversión en Ticc apenas representa 6,3% de la cartera de títulos valores del Banco del Tesoro, que en enero sumó Bs.F. 7.995 millones.
Esta institución bancaria, recuerdan analistas financieros, siempre ha tenido una gestión dirigida hacia las inversiones en valores; en honor a su nombre, incluso.
Fue creada por el Estado con el objetivo de afinar las funciones que suelen llevar a cabo los departamentos de tesorería.
Sin embargo, el gobierno ha sido enfático al dirigirse a las instituciones que hoy conforman la banca pública (incluido el Banco del Tesoro), en cuanto a que la prioridad de la política económica es prestar, aumentar los créditos.
En el caso específico del Tesoro, las inversiones en capitales superan en poco más de 100% a la cartera de crédito.
Lo que pudo ser de los clientes. Esa ganancia cambiaria que hoy registra en su balance el Banco del Tesoro hubiese podido contabilizarse en la liquidez necesaria para honrar los compromisos de los clientes de Econoinvest.
No obstante, igual de esa operación la junta liquidadora obtuvo Bs.F. 156 millones que ahora en moneda local sirven para pagar operaciones en tránsito, y efectivo pendiente que corresponde a las acreencias de la casa de bolsa.
Parte de estos Ticc vendidos al Banco del Tesoro estaban registrados en la Caja Venezolana de Valores, como garantía de operaciones de reportos, a nombre del cliente titular de esa operación financiera.
Esos bonos estaban inscritos en una cuenta restringida para amparar el respaldo de esas transacciones.
Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar la venta de los títulos valores.
Los liquidadores dieron orden a este custodio local para disponer de estos papeles y venderlos. El alegato o razón para esa operación era la búsqueda de liquidez para el pago a clientes.
América Economía, 23/02/2011
viernes, 18 de febrero de 2011
En bolívares serán primeros pagos por caso Econoinvest
La junta liquidadora de Econoinvest reconocerá primero las acreencias de operaciones que implicaban captaciones en bolívares, como los reportos; a pesar de que estas transacciones tenían en su mayoría garantías de bonos en dólares.La planificación de los funcionarios es pagar ese efectivo en moneda local, según indicaron fuentes vinculadas al caso.
Al momento de la intervención de Econoinvest, en mayo de 2010, esta empresa bursátil contabilizaba 40,3 millones de dólares en títulos de la República, que fungían como garantía de operaciones de reportos de 1.553 clientes por 22,9 millones de dólares.
Así, los títulos registrados en garantía para esas operaciones duplican el monto de los reportos hechos por los clientes con bonos en divisas.
De hecho, ese respaldo se registró en una cuenta restringida en la Caja Venezolana de Valores con indicación específica de resguardar estos reportos.
Estas operaciones, que vencieron entre el 18 y 28 de mayo del año pasado, quedaron congeladas luego de la disposición que ese día emitió la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), que suspendió la comercialización de títulos valores denominados en moneda extranjera.
La medida fue ratificada por el Departamento de Valores del Banco Central de Venezuela, desde donde se envió notificación a las instituciones participantes en el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (Sicet), recalcando la suspensión "de la negociabilidad en el mercado secundario de los títulos valores denominados en moneda extranjera" a partir del 19 de mayo del año pasado; cita el aviso, con fecha del 18 de ese mismo mes.
Tiempo vencido
El pasado 28 de enero se venció el plazo de los liquidadores para informar sobre la evaluación de las solicitudes de acreencias por parte de los trabajadores, proveedores y clientes. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho la publicación respectiva en prensa. Esos resultados siguen sin conocerse.
En esas acreencias están incluidas todas aquellas operaciones que implicaron una captación de recursos, o cualquier pago pendiente. Pero en el caso específico de los reportos, la administración de Econoinvest registró la garantía para respaldar los montos de esas transacciones.
Según las fuentes consultadas, los liquidadores pudieran vender estos títulos para obtener liquidez. Pues obtendrían recursos más que suficientes para saldar la deuda con los clientes. O, por lo menos, entregar la titularidad correspondiente al portafolio de cada cliente.
Se trata de operaciones sencillas, pero que aún no se ejecutan, explican los consultados.
En efecto, los mismos integrantes de la junta liquidadora, y hasta el superintendente de valores, Tomás Sánchez, indicaron en distintas oportunidades que la empresa estaba solvente; lo que adelantaba que en el caso específico de Econoinvest existía liquidez suficiente para cancelar los compromisos pendientes.
De hecho, el activo principal de esta institución financiera estaba constituido por un portafolio de inversión conformado por Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) por 60 millones de dólares. Y parte de esos títulos valores conformaban esa garantía de los reportos.
Estos bonos ya fueron negociados, por lo que la junta liquidadora obtuvo una liquidez de Bs.F. 156 millones. Sin embargo, estos recursos obtenidos no se utilizan aún para pagar a clientes y demás acreedores.
Bonos retenidos
En noviembre, seis meses después de la intervención de Econoinvest, se autorizó la liberación de los bonos registrados a nombre de cada cliente en la Caja de Valores.
Sin embargo, todavía hay por lo menos 2.000 que siguen con sus títulos represados, a la espera del permiso de la junta liquidadora.
El restante, unos 6.000 clientes, ya tienen acceso a su portafolio, e incluso ya están realizando el traspaso de sus títulos valores a los bancos del país, lo que les permitirá cobrar sus intereses al día, recibir el capital correspondiente por vencimiento, o liquidarlos antes para obtener dólares.
En la banca estos tenedores de bonos ya están obteniendo receptividad para custodiar y gestionar esos instrumentos.
El Mundo, 18/02/2011, 14, Carjuan Cruz
jueves, 17 de febrero de 2011
Giordani, póngale reparo a interventores de Econoinvest
La intervención de Econoinvest se hizo con el pretexto de proteger los intereses de los ahorristas… que ahora ven cómo el Estado recorta a la mitad sus acreencias.
Este miércoles, 16 de febrero, apareció en El Nacional una nota firmada por Andrés Rojas Jiménez cuyo título expresaba la gravedad del contenido: “Clientes sólo recibirán 50% de la inversión”. Ya en el primer párrafo el lector quedaba enterado de cuál es el colectivo de ahorristas que había sido desmedrado. “Los funcionarios a cargo de la junta de intervención y liquidación de Econoinvest prevén comenzar a pagar a los tenedores de títulos en divisas, pero en moneda nacional a la tasa de 2,15 bolívares, que estuvo vigente hasta principios de 2010 y no a la actual paridad de 4,30 bolívares”.Esto implica que la junta liquidadora de Econoinvest Casa de Bolsa está participando a los ahorristas cuyos portafolios tenían Reportos en dólares, que les cancelarán con bolívares a la extraña tasa de 2,15 bolívares por dólar, lo cual no cubre ni el 50% de sus ahorros.
¿A qué este nuevo abuso de los señores Tomás Sánchez, presidente de la Superintendencia Nacional de Valores, el abogado Carlos Araujo, la interventora Nahunimar Castillo y demás interventores y liquidadores de la empresa?
Aún no han explicado la aberración que se cometió al vender TICCs por casi 60 millones de dólares dos semanas antes de la devaluación, lesionando gravemente el patrimonio de la empresa y comprometiendo la gestión del inmaculado monje Jorge Giordani. Y ahora anuncian, a unos clientes desesperados porque no les pagan sus ahorros, que los van a esquilmar pagándoles la mitad de sus acreencias.
Cuando se intervino la empresa estaba sana. Rebosante de activos. Se procedió a su liquidación vulnerando todos los preceptos legales, paradójicamente con el pretexto de salvaguardar los intereses de los clientes, que nunca estuvieron en peligro durante la gestión de sus legítimos dueños. Ahora comienzan a colar la idea de que no hay caja para cumplir con los clientes.
Econoinvest mantenía un total de US$ 40.332.595 en títulos de la República y PDVSA sólo para garantizar $22,988,330.27 en reportos de un total de 1553 clientes.
Los reportos quedaron pendientes de pago luego de que la Comisión Nacional de Valores prohibiera la negociación de Títulos en Dólares el 18 de mayo de 2010. A partir de esa fecha, los Reportos con vencimientos pendientes (total de reportos que debía cancelar Econoinvest a sus clientes) alcanzaban un total de US$ 22.988.330,27. La garantía duplicaba la deuda de estos 1553 clientes.
Durante el proceso de intervención, los clientes tenían bonos en dólares en la Caja Venezolana de Valores como garantía de sus reportos. La propuesta de Econoinvest Casa de Bolsa, que fue presentada por los viceresidentes de la empresa a la Junta Interventora poco después del comienzo de la intervención, contemplaba la posibilidad de que los clientes optaran entre quedarse con estos bonos en dólares o esperar a que se liberara la restricción establecida por la Superintendencia de Valores, que prohibía su comercialización por parte de las Casas de Bolsa. Sin embargo, los funcionarios de la CNV e Interventores, prohibieron la entrega de esos bonos a los clientes.
No es aceptable que los clientes reciban un pago chucuto en bolívares como producto de sus reportos en dólares, toda vez que Econoinvest Casa de Bolsa, todavía mantiene en custodia recursos más que suficientes para cumplir con sus compromisos en divisas.
Los bonos deberían ser vendidos o, en su defecto, entregados a los clientes para que pudieran negociarlos a través de cualquier institución financiera. ¿Qué esperan Tomás Sánchez, Nahunimar Castillo, Carlos Araujo y compañía para devolver sus ahorros a los clientes?
Teniendo estos bonos en dólares en su cartera por más de ocho meses, ¿qué piensa hacer la junta interventora con ellos si les paga en bolívares a sus clientes?
¿A qué este nuevo abuso de los señores Tomás Sánchez, presidente de la Superintendencia Nacional de Valores, el abogado Carlos Araujo, la interventora Nahunimar Castillo y demás interventores y liquidadores de la empresa?
Aún no han explicado la aberración que se cometió al vender TICCs por casi 60 millones de dólares dos semanas antes de la devaluación, lesionando gravemente el patrimonio de la empresa y comprometiendo la gestión del inmaculado monje Jorge Giordani. Y ahora anuncian, a unos clientes desesperados porque no les pagan sus ahorros, que los van a esquilmar pagándoles la mitad de sus acreencias.
Cuando se intervino la empresa estaba sana. Rebosante de activos. Se procedió a su liquidación vulnerando todos los preceptos legales, paradójicamente con el pretexto de salvaguardar los intereses de los clientes, que nunca estuvieron en peligro durante la gestión de sus legítimos dueños. Ahora comienzan a colar la idea de que no hay caja para cumplir con los clientes.
Econoinvest mantenía un total de US$ 40.332.595 en títulos de la República y PDVSA sólo para garantizar $22,988,330.27 en reportos de un total de 1553 clientes.
Los reportos quedaron pendientes de pago luego de que la Comisión Nacional de Valores prohibiera la negociación de Títulos en Dólares el 18 de mayo de 2010. A partir de esa fecha, los Reportos con vencimientos pendientes (total de reportos que debía cancelar Econoinvest a sus clientes) alcanzaban un total de US$ 22.988.330,27. La garantía duplicaba la deuda de estos 1553 clientes.
Durante el proceso de intervención, los clientes tenían bonos en dólares en la Caja Venezolana de Valores como garantía de sus reportos. La propuesta de Econoinvest Casa de Bolsa, que fue presentada por los viceresidentes de la empresa a la Junta Interventora poco después del comienzo de la intervención, contemplaba la posibilidad de que los clientes optaran entre quedarse con estos bonos en dólares o esperar a que se liberara la restricción establecida por la Superintendencia de Valores, que prohibía su comercialización por parte de las Casas de Bolsa. Sin embargo, los funcionarios de la CNV e Interventores, prohibieron la entrega de esos bonos a los clientes.
No es aceptable que los clientes reciban un pago chucuto en bolívares como producto de sus reportos en dólares, toda vez que Econoinvest Casa de Bolsa, todavía mantiene en custodia recursos más que suficientes para cumplir con sus compromisos en divisas.
Los bonos deberían ser vendidos o, en su defecto, entregados a los clientes para que pudieran negociarlos a través de cualquier institución financiera. ¿Qué esperan Tomás Sánchez, Nahunimar Castillo, Carlos Araujo y compañía para devolver sus ahorros a los clientes?
Teniendo estos bonos en dólares en su cartera por más de ocho meses, ¿qué piensa hacer la junta interventora con ellos si les paga en bolívares a sus clientes?
Código Venezuela, 17/02/2011, Editorial
miércoles, 16 de febrero de 2011
Econoinvest: Clientes sólo recibirán 50% de la inversión
Los funcionarios a cargo de la junta de intervención y liquidación de Econoinvest prevén comenzar a pagar a los tenedores de títulos en divisas, pero en moneda nacional a la tasa de 2,15 bolívares, que estuvo vigente hasta principios de 2010 y no a la actual paridad de 4,30 bolívares.
Varios de los clientes notificados de la decisión, han expresado su reclamo debido a que la inversión la hicieron en moneda extranjera y al concretarse el pago en bolívares a la anterior tasa de cambio, implicaría una pérdida de 50%.
Otro tema pendiente tiene que ver con los pagos por concepto de títulos que vencieron y el dinero se quedó en Tesorería pendiente por la emisión de cheques para el correspondiente pago, pero el incremento de gastos por parte de la junta interventora ha generado problemas de liquidez para la cancelación.
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, ha señalado que la mayor parte de las quejas recibidas por esa organización tienen que ver con este grupo de clientes.
Otro tema pendiente tiene que ver con los pagos por concepto de títulos que vencieron y el dinero se quedó en Tesorería pendiente por la emisión de cheques para el correspondiente pago, pero el incremento de gastos por parte de la junta interventora ha generado problemas de liquidez para la cancelación.
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, ha señalado que la mayor parte de las quejas recibidas por esa organización tienen que ver con este grupo de clientes.
El Nacional, 16/02/2011, E6, Andrés Rojas Jiménez
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