En la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) gestionan cuatro renuncias a las licencias de operaciones. "Esto es un retroceso", dice uno de los que todavía se niega a retirarse. "En el sector quedamos los que seguimos creyendo en que esto cambiará en algún momento", dijo este corredor, que declaró en condición de anonimato.
Las nuevas contribuciones y tasas establecidas en la resolución N° 040 de la Sunaval le complicaron el plan de sobrevivencia a los operadores. Del lado de la Bolsa Pública, estás pueden disminuir o desaparecer.Mantenerse en stand by con los nuevos costos de estas normas implican a los intermediarios una misión imposible de cumplir.
Aunque abogados especialistas en capitales recuerdan que en una resolución no se pueden aplicar pagos e impuestos -en el marco jurídico deben establecerse a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional-, los operadores activos deben cancelar las nuevas tarifas establecidas por el ente regulador.
En efecto, es una regulación que deben cumplir, pues, pese a que no es el proceso legal correspondiente, la resolución se publicó en la Gaceta Oficial N° 39.591.
Paga aquí, allá no
Según lo establecido en estas normas, por una oferta pública de valores el emisor deberá cancelar 1,5% del monto a ofrecer en esa operación a la Superintendencia.
En detalle, "para liquidar, recaudar y percibir contribuciones e ingresos" la Sunaval recibirá por cada inscripción de acciones, obligaciones o papeles comerciales o cualquier otra oferta pública entre 600 y 1.500 unidades tributarias; es decir, entre Bs.F. 45.600 y Bs.F. 114.000.
Y esto, según los corredores de valores, lo menos que provoca es la promoción del mercado de valores. "Hacer una oferta para ahorro ya no sería una buena idea. Para eso la empresa acude a un banco, porque ya la emisión no le estaría generando ningún tipo de beneficio", explica uno de los corredores consultados.
Sin embargo, la opción podría ser otra. En la misma resolución queda claro que el Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, tiene total potestad de "disminuir o eximir" de estos pagos a comunidades organizadas, empresas de propiedad social o colectiva y también a pequeñas o medianas empresas.
Pero esto no es un juego justo, según los antiguos actores del mercado de valores consultados. Aseguran que de esta manera los emisores interesados en emitir oferta de acciones en la Bolsa de Caracas están siendo atraídos por el otro corro, el público, con la carnada de unos costos mucho menores.
Y en ese, en el de la Bolsa Pública Bicenteneria, solo pueden intermediar nueve personas naturales, los llamados OVA (Operadores de Valores Autorizados).
Así, la única parte del negocio que le quedaba a los 60 operadores privados aún vivos corre el riesgo de quedar más disminuida de lo que está.
La actividad bursátil ya estaba reducida desde la nacionalización de La Electricidad de Caracas y de la Cantv a 15% del movimiento del mercado de capitales.
A este porcentaje también le pesa el control de cambio y otras variables, pues provocó menos interés en emitir ofertas de acciones por implicar más riesgo. Y la renta fija (bonos, por ejemplo) resultó más atractiva.
Aunado a esto se generó el mercado permuta, ya que la única manera legal de negociación de divisas era a través de títulos valores. Por ello, muchas empresas comenzaron a acudir a las casas de corretaje para repatriar capitales u obtener más dólares para importaciones.
Una licencia que ya no sirve
Pese al panorama inoperante, las 30 casas de bolsa activas, acompañas de una cantidad similar de sociedades de corretajes, siguen guareciendo muy bien sus licencias, aunque por los momentos ese permiso no tenga ya ningún sentido.
Ese documento, que gestionaron hace unos años, ya no les permite intermediar títulos de deuda pública (de ningún tipo). Esa potestad se las eliminaron en 2010. Y con esa disposición también le dijeron adiós a las operaciones financieras que implicaran algún tipo de captación de recursos, pues sin títulos públicos de por medio disminuyen a su mínima expresión las posibilidades de hacer un reporto con las garantías y el respaldo correspondiente.
Pero pese a que cuatro casas de corretaje ya introdujeron su renuncia, y la Sunaval ya aceptó dos, el resto del mercado insiste en esperar, como un último intento de subsistencia.
Mientras, los bancos asumen el movimiento de la renta fija; es decir, se encargan de la nueva función de intermediar títulos valores, que si bien es una de sus actividades no es su esencia de servicio, que es dar créditos.
Las entidades son las únicas que pueden intermediar la compra de bonos de deuda pública.
El Mundo, 16/03/2011, 4-5, Carjuan Cruz
