Fundación para la Cultura Urbana espera recuperar activos

El 26 de agosto del año pasado aparecía en estas páginas una nota titulada: "Retenidos 35 mil libros de la FCU (Fundación para la Cultura Urbana)" que cerraba con la frase: "Por ahora no existe una fecha en el calendario para que la Fundación pueda utilizar sus activos. La cultura espera". Tulio Hernández tituló su columna de este domingo, "Relato de los libros presos", una manifestación de que la espera continúa.

En su acostumbrado espacio dominical, el sociólogo comenta: "(Marcos) Pérez Jiménez los incautaba antes de que salieran. (Augusto) Pinochet los mandaba a la hoguera. En tiempos de Hugo Chávez, hay que reconocer su originalidad, los meten presos. A los libros, pobres, no les va bien con los militares duros".

El "cautiverio" de estos libros comenzó en julio cuando un ente de la Superintendencia Nacional de Valores desalojó a la FCU, una organización que recibía apoyo de Econoinvest, casa de bolsa intervenida previamente, en abril, por presuntas irregularidades.

No ha habido sentencia para los directivos de la casa de bolsa, por lo tanto todo está congelado a su alrededor. La Fundación, que es un ente autónomo, funcionaba en un espacio de Econoinvest, pero los activos que estaban dentro son propios; sin embargo, están "decomisados" desde julio.

"Es importante aclarar que la Fundación es autónoma. Eso en el marco jurídico nacional está tipificado: las fundaciones son autónomas. Una cosa es que haya tenido excelentes relaciones con el grupo de empresas de Econoinvest, y otro es que se quiera atribuirle delitos a la Fundación por esa relación. Al menos que publicar libros y contribuir con el acervo cultural venezolano sea un delito", decía a El Universal uno de los miembros de la Sociedad de Amigos de la FCU, Alexis Romero.

Andrés Boersner, presidente ejecutivo de dicha Sociedad, explicó que hasta ahora se ha apelado al diálogo, pero los intentos han sido infructuosos. Así que esperan emprender acciones legales próximamente.

"Son más de 100 títulos, más de 30.000 volúmenes, entre ensayos y crónicas, todos referidos a la cultura urbana; aparte de fotografías, videos y discos", enumera Boersner, quien comenta: "La Fundación ha sido secuestrada jurídicamente".

En efecto, en las oficinas del edificio Mene Grande, al este de Caracas, y en sus depósitos, hay al menos 40 obras que estaban en proceso de edición. Por ejemplo, están represados 900 ejemplares de una reedición de Caracas Cenital, libro del fallecido William Niño, con fotografías aéreas de Nicola Rocco. "Casi no circularon: Ciudades que ya no existen de Fedosy Santaella; Lo erótico y lo pornográfico, de Rubén Monasterios; y Mínima expresión, de Violeta Rojo, de los que saldrían no más de 100 ejemplares", informó.

Otros como Portugal y Venezuela: 20 testimonios, de Yoyiana Ahumada; Francia y Venezuela: 20 testimonios, de María Ángeles Octavio y Curazao y Venezuela: 20 testimonios, por Diana Pinedo, nunca salieron, así como el de Colombia y Venezuela, que estaba bien adelantado.

"Otro recurso es que los mismos autores reclamen su obra", propone Boersner, para el que es un sinsentido tener esos libros retenidos. "Como lo dice Tulio en su columna, ninguno va dirigido a protestar contra el Gobierno".

El librero de Noctua especula que podría haber algo de ineptitud y de espera, en la actitud de la junta interventora de Econoinvest. "Yo creo que esperan a ver qué pasa en instancias superiores, esperan a ver qué orden emana del Alto Gobierno", dice.

En un principio pensaba que era desconocimiento, pero a estas alturas ya es mala fe. Ellos saben que esos activos no pertenecen a Econoinvest. Deberían entregar esos libros, pero, claro, todo forma parte de la política de destrucción de instituciones culturales que eran eficientes y que no forman parte de su política doctrinaria", concluye.

El Universal, 15/02/2011, Ángel Ricardo Gómez

Relato de los libros presos, por Tulio Hernández

Estoy seguro de que muy pocos lectores conocen la historia de los libros presos. Saben, no lo dudo, que en Venezuela hay políticos, empresarios, jueces, generales presos, la mayoría de ellos sin debido proceso, porque en nuestro país es normal que un deseo del jefe de gobierno se convierta en orden que los jueces deben cumplir aunque violen la ley. Pero la de los libros en cautiverio es otra historia para contar.

Se trata de poco más de 35.000 ejemplares (¡!) a los que nadie, ni lectores, ni autores ni editores, puede tener acceso porque se hallan arrumados en la oscuridad de los sótanos del edificio Mene Grande, en Caracas, privados de libertad por un crimen que no cometieron.

Corresponden aproximadamente 120 títulos, entre los que se encuentran desde hermosos libros artísticos, como Caracas cenital o Fotografía urbana venezolana. 1850-2000, hasta la obra de autores como García Bacca, Liscano, Massiani o Mayz Vallenilla, ya clásicos para los venezolanos; pasando por escritos académicos o crónicas sabrosas sobre temas urbanos, análisis históricopolíticos de conocidos investigadores de nuestras universidades, estudios sobre el arte nacional y latinoamericano, y el trabajo literario de decenas de narradores, poetas y ensayistas, incluidos libros de escritores abiertamente comprometidos con el régimen como Wilfredo Machado, autor de Poética del humo, o el arquitecto Ricardo Menéndez, actual ministro de Ciencia y Tecnología. Junto a las de ellos, firmas históricas, como la del generalísimo Francisco de Miranda, que no podrían molestar a nadie.

Hay que resaltar que entre estos volúmenes no hay ni uno solo que se dedique a cuestionar o mostrar las contradicciones profundas de la "revolución" bolivariana. Entonces, ¿por qué están presos?, se preguntará el lector. Pues allí entra Kafka. No se trata, como podríamos presumir, de uno más de los actos de censura a los que nos tiene acostumbrados el ministro de Cultura. Tampoco es una acción de la policía política cubana, el Cicpc o el Sebin. No. El carcelero en esta oportunidad es nada más y nada menos que la Superintendencia Nacional de Valores, un organismo gubernamental sin competencias culturales, que en teoría se ocupa de regular y supervisar el funcionamiento de las casas de bolsa y otros entes financieros similares.

Sucede que a la mencionada superintendencia le corresponde ejecutar las intervenciones de los entes financieros privados cuando el jefe mayor las ordena. En abril del año pasado, el dedo que todo lo puede señaló a Econoinvest. La comisión intervino la casa de bolsa de Los Palos Grandes y, además, envió a prisión sin prueba de los delitos acusados a cuatro de sus directivos.

Como si no fuera suficiente atropello, y a pesar de ser un ente sin fines de lucro con entidad jurídica propia, la Fundación para la Cultura Urbana, auspiciada por Econoinvest, también fue intervenida. Sus oficinas fueron clausuradas sin notificación previa y por órdenes de la señora Nahunimar Castillo, la interventora, los libros confiscados hasta nuevo aviso, y se privó de esa manera a los lectores del derecho de leerlos, y a los autores, del derecho ­contemplado en la Constitución de 1999­ a que sus obras circulen. A la solicitud de liberación de los libros, hecha por directivos de la fundación, nadie responde. Ellos siguen allí. Abandonados. Sin ser leídos. Enmoheciéndose en la oscuridad.

Pérez Jiménez los incautaba antes de que salieran. Pinochet los mandaba a la hoguera. En tiempos de Hugo Chávez, hay que reconocer su originalidad, los meten presos. A los libros, pobres, no les va bien con los militares duros.

P.S. Agradezco profundamente a los lectores que, a propósito de mi artículo "La internacional de los tiranos" (20-01-11), tuvieron la generosidad de advertirme que Mugabe es el dictador de Zimbabue y no de Namibia como equivocadamente escribí. Gracias a ellos y mis disculpas a todos por el error.

El Nacional, 13/02/2011, Pág. S7

Fiscalía no tenía ni idea de dónde salía precio permuta

Como "especuladores del dólar alternativo" y responsables hasta de los altos índice de inflación fueron acusadas por el Gobierno las casas de bolsa del país. Y en particular más de 40 resultaron con medidas administrativas, que terminaron en muchos casos en intervención y liquidación.
Sin embargo, cuando la Fiscalía efectuó la detención de 10 directivos de cinco diferentes empresas bursátiles, aún desconocía cómo funcionaba el mecanismo por el cual se conformaba el precio del dólar en el mercado permuta.
Desde el Ministerio Público se envió una carta al Banco Central de Venezuela (BCV) con fecha del 22 de junio (un mes después de los arrestos) solicitándole al ente emisor la explicación de los diferenciales de precios entre las operaciones de compra a los clientes y el de la venta al mercado internacional.
En el texto la Fiscalía le solicitaba al Banco Central la aclaratoria de "la razonabilidad" de transacciones con títulos valores en las que el precio por el que la casa de bolsa vende a través del Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (Sicet) del BCV "difiere en más de 60 puntos porcentuales con respecto al precio acordado con el cliente."
El procedimiento
La explicación del Banco Central llegó al Ministerio Público, pues según fuentes vinculadas, los propios fiscales a cargo confirmaron la existencia de esa respuesta en la audiencia preliminar. No obstante, ese documento ahora no aparece.
Según indican desde la defensa de las casas de bolsa ese diferencial en el precio se refiere al mecanismo de la operación permuta tradicional.
Si enero del año pasado un cliente compraba en Venezuela un bono con un valor nominal de $1.000, pero a un precio de descuento de 90%, debía pagar entonces 900 dólares, a la tasa de cambio de ese momento, que era Bs.F. 2,60 por divisa. En ese caso, terminaba cancelando Bs.F. 2.340.
Y cuando ese demandante de dólares le pedía a la casa de bolsa que liquidara ese título valor para obtener las divisas; el precio en el mercado internacional de ese papel (que podía ser un petrobono o un bono de la República) se cotizaba a un descuento de 35%; por lo que al final el cliente terminaba recibiendo $350, de esos 1.000 que "pujó", en el caso expuesto. Y de ahí resultaba el precio implícito de la operación.
Incluso, explican los abogados, un bono que se ofrecía en el mercado local con una prima de 175%; el cliente pagaba 75% por encima del precio nominal (que en ese ejemplo fue de $1000), se llegó a vender en el mercado internacional a un descuento de 65%.
Y recuerdan que todas estas transacciones primero debían pasar por ese sistema de custodia del Banco Central, agregan en su explicación.
Hasta el jueves
En todo caso, el juez que lleva el caso, Robinson Vásquez, tiene el veredicto final, por lo menos en una primera instancia, mientras se efectúa la audiencia preliminar. Sin embargo, estas presentaciones fueron suspendidas ayer por segunda ocasión hasta mañana jueves. Ya antes el inicio fue suspendido en tres oportunidades.
La primera vez que fue paralizada la audiencia preliminar, se debió a una solicitud por parte de la defensa, para cambiar al juez Vásquez, fundamentada en la ausencia de la respuesta del Banco Central a esta petición de la Fiscalía.
Y, aunque el funcionario no fue separado del caso, el papel aún no está en el expediente. Un punto en contra para la defensa, que indica que este documento es clave para demostrar la inocencia de los acusados.
Ahora, la audiencia se suspendió por una afección cardíaca del acusado Mario Siervo, directivo de Venevalores, que en pleno acto debió ser llevado a la medicatura de los tribunales.
Los delitos imputados son comercialización indebida de divisas y asociación para delinquir. El primero se basa en el tipo de títulos utilizados para la ejecución de operaciones permuta y no en la ausencia de un bono al momento de negociar las divisas.
Los abogados señalan que la Ley contra Ilícitos Cambiarios, antes de su reforma en agosto de 2010, eximía a los títulos de la prohibición de negociar en dólares y en eso se basa la defensa.

El Mundo, 09/02/2011, Pág. 14, Carjuan Cruz

Fiscalía actuó sin certeza de ilegalidad de dólar permuta

Cuando la Fiscalía detuvo a 10 directivos de casas de bolsa por las investigaciones que realizaba en el mercado de valores no tenía certeza sobre la legalidad de las las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc), el delito por el cual se imputó a esas personas.
El delito se basa en las transacciones hechas con este tipo de papel en el mercado permuta.
Un mes después de estas detenciones, el Ministerio Público envió una carta al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes.

En esa misiva, se le solicitaba al funcionario una aclaratoria sobre varios puntos, entre ellos "la permisibilidad de la comercialización de los referidos instrumentos en el mercado secundario venezolano en moneda extranjera", dice el documento.
"En el sentido de si éstos se encuentran amparados en la excepción que establecía el artículo nueve, en su último aparte, de la Ley de Ilícitos Cambiarios", se concluye en ese punto.
Ese artículo nueve era el que permitía la negociación de títulos valores en moneda extranjera y que facultó y admitió la creación del mercado permuta.

Otra posible vía legal
El Ministerio Público solicitó esta aclaratoria al BCV un mes antes de efectuar las detenciones. El abogado Gustavo Tarre espera entonces que haya otros argumentos para atribuir los delitos.
El constitucionalista insiste en que para estas detenciones la Fiscalía "tendría que tener algún otro fundamento de ilegalidad". "Podrían haber otros elementos que llevaran al Ministerio Público a la detención", dice Tarre.
Explica que la Fiscalía, por no ser el órgano encargado de supervisar este sector de valores, por lógica debe hacer consultas a los entes reguladores.
En efecto, la Fiscalía también le pregunta al Banco Central sobre "la razonabilidad" de operaciones en títulos en donde el precio en el que vende la casa de bolsa el papel a través del sistema de custodia del BCV (el Sicet) difiere "en más de 60 puntos porcentuales con respecto al precio acordado para la compra entre la casa de bolsa y el cliente".

Se perdió la respuesta
La respuesta del Banco Central a estas inquietudes llegó. Y también se encontraba en el expediente del caso, según las fuentes vinculadas.
Sin embargo, ahora, en la audiencia preliminar, esa carta no aparece, está pérdida. Por ese motivo, la defensa solicitó la remoción del juez Robinson Vásquez, aunque esa petición no prosperó.
Más allá del desconocimiento de la Fiscalía sobre la legalidad de operaciones con los Ticc, el abogado Tarre recuerda que en el caso de las casas de bolsa se han cometido otras irregularidades desde el comienzo.
"En un principio el derecho penal venezolano establece que las personas acusadas de delito deben ser juzgadas en libertad", dice. Sin embargo, recuerda que la Fiscalía puede efectuar la detención si cree que existe alto grado de peligrosidad o riesgo de fuga.
Pero lo que le extraña al jurista es que la condena al mercado alternativo de divisas llegara años después de su creación: "La utilización del mercado permuta se desarrolló desde hace varios años. No era una actividad clandestina, sino que se realizaba de manera abierta".
Incluso, recordó que la misma República y Pdvsa eran participantes asiduas de este mercado.
"La Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores (ahora superintendencia), el Banco Central y el Ministerio de Finanzas la conocían. Entonces, o eran cómplices o esa actividad no era considerada por esos organismo como delictiva", explicó Tarre.

El Mundo, 08/02/2011, Pág. 14, Carjuan Cruz

Bonos de Econoinvest en la banca

A diferencia de los clientes de la casa de bolsa U21, muchos de los inversionistas de Econoinvest que ya obtuvieron la liberación de sus títulos en la Caja Venezolana de Valores, lograron traspasar sus papeles a algún banco nacional.
Y así, parte de esa posición en títulos valores que fue manejada por años a través de Econoinvest, ahora está en los balances del sistema bancario del país. Esto luego de que la caja, como custodio de esos papeles, ejecutara varias transferencias a entidades bancarias locales.
La ventaja de esa operación para el cliente es que si quiere obtener dólares por la venta de ese título, puede solicitar esa transacción a su banco.
Sin embargo, no todos los clientes de Econoinvest con bonos en la Caja de Valores han corrido con la misma suerte. Aún falta que la junta liquidadora de esta casa de bolsa, presidida por Nahunimar Castillo y Orangel Godoy, liberen los títulos de otros 2.000 clientes que tienen su posición registrada en la Caja Venezolana de Valores.
Acreencias paradas
Este 28 de enero culminó el plazo oficial para que los liquidadores de Econoinvest evaluaran las solicitudes de acreencias introducidas por los proveedores, trabajadores y clientes de la casa de bolsa. Hasta ahora el aviso en prensa informando sobre la deuda que se aprobó, y su monto, no se ha publicado.
En ese procedimiento se incluyen aquellas operaciones de captaciones de efectivo, pago pendiente de capital e intereses, y las transacciones que quedaron en tránsito al momento de la intervención.
Los liquidadores pagan esas deudas luego de vender los activos que la compañía tenga; en el caso de Econoinvest, el principal soporte para pagar a los inversionistas estaba respaldado por títulos de interés y capital cubierto (Ticc) que registraba en su balance.
La posición en Ticc que tenía Econoinvest era de 60 millones de dólares. La venta de esos títulos le darían suficiente liquidez a los liquidadores para comenzar a pagar, se hiciera la operación antes o después de la devaluación.
Si la junta vendió los papeles antes del ajuste cambiario de enero de este año, obtuvo recursos por Bs.F. 156 millones, que bien pudieran utilizarse para comenzar a pagar. Y en el escenario de que se negociaran luego de la devaluación, los liquidadores pudieron obtener por esos papeles, unos 258 millones de dólares. Sin embargo, los acreedores siguen sin recuperar su dinero y sin saber cuánto le pagará la junta liquidadora.

El Mundo, 02/01/2011, 14, por CC

Junta de Econoinvest autorizó operación con pérdida de 65%

Las juntas interventora y de liquidación de Econoinvest autorizaron 3 operaciones para la venta de títulos de interés y capital cubierto ­conocidos como TICC­ por 56 millones de dólares a una tasa de 2,60 bolívares 2 semanas antes que el Gobierno anunciara la eliminación de esa paridad, y el comprador fue el Banco del Tesoro.

Esa operación generó reacciones, explicó una fuente vinculada al Ministerio de Planificación y Finanzas, pues la compañía bursátil afronta problemas de liquidez para atender el pago a sus clientes. Por la venta de los TICC a Econoinvest le entraron 145,8 millones de bolívares en vez de 241,1 millones de bolívares que hubiese recibido con la tasa de 4,30 bolívares por dólar.

En cambio, con esa operación el Banco del Tesoro obtuvo una ganancia en sólo 18 días gracias al diferencial cambiario, mientras que Econoinvest perdió 95 millones de bolívares que se requerían para cubrir de manera parcial su déficit de liquidez, el cual le impide completar su proceso de liquidación y pagar a sus clientes.

Esta transacción fue avalada por la Superintendencia Nacional de Valores y se agilizó ante el hecho de que se consideraba inminente que el Ejecutivo nacional y el Banco Central de Venezuela aprobaron un nuevo convenio cambiario, explicó la fuente.

Las tres operaciones fueron hechas el 13 de diciembre de 2010. La de mayor monto fue por 30,3 millones de dólares por la que Econoinvest recibió 78,9 millones de bolívares al desprenderse de TICC que vencen en 2017; la segunda fue por 24,5 millones de dólares por papeles que expiran en 2015 y cuya contraparte en moneda nacional fue de 63,9 millones de dólares; y la tercera ­por una cantidad menor­ se hizo por la venta de títulos que caducan en 2013 equivalentes a 1,1 millones de dólares, por los que el Banco del Tesoro pagó 2,9 millones de bolívares.

En los prospectos del Ministerio de Planificación y Finanzas se explica que los bonos TICC son instrumentos financieros denominados en dólares y cuya negociación única y exclusiva debe hacerse en el país.

"Estos papeles devengarán flujos de interés y capital en bolívares al tipo de cambio oficial, y ofrecen un mecanismo que permite al inversionista moderar futuras ganancias o pérdidas en operaciones de importación o exportación, denominado cobertura", señala el reporte del despacho de las finanzas públicas sobre estos instrumentos.

A principios de enero de 2010, cuando se eliminó la tasa de 2,15 bolívares por dólar, y fue sustituida por 2 paridades: 2,60 y 4,30 bolívares, se dispuso que la primera rigiera para operaciones vinculadas con organismos públicos, incluida la transacción de títulos soberanos.

El Nacional, 31/01/2011, Economía, 6, por Andrés Rojas Jiménez

Giordani, explícanos ésta

Dos semanas antes de la devaluación, los interventores de Econoinvest vendieron al Banco del Tesoro títulos a Bs. 2,60. La compañía bursátil perdió un realero y ahora dicen que no hay cómo pagar a los clientes. Una operación rara, por decir lo menos.

La edición de este lunes 31 de enero de El Nacional tiene una nota de Andrés Rojas Jiménez donde se nos informa de que las juntas interventora y de liquidación de Econoinvest autorizaron 3 operaciones para la venta de Títulos de Interés y Capital Cubierto, conocidos como TICC, por 56 millones de dólares a una tasa de 2,60 bolívares. Lo escandaloso,  y que mueve a la sospecha, es que las operaciones se realizaron el 13 de diciembre de 2010, dos semanas antes de que el Gobierno anunciara la eliminación de paridad de Bs. 2,60; y el comprador fue el Banco del Tesoro. Esto significa, tal como lo enfatiza el periodista Jiménez, que la Junta de Econoinvest permitió que se registrara una pérdida de 65%, esto es, Bs 95 millones, en diferencial cambiario.-Esa operación –anotó el reportero- generó reacciones, explicó una fuente vinculada al Ministerio de Planificación y Finanzas, pues la compañía bursátil afronta problemas de liquidez para atender el pago a sus clientes. Por la venta de los TICC a Econoinvest le entraron 145,8 millones de bolívares en vez de 241,1 millones de bolívares que hubiese recibido con la tasa de 4,30 bolívares por dólar. El Banco del Tesoro obtuvo una ganancia en sólo 18 días gracias al diferencial cambiario, mientras que Econoinvest perdió 95 millones de bolívares.

Todo lo que ha ocurrido con Econoinvest es, por decirlo de manera leve, incomprensible, puesto que al momento de su intervención, hace ocho meses, Econoinvest tenía un patrimonio de 150 millones de dólares. Era más que suficiente para pagar a los clientes; y, sin embargo, hay miles de personas esperando la devolución¡n de sus ahorros invertidos en una empresa que, hasta el momento de su intervención, era perfectamente solvente, según la propia interventora, Nahunimar Castillo y el Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez

No se entiende, pues, cómo es que hay problemas para honrar los compromisos con sus clientes. Había más plata de la necesaria y, además, había unos activos. Qué está pasando con esos activos. Quién está redituando de ellos, ya que está claro que la ahora deficitaria Econoinvest no recibe el provecho que pudieran generar.

Jorge Giordani, ministro de Finanzas, debe responder al país estas preguntas:

¿Con que fin se vende perdiendo? ¿Por qué se vende a Bs. 2,60 cuando a Bs. 4,30 aumentaban el patrimonio y podían pagar con mayor solvencia a los ahorristas?

¿Qué hizo el Banco del Tesoro con esos TICCs? ¿Acaso hay un tercero comprándole al Banco del Tesoro? ¿Qué hicieron en el Banco del Tesoro con los bonos luego de la devaluación u homologación?

¿Quién autorizó esa operación, lesiva de la institución intervenida y de sus clientes, que aún no cobran?

¿Sabía Tomás Sánchez, Superintendente Nacional de Valores, de la extraña operación? ¿Sabía el ministro Giordani, quien días después devaluaría, de la misma?

En cualquier caso, es grave. Si Giordani sabía que venía una devaluación y no impidió esa venta, es sospechoso. Y si no lo sabía, sino que la medida se tomó de manera impensada, también es grave.

Código Venezuela, 31/01/2011, Editorial

Herman Sifontes: Un mecenas venezolano, por Héctor Abad Faciolince

No digo que sea idiota; tampoco inteligente; es astuto. La astucia es la inteligencia de los brutos. Pero el resultado de sus actos es estúpido porque perjudica a los demás y se perjudica a sí mismo. Las recientes elecciones colombianas son una muestra de ello: al intervenir en ellas y crear una instintiva solidaridad alrededor de Santos, perjudicó a Colombia y también a Venezuela. Pero no es de eso de lo que quiero hablar, sino de otras estupideces y arbitrariedades que está cometiendo contra una persona buena.

Desde hace diez días está preso Herman Sifontes, un gran empresario y mecenas venezolano. Desde su Fundación para la Cultura Urbanay desde Prodavinci, este banquero excepcional ha sido un gran impulsor de la música popular venezolana, de la fotografía histórica, del urbanismo, del periodismo y de la literatura. Pero de un momento a otro, por el único pecado de ser rico (no porque haya robado, sino gracias a un trabajo serio en la banca y en la bolsa), se ha convertido en enemigo del presidente venezolano, que ordenó su arresto con motivaciones absurdas y sinuosas.

El coronel Chávez dijo esta semana que les declaraba la guerra a los ricos. Como sus políticas económicas son un tremendo fracaso, tiene que buscar un culpable, y nada mejor que meterse con lo poco que queda de la empresa privada venezolana: Polar y algunos bancos. La labia de Chávez es incontenible: uno apaga la radio y él sigue hablando; uno apaga la televisión y él sigue hablando; uno se duerme y él sigue hablando; uno se despierta y él sigue hablando. Y en su verborrea incontenible su última obsesión es que “los ricachones se irán al infierno”.

Retrasada evaluación de acreencias de Econoinvest

El pasado siete de enero venció el plazo reglamentario que debió tardar la evaluación de las solicitudes de acreencias en el caso de la casa de bolsa Econoinvest.
Sin embargo, hasta ayer la junta liquidadora no había publicado el aviso respectivo en la prensa nacional anunciando la decisión tomada sobre cada una de esas peticiones.
En un proceso de liquidación de una empresa financiera se establece que los auditores encargados tienen 45 días hábiles para revisar las peticiones introducidas por todos aquellos con los que esa compañía quedó en deuda. Entre esos acreedores están los clientes.
Fuentes financieras vinculadas al sector explican que ese plazo incluye el tiempo en que los liquidadores deben realizar el balance final con su decisión, y la evaluación de ese informe por parte del presidente de la Superintendencia de Valores, Tomás Sánchez.
En el caso de Econoinvest, la casa de bolsa más grande que tenía el mercado de capitales venezolano, los inversionistas de la empresa entregaron las solicitudes para el pago de sus deudas en apenas 15 días hábiles, pues así está determinado. No se estipuló ni un día más de prórroga.
Ese tiempo culminó el cinco de noviembre; y el de la evaluación de las acreencias comenzó el ocho de ese mismo mes.

Tres semanas auto proclamadas
Luego de esos 45 días reglamentarios, el superintendente puede establecer una prórroga de 15 días más para la evaluación de las solicitudes de acreencias, si cree que el caso así lo amerita.
Desde diciembre del año pasado, en las oficinas de Econoinvest, administradas hoy por la junta liquidadora, esos días extras ya estaban anunciados.
A los clientes de la casa de bolsa se les notificaba que para la decisión sobre sus peticiones debían esperar en total 60 días. Es decir, tres semanas después del siete de enero.
Y, a partir de ese momento, se abre un nuevo lapso de sólo 15 días para que el acreedor que no esté de acuerdo con lo que le reconoció la junta liquidadora introduzca una nueva solicitud de reconsideración.

Lo que se reconocerá
Las deudas introducidas por los clientes son en su mayoría efectivo pendiente por operaciones que quedaron en tránsito al momento de la intervención de la casa de bolsa el 24 de mayo del año pasado.
Se trata de venta de títulos valores, capital a vencimiento por bonos, intereses pendientes, o liquidación de otros instrumentos financieros de captaciones como los repos, que aumentaron un poco en el sector, después de la eliminación de los mutuos en febrero de 2010.
También se incluyen las deudas de la empresa con proveedores o los compromisos a honrar con los trabajadores que se desempeñaban en Econoinvest, en el caso de esta casa de bolsa.
Las posiciones custodiadas en la Caja Venezolana de Valores no corresponden a este procedimiento, pues estos títulos valores están registrados a nombre del inversionista.
Sin embargo, también debieron esperar alrededor de cinco meses para acceder a sus papeles, pues era necesaria una carta de liberación por parte de los interventores que tardó ese tiempo en emitirse. Unos 9.000 inversionistas ya tienen acceso a los títulos valores que mantenían registrados en la Caja de Valores, mientras que unos 3.000 siguen a la espera.

Con más recursos 
La devaluación produjo un aumento de Bs.F. 102 millones en la valoración de los activos a liquidar en Econoinvest. Los títulos de interés y capital cubierto (ticc) -denominados en dólares pero pagaderos en bolívares- que esta casa de bolsa mantenía en cuenta propia ahora se contabilizan a la tasa de cambio de Bs.F. 4,30 por dólar, mientras que hasta el año pasado se hacía a Bs.F. 2,60.

El Mundo, 12/01/2011, Pág. 14, por Carjuan Cruz

Devaluación da más dinero a interventores para pagar

La contabilización de los bonos de deuda denominados como Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) a Bs.F. 4,30 por dólar favorece el patrimonio de las casas de bolsa intervenidas o en liquidación.
Y esto, a su vez, incrementa los recursos para honrar los pagos a los clientes afectados que aún no han logrado recuperar las inversiones que les quedaron congeladas a raíz de las medidas administrativas interpuestas durante el año pasado por la Superintendencia de Valores a más de 40 empresas bursátiles.
Según cifras del Ministerio de Finanzas actualmente hay en circulación unos 4.683 millones de dólares en Ticc.
El monto representaba hasta el año pasado Bs.F. 12.175 millones; mientras que ahora Bs.F. 20.136 millones; es decir, casi Bs.F. 7.961 millones más.
Los bonos de este tipo que tengan las casas de bolsa intervenidas o liquidadas en el registro de su patrimonio a cuenta propia son activos que pueden o deben ser vendidos por la junta designada por la Superintendencia de Valores para realizar la correspondiente auditoría.
Hay que recordar que el propósito de esos procesos es precisamente saldar las deudas pendientes de la compañía, sobre todo las acreencias con los clientes afectados, esto en caso de que no pueda ser rehabilitada.
El atractivo de este tipo de papel es que, como su nombre lo indica, aunque son cancelados en bolívares, se emiten en dólares para que el inversionista se proteja contra una posible devaluación de la moneda local.
En el escenario actual, protegió el activo de las casas de bolsa actualmente inactivas, y que hoy están bajo la administración de funcionarios de la Sunaval, que ahora pudieran liquidar esos papeles e incrementar así la fuente de ingresos que necesitan para pagar.

Medida en reversa 
En efecto, el Banco Central emitió una circular en la que aclara que los Ticc deben calcularse a Bs.F. 4,30 por dólar a partir de enero de este año.
Sin embargo, en enero de 2010, cuando se anunció la devaluación que modificó la tasa de cambio de Bs.F. 2,15 y se crearon dos nuevas, la de Bs.F. 2,60 y la de Bs.F. 4,30, el Banco Central emitió la Resolución N°10-01-02.
En ese documento se indicaba en su segundo artículo que "la valoración y registro contable de los títulos emitidos por el sector público nacional denominados en moneda extranjera mantenidos por bancos, casas de cambio y demás instituciones financieras... se efectuará al tipo de cambio de Bs.F. 4,30 por dólar".
Y el sector financiero interpretó que los Ticc, por ser denominados en dólares, estaban incluidos en esa aclaratoria.
Incluso, meses después, con la implementación del Sistema de Transacciones en Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), participantes del sector financiero esperaban que estos bonos se vendieran al precio establecido en esta plataforma, es decir, a Bs.F. 5,30 por dólar.
Esto porque cuando se adquirieron estos papeles la compra se efectuó al tipo de cambio implícito, que siempre estuvo sobre el valor oficial de la divisa.

Otra historia
Más allá de esa resolución, la nueva circular del BCV, publicada esta semana, dice que los cupones (el interés) de los Ticc se cancelarán "al tipo de cambio oficial vigente los dos días hábiles bancarios anteriores a la fecha de inicio del cupón vigente o a cancelar". Esto indica que la cuota con fecha de 2010 se pagará a Bs.F. 2,60.
De hecho, así lo confirmaron a El Mundo Economía y Negocios fuentes internas del ente emisor. Y, además, indicaron que la contabilización de estos títulos valores debió realizarse durante el año pasado a esa misma tasa y no a Bs.F. 4,30 por dólar, como en algún momento se entendió en el sector financiero por la resolución emitida en enero de 2010.
En ese mismo documento, solo se indicaba que a la tasa de cambio de Bs.F. 2,60 quedarían "los activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos por bancos, casas de cambios e instituciones financieras, públicas y privadas".

No todos se benefician 
Bajo ese panorama algunos se benefician y otros no. La deuda del Gobierno, como emisor es menor, porque pagará el interés del año pasado a Bs.F. 2,60. Mientras que los perjudicados serán los tenedores de esos papeles que cobrarán la mitad de lo que esperaban.

Los activos de Econoinvest también subieron

Econoinvest está entre las casas de bolsa liquidadas cuyo patrimonio se ve favorecido significativamente con la unificación de la tasa de cambio a Bs.F. 4,30 y la aclaratoria del Banco Central de Venezuela sobre la contabilización de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) a esa misma tasa.
Esa empresa bursátil tiene una posición en este tipo de bonos por 60 millones de dólares. Estos títulos debieron ser contabilizados por la junta liquidadora en Bs.F. 156 millones el año pasado. Y esa cantidad era parte de los activos de la casa de bolsa para pagar a los acreedores.
Pero ahora, esos recursos se incrementan y los liquidadores pueden obtener por esos papeles más dinero, ya que ahora figuran Bs.F. 258 millones. Es decir, 102 Bs.F. millones adicionales de lo que contaban los liquidadores para pagar.
La devaluación y esta aclaratoria del Banco Central podría acelerar el proceso de pagos de la junta liquidadora de Econoinvest.
Es esta semana cuando la junta liquidadora de Econoinvest debe informar sobre la evaluación que realizó a las solicitudes de acreencias que introdujeron los clientes de la casa de bolsa. Publicarán cuánto de esa deuda se le reconocerá a cada inversionista. Los bonos registrados en la Caja Venezolana de Valores a nombre de cada tenedor no forman parte de esas acreencias.

El Mundo, 06/01/2011, Pág. 20, por Carjuan Cruz