Se trata de poco más de 35.000 ejemplares (¡!) a los que nadie, ni lectores, ni autores ni editores, puede tener acceso porque se hallan arrumados en la oscuridad de los sótanos del edificio Mene Grande, en Caracas, privados de libertad por un crimen que no cometieron.
Corresponden aproximadamente 120 títulos, entre los que se encuentran desde hermosos libros artísticos, como Caracas cenital o Fotografía urbana venezolana. 1850-2000, hasta la obra de autores como García Bacca, Liscano, Massiani o Mayz Vallenilla, ya clásicos para los venezolanos; pasando por escritos académicos o crónicas sabrosas sobre temas urbanos, análisis históricopolíticos de conocidos investigadores de nuestras universidades, estudios sobre el arte nacional y latinoamericano, y el trabajo literario de decenas de narradores, poetas y ensayistas, incluidos libros de escritores abiertamente comprometidos con el régimen como Wilfredo Machado, autor de Poética del humo, o el arquitecto Ricardo Menéndez, actual ministro de Ciencia y Tecnología. Junto a las de ellos, firmas históricas, como la del generalísimo Francisco de Miranda, que no podrían molestar a nadie.
Hay que resaltar que entre estos volúmenes no hay ni uno solo que se dedique a cuestionar o mostrar las contradicciones profundas de la "revolución" bolivariana. Entonces, ¿por qué están presos?, se preguntará el lector. Pues allí entra Kafka. No se trata, como podríamos presumir, de uno más de los actos de censura a los que nos tiene acostumbrados el ministro de Cultura. Tampoco es una acción de la policía política cubana, el Cicpc o el Sebin. No. El carcelero en esta oportunidad es nada más y nada menos que la Superintendencia Nacional de Valores, un organismo gubernamental sin competencias culturales, que en teoría se ocupa de regular y supervisar el funcionamiento de las casas de bolsa y otros entes financieros similares.
Sucede que a la mencionada superintendencia le corresponde ejecutar las intervenciones de los entes financieros privados cuando el jefe mayor las ordena. En abril del año pasado, el dedo que todo lo puede señaló a Econoinvest. La comisión intervino la casa de bolsa de Los Palos Grandes y, además, envió a prisión sin prueba de los delitos acusados a cuatro de sus directivos.
Como si no fuera suficiente atropello, y a pesar de ser un ente sin fines de lucro con entidad jurídica propia, la Fundación para la Cultura Urbana, auspiciada por Econoinvest, también fue intervenida. Sus oficinas fueron clausuradas sin notificación previa y por órdenes de la señora Nahunimar Castillo, la interventora, los libros confiscados hasta nuevo aviso, y se privó de esa manera a los lectores del derecho de leerlos, y a los autores, del derecho contemplado en la Constitución de 1999 a que sus obras circulen. A la solicitud de liberación de los libros, hecha por directivos de la fundación, nadie responde. Ellos siguen allí. Abandonados. Sin ser leídos. Enmoheciéndose en la oscuridad.
Pérez Jiménez los incautaba antes de que salieran. Pinochet los mandaba a la hoguera. En tiempos de Hugo Chávez, hay que reconocer su originalidad, los meten presos. A los libros, pobres, no les va bien con los militares duros.
P.S. Agradezco profundamente a los lectores que, a propósito de mi artículo "La internacional de los tiranos" (20-01-11), tuvieron la generosidad de advertirme que Mugabe es el dictador de Zimbabue y no de Namibia como equivocadamente escribí. Gracias a ellos y mis disculpas a todos por el error.
El Nacional, 13/02/2011, Pág. S7