"Y nada hacemos nosotros para impedirlo", Andrés Corelli

Las Bolsas de Valores y los poquitos actores  sobrevivientes, asustadas y arrinconados, viendo como llevan al cadalso a los directores de Econoinvest, que han sido vejados y expoliados, en perjuicio de la República misma y de los inversores,  sin que nadie tome partido ante la absurda desaparición del mercado de valores o ante la indiscutible legalidad de las  operaciones de permuta con títulos de interés de capital cubierto que todo el mundo realizo, dentro de la permisividad de la Ley, actuación y complacencia del Banco Central de Venezuela y del Ministerio de Finanzas.

El extracto forma parte del texto: Andrés Corelli: ¡No estoy de acuerdo del todo contigo, Alberto Federico! (publicado en Lapatilla.com, 03/04/03/2011)  

Casas de bolsa exigen al BCV pronunciarse de nuevo sobre legalidad del permuta

La defensa de los directivos de las casas de bolsa acusados introdujo un recurso en el Banco Central de Venezuela (BCV) para exigir información sobre la carta que el organismo envió a la Fiscalía General de la República, luego de que de ésta le preguntara sobre la legalidad de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc).

"De conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, solicitamos nos informe sobre el contenido de la respuesta emitida por el Banco Central de Venezuela a la comunicación emanada del despacho a su cargo", dice el texto.
"Estaba referida a la razonabilidad de negociación (compra y venta), en el mercado secundario venezolano, de los bonos de la Deuda Pública Nacional expresados en moneda extranjera y denominados Ticc", se agrega.

El documento estuvo dirigido al presidente del organismo, Nelson Merentes, y fue recibido por el ente emisor el pasado 23 de febrero. También se le entregó al Ministerio Público, dirigido a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, días antes, el 11 de febrero.

Valioso papel 

El esfuerzo de la defensa se debe a que en ese papel están basando la demostración de inocencia de los nueve acusados. Pero el documento, la respuesta del Banco Central, ya no está en el expediente del caso. En el desarrollo de la audiencia preliminar se desapareció.

En junio, la Fiscalía le solicitó al ente emisor que se pronunciara sobre la legalidad de los Ticc para la ejecución de operaciones permuta, y también sobre cómo se establecía el precio del dólar en estas transacciones.

En agosto, el Banco Central emitió su respuesta. Tres cartas salieron del ente emisor, una para el Ministerio Público, otra para el despacho de Planificación y Finanzas y la tercera para la Superintendencia Nacional de Valores.

Y en el expediente reposó el documento hasta que se perdió. La defensa se quedó sin copia para el proceso en la audiencia preliminar.

El principal delito imputado por la Fiscalía a los nueve acusados es la comercialización ilícita de divisas; y se fundamenta en las operaciones permuta realizadas a través de bonos de este tipo; es decir, con los Ticc.

El argumento que salió desde la Superintendencia de Valores (antes comisión) señalaba que con estos bonos, negociados en bolívares pero denominados en dólares, no se podían efectuar transacciones permuta.

Sin embargo, la defensa avala que resoluciones del Banco Central ratificaron que esas operaciones sí podían realizarse. Y recuerdan que esas aclaratorias no vinieron por solicitud de las casas de bolsa, sino de la banca.

De hecho, desde la consultoría de la cartera de Finanzas, e incluso desde el mismo despacho del ministro Jorge Giordani, también se emitió un documento que ratificó la legalidad de los Ticc para ser utilizados en esas operaciones. Y estos oficios sí reposan en el expediente del caso de las casas de bolsa. Sin embargo, el del Banco Central es el crucial.

Polémicos bonos

El Gobierno comenzó a emitir títulos denominados en dólares pero negociables en bolívares en 2006, con una primera emisión por 1.215 millones de dólares.

La estrategia financiera pareció resultar, pues al siguiente año repitió con tres emisiones más que sumaron 2.684 millones de dólares en Ticc. Luego de un año de descanso, en 2009 ofrecieron más títulos de este tipo, con tres emisiones más por 781 millones de dólares.

Y así, estos 4.680 millones de dólares en Ticc comenzaron a mover 75% del mercado permuta en el país.
De esa cantidad, 60 millones de dólares los tenía registrados la casa de bolsa Econoinvest, hoy en liquidación, en la cartera propia de inversiones.

Pero ahora, ese portafolio está en el balance del Banco del Tesoro, que los compró antes de la devaluación y sin que concluyera el proceso de liquidación de la empresa bursátil.

Parte de esos Ticc de Econoinvest formaban parte de la garantía de las operaciones de reportos de los clientes, que estaban en la Caja Venezolana de Valores, pero que también fueron negociados.

El Mundo, 28/02/2011, 18, Carjuan Cruz

Activos de Econoinvest aumentan patrimonio al Banco del Tesoro en US$60M

La negociación que a finales de 2010 hizo el Banco del Tesoro de Venezuela con la junta interventora de Econoinvest ya arrojó frutos.

El banco logró duplicar su patrimonio después de comprarle a la junta liquidadora los US$60 millones en Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) que tenía esta casa de bolsa entre sus principales activos.

Las posiciones en moneda extranjera de las entidades bancarias se contabilizan desde el año pasado a Bs.F. 4,30 por dólar, después que lo aclarara el Banco Central de Venezuela (BCV).

Sin embargo, con respecto a los Ticc la condición era distinta. Estos títulos valores debían seguir registrándose a Bs.F. 2,60, según lo explicaron a El Mundo Economía y Negocios fuentes internas del Banco Central.

Así, las instituciones bancarias con posiciones de este tipo en su portafolio de inversión registraron una ganancia cambiaria luego del ajuste aplicado por el Gobierno en enero.

Y entre estas entidades está el Banco del Tesoro, más aún después de que en diciembre sumó más Ticc a su cartera de valores: los de Econoinvest.

El negocio. En diciembre, el balance del Banco del Tesoro mostraba en su patrimonio Bs.F. 695,3 millones (US$161 millones); y en enero esa cantidad aumentó a Bs.F. 1.200 millones (US$279 millones)

En efecto, el primer informe de 2011 de la Superintendencia para las Instituciones del Sector Bancario reflejó un ajuste al patrimonio (donde se registran las ganancias cambiarias) con Bs.F. 507,1 millones más de lo que se indicaba un mes atrás.

En esa cuenta están incluidos los 60 millones de dólares comprados a la junta liquidadora de Econoinvest.

La diferencia restante debe estar conformada también por Ticc, registrados en US$58 millones, con un valor (ahora) de Bs.F. 249,4 millones.

Esa inversión en Ticc apenas representa 6,3% de la cartera de títulos valores del Banco del Tesoro, que en enero sumó Bs.F. 7.995 millones.

Esta institución bancaria, recuerdan analistas financieros, siempre ha tenido una gestión dirigida hacia las inversiones en valores; en honor a su nombre, incluso.

Fue creada por el Estado con el objetivo de afinar las funciones que suelen llevar a cabo los departamentos de tesorería.

Sin embargo, el gobierno ha sido enfático al dirigirse a las instituciones que hoy conforman la banca pública (incluido el Banco del Tesoro), en cuanto a que la prioridad de la política económica es prestar, aumentar los créditos.

En el caso específico del Tesoro, las inversiones en capitales superan en poco más de 100% a la cartera de crédito.

Lo que pudo ser de los clientes. Esa ganancia cambiaria que hoy registra en su balance el Banco del Tesoro hubiese podido contabilizarse en la liquidez necesaria para honrar los compromisos de los clientes de Econoinvest.

No obstante, igual de esa operación la junta liquidadora obtuvo Bs.F. 156 millones que ahora en moneda local sirven para pagar operaciones en tránsito, y efectivo pendiente que corresponde a las acreencias de la casa de bolsa.

Parte de estos Ticc vendidos al Banco del Tesoro estaban registrados en la Caja Venezolana de Valores, como garantía de operaciones de reportos, a nombre del cliente titular de esa operación financiera.

Esos bonos estaban inscritos en una cuenta restringida para amparar el respaldo de esas transacciones.

Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar la venta de los títulos valores.

Los liquidadores dieron orden a este custodio local para disponer de estos papeles y venderlos. El alegato o razón para esa operación era la búsqueda de liquidez para el pago a clientes.

América Economía, 23/02/2011

En bolívares serán primeros pagos por caso Econoinvest

La junta liquidadora de Econoinvest reconocerá primero las acreencias de operaciones que implicaban captaciones en bolívares, como los reportos; a pesar de que estas transacciones tenían en su mayoría garantías de bonos en dólares.
La planificación de los funcionarios es pagar ese efectivo en moneda local, según indicaron fuentes vinculadas al caso.
Al momento de la intervención de Econoinvest, en mayo de 2010, esta empresa bursátil contabilizaba 40,3 millones de dólares en títulos de la República, que fungían como garantía de operaciones de reportos de 1.553 clientes por 22,9 millones de dólares.
Así, los títulos registrados en garantía para esas operaciones duplican el monto de los reportos hechos por los clientes con bonos en divisas.
De hecho, ese respaldo se registró en una cuenta restringida en la Caja Venezolana de Valores con indicación específica de resguardar estos reportos.
Estas operaciones, que vencieron entre el 18 y 28 de mayo del año pasado, quedaron congeladas luego de la disposición que ese día emitió la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), que suspendió la comercialización de títulos valores denominados en moneda extranjera.
La medida fue ratificada por el Departamento de Valores del Banco Central de Venezuela, desde donde se envió notificación a las instituciones participantes en el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (Sicet), recalcando la suspensión "de la negociabilidad en el mercado secundario de los títulos valores denominados en moneda extranjera" a partir del 19 de mayo del año pasado; cita el aviso, con fecha del 18 de ese mismo mes.
Tiempo vencido
El pasado 28 de enero se venció el plazo de los liquidadores para informar sobre la evaluación de las solicitudes de acreencias por parte de los trabajadores, proveedores y clientes. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho la publicación respectiva en prensa. Esos resultados siguen sin conocerse.
En esas acreencias están incluidas todas aquellas operaciones que implicaron una captación de recursos, o cualquier pago pendiente. Pero en el caso específico de los reportos, la administración de Econoinvest registró la garantía para respaldar los montos de esas transacciones.
Según las fuentes consultadas, los liquidadores pudieran vender estos títulos para obtener liquidez. Pues obtendrían recursos más que suficientes para saldar la deuda con los clientes. O, por lo menos, entregar la titularidad correspondiente al portafolio de cada cliente.
Se trata de operaciones sencillas, pero que aún no se ejecutan, explican los consultados.
En efecto, los mismos integrantes de la junta liquidadora, y hasta el superintendente de valores, Tomás Sánchez, indicaron en distintas oportunidades que la empresa estaba solvente; lo que adelantaba que en el caso específico de Econoinvest existía liquidez suficiente para cancelar los compromisos pendientes.
De hecho, el activo principal de esta institución financiera estaba constituido por un portafolio de inversión conformado por Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) por 60 millones de dólares. Y parte de esos títulos valores conformaban esa garantía de los reportos.
Estos bonos ya fueron negociados, por lo que la junta liquidadora obtuvo una liquidez de Bs.F. 156 millones. Sin embargo, estos recursos obtenidos no se utilizan aún para pagar a clientes y demás acreedores.
Bonos retenidos
En noviembre, seis meses después de la intervención de Econoinvest, se autorizó la liberación de los bonos registrados a nombre de cada cliente en la Caja de Valores.
Sin embargo, todavía hay por lo menos 2.000 que siguen con sus títulos represados, a la espera del permiso de la junta liquidadora.
El restante, unos 6.000 clientes, ya tienen acceso a su portafolio, e incluso ya están realizando el traspaso de sus títulos valores a los bancos del país, lo que les permitirá cobrar sus intereses al día, recibir el capital correspondiente por vencimiento, o liquidarlos antes para obtener dólares.
En la banca estos tenedores de bonos ya están obteniendo receptividad para custodiar y gestionar esos instrumentos.

El Mundo, 18/02/2011, 14, Carjuan Cruz

Giordani, póngale reparo a interventores de Econoinvest

La intervención de Econoinvest se hizo con el pretexto de proteger los intereses de los ahorristas… que ahora ven cómo el Estado recorta a la mitad sus acreencias.

Este miércoles, 16 de febrero, apareció en El Nacional una nota firmada por Andrés Rojas Jiménez cuyo título expresaba la gravedad del contenido: “Clientes sólo recibirán 50% de la inversión”. Ya en el primer párrafo el lector quedaba enterado de cuál es el colectivo de ahorristas que había sido desmedrado. “Los funcionarios a cargo de la junta de intervención y liquidación de Econoinvest prevén comenzar a pagar a los tenedores de títulos en divisas, pero en moneda nacional a la tasa de 2,15 bolívares, que estuvo vigente hasta principios de 2010 y no a la actual paridad de 4,30 bolívares”.Esto implica que la junta liquidadora de Econoinvest Casa de Bolsa está participando a los ahorristas cuyos portafolios tenían Reportos en dólares, que les cancelarán con bolívares a la extraña tasa de 2,15 bolívares por dólar, lo cual no cubre ni el 50% de sus ahorros.

¿A qué este nuevo abuso de los señores Tomás Sánchez, presidente de la Superintendencia Nacional de Valores, el abogado Carlos Araujo, la interventora Nahunimar Castillo y demás interventores y liquidadores de la empresa?

Aún no han explicado la aberración que se cometió al vender TICCs por casi 60 millones de dólares dos semanas antes de la devaluación, lesionando gravemente el patrimonio de la empresa y comprometiendo la gestión del inmaculado monje Jorge Giordani. Y ahora anuncian, a unos clientes desesperados porque no les pagan sus ahorros, que los van a esquilmar pagándoles la mitad de sus acreencias.

Cuando se intervino la empresa estaba sana. Rebosante de activos. Se procedió a su liquidación vulnerando todos los preceptos legales, paradójicamente con el pretexto de salvaguardar los intereses de los clientes, que nunca estuvieron en peligro durante la gestión de sus legítimos dueños. Ahora comienzan a colar la idea de que no hay caja para cumplir con los clientes.

Econoinvest mantenía un total de US$ 40.332.595 en títulos de la República y PDVSA sólo para garantizar $22,988,330.27 en reportos de un total de 1553 clientes.

Los reportos quedaron pendientes de pago luego de que la Comisión Nacional de Valores prohibiera la negociación de Títulos en Dólares el 18 de mayo de 2010. A partir de esa fecha, los Reportos con vencimientos pendientes (total de reportos que debía cancelar Econoinvest a sus clientes) alcanzaban un total de US$ 22.988.330,27. La garantía duplicaba la deuda de estos 1553 clientes.

Durante el proceso de intervención, los clientes tenían bonos en dólares en la Caja Venezolana de Valores como garantía de sus reportos. La propuesta de Econoinvest Casa de Bolsa, que fue presentada por los viceresidentes de la empresa a la Junta Interventora poco después del comienzo de la intervención, contemplaba la posibilidad de que los clientes optaran entre quedarse con estos bonos en dólares o esperar a que se liberara la restricción establecida por la Superintendencia de Valores, que prohibía su comercialización por parte de las Casas de Bolsa. Sin embargo, los funcionarios de la CNV e Interventores, prohibieron la entrega de esos bonos a los clientes.

No es aceptable que los clientes reciban un pago chucuto en bolívares como producto de sus reportos en dólares, toda vez que Econoinvest Casa de Bolsa, todavía mantiene en custodia recursos más que suficientes para cumplir con sus compromisos en divisas.

Los bonos deberían ser vendidos o, en su defecto, entregados a los clientes para que pudieran negociarlos a través de cualquier institución financiera. ¿Qué esperan Tomás Sánchez, Nahunimar Castillo, Carlos Araujo y compañía para devolver sus ahorros a los clientes?

Teniendo estos bonos en dólares en su cartera por más de ocho meses, ¿qué piensa hacer la junta interventora con ellos si les paga en bolívares a sus clientes?

Código Venezuela, 17/02/2011, Editorial

Econoinvest: Clientes sólo recibirán 50% de la inversión

Los funcionarios a cargo de la junta de intervención y liquidación de Econoinvest prevén comenzar a pagar a los tenedores de títulos en divisas, pero en moneda nacional a la tasa de 2,15 bolívares, que estuvo vigente hasta principios de 2010 y no a la actual paridad de 4,30 bolívares.

Varios de los clientes notificados de la decisión, han expresado su reclamo debido a que la inversión la hicieron en moneda extranjera y al concretarse el pago en bolívares a la anterior tasa de cambio, implicaría una pérdida de 50%.

Otro tema pendiente tiene que ver con los pagos por concepto de títulos que vencieron y el dinero se quedó en Tesorería pendiente por la emisión de cheques para el correspondiente pago, pero el incremento de gastos por parte de la junta interventora ha generado problemas de liquidez para la cancelación.

El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, ha señalado que la mayor parte de las quejas recibidas por esa organización tienen que ver con este grupo de clientes.

El Nacional, 16/02/2011, E6, Andrés Rojas Jiménez

Fundación para la Cultura Urbana espera recuperar activos

El 26 de agosto del año pasado aparecía en estas páginas una nota titulada: "Retenidos 35 mil libros de la FCU (Fundación para la Cultura Urbana)" que cerraba con la frase: "Por ahora no existe una fecha en el calendario para que la Fundación pueda utilizar sus activos. La cultura espera". Tulio Hernández tituló su columna de este domingo, "Relato de los libros presos", una manifestación de que la espera continúa.

En su acostumbrado espacio dominical, el sociólogo comenta: "(Marcos) Pérez Jiménez los incautaba antes de que salieran. (Augusto) Pinochet los mandaba a la hoguera. En tiempos de Hugo Chávez, hay que reconocer su originalidad, los meten presos. A los libros, pobres, no les va bien con los militares duros".

El "cautiverio" de estos libros comenzó en julio cuando un ente de la Superintendencia Nacional de Valores desalojó a la FCU, una organización que recibía apoyo de Econoinvest, casa de bolsa intervenida previamente, en abril, por presuntas irregularidades.

No ha habido sentencia para los directivos de la casa de bolsa, por lo tanto todo está congelado a su alrededor. La Fundación, que es un ente autónomo, funcionaba en un espacio de Econoinvest, pero los activos que estaban dentro son propios; sin embargo, están "decomisados" desde julio.

"Es importante aclarar que la Fundación es autónoma. Eso en el marco jurídico nacional está tipificado: las fundaciones son autónomas. Una cosa es que haya tenido excelentes relaciones con el grupo de empresas de Econoinvest, y otro es que se quiera atribuirle delitos a la Fundación por esa relación. Al menos que publicar libros y contribuir con el acervo cultural venezolano sea un delito", decía a El Universal uno de los miembros de la Sociedad de Amigos de la FCU, Alexis Romero.

Andrés Boersner, presidente ejecutivo de dicha Sociedad, explicó que hasta ahora se ha apelado al diálogo, pero los intentos han sido infructuosos. Así que esperan emprender acciones legales próximamente.

"Son más de 100 títulos, más de 30.000 volúmenes, entre ensayos y crónicas, todos referidos a la cultura urbana; aparte de fotografías, videos y discos", enumera Boersner, quien comenta: "La Fundación ha sido secuestrada jurídicamente".

En efecto, en las oficinas del edificio Mene Grande, al este de Caracas, y en sus depósitos, hay al menos 40 obras que estaban en proceso de edición. Por ejemplo, están represados 900 ejemplares de una reedición de Caracas Cenital, libro del fallecido William Niño, con fotografías aéreas de Nicola Rocco. "Casi no circularon: Ciudades que ya no existen de Fedosy Santaella; Lo erótico y lo pornográfico, de Rubén Monasterios; y Mínima expresión, de Violeta Rojo, de los que saldrían no más de 100 ejemplares", informó.

Otros como Portugal y Venezuela: 20 testimonios, de Yoyiana Ahumada; Francia y Venezuela: 20 testimonios, de María Ángeles Octavio y Curazao y Venezuela: 20 testimonios, por Diana Pinedo, nunca salieron, así como el de Colombia y Venezuela, que estaba bien adelantado.

"Otro recurso es que los mismos autores reclamen su obra", propone Boersner, para el que es un sinsentido tener esos libros retenidos. "Como lo dice Tulio en su columna, ninguno va dirigido a protestar contra el Gobierno".

El librero de Noctua especula que podría haber algo de ineptitud y de espera, en la actitud de la junta interventora de Econoinvest. "Yo creo que esperan a ver qué pasa en instancias superiores, esperan a ver qué orden emana del Alto Gobierno", dice.

En un principio pensaba que era desconocimiento, pero a estas alturas ya es mala fe. Ellos saben que esos activos no pertenecen a Econoinvest. Deberían entregar esos libros, pero, claro, todo forma parte de la política de destrucción de instituciones culturales que eran eficientes y que no forman parte de su política doctrinaria", concluye.

El Universal, 15/02/2011, Ángel Ricardo Gómez

Relato de los libros presos, por Tulio Hernández

Estoy seguro de que muy pocos lectores conocen la historia de los libros presos. Saben, no lo dudo, que en Venezuela hay políticos, empresarios, jueces, generales presos, la mayoría de ellos sin debido proceso, porque en nuestro país es normal que un deseo del jefe de gobierno se convierta en orden que los jueces deben cumplir aunque violen la ley. Pero la de los libros en cautiverio es otra historia para contar.

Se trata de poco más de 35.000 ejemplares (¡!) a los que nadie, ni lectores, ni autores ni editores, puede tener acceso porque se hallan arrumados en la oscuridad de los sótanos del edificio Mene Grande, en Caracas, privados de libertad por un crimen que no cometieron.

Corresponden aproximadamente 120 títulos, entre los que se encuentran desde hermosos libros artísticos, como Caracas cenital o Fotografía urbana venezolana. 1850-2000, hasta la obra de autores como García Bacca, Liscano, Massiani o Mayz Vallenilla, ya clásicos para los venezolanos; pasando por escritos académicos o crónicas sabrosas sobre temas urbanos, análisis históricopolíticos de conocidos investigadores de nuestras universidades, estudios sobre el arte nacional y latinoamericano, y el trabajo literario de decenas de narradores, poetas y ensayistas, incluidos libros de escritores abiertamente comprometidos con el régimen como Wilfredo Machado, autor de Poética del humo, o el arquitecto Ricardo Menéndez, actual ministro de Ciencia y Tecnología. Junto a las de ellos, firmas históricas, como la del generalísimo Francisco de Miranda, que no podrían molestar a nadie.

Hay que resaltar que entre estos volúmenes no hay ni uno solo que se dedique a cuestionar o mostrar las contradicciones profundas de la "revolución" bolivariana. Entonces, ¿por qué están presos?, se preguntará el lector. Pues allí entra Kafka. No se trata, como podríamos presumir, de uno más de los actos de censura a los que nos tiene acostumbrados el ministro de Cultura. Tampoco es una acción de la policía política cubana, el Cicpc o el Sebin. No. El carcelero en esta oportunidad es nada más y nada menos que la Superintendencia Nacional de Valores, un organismo gubernamental sin competencias culturales, que en teoría se ocupa de regular y supervisar el funcionamiento de las casas de bolsa y otros entes financieros similares.

Sucede que a la mencionada superintendencia le corresponde ejecutar las intervenciones de los entes financieros privados cuando el jefe mayor las ordena. En abril del año pasado, el dedo que todo lo puede señaló a Econoinvest. La comisión intervino la casa de bolsa de Los Palos Grandes y, además, envió a prisión sin prueba de los delitos acusados a cuatro de sus directivos.

Como si no fuera suficiente atropello, y a pesar de ser un ente sin fines de lucro con entidad jurídica propia, la Fundación para la Cultura Urbana, auspiciada por Econoinvest, también fue intervenida. Sus oficinas fueron clausuradas sin notificación previa y por órdenes de la señora Nahunimar Castillo, la interventora, los libros confiscados hasta nuevo aviso, y se privó de esa manera a los lectores del derecho de leerlos, y a los autores, del derecho ­contemplado en la Constitución de 1999­ a que sus obras circulen. A la solicitud de liberación de los libros, hecha por directivos de la fundación, nadie responde. Ellos siguen allí. Abandonados. Sin ser leídos. Enmoheciéndose en la oscuridad.

Pérez Jiménez los incautaba antes de que salieran. Pinochet los mandaba a la hoguera. En tiempos de Hugo Chávez, hay que reconocer su originalidad, los meten presos. A los libros, pobres, no les va bien con los militares duros.

P.S. Agradezco profundamente a los lectores que, a propósito de mi artículo "La internacional de los tiranos" (20-01-11), tuvieron la generosidad de advertirme que Mugabe es el dictador de Zimbabue y no de Namibia como equivocadamente escribí. Gracias a ellos y mis disculpas a todos por el error.

El Nacional, 13/02/2011, Pág. S7

Fiscalía no tenía ni idea de dónde salía precio permuta

Como "especuladores del dólar alternativo" y responsables hasta de los altos índice de inflación fueron acusadas por el Gobierno las casas de bolsa del país. Y en particular más de 40 resultaron con medidas administrativas, que terminaron en muchos casos en intervención y liquidación.
Sin embargo, cuando la Fiscalía efectuó la detención de 10 directivos de cinco diferentes empresas bursátiles, aún desconocía cómo funcionaba el mecanismo por el cual se conformaba el precio del dólar en el mercado permuta.
Desde el Ministerio Público se envió una carta al Banco Central de Venezuela (BCV) con fecha del 22 de junio (un mes después de los arrestos) solicitándole al ente emisor la explicación de los diferenciales de precios entre las operaciones de compra a los clientes y el de la venta al mercado internacional.
En el texto la Fiscalía le solicitaba al Banco Central la aclaratoria de "la razonabilidad" de transacciones con títulos valores en las que el precio por el que la casa de bolsa vende a través del Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (Sicet) del BCV "difiere en más de 60 puntos porcentuales con respecto al precio acordado con el cliente."
El procedimiento
La explicación del Banco Central llegó al Ministerio Público, pues según fuentes vinculadas, los propios fiscales a cargo confirmaron la existencia de esa respuesta en la audiencia preliminar. No obstante, ese documento ahora no aparece.
Según indican desde la defensa de las casas de bolsa ese diferencial en el precio se refiere al mecanismo de la operación permuta tradicional.
Si enero del año pasado un cliente compraba en Venezuela un bono con un valor nominal de $1.000, pero a un precio de descuento de 90%, debía pagar entonces 900 dólares, a la tasa de cambio de ese momento, que era Bs.F. 2,60 por divisa. En ese caso, terminaba cancelando Bs.F. 2.340.
Y cuando ese demandante de dólares le pedía a la casa de bolsa que liquidara ese título valor para obtener las divisas; el precio en el mercado internacional de ese papel (que podía ser un petrobono o un bono de la República) se cotizaba a un descuento de 35%; por lo que al final el cliente terminaba recibiendo $350, de esos 1.000 que "pujó", en el caso expuesto. Y de ahí resultaba el precio implícito de la operación.
Incluso, explican los abogados, un bono que se ofrecía en el mercado local con una prima de 175%; el cliente pagaba 75% por encima del precio nominal (que en ese ejemplo fue de $1000), se llegó a vender en el mercado internacional a un descuento de 65%.
Y recuerdan que todas estas transacciones primero debían pasar por ese sistema de custodia del Banco Central, agregan en su explicación.
Hasta el jueves
En todo caso, el juez que lleva el caso, Robinson Vásquez, tiene el veredicto final, por lo menos en una primera instancia, mientras se efectúa la audiencia preliminar. Sin embargo, estas presentaciones fueron suspendidas ayer por segunda ocasión hasta mañana jueves. Ya antes el inicio fue suspendido en tres oportunidades.
La primera vez que fue paralizada la audiencia preliminar, se debió a una solicitud por parte de la defensa, para cambiar al juez Vásquez, fundamentada en la ausencia de la respuesta del Banco Central a esta petición de la Fiscalía.
Y, aunque el funcionario no fue separado del caso, el papel aún no está en el expediente. Un punto en contra para la defensa, que indica que este documento es clave para demostrar la inocencia de los acusados.
Ahora, la audiencia se suspendió por una afección cardíaca del acusado Mario Siervo, directivo de Venevalores, que en pleno acto debió ser llevado a la medicatura de los tribunales.
Los delitos imputados son comercialización indebida de divisas y asociación para delinquir. El primero se basa en el tipo de títulos utilizados para la ejecución de operaciones permuta y no en la ausencia de un bono al momento de negociar las divisas.
Los abogados señalan que la Ley contra Ilícitos Cambiarios, antes de su reforma en agosto de 2010, eximía a los títulos de la prohibición de negociar en dólares y en eso se basa la defensa.

El Mundo, 09/02/2011, Pág. 14, Carjuan Cruz

Fiscalía actuó sin certeza de ilegalidad de dólar permuta

Cuando la Fiscalía detuvo a 10 directivos de casas de bolsa por las investigaciones que realizaba en el mercado de valores no tenía certeza sobre la legalidad de las las operaciones con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc), el delito por el cual se imputó a esas personas.
El delito se basa en las transacciones hechas con este tipo de papel en el mercado permuta.
Un mes después de estas detenciones, el Ministerio Público envió una carta al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes.

En esa misiva, se le solicitaba al funcionario una aclaratoria sobre varios puntos, entre ellos "la permisibilidad de la comercialización de los referidos instrumentos en el mercado secundario venezolano en moneda extranjera", dice el documento.
"En el sentido de si éstos se encuentran amparados en la excepción que establecía el artículo nueve, en su último aparte, de la Ley de Ilícitos Cambiarios", se concluye en ese punto.
Ese artículo nueve era el que permitía la negociación de títulos valores en moneda extranjera y que facultó y admitió la creación del mercado permuta.

Otra posible vía legal
El Ministerio Público solicitó esta aclaratoria al BCV un mes antes de efectuar las detenciones. El abogado Gustavo Tarre espera entonces que haya otros argumentos para atribuir los delitos.
El constitucionalista insiste en que para estas detenciones la Fiscalía "tendría que tener algún otro fundamento de ilegalidad". "Podrían haber otros elementos que llevaran al Ministerio Público a la detención", dice Tarre.
Explica que la Fiscalía, por no ser el órgano encargado de supervisar este sector de valores, por lógica debe hacer consultas a los entes reguladores.
En efecto, la Fiscalía también le pregunta al Banco Central sobre "la razonabilidad" de operaciones en títulos en donde el precio en el que vende la casa de bolsa el papel a través del sistema de custodia del BCV (el Sicet) difiere "en más de 60 puntos porcentuales con respecto al precio acordado para la compra entre la casa de bolsa y el cliente".

Se perdió la respuesta
La respuesta del Banco Central a estas inquietudes llegó. Y también se encontraba en el expediente del caso, según las fuentes vinculadas.
Sin embargo, ahora, en la audiencia preliminar, esa carta no aparece, está pérdida. Por ese motivo, la defensa solicitó la remoción del juez Robinson Vásquez, aunque esa petición no prosperó.
Más allá del desconocimiento de la Fiscalía sobre la legalidad de operaciones con los Ticc, el abogado Tarre recuerda que en el caso de las casas de bolsa se han cometido otras irregularidades desde el comienzo.
"En un principio el derecho penal venezolano establece que las personas acusadas de delito deben ser juzgadas en libertad", dice. Sin embargo, recuerda que la Fiscalía puede efectuar la detención si cree que existe alto grado de peligrosidad o riesgo de fuga.
Pero lo que le extraña al jurista es que la condena al mercado alternativo de divisas llegara años después de su creación: "La utilización del mercado permuta se desarrolló desde hace varios años. No era una actividad clandestina, sino que se realizaba de manera abierta".
Incluso, recordó que la misma República y Pdvsa eran participantes asiduas de este mercado.
"La Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores (ahora superintendencia), el Banco Central y el Ministerio de Finanzas la conocían. Entonces, o eran cómplices o esa actividad no era considerada por esos organismo como delictiva", explicó Tarre.

El Mundo, 08/02/2011, Pág. 14, Carjuan Cruz