Una vez hecha pública la convocatoria, comenzaron los enredos. En un principio se corrió la noticia de que todos los clientes, incluso los que ya habían presentado sus recaudos, debían hacerlo nuevamente dentro del lapso establecido. Luego de informaciones emanadas de la misma Junta Liquidadora, se supo que solamente debían presentar recaudos los clientes que no lo habían hecho con anterioridad, ya que no habían sido incluidos en las listas públicas. La última especie que se deja colar, es que sólo los clientes que posean dinero en tránsito deberán presentar, en el piso 13 de la sede de Mene Grande, los recaudos, junto a la Solicitud escrita de la Calificación de Acreencias.Siendo tan justo el tiempo luego del cual no aceptarán solicitudes de calificación de obligaciones, ¿qué pasará con los demás clientes? No se puede perder de vista que se trata de un universo de 46.000 clientes activos que en cinco meses no han recibido la autorización para el traslado de custodio de sus papeles. Además, si el mecanismo de solicitud de acreencias es tan súbito, ¿cómo es que no está claro desde un inicio el procedimiento de pago?
Luego de 150 días de intervención, en los cuales hasta ahora sólo han sido autorizados a cobrar 700 clientes, cabe preguntarse, ¿qué oscuros propósitos mueven a los interventores a iniciar esta lluvia de contradictorias informaciones, agregando al caos una fecha tope para presentar solicitudes de acreencias? ¿Cómo es posible que, luego de cinco meses de espera y de falta de información, resulta que el dinero de los clientes tiene fecha de caducidad? ¿Tendrá conocimiento el alto gobierno de estos oscuros manejos de los interventores? ¿Se puede actuar tan impunemente y tan al margen de la Ley?
