Las operaciones hechas por Econoinvest no solo estaban amparadas en la excepción del articulo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, sino también estaban supervisadas y registradas por el Banco Central de Venezuela (BCV) bajo una política cambiaria de Estado, establecida por el ente emisor de acuerdo con su rango constitucional.Así lo ratificó Beatriz di Totto, la abogada de los cuatro directivos detenidos de esta casa de bolsa, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel.
Incluso, di Totto recordó, que en esta normativa se especificaba que no era un ilícito cambiario cualquier operación que quedara registrada en el BCV.
Reiteró que las operaciones hechas por Econoinvest estuvieron enmarcadas en las políticas establecidas por el ente emisor desarrolladas desde 1998, que desde entonces optimizó y automatizó sus mecanismos, para que todas las transacciones quedaran registradas bajo el Sistema de Pago.
La defensa insistió en que las transacciones realizadas por Econoinvest -que eran parte del mercado abierto alternativo- no afectaban las reservas internacionales, ni la inflación, por el contrario, favorecían a estos indicadores, pues bajaban la presión de demanda de divisas ante Cadivi. Según di Totto, esta estructura atendía los bienes no prioritarios, o suntuarios, y se surtía del mercado externo.
Luis Ignacio Ramírez, otro de los abogados aseguró que en el marco penal venezolano no se puede imputar en base al "fraude a la ley". Indicó que para comprobar el agavillamiento se tendrá que demostrar que se cometen delitos desde la fundación de la empresa.
El Mundo, 15/08/2012, 14, Carjuan Cruz y Ariana Briceño
