Crónicas del abuso (I) / De cómo los interventores mantienen secuestradas las prestaciones sociales de los empleados pese a que éstas están en un fideicomiso fuera del balance de Econoinvest

Al iniciarse la intervención de Econoinvest, cerca de 80 ejecutivos de ventas de la empresa solicitó una reunión con la interventora, Nahunimar Castillo. En dicha reunión le plantearon que, al desaparecer la mayoría de los productos que la empresa comercializaba, y debido a que el porcentaje más significativo de sus ingresos se basaba en las comisiones por venta, sus ingresos mermarían de manera significativa, lo cual redundaría en el monto de sus prestaciones al momento de su retiro. Por tal razón, le explicaron, habían tomado la decisión de renunciar, no sin antes ponerse a la orden para trabajar durante un período de tiempo (incluso sin pago, si era necesario) a fin de orientar a los clientes en el cobro de sus productos durante el proceso de intervención.

La interventora se mostró, no sólo comprensiva ante los argumentos planteados, sino que agradeció el gesto proponiéndoles la firma de un contrato, durante el tiempo que durara dicho proceso. La reunión concluyó con la misma cordialidad con la que se desarrolló y los ejecutivos de venta se retiraron a sus casas satisfechos.

Al día siguiente, para su sorpresa, descubrieron que tenían prohibición de acceso a sus oficinas, y que los interventores estaban informando a los clientes que entraban en contacto con la empresa, que los ejecutivos de ventas habían renunciado a la misma sin importarles el destino de sus clientes. Esa acción, más que un hecho aislado, parecía perfilarse como una agresión que buscaba crear entre los clientes la certeza de que el capital humano de la empresa la había abandonado irresponsablemente. Esta situación permitía a Nahunimar Castillo, el abogado Carlos Araujo y demás funcionarios encargados de la intervención, justificar los retardos en el proceso de pago a los clientes.
Los hechos posteriores acentuarían esa sospecha.

Vale subrayar que el ambiente de desconfianza y los maltratos verbales no son las únicas pesadillas comunes que comparten clientes y ex-empleados de Econoinvest. Así como de los 40.000 clientes que tiene la empresa apenas 11 han recibido sus respectivos pagos, de 200 empleados que han renunciado a Econoinvest durante los últimos meses, sólo 10 han cobrado sus prestaciones correspondientes. Y, de igual forma que en el caso de los clientes, los retrasos en el pago de las prestaciones no tienen ninguna justificación, debido a que la partida de las liquidaciones laborales se encontraba solvente al momento de la intervención de la empresa.

Es por eso que no se explican la respuesta que recibieron de las autoridades, acerca de sus prestaciones. El personal de Recursos Humanos había realizado el cálculo de todas las liquidaciones pendientes y los entregó a la interventora, pero ésta, argumentando que la Vicepresidenta de Recursos Humanos (a la cual había ordenado detener) había actuado en connivencia con el personal a efectos de hacerles cálculos por encima de lo correspondiente, rechazó estas cifras, informando que las mismas serían calculadas por personal de su gente.

En efecto, contrató personal para ello, el cual recalculó todas las liquidaciones pendientes y sólo restaba su firma para concluir con el cobro de las liquidaciones. Los ex empleados esperaron un tiempo prudencial, pero al ver que no tenían noticias de sus pagos, decidieron indagar, recibiendo por respuesta que en la empresa no había disponibilidad financiera para honrar esos compromisos, por lo que estos tardarían en producirse.

Allí comenzó un largo proceso del cual no se tiene ninguna certeza de final satisfactorio. Desde entonces sólo reciben respuestas despóticas y ambiguas, tales como "los pagos están saliendo diariamente, pero yo no tengo por qué darle estatus a ustedes, ni les voy a poner una lista aquí de quién está recibiendo las liquidaciones", como una vez informó la dama a un grupo que acudió a conocer de las razones de la tardanza y la falta de información de sus pagos.

Y si ya esta situación es injusta para los que renunciaron voluntariamente, lo es más aún para aquellos que fueron desincorporados de nómina, en algunos casos sin más explicación que la intempestiva prohibición de acceder a su puesto de trabajo. En esos casos, no obstante haber recibido la orden de no volver a su puesto de trabajo, han sido acusados de abandono del mismo. De hecho, algunas personas a las que no les permitieron acceso a su lugar de trabajo, ni siquiera han podido retirar sus efectos personales que quedaron conculcados por los interventores en sus oficinas.

Hay testimonios de empleados que han hecho una carta detallada de todos sus efectos, en donde se puede verificar perfectamente que nada de lo que se quieren llevar interfiere con las investigaciones, y han ido en diversas ocasiones para intentar hacerse de sus pertenencias, y todas han sido infructuosas. Esperan durante tres y cuatro horas, para luego enterarse de que en esa ocasión tampoco podrán retirar sus pertenencias.

Ante el abuso sólo queda la movilización de los trabajadores y la iniciativa judicial.