A dos años de la detención de los cuatro directivos de Econoinvest, y aún sin juicio, el fiscal del Ministerio Público, Daniel Guédez, solicitó ante el Tribunal Quinto de Juicio, una prórroga legal para que los detenidos estén más tiempo presos.
Para tomar una decisión al respecto se realizará una audiencia este martes, en la que el juez William Hurtado dirá si acepta o no la petición de la Fiscalía de alargar la privativa de libertad preventiva que pesa sobre Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel.
Si es aprobada, esta prórroga legal que solicita el fiscal del Ministerio Público puede postergar hasta dos años el juicio de los detenidos.
El abogado defensor de los acusados, Luis Manuel Valdivieso, indicó a El Mundo Economía y Negocios que el Código Orgánico Procesal Penal establece que si un acusado pasa dos años sin juicio tendría que cumplir un tercio de la pena mínima establecida para el delito. Y, en el caso de los directivos de Econoinvest, ese plazo ya se cumplió.
Es precisamente por esto que el fiscal está solicitando ante el Tribunal de Juicio, la extensión de la privativa de libertad, aunque reconoce que el acto no se ha realizado por retraso en el proceso judicial y no por alguna razón que venga de los acusados.
"Los argumentos aquí esgrimidos (para solicitar la extensión) no tienden a señalar que el retardo en la realización del juicio es atribuible a los imputados, por ausencia de los mismos a los actos propios del proceso penal", señala el documento entregado por el fiscal y que reposa en el expediente del caso.
En la audiencia preliminar, los directivos de Econoinvest fueron acusados de comercialización ilícita de divisas y agavillamiento. Estos delitos tienen una pena mínima de dos años, y máxima de cinco años.
Aunque el fiscal indica en su solicitud que no hay cambios en las condiciones, el abogado defensor dice que las circunstancias son otras. "La liquidación de la empresa terminó, no existe ningún agraviado, se le pagó a todos los clientes con dinero de la compañía, quedaron recursos y bienes de sobra. Creo que hay nuevos elementos", indica Valdivieso.
Se refiere a la auditoría que funcionarios de la Superintendencia de Valores hicieron en la casa de bolsa Econoinvest, en donde en una primera fase se les cancelaron las acreencias a los clientes de la casa de bolsa, tanto en bolívares como en dólares, con activos propios de la empresa.
Sin escabinos
En esta audiencia del martes también se decidirá sobre la petición que introdujo la defensa para realizar un juicio unipersonal, es decir, sin escabinos (ciudadanos comunes que opinan para la decisión final del juicio).
En la petición entregada al juez Hurtado, la defensa cita la exposición de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, en la que indica la posibilidad que permiten las leyes de renunciar a ese derecho.
"Considera esta sala (la Constitucional) que la constitución del Tribunal Unipersonal siempre es posible a los fines de evitar retardos procesales y garantizar el debido proceso, una vez conste la opinión del imputado y la infructuosidad de las convocatorias a los escabinos", dice el texto.
"La ley adjetiva señala que es una posibilidad para el imputado solicitar su juzgamiento a través de un tribunal unipersonal, ya que este se encuentra interesado en la pronta celebración del juicio oral", se agrega en la cita de la magistrada.
Y es este precisamente el motivo que llevó a la defensa a solicitar al juez realizar el juicio sin escabinos. Hasta ahora se han realizado dos sorteos para elegir a estos ciudadanos, pero sin concretar nombres. Este trámite incluso es colocado en la solicitud del fiscal Guédez como una de las razones del retraso judicial.
"La justicia tardía no es justicia. Lo que queremos es juicio, queremos ir a juicio ya", insistió Valdivieso.
Solicitud de revisión del expediente al TSJ fue retenida por Aponte durante 11 meses
El proceso judicial de los cuatro directivos de Econoinvest se pudo acelerar hace más de un año, cuando incluso el caso estaba todavía en audiencia preliminar en el Ministerio Público.
Eso era lo que pretendía la defensa cuando solicitó un avocamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante los retrasos y otras irregularidades en el proceso, indica la defensa de los acusados. Pero la respuesta no llegó sino 11 meses después.
Fue el 10 de enero de 2011 cuando los abogados de los directivos detenidos solicitaron el avocamiento al TSJ, lo que implicaba una revisión del procedimiento que se llevaba a cabo, indican las propias cuentas del Tribunal.
Tres días después, el presidente de la Sala de Casación Penal, Eladio Aponte Aponte, se declaraba ponente del caso, señalan las mismas cuentas del TSJ.
Esto implicaba que la admisión del avocamiento solo podía ser solicitada por ese ex magistrado, después de una consulta al resto de las autoridades judiciales de esa Sala. Sin embargo, Aponte Aponte no realizó este trámite, sino hasta noviembre de 2011, es decir, 11 meses después, cuando incluso ya había culminado la audiencia preliminar.
La oportunidad de una revisión del procedimiento judicial por parte del TSJ se había perdido hasta ese momento. En otros casos, estas solicitudes se han atendido hasta en 24 horas.
El 29 de noviembre del año pasado fue cuando Aponte Aponte decidió admitir el avocamiento sobre el caso de Econoinvest, y en ese momento, al pasar el expediente a la evaluación del máximo juzgado, el proceso se detenía por completo.
Se pararon los sorteos de escabinos, y en consecuencia, se alejó la posibilidad de obtener una fecha para el juicio.
En efecto, por la decisión de Aponte Aponte se remitió el expediente al TSJ, y con ese trámite se paralizaron los actos procesales ya fijados, y pasaron a ser diferidos hasta nuevo aviso.
El 15 de diciembre, el caso pasaría de la Sala de Casación Penal a una Sala Accidental que se constituyó para decidir sobre el caso. Mientras, el proceso judicial de Econoinvest estuvo detenido.
Durante ese tiempo no se podía establecer fecha de juicio, y los acusados continuaron detenidos.
Fue el 18 de abril cuando se publicó una decisión del Tribunal Supremo al respecto: no se aceptó el avocamiento.
El Mundo, 18/05/2012, 17, Carjuan Cruz
