Seis meses se tardaron en autorizar el acceso a los bonos que cada cliente tenía en la Caja Venezolana de Valores a su nombre. Un tiempo en el que dejaron de percibir los cupones (intereses) que le generaba el capital invertido en esos papeles.
Esperan, todos estos afectados, que no ocurra lo mismo, con las operaciones financieras denominadas reportos que quedaron pendiente al momento de la intervención, en mayo del año pasado.Hasta ahora ya han transcurrido cuatro meses desde la fecha en que los reportos debieron pagarse. Y no se ha hecho.
Esto a pesar de que existía un respaldo de esas transacciones conformado por bonos globales de la República y petrobonos. Esos bonos en capital suman 40,3 millones de dólares.
Los emisores, representados por el ministerio de Finanzas y Pdvsa, cancelan en dólares el capital a vencimiento de esos papeles. Y además pagan en esa misma moneda extranjera los cupones que se van generando. En estos 10 meses el rendimiento arrojado por esos papeles es de tres millones de dólares.
Fuentes de la petrolera estatal y del alto Gobierno confirmaron que la República y Pdvsa han transferido al destino asignado por la juntas interventoras de las instituciones financieras, los recursos en moneda extranjera que generan las obligaciones financieras de los papeles de deuda emitidos. Entre ellas está incluida Econoinvest.
De hecho, en los próximos días de abril y en el mes de mayo están por vencerse nuevos cupones de los bonos Venezuela 2023, 2027, 2028. De todos estos papeles está conformado parte del portafolio que funcionaba como garantía de los reportos. Es decir, que la República cancelará en dólares esos intereses a nombre de Econoinvest, ahora representada legalmente por la junta liquidadora, para que ésta, como intermediario distribuya a los tenedores de esos bonos.
Sin embargo, la promesa retrasada de pago hecha a los clientes por el Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, se fundamenta en una cancelación de esos compromisos en bolívares, a una tasa de cambio de Bs.F. 4,30 por dólar.
Los inversionistas con bonos a su nombre en la Caja de Valores corrieron con más suerte. Su tragedia fue esperar seis meses para acceder a sus papeles; pero al final de ese lapso, finalmente la junta interventora (y después liquidadora) dio la autorización para que cada inversionista cobrara los intereses que los emisores ya habían depositado, para que la Caja de Valores realizara la distribución correspondiente en cada una de las subcuentas de los clientes inscritos.
Sin embargo, esa suerte no la tuvieron todos. Aún después que casi 7.000 inversionistas ya gozan del fruto de su espera y sus inversiones, otros -unos 1.500- todavía no tienen la autorización de la junta liquidadora (Nahunimar Castillo y Orangel Godoy) para tomar los títulos, que están a su nombre, y por los que los emisores ya cancelaron los intereses respectivos en dólares con la cara Jefferson.
Los que pierden
El desembolso que hicieron los afectados que invirtieron en Econoinvest en operaciones de reportos, unos 1.500 clientes, asciende a 22,9 millones de dólares.
El número de inversionistas aumenta al desglosar los socios de las cajas de ahorro. Econoinvest tenía unas 15 de éstas con portafolios de inversión. Cada una con un número de asociados entre 1.000 y 9.000 personas.
Varias de estas sociedades tenían transacciones de reportos por montos variados, desde algunos con Bs.F. 3 millones, hasta otras con Bs.F. 30.000.000. Ninguna ha cobrado. Algunas son públicas y está incluidas las del ministerio de Relaciones Exteriores, también la del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la del mismo Banco Central de Venezuela (BCV).
Es común que las cajas de ahorro activen inversiones en el mercado de valores, bajo esa estrategia de aumentar los recursos de los asociados y así los beneficios que les puede brindar esta figura.
Es que mucho de los que resultan afectados a causa de la tardía evaluación de la solicitud de acreencia son empresas, miles de personas jurídicas; pero también venezolanos de a pie, que buscaron en el incipiente mercado de valores nacional una salida a la inflación y las bajas tasas ofrecidas en las cuentas de ahorro del sistema bancario.
Incursionó mucha gente joven, aunque la masa de inversionistas está más representada por personas que ya comienzan a recorrer la tercera edad; y que apelaron a una casa de bolsa como alternativa similar a algún fondo de pensiones que les permitiera mantener el resto de los años por venir.
La norma que pisa los dólares
Desde la Superintendencia de Valores le explican a los clientes que el pago será en bolívares porque así lo establece la norma. Se refieren al reglamento de liquidación de casas de bolsa que promulgó el organismo y que fue aprobado en Gaceta Oficial.
En esa normativa se dispone que el pago debe ser en moneda local, a la tasa de cambio actual, a Bs.F. 4,30 por dólar. Sin embargo, para abogados que asesoran a algunos de los clientes afectados esa aseveración no es acertada.
"Del análisis de los diversos convenios cambiarios vigentes promulgados por el Ministerio para las Finanzas y el BCV, se puede determinar que no existe imposibilidad legal absoluta que impida efectuar el pago en la divisa convenida", dice uno de los juristas que prefirió declarar en condición de anonimato.
"Esa conclusión se desprende de instrumentos dictados para la implementación del Régimen Cambiario actual en Venezuela, en concordancia con la Ley del Banco Central de Venezuela y el Código Civil", agrega.
Los expertos recuerdan que no existe "limitación alguna" para mantener fuera del país divisas en cuentas bancarias o la tenencia de títulos valores denominados en dólares. También reiteran que el régimen cambiario no impide el cumplimiento de las obligaciones contraídas en otra moneda distinta al bolívar.
"Nada limita mantener su disponibilidad en divisas fuera del país y aplicarlas en la forma que libremente considere", dice el experto.
Insiste en que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas, y cita para tal argumento al Código Civil en su artículo 1.264.
"No puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la cosa ofrecida sea igual o superior al de aquella", añade.
Y por estas razones, los juristas le aconsejan a los clientes que exijan el pago en dólares.
Mientras, estos clientes con reportos en Econoinvest representan los más afectados de aquella minicrisis financiera que comenzó en diciembre de 2009 con la caída del Banco Canarias y su casa de bolsa U21 y que se llevó otras 29 empresas bursátiles más.
Los ahorristas de la banca lograron cobrar la garantía e incluso muchos ya reciben los ahorros que estaban por encima de ese respaldo. Pero los deudores de Econoinvest siguen sin cobrar su acreencia.
El Mundo, 04/04/2011, 6-7, Carjuan Cruz Lapenza
